martes, 19 de junio de 2012

Chile: Preocupación por salud de preso político mapuche


Dirigentes gremiales denunciaron precario estado de salud de comunero mapuche Héctor Llaitul Carillanca, detenido en la cárcel de Angol y acusado de terrorismo. Madre de Llaitul, Florinda Carillanca, recurrió al Instituto Nacional de Derechos Humanos, dirigido por Lorena Fries, para pedir ayuda y le cerraron la puerta en la cara.

Ante la reiterada violación a los derechos humanos de que son objeto distintas comunidades indígenas, se suman nuevas denuncias que al parecer buscan debilitar, o directamente eliminar selectivamente a integrantes de los pueblos originarios. Es el caso del comunero mapuche y preso político Héctor Llaitul Carillanca, detenido en la cárcel de Angol acusado de terrorismo bajo la Ley de Seguridad del Estado.

El comunero, quien ha protagonizado cuatro huelgas de hambre, y por ende su salud se ha resentido en forma dramática, está siendo objeto de abandono por parte de las autoridades en salud. Las últimas semanas la condición física de Héctor Llaitul se ha visto disminuida hasta el punto de temer por su vida. De aquello dan cuenta las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han visitado al preso político mapuche y que han denunciado el grave estado en que se encuentra sumido Llaitul.

Incluso, el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de Chile, denunció la enorme preocupación que tienen por el grave estado de salud por el que atraviesa el Asistente Social Héctor Llaitul Carillanca.

“Las precarias condiciones de salud del colega Llaitul se ven agravadas, de acuerdo con nuestra información, por la insuficiencia de los recursos médicos y otros recursos especializados, desde los inicios de la aparición de su sintomatología como en el transcurso del proceso de su enfermedad, lo que deteriora aún más el estado de su salud”, denunció el presidente de la orden Omar Ruz Aguilera.

El dirigente agregó que la integridad física de los internos, la igualdad de trato para todos, sin discriminación de ningún tipo, pero por sobre todo la aceptación de los derechos que como seres humanos todos deben tener, son algunos de los objetivos que estimamos, deben cumplirse, y que no se están llevando a la práctica en la persona de Llaitul, señaló Omar Ruz Aguilera.

“Estamos muy preocupados por la salud del colega Héctor Llaitul porque toda el cúmulo de información que tenemos y que hemos recibido, dan cuenta que el colega no está siendo atendido conforme a las necesidades de su enfermedad. El hecho que esté detenido no significa que esté privado de sus derechos fundamentales, y en especial del derecho a una atención de salud de calidad. Sistemáticamente se le ha hecho operaciones o se le lleva a hospitales para los respectivos exámenes, y de inmediato se le devuelve a la enfermería de la cárcel de Angol, la que no cuenta con los elementos necesarios para una atención de acuerdo con la enfermedad que Héctor padece en este momento, y que según nuestros antecedentes, se ha ido complicando progresivamente debido a la falta de una atención médica adecuada”, denunció el dirigente.

Omar Ruz, presidente del Colegio de Asistentes Sociales, dijo que se debe entregar el resguardo físico y psicológico al comunero mapuche, quien lleva en el cuerpo cuatro huelgas de hambre.

“Pensamos que el caso del colega Llaitul es un reflejo de cómo los presos de nuestro país no reciben todas las atenciones del caso, lo que nos permite generalizar una situación que afecta a muchos reclusos. Ahora respecto de la causa por la que está enjuiciado Héctor Llaitul, creemos que las autoridades de gobierno ya han declarado culpable al colega antes incluso que se iniciara el proceso. Por tanto, entendemos en la medida que Gendarmería no le entregue las atenciones que Héctor Llaitul requiere, de acuerdo a su estado de salud, está vulnerando sus derechos”, manifestó Ruz Aguilera.

Tremendo portazo.

Por su parte, la madre de Héctor LLaitul, Florinda Carillanca, manifestó su dolor y preocupación ante la salud agravada de su hijo quien permanece detenido por supuestos atentados terrorista. Además, la mujer llamó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se identificó, explicó su situación, y pidió hablar con Lorena Fries, directora del organismo, se le señaló que no se encontraba, y que le devolverían la llamada, de aquello han pasado 10 días, y la mujer aún espera el llamado del Instituto de Derechos Humanos. Florinda Carillanca quedó sola ante el mundo y muy defraudada de la institución, manifestó.

“Como mamá a mí no me dicen nada sobre la salud de mí hijo, tengo que preguntar a otras personas. Él, siempre me dice que está bien y que va evolucionando bien, pero en el fondo yo sé que no está bien de salud. Yo sé que él está complicado de salud, y quiénes son los culpables: el gobierno, quien más, la corrupción que han tratado de decir que mi hijo tiene. Parece que a Gendarmería le da lo mismo de cómo tratar a un recluso como él que está enfermo”.

La madre de Héctor Llaitul, Florinda Carillanca, pidió clemencia para su hijo preso político mapuche.

“Como madre, y los que trabajan en derechos humanos y del gobierno creo que son padres y madres y tienen que tener algo en sus corazones de humanidad, tienen que escuchar. Yo como madre no tengo los medios de andar constantemente para allá y para acá, vivo de una miserable pensión. Le pido al gobierno que vele por la salud y atención de mi hijo, porque ellos son los responsables. Ellos hicieron huelgas de hambre para ser escuchados, pero no lo han sido, al contrario, el gobierno les ha cerrado las puertas, los siguen condenando, los siguen culpando, yo solo pido clemencia ahora”
, exclamó la madre del preso político mapuche Héctor Llaitul Carillanca.


Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8727

Paraguay: Desalojo de asentamiento arroja decenas de fallecidos



 


La Policía Nacional paraguaya desalojó este viernes con orden judicial una propiedad ocupada por familias campesinas. La resistencia al operativo arrojó decenas de fallecidos y heridos entre campesinos y policías.

La zona de conflicto se encuentra ubicada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, en la región oriental paraguaya. Se trata de una parte de la Reserva Natural Campos Morombi, de unas 25 mil hectáreas, propiedad privada del ex senador del Partido Colorado, Blas Riquelme.

Estas tierras son reclamadas por organizaciones campesinas, ya que denuncian que Riquelme se apropió de las mismas de manera irregular.

Según José Rodríguez, de la Liga Nacional de Carperos, la resistencia que realizan campesinos en la zona es para evidenciar la falta de respuestas del Gobierno ante las luchas del sector.

Vale recordar que la concentración de la tenencia de tierras en Paraguay es alta pues el 80% de las mismas están en manos del 2% de la población.

Corresponsales de radios comunitarias de la zona informaban que a los centros de salud llegaban sobre todo oficiales de policía, mientras el rescate a campesinos y campesinas se veía obstaculizado por fuerzas del orden.

El presidente, Fernando Lugo, lamentó los hechos acontecidos y anuncio el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a la zona.

Por su parte, Carlos Filizzola, ministro del Interior, justificó el accionar policial al asegurar que fue en cumplimiento de una orden judicial.

Esperanza Martínez, ministra de Salud, conformó una comisión para atender la crisis desatada en Curuguaty y se trasladó hasta la zona.

El Congreso Paraguayo analizaba este viernes declarar en la zona el estado de excepción.

En tanto, persistía la confusión en torno del recuento de víctimas fatales, que variaba entre los 17 (11 civiles y seis policías) citados por casi todos los medios de prensa y los 19 (11 campesinos y ocho uniformados) referidos por la agencia noticiosa estatal IP Paraguay, sin que se conociera un parte oficial.

Tras haberse encontrado ayer dos cadáveres, unos 400 vecinos ingresaron esta mañana a la estancia Morombí junto a un grupo de aborígenes de la etnia Aché, de un distrito cercano, a quienes convocaron para que actuaran como guías debido al conocimiento que tienen de las particulares características del terreno selvático del lugar.

En cambio, no fueron acompañados por efectivos de la policía pues esta institución no recibió instrucciones para realizar un nuevo operativo de rastrillaje en la estancia, informó el jefe de la Comisaría 5ta. de Curuguaty, Oscar Mazacotte.
Mientras tanto, aguardaban en las afueras de la estancia el intendente local, Raúl Vega; un dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y cinco de la Comisión de Derechos Humanos, y un equipo de ocho médicos de la Dirección Regional de Salud del departamento Canindeyú, al que pertenece Curuguaty.

Por la tarde llegaron a Curuguaty el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, y la ministra de Salud, Esperanza Martínez, con el objeto de interiorizarse sobre la situación.

Por otra parte, el juez José Benítez, de Curuguaty, anunció que dispuso la prisión preventiva de 12 campesinos (ocho varones y cuatro mujeres) que estaban detenidos y a quienes los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez imputan homicidio doloso calificado y en grado de tentativa, lesiones graves, asociación criminal, coacción y coacción grave, entre otros delitos.

Todos ellos iban a ser recluidos en el penal regional de Coronel Oviedo, en el que existe una sección de mujeres. Asimismo, el magistrado declaró en rebeldía a 46 campesinos, cuyos procesos penales quedan suspendidos hasta comparezcan ante la Justicia.

El enfrentamiento se produjo el viernes, cuando una partida policial intentó desalojar de la estancia Morombí a un grupo de ocupantes ilegales y éstos respondieron a balazos.

Un informe forense aseguró que los efectivos policiales fueron emboscados, aunque esto fue relativizado por uno de los oficiales que intervinieron, quien, de todos modos, afirmó que los agentes fueron atacados cuando se disponían a dialogar con los campesinos.

El episodio causó la renuncia inmediata del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas, quienes ayer fueron reemplazados por Rubén Candia y Arnaldo Sanabria, respectivamente.

La directora de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, Judith Rolón, atribuyó a los hechos del viernes en Curuguaty la baja asistencia, estimada en alrededor de 35 por ciento del padrón, a las elecciones que se realizaron hoy para designar al gobernador del departamento sureño Misiones, pese a que éste ni siquiera limita con Canindeyú.


Fuente: http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=20630

http://albatv.org/Dictan-la-prision-preventiva-para.html

jueves, 14 de junio de 2012

Perú: Continúa paro en Cajarmarca ante la falta de diálogo con el Ejecutivo.


La ciudad peruana de Cajamarca (norte) se mantiene en paro indefinido después de 12 días de haber iniciado las protestas en contra de los proyectos mineros que pretende impulsar el Gobierno en esa zona. El presidente regional, Gregorio Santos, afirma que continúan esperando propuestas para solventar el conflicto a pesar de que el Ejecutivo "se ha cerrado de diálogo".

Santos exhortó este martes a la transnacional Newmont, principal inversora en el proyecto Conga y causante de daños "irreparables a la ecología de la región", según organizaciones ambientales, "a irse de la jurisdicción y aceptar una investigación para resarcir la deuda social y el daño ambiental causado".
Denunció que hasta el momento "no hemos recibido ninguna propuesta del Estado para solucionar el problema de Cajamarca, esperamos que en los próximos días invite al diálogo; porque al parecer tiene más facilidades para reunirse con los representantes de las mineras y los más poderosos del país que con los campesinos".

Por su parte, el Gobierno central ha impulsado procesos judiciales contra el gobernador de Cajamarca y Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar, ciudad donde también se han extendido las protestas antimineras.
Santos también expresó su apoyo a Mollohuanca al esgrimir que "el alcalde fue procesado por la presión de las transnacionales y las compañías mineras; por ello debemos luchar por tener un Estado con poderes independientes".

El burgomaestre de Espinar había sido condenado a cinco meses de prisión preventiva por la presunta participación en el "delito de disturbios", sin embargo, una decisión del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Miguel Díaz Chirinos, lo dejó en libertad para reabrir una nueva investigación y determinar sus responsabilidades en las protestas contra la minera Xtrata Tintaya, que ocasionaron la muerte de dos personas.


Honduras: 500 familias campesinas desalojadas.

Se trata del tercer desalojo que sufre esta organización campesina desde el pasado 17 de abril. En esa fecha, la agrupación inició un proceso de recuperación de tierras.

El desalojo de este martes se produjo en el departamento de Cortés, ubicado a unos 250 kilómetros de la capital hondureña de Tegucigalpa.

Tras la agresión, el Movimiento Campesino expresó mediante un comunicado que fueron desalojados "brutalmente" por "un fuerte contingente de policías y militares". Asimismo, el texto señala que la mayoría de los detenidos son mujeres.

Vale decir que la organización había decidido semanas atrás ocupar unas 4 mil 252 manzanas de tierras. Esta determinación estaba amparada por una resolución del Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras.

Según esta entidad, las tierras pertenecen al Estado hondureño. Dichos terrenos se encuentran actualmente ocupados ilegalmente por empresas privadas.

Además, el Movimiento Campesino también denuncia que el sector terrateniente del país explota las tierras amparados en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Sin embargo, señalan que dicha normativa es inconstitucional por contraponerse a la reforma agraria de la actual Constitución Nacional.
 

Fuente: http://albatv.org/500-familias-campesinas.html

martes, 12 de junio de 2012

Colombia: Más de mil campesinos se movilizan a finca invadida por militares.




 
Ante la constante violación de derechos humanos y la grave crisis humanitaria en que se encuentran los pobladores de la zona rural del municipio de Miranda en el departamento del Cauca, más de mil campesinos deciden movilizarse en defensa del derecho a la vida y el territorio.

Las diferentes poblaciones ubicadas sobre la cordillera central en el suroccidente colombiano, son constantemente escenario de enfrentamientos de grupos armados, hechos, en los que la población civil termina siendo la más afectada.

Los campesinos e indígenas del norte del departamento del Cauca en las últimas semanas han tenido que sufrir reiterados abusos por parte de la fuerza pública, que se ha ubicado en medio de la población civil, poniendo en claro riesgo a los habitantes de esta zonas.

Tras la ocupación irregular militar de predios de propiedad de cinco campesinos en la vereda Calandaima del municipio de Miranda, generada con la instalación de una base militar; y ante la alerta por amenazas y abusos de autoridad por parte del ejército, más de mil campesinos e indígenas de los municipios de Miranda, Caloto, Toribío y Corinto en el norte del Cauca, y de Pradera y Florida en el sur del Valle del Cauca, se movilizaron el día de ayer hacia la finca ocupada por los militares.

"Estamos cansados de ser utilizados como escudos humanos y de los constantes atropellos del ejército, los campesinos exigimos el retiro inmediato de la base militar y que se nos permita regresar a cultivar nuestra tierra para sobrevivir." Declaró uno de los campesinos presente en la movilización.

Por este motivo, desde el día de ayer se encuentran asentados en la finca, a pesar de las constantes amenazas del ejército, quienes han advertido que la zona está minada.

Es de extrema gravedad la situación de riesgo en que se encuentran los más de mil campesinos e indígenas, que están exigiendo legítimamente el derecho a que se les respete la vida y defendiendo su territorio, las amenazas por parte de los militares son una constante. Además la población ha denunciado que un gran contingente del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD esta acantonado en el municipio de Miranda, y que será enviado en cualquier momento a desalojar de manera violenta a los manifestantes que amparados por la Constitución exigen el derecho a la paz consagrado en el artículo 22.

 
Fuente: http://albatv.org/Mas-de-mil-campesinos-se-movilizan.html

Honduras: El Bajo Aguán: escena de la lucha campesina.



 
El Valle del Bajo Aguán, departamento de Colón, Honduras, es el epicentro del conflicto agrario que enfrenta a campesinos y campesinas con el Estado, los grandes terratenientes y las transnacionales. La Reforma Agraria del 70’, la Ley de Modernización Agrícola durante los 90’, la adquisición fraudulenta de las tierras por parte de los empresarios y centenares de campesinos y campesinas sin tierra, conforman la escena de la lucha. Luego del golpe de Estado de 2009, marco en el que las organizaciones campesinas se dieron a la recuperación de tierras, aumentó abruptamente la violencia y persecución al sector, tanto por parte de las fuerzas de seguridad nacional, como por parte de las fuerzas privadas de los latifundistas avalados por un gobierno que se autoproclama democrático, el de Porfirio Lobo Sosa. Hoy, el saldo de la pugna es de cuarenta y ocho campesinos muertos, la militarización del Aguán y la fuerte respuesta desde las bases campesinas: la resistencia y la creación de un Observatorio Permanente de Derechos Humanos.

Fue así como el entonces Presidente de facto Oswaldo López Arellano, de la mano del millonario financiamiento del Banco Internacional para el Desarrollo (BID), trasladó a más de siete mil campesinos y campesinas sin tierra, conformados en ochenta cooperativas de trabajo, que fueron distribuidas en setenta y tres mil ha. para la producción, en su mayoría, de palma africana. A cambio, las empresas asociativas tenían que vender las cosechas a las subsidiarias locales de las compañías norteamericanas.

Para el año 1992, con el Presidente Rafael Leonardo Callejas al mando del país, se firma, en el marco del neoliberalismo, la controversial Ley de Modernización y Desarrollo para el sector Agrícola, que le permitía al sector privado adquirir las tierras del sector reformado. Una de las amenazas que contemplaba la ley hacia los campesinos y campesinas era que si no cultivaban toda la tierra que se les había asignado durante la colonización, ésta le sería otorgada a los empresarios, lo que presionaba y hasta obligaba a los cooperativistas a vender. “El sector reformado contaba con una serie de deficiencias: bajo nivel educativo sin acceso a financiamiento, ni capacitación agrónoma, ni asistencia técnica o administrativa que lo debilitaría aún más. Los campesinos no obtendrían los recursos para cultivar todas las tierras que se les habían asignado y eso los obligaba a tomar una alternativa. En estas condiciones están en la línea de la sobrevivencia. No están pensando en si la acción de la venta es buena o mala, simplemente, es de sobrevivencia”, agrega Ríos.
Por otro lado, el Instituto Nacional Agrario (INA), instrumento estatal encargado de fortalecer la reforma agraria y supervisar las ventas de tierras, fue el ejecutor clave de esas irregularidades. “El INA se dedicó a presionar a los campesinos para que vendieran la tierra, los amenazaban y en muchos casos, se sabe que los terratenientes pagaron a funcionarios para que hicieran ese trabajo. En una acción que pareció hasta revanchista, el INA cargó camiones con toda la documentación y la botó a la basura”, denunció el Secretario General de FIAN Honduras.
Es así como queda, entonces, propuesta la nueva escena agrícola del Bajo Aguán: por un lado miles de hectáreas en manos de los terratenientes y por el otro, miles de campesinos y campesinas sin tierra que deberán convertirse en jornaleros de los nuevos dueños.

Según datos de octubre de 2010, proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dieciocho años después de la aplicación de la ley de Modernización Agrícola, en Honduras el 78,8 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el nivel más alto en la región centroamericana. De esta manera, comienza la lucha por la recuperación de tierras, en la que se destacan las organizaciones campesinas: el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).

Del neoliberalismo al Golpe de Estado:

Luego de nueve años de acciones judiciales que nunca dieron frutos, luego de hacer su presentación pública en febrero de 2006 con la toma del puente de acceso a la ciudad cabecera del departamento de Colón,Tocoa -conocida como la “Toma de los cinco mil machetes”- y sólo veinte días antes del golpe de Estado de junio de 2009 que derrocó al Presidente Manuel Zelaya, los campesinos y campesinas del MUCA ocuparon pacíficamente la planta procesadora de Miguel Facussé, obligando al todavía gobierno democrático a negociar la devolución de las tierras.

“En el año 2000 comenzamos a hacer investigaciones sobre la tenencia de la tierra que posee Miguel Facussé y descubrimos que el señor no es propietario legal de muchas fincas y que no tiene los documentos reglamentarios. Luego procedimos a su convocatoria mediante audiencias a las que nunca asistió. Concluida la última instancia, decidimos tomar la planta de procesamiento por cinco días, parando el movimiento de la fábrica. Sólo de esa manera se hizo presente alegando que estaba fuera de Honduras. Sólo así atendió a nuestro pedido de diálogo”, describió la integrante del MUCA y Coordinadora de la Comisión de Atención a Víctimas del Observatorio Permanente de Derecho Humanos, Consuelo Castillo.

Contrariamente a Facussé y respondiendo a las peticiones campesinas, Zelaya se presentó en Tocoa para negociar la salida de la fábrica y se firmó un acuerdo que velaba por la creación de un comité técnico-jurídico que establecería la situación legal de la tierra. En esta comisión participaban representantes del INA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), del Ministerio de la Presidencia y del MUCA. El 23 de junio de 2009, tan sólo cinco días antes del derrocamiento, se desarticula la comisión cuando uno de sus miembros, el dirigente del partido de izquierda, Unificación Democrática (UD), Fabio Evelio Ochoa Hernández, es asesinado. Llega entonces la madrugada del 28, en la que el mandatario es secuestrado a punta de pistola por las Fuerzas Militares y exiliado en pijama a Costa Rica. Ese mismo día, el pueblo hondureño debía votar para aceptar o rechazar la realización, convocada por el Poder Ejecutivo, de una Reforma Constituyente, conocida como la “cuarta urna”. Como consecuencia, el pueblo salió a las calles exigiendo la restitución del Presidente, conformando así el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Con un país que ardía en llamas, en estado de sitio permanente, en el que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos como el hostigamiento a miembros del FNRP, amenazas e intimidaciones a periodistas y magistrados críticos al régimen y donde se registraron persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos, el movimiento campesino pareció no asustarse. El MUCA decide entonces, hacerse escuchar. El 9 de diciembre toma veintiséis fincas de palma africana, propiedad del magnate de 80 años dueño de la corporación Dinant S.A, Facussé.

Esta acción provocó que la situación de represión nacional se repita y agudice en el Bajo Aguán. Cinco intentos de desalojo que se cobraron la muerte de veintitrés campesinos, la criminalización de la lucha y comandos armados y vuelos rasantes de aviones y helicópteros militares - claras señales de un proceso de militarización-, fueron el esquema político utilizado por el régimen para silenciar la lucha. El 13 de abril de 2010 y bajo un clima de extrema tensión, se firma con “Pepe” Lobo un acuerdo en el que los campesinos se comprometían a reducir las fincas tomadas. A cambio, exigían la restitución de once mil ha. durante el período de un año.

El plan de negociación consistía en la entrega inmediata de tres mil ha. cultivadas con palma africana, tres mil no cultivadas en un plazo de noventa días y mil cultivadas junto a otras cuatro mil no cultivadas, en el plazo de un año. Además, el gobierno se comprometía a implementar proyectos de educación, salud y vivienda. Efectivamente y antes de que termine el mes, el MUCA había reducido el número de fincas apropiadas a sólo seis. Hasta la fecha, el gobierno de facto no cumplió con lo firmado.

Si bien el grado de violencia es igual o peor para el resto de las organizaciones campesinas, distintas son sus situaciones legales. El caso del MCA gira en torno a la recuperación de las tierras del predio en donde, hasta 1993, funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), creado a pedido del Estado norteamericano en 1983 y en el marco de la doctrina de seguridad nacional. En 1993, las tierras, ilícitamente vendidas por la Corporación Municipal de Trujillo al ganadero puertorriqueño Temístocles Ramírez, son recuperadas por el INA con el objetivo de entregárselas a los campesinos del MCA y proseguir con las tierras reformadas.

Hoy, quinientas cincuenta hectáreas de ese predio cultivadas con palma africana, están ocupadas ilegalmente por Facussé, René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera, conocidos políticos-empresarios del Valle del Aguán. De esta manera, el MCA toma en dos instancias dichas tierras: la primera fue el 6 de Abril de 2010 con la que logran, INA de por medio, comenzar las negociaciones con Facussé. La segunda, y luego de no obtener ningún resultado por la vía legal, se realiza cuando el 15 de Noviembre de 2010 toman la plantación en el sector “El Tumbador”. En esta ocasión la represión ejercida por los guardias de seguridad del empresario fue brutal y terminó con el asesinato de cinco campesinos del asentamiento Guadalupe Carney. La mediación, al igual que la persecución a los socios y socias del MCA, continua aunque sin ningún avance que pudiera esclarecer la disputa.

Finalmente, cabe resaltar la lucha del MARCA, agrupación que no quiso acercarse al gobierno para firmar ningún acuerdo, ya que sostienen que conseguirán sus tierras por la vía jurídica, basándose en la legalidad de sus títulos de propiedad.

En respuesta a los incesantes agravios contra los campesinos, doce organizaciones del Aguán lanzaron recientemente la propuesta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. “Es un espacio donde nos hemos propuesto la promoción y defensa de los DD.HH. de la región.

Nosotros experimentamos y vimos que el gobierno no estaba cumpliendo con su función de proteger ni garantizar los derechos de cada uno de sus ciudadanos. A eso debíamos sumarle que ninguna organización de DD.HH. tenía permanencia aquí en la zona de los hechos, entonces pensamos: si nadie nos va a defender tenemos que hacerlo nosotros. Fue así como se tomó la decisión consensuada entre todas las organizaciones. Ahora estamos en el proceso de capacitación, promoción y defensa de los DD.HH. para que desde la misma comunidad campesina se documente y desde allí mismo se tomen las denuncias”, explicó el Coordinador General del Observatorio, e integrante del MUCA, Heriberto Alemán. A lo que sumó que no sólo están “documentando las violaciones que se dan y haciendo las denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, sino que también están brindando acompañamiento a las víctimas”.

La historia habla por si sola: un golpe de Estado, unas fraudulentas elecciones presidenciales con Lobo Sosa a la cabeza del circo, reiteradas violaciones a los DD.HH. y una seguidilla de compromisos incumplidos.

Cabe preguntarse entonces si este pacto será el giro para dar fin al enfrentamiento entre el sector agrario del Valle del Bajo Aguán y el Estado y los terratenientes. Para Alvarez, “la lucha continua por las siete mil hectáreas restantes y por el total cumplimiento de los acuerdos de abril de 2010” a lo que sumo: “esperamos que esta vez el gobierno responda a su compromiso. Si no lo hace, nosotros, igual, seguiremos luchando”.

 
Fuente: http://albatv.org/El-Bajo-Aguan-escena-de-la-lucha.html

México: Yo Soy 132 cumple un mes haciéndole frente a la política mexicana.


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 El movimiento estudiantil mexicano Yo Soy 132, cumplió ayer un mes de actividades y manifestaciones para protestar en contra de las políticas aplicadas por el Gobierno central. El grupo también ha realizado propuestas para que se tomen en cuenta sus demandas.

Yo Soy 132 es un movimiento apartidista que surgió como una protesta ante lo que señalan como una alianza de los poderosos medios mexicanos para llevar de nuevo a la presidencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tras siete décadas de hegemonía perdió el poder en el año 2000.

El nombre de este movimiento surge a raíz de la protesta que 131 alumnos "alzaron la voz y dieron la cara" al realizar contra Peña Nieto en una visita a la Universidad Iberoamericana y de la que tuvo que huir.

La Estela de Luz es, además de un monumento a la independencia un punto de encuentro para estos jóvenes y podría convertirse en el símbolo de este movimiento mexicano.

En busca del cambio:


'Yo Soy 132' surgió en las aulas de las universidades privadas del país y a ellas se unieron las públicas. Ahora, deplegado por Internet en forma de web y con perfil en Twitter la iniciativa juvenil ha sido presentada en sociedad para poner la otra voz a los meses previos a las elecciones.

"Esta plataforma 100% independiente y sin ningún tipo de preferencia partidista nos permitirá alzar la voz y exigir a sea quien sea nuestro futuro Presidente/a, Diputados y Senadores de todos los partidos políticos los cambios que merece nuestro país, y exigimos Todos!
",
anuncian en la web, donde además abogan por el pacifismo en sus acciones.

Fuente: http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/11/yosoy132-cumple-un-mes-expresando-su-descontento-a-la-politica-mexicana-9533.html


 http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/3992820/05/12/Nace-en-M