Colombia: Detienen a militar por asesinato de civiles

El oficial retirado del ejército colombiano, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, fue detenido sin beneficio de excarcelación como presunto coautor del asesinato en 2003 de 2 civiles secuestrados por paramilitares.

El ex militar está acusado de incurrir en los delitos de asesinato en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

Este último delito fue establecido en el derecho penal colombiano para la toma de medidas contra la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión.

El asesinato de los 2 civiles ocurrió en junio de 2003, en una zona rural de la región colombiana del Caquetá. Las víctimas fueron identificadas como Jair Cuadrado Orozco y Erminsul Orejuela.

Ambos fueron asesinados por tropas especiales comandadas por el entonces capitán Juan Carlos Rodríguez y presentados como miembros abatidos en combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargó, la Fiscalía Colombiana estableció que las víctimas no formaban parte de esa organización.

Además, señaló que Orejuela y Cuadrado habían sido secuestrados anteriormente por integrantes de una fracción del grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Vale recordar que en 2008, la prensa colombiana reveló diferentes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército colombiano. Se trata de los casos conocidos como "falsos positivos".

Según estas denuncias, personas en situación de pobreza, estudiantes y campesinos han sido ejecutados extrajudicialmente por militares, para luego presentarlos como integrantes de grupos armados.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que el objetivo de los militares que realizan estos asesinatos de civiles presentados como guerrilleros es el de obtener beneficios laborales de parte del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia Púlsar

México: 350 indígenas desplazados retornan a su territorio

El pasado viernes a las 14 horas aproximadamente 250 desplazados del municipio de San Juan Copala emprendieron el regreso a su pueblo, aún con las amenazas de los grupos paramilitares y del propio gobernador Gabino Cué, quien les dijo directamente que él no se responsabiliza por la seguridad de este grupo indígena desplazado.

“Nos están dejando solos. Nos dijeron que la seguridad nos esperaría a la mitad del camino, pero no hay nada. Habían quedado de acompañarnos delegaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Derechos Humanos de Oaxaca, de la defensoría del pueblo de Oaxaca, para poder retornar a nuestras tierras, pero nadie vino porque funcionarios del gobierno estuvieron hablando con cada uno de ellos. Vamos solos, pero dispuestos a recuperar nuestras casas de forma pacífica”, declaró Marcos Albino, vocero del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Los triquis del municipio autónomo de San Juan Copala fueron desplazados de su pueblo desde hace un año siete meses, por las agresiones de grupos paramilitares. En uno de los intentos por llevar ayuda humanitaria a Copala, una caravana fue agredida por grupos paramilitares, quienes asesinaron a Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el 27 de abril de 2010, motivo por el que la ayuda no pudo entrar a la comunidad. Posteriormente se hizo un nuevo intento, pero la falta de garantías y las amenazas de grupos paramilitares lo volvieron a impedir, de tal modo que los habitantes quedaron prácticamente asfixiados y tuvieron que salir de su pueblo.

Este 26 de enero, nuevamente sin garantías, emprenden el camino de regreso desde la capital de Oaxaca, responsabilizando directamente al gobernador Gabino Cué de lo que pueda ocurrir, pues en el último momento “nos dejaron solos debido a que no quisimos firmar un acuerdo de paz y concordia con el gobernador, pues éste no se comprometía a nada”, señaló Albino.

“El secretario de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, nos dijo que cada quien con sus responsabilidades y que lo que ocurra será nuestra responsabilidad. O sea que de plano dejan a un lado su obligación de garantizar nuestra seguridad física, lo que es inadmisible”.

Este 26 de enero la caravana planea llegar al pueblo de Yosoyuxi, a menos de 10 kilómetros de Copala, comunidad en la que se unirán otros 100 desplazados, haciendo un total de 350 triquis que intentarán ingresar a su pueblo por la mañana de este 27 de enero.

“Nosotros vamos pacíficamente y con ánimo de conciliación. Ya no podemos vivir fuera de nuestras casas y es por eso que regresamos. Dejamos claro que nos están amenazando los paramilitares, principalmente a las mujeres, y por eso pedimos que estén pendientes”, finalizó Jorge Albino.

Fuente: Albatv

Colombia: El gobierno sabía que FARC habían anunciado la liberación de 6 prisioneros de guerra

Las FARC habían anunciado la liberación de seis prisioneros de guerra: Piedad Córdoba anunció recepción del comunicado de la organización insurgente en la que anuncian la liberación, antes de que el estado eligiera hacer la masacre, en una de esas 'operaciones de rescate a sangre y fuego' que son repudiadas hasta por los familiares de los soldados presos de guerra.

Piedad Córdoba y Mujeres por la Paz tenían en sus manos el comunicado de las FARC en el que anunciaban la decisión de liberación de 6 presos de guerra de manera inminente. De hecho, antes incluso de la recepción de este comunicado, ya Piedad Córdoba había anunciado desde el 5 de noviembre que la liberación iba en camino: así que el estado colombiano tenía pleno conocimiento de que la libertad de los uniformados ya iba en camino, por la vía pacífica, y preservando sus vidas, pero lamentablemente eligió la vía de la muerte.

En carta de las FARC dirigida a Colombianos y Colombianas por la paz, que lidera la exsenadora Piedad Cordoba, el Secretariado de las Farc anunciaba la liberación de 6 de los 17 presos de guerra.

“Anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la senadora Piedad Córdoba, previa precisión de los protocolos de seguridad”, reza el documento.

El proceso ya venía gestándose desde antes de la muerte del jefe guerrillero, Alfonso Cano. Piedad Córdoba lo revelo así el 05 de noviembre un día después de que fuera asesinado por el ejército, el máximo comandante de las FARC.

Sobre los 4 presos de guerra que murieron en una operación del ejército, el sábado 26 de noviembre 2011, operación que el estado llama "operación de rescate"; decir que en esas operaciones bélicas siempre resultan varios muertos: son operaciones contra las cuales están los mismos familiares de los presos por considerarlas peligrosas. Pero el gobierno igual hace estas operaciones sanguinarias en vez de hacer un intercambio humanitario de presos.

Los 4 soldados murieron por el accionar del ejército, cuando la decisión de su liberación ya estaba tomada, así fuera de manera unilateral, sin obtener presos políticos y de la insurgencia a cambio. Se frustró una liberación ya consensuada. Cabe preguntarse qué retorcido accionar puede surgir en la lógica aberrante de un estado que usa una herramienta paramilitar con motosierras para descuartizar a sus víctimas: ¿Prefirió acaso el régimen, tras haberse enterado de la liberación inminente, frustrar la liberación así fuera a costa de la muerte de los soldados?

Es triste la muerte de los soldados presos de guerra, la de los guerrilleros, la del pueblo colombiano. El estado colombiano eligió la opción de guerra, el 'rescate' a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos. Con la opción de paz se hubiera logrado liberar a los presos de guerra que hoy están muertos, y también, en intercambio, a presos de guerra guerrilleros que hoy están en las mazmorras de Colombia, muchos de ellos enfermos terminales. Es más, en este caso las FARC habían aceptado otra liberación unilateral, con lo cual el estado ni siquiera hubiera tenido que hacer él un gesto humanitario (lo cual tampoco es justo, porque los presos guerrilleros deben ser liberados también: hace falta intercambiar). Con la opción de paz del intercambio sí se hubiera sabido qué pasó, porque se hubiera acordado un espacio determinado, con observadores nacionales e internacionales, haciendo las cosas de manera sensata y humanitaria. La opción de guerra deja todo lleno de dolor, de muerte y de oscurantismo, porque no hay manera de saber qué pasó en la selva sino por las versiones de los militares: y para ser justos no podemos tomar esas versiones como dignas de credibilidad pues es la versión de un bando en guerra, además de un ejército que para hacer la guerra sucia sicológica con la exhibición de cadáveres reales, no ha tenido escrúpulos en asesinar para ello a civiles y presentarlos como "abatidos en combate".


«Le decimos al presidente Santos que la guerra no abre la puerta de la paz»

El nombre de Piedad Córdoba va ligado al movimiento por la búsqueda de la paz en una convulsa y militarizada Colombia. La Procuraduría General del Estado la inhabilitó como senadora acusándola de tener vínculos con las FARC. Pero sigue trabajando y estos días está en Euskal Herria, donde GARA ha podido recabar su opinión sobre el conflicto de su país y también el de éste.

Piedad Córdoba ha venido a Donostia de la mano de Mundubat para buscar apoyos y exponer la situación de Colombia. La entrevista concedida a GARA se realiza un día después de conocerse la muerte cuatro soldados y policías secuestrados por las FARC, al parecer durante una fallida operación de rescate.

El viernes, el presidente Juan Manuel Santos anunciaba el golpe final a las FARC. El sábado trascendía la muerte de estos cuatro uniformados. Justamente el viernes también, Colombianas y Colombianos por la Paz, organismo al que pertenece, recibía una misiva de las FARC en la que expresaban su disposición a entregar de forma unilateral a seis cautivos. ¿Qué se puede esperar ahora?

Se puede esperar mucho por parte de quienes, como Colombianas y Colombianos por la Paz, hacemos un esfuerzo muy grande, que va más allá de las liberaciones y que significa abogar claramente por la salida política y negociada al conflicto. Estamos muy descontentos y doloridos por lo ocurrido, porque veníamos trabajando la liberación a partir de una carta enviada a las FARC por un grupo de mujeres comprometidas con la paz.

El presidente es responsable de lo que ha pasado porque había otras formas y maneras de hacer. Yo, personalmente, le envié una carta para reunirme con él y decirle que se iba a entregar a soldados y policías. Si les hubiera ido «muy bien» en el rescate, lo hubieran utilizado para ridiculizar nuestra labor y decirle al país que lo que nosotros hacemos es una apología al terrorismo cuando logramos entregas unilaterales.

Han sido golpes muy fuertes, como el asesinato del comandante Alfonso Cano, con quien teníamos un muy fluido diálogo y de quien habíamos obtenido decisiones muy claras y contundentes de avanzar hacia la negociación política. Se mantuvieron pese a su muerte, por lo que nosotros también debemos mantener la esperanza, aprendiendo de la experiencia del País Vasco. Estando aquí no podemos decir que tiramos la toalla, sino que mantenemos en alto la bandera, los principios y dignidad de un país que, finalmente, sea para los colombianos y colombianas.


Por la Paz: ¿Qué pasó en la selva?

¿Por qué creer la versión de un régimen culpable de 3.200 asesinatos de civiles?

Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. ¿qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a niños de Soacha para asesinarlos y presentar sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate"?

Es triste. El estado colombiano eligió la opción de guerra, el 'rescate' a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos.

1. Nadie sabe lo que pasó en esa selva: No tenemos por qué creer la versión de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de civiles en los 'falsos positivos' y sus mentiras correlativas.

Sobre los presos de guerra que murieron en una operación del ejército que el estado llama "operación de rescate" y en las que casi siempre resultan varios muertos, operaciones contra las cuales están los mismos familiares de los presos por considerarlas peligrosas. Pero el gobierno igual hace estas operaciones sanguinarias en vez de hacer un intercambio humanitario de presos.

Acerca de la muerte de 4 soldados el sábado 26 de noviembre 2011 en una operación de rescate efectuada por el ejército colombiano en el sur de Colombia, en zona selvática:

Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. Nadie sabe lo que pasó en esa selva, y es aconsejable usar la prudencia dado que el martilleo mediático nos lleva hacia conclusiones apresuradas: no tenemos por qué creer la versión del generalato de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de niños y jóvenes en los macabros 'falsos positivos'.

La verdad se sabrá con el tiempo, con mucho tiempo probablemente. Cabe la duda y preguntarse si no es factible que los haya ejecutado el mismo régimen a quién le interesaban más muertos para su macabra propaganda contra la insurgencia, que vivos.

Y no sería la primera vez que el régimen asesina para hacer sus montajes (recordar la llamada"retoma del palacio de justicia", en la que los militares asesinaron a magistrados y guerrilleros del M19, y luego mintieron sobre sus muertes: tras decenas de años se destapa la infamia). Es importante tener presente el modus operandi del ejército en la atrocidad que cometieron cuando lo del palacio de Justicia, que asesinaron a quién pudieron, y se llevaron a gente viva herida que luego torturaron y desaparecieron: entre los desaparecidos están magistrados, guerrilleros y hasta personal de la cafetería.

Es triste la muerte de los soldados presos de guerra, la de los guerrilleros, la del pueblo colombiano. El estado colombiano eligió la opción de guerra, el 'rescate' a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos. Con la opción de paz se hubiera logrado liberar a los presos de guerra que hoy están muertos, y también, en intercambio, a presos de guerra guerrilleros que hoy están el las mazmorras de Colombia, muchos de ellos enfermos terminales. Y con la opción de paz del intercambio sí se hubiera sabido qué pasó, porque se hubiera acordado un espacio determinado, con observadores nacionales e internacionales, haciendo las cosas de manera sensata y humanitaria. La opción de guerra deja todo lleno de dolor, de muerte y de oscurantismo, porque no hay manera de saber qué pasó en la selva sino por las versiones de los militares: y para ser justos no podemos tomar esas versiones como dignas de credibilidad pues es la versión de un bando en guerra, además de un ejército que para hacer la guerra sucia sicológica con la exhibición de cadáveres reales, no ha tenido escrúpulos en asesinar para ello a civiles y presentarlos como "abatidos en combate".

¿qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a los niños de Soacha para luego asesinarlos y presentar sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate"?

Luego de emitir este cuestionamiento en forma de duda esencial para el tratamiento de la información y de la realidad, emitir otro cuestionamiento, este sí ya no como una duda sino como un reclamo a ser correctos en los términos y las categorías conceptuales, ya que por algo existe un DIH que contempla dichas categorías.

2. Los militares, policías y soldados NO son secuestrados, son Presos de Guerra: existe el DIH que los reconoce como tales y que contempla un INTERCAMBIO HUMANITARIO para que salgan libres en intercambio de los Presos de Guerra insurgentes:

Pero es el Estado colombiano el que se niega al INTERCAMBIO Humanitario.

Mientras el estado colombiano se niega a un intercambio humanitario, demostrando que no le importan nada los soldados que han peleado en su ejército funcional al gran capital, porque los trata como carne de cañón negándose una y otra vez al INTERCAMBIO de presos; la guerrilla no ha cesado de hacer liberaciones unilaterales.

La opción del intercambio sí es la opción de paz, es la opción humanitaria contemplada en el mismo DIH; pero el estado se niega.

En el Caguán y subsiguientes oportunidades las FARC liberaron más de 300 (trescientos) presos de guerra en su poder; mientras que el régimen no libera a los presos políticos y de guerra.

¿Si tanto les importa la vida humana a los generales y oligarcas que nunca van a la guerra ellos mismos, si tanto les importa la vida de los soldados (como muestran en la propaganda), por qué se niegan a intercambiarlos por presos políticos? ¿O es que no les importan, en realidad, a los generales esos soldados?Esos soldados son muchachos del pueblo que en cambio sí nos duelen a las y los colombianos que queremos la paz, al igual que también nos duelen los guerrilleros y guerrilleras muertos, y los apresados, porque cualquier defensor de derechos humanos sabe que las cárceles colombianas son centros de tortura, en las que el estado colombiano practica el homicidio de presos a tal punto que los asesina por tortura, golpizas, denegación de asistencia médica.

En el operativo fue apresada una guerrillera, y en el 99% de los medios y pronunciamientos eso no es noticia, mucho menos tragedia: cuando sí que los es, ¿porque qué suerte le espera en esas cárceles insalubres y concentracionarias?

3. Necesarios planteamientos y pasos para lograr la paz

A los que queremos la paz para Colombia, una paz con Justicia Social, nos duelen todas y todos los hijos del pueblo: nos duelen las y los guerrilleros muertos o presos, nos duelen los soldados muertos y también los presos de guerra. Claro que sí. Por eso lo primero es presionar al estado para que por fin acepte el intercambio humanitario de presos.

Luego es imprescindible que se estudie y contemple la raíz de la guerra: porque la única posibilidad de paz real que tiene Colombia, pasa por entender que la raíz de la guerra es la desigualdad social, el despojo permanente a que son sometidos los campesinos colombianos, la represión e intolerancia política con que el estado colombiano busca eliminar la reivindicación social, que es tan atroz que llega al punto de instaurar el terrorismo de estado con el empleo de la herramienta paramilitar. A partir de la comprensión del problema en su totalidad debemos buscar soluciones reales como: reforma agraria, cesación de la entrega del país a las multinacionales, impulso de la soberanía alimentaria, cese de la ocupación estadounidense de Colombia, cese del despojo que perpetran multinacionales y latifundio, cese del saqueo y su correlativo empobrecimiento, redistribución de la riqueza, cambios estructurales que necesita el 3er país más desigual del mundo (Coeficiente GINI después de Haití), y nunca la solución del exterminio que prona Santos y los aúlicos de exterminar al pueblo constituído en insurgencia.

4. Con relación a la negación del régimen colombiano de entrar a un intercambio de presos de guerra:

Podría decirse que lo que ha hecho el estado es asesinar a estos soldados; porque ha preferido dejarlos en la selva a soltar a los presos políticos y de guerra. Es más, el régimen colombiano ha enviado a 3 guerrilleros a Estados Unidos: Simón Trinidad, Sonia y otro preso parte de las FARC. Lo cual es una inhumanidad total porque los priva de ver a sus familiares de por vida, y los entrega a jueces de otro país. Es criminal esa actitud entreguista y necia del estado. Así que no sólo está el tema de que el régimen no ha soltado a los presos en un intercambio humanitario, sino que además ha enviado presos a Estados Unidos.

Las FARC han soltado a más de 300 presos de guerra en los últimos años, el estado a uno solo: ¿acaso eso es un 'intercambio humanitario' real o justo? ¿Quién es entonces el que no tiene voluntad, las FARC que liberan a 300 presos o el régimen que se niega al intercambio de presos?

5. Secuestros carcelarios y desapariciones forzadas: hay miles de seres humanos secuestrados realmente de los que los mass-media nunca hablan

Por otro lado, ya que la propaganda habla de 'SECUESTRADOS', vamos a poner los puntos sobre las íes, y decir quiénes realmente están secuestrados en Colombia:

Que el estado colombiano libere a los más de 7.500 presos políticos encarcelados bajo Montajes Judiciales. Esos sí que están secuestrados. Son la mayoría civiles (más del 90%) secuestrados por el estado bajo montajes burdos con testigos pagados (paramilitares del ejército que sirven para enjaular a los opositores políticos), con falsas 'pruebas' de computadores mágicos, o incluso durante años sin pruebas, como es el caso actualmente de la socióloga Liliany Obando que lleva más de 3 años encarcelada ilegalmente, sin prueba alguna. O como fue el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán que pasó años preso sin pruebas, dado que las "pruebas" que el régimen aducía en su contra eran sus escritos académicos sobre la realidad colombiana, en una evidente persecución al pensamiento crítico y a las ciencias sociales. Igualmente el periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado ilegalmente por Venezuela, está preso sin pruebas ahora mismo, dado que la misma Corte Suprema declaró nulidad de los "computadores mágicos". Sin pruebas, Pérez Becerra está hoy secuestrado por el estado colombiano, como miles más de presos políticos.

Asimismo las víctimas y familiares, la sociedad vulnerada por estos crímenes de estado, pedimos que el Estado colombiano libere a los más de 62.000 DETENIDOS DESAPARECIDOS (ONU reconoció 57.200 desaparecidos, Comisión de búsqueda 62.000 desaparecidos en agosto 2011): estos son secuestrados, torturados y desaparecidos, porque no se sabe su paradero.

Que el estado diga: ¿DÓNDE ESTÁN? ¿dónde los enterró? ¿Dónde los SIGUE enterrando? ¿Dónde se sigue llevando cada semana a los opositores políticos el régimen de Colombia? Porque cada semana desaparecen varios opositores políticos en Colombia: estudiantes, ambientalistas, sindicalistas, maestros, campesinos... todos desaparecidos por la herramienta paramilitar del régimen y la fuerza pública.

Ya basta de tanta falsimedia, hablemos claro, si quieren hablar de "secuestro en Colombia" hablemos claro, es el estado colombiano y su herramienta paramilitar el que hace del secuestro una práctica sistemática: queremos de vuelta a los desaparecidos y a los presos políticos, que el estado los libere, y que cese los secuestros carcelarios y las desapariciones forzadas.

6. Conclusión

Tenemos que trabajar para lograr la Paz en Colombia, y en esa palabra de tres letras caben los sueños de un pueblo, porque la paz verdadera es la Paz con Justicia Social, es decir una Paz que no sea la Pax Romana que pretende Santos o el imperio estadounidense y sus aliados. El pueblo colombiano necesita una verdadera paz, no una paz cosmética en la que la miseria seguirá asesinando a más de 20.000 niños menores de 5 años anualmente, muertos por falta de agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo.

No puede ser que aceptemos que un puñado de familias y de multinacionales acaparen todas las riquezas del país, mientras el pueblo sufre despojo, desplazamiento forzado, miseria, desnutrición, condiciones indignas de vida. No puede ser que aceptemos que las multinacionales destruyan montañas enteras envenenando la fauna, la fora y los habitantes humanos, solo para que se enriquezcan unos empresarios del oro, unos banqueros de la muerte. No es aceptable que el pueblo colombiano no tenga educación gratuita y de calidad, que no tenga acceso a la salud y se mueran miles de seres humanos anualmente sin poder entrar siquiera a un hospital porque no los admiten por no tener la "cuota para el ingreso": eso es guerra social y económica, y es acabando con esa guerra social y económica que el conflicto social y armado empieza a solucionarse.

Lo que no es aceptable es que haya miles de muchachitos de 18 años que tengan que sacrificarse entrando al ejército colombiano, solo porque es la única manera que tienen de que alguno de sus hermanos obtenga una beca de estudios para la secundaria, o que su madre pueda ser admitida en un hospital, porque eso hace el estado colombiano: cambia lo que debería ser un derecho del pueblo (salud, educación) a cambio de vidas humanas. Y eso no es aceptable. De esta forma se mantiene el régimen colombiano y se mantiene un status quo de saqueo y empobrecimiento: la población es empobrecida hasta la médula y para aceder a los derechos básicos muchos no tienen otra opción que enviar a sus hijos al ejército que cuida a las multinacionales. Porque eso hace el ejército colombiano: cuidar los intereses de una minoría oligárquica y multinacional (hoy cuidando a la multinacional Pacific Rubiales, a la Drummond, a la Gold Mines, a la Medoro, a la Oxy, a la Repsol, etc), mientras que los hijos de los oligarcas nunca hacen ni el servicio militar, porque pagan. Y luego, en el campo insurgente hay miles de muchachos y muchachas que se van a la guerrilla cansados de la injusticia social, de la explotación, de la represión atroz; que luchan para cambiar las cosas, luchan contra un imperio, porque hoy en día son los bombarderos y la tecnología de EEUU la que enfrentan. Son muchos los jóvenes que se clandestinizan e ingresan a la guerrilla empujados por la brutal represión que ejerce el régimen colombiano contra la oposición política: ese es un factor fundamental que no puede ser ignorado.

Esta represión descarnada contra la reivindicación social y política es digna de las peores dictaduras, y se traduce en que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la fuerza pública y la herramienta paramilitar del régimen y multinacionales. Hay una cifra dantesca de presos políticos, una realidad dantesca del crimen de estado de la desaparición forzada: todo en Colombia huele a represión, la universidades están militarizadas, las oficinas de sindicatos y de defensores de DDHH tienen puertas blindadas, los abogados de presos políticos viven en el miedo atroz, al menos la mitad del país sufre cruentos bloqueos económicos que hace el ejército impidiendo entrada y salida de víveres, entrada de medicinas, causando la muerte de miles de personas por carencia de medicinas. La lista de la guerra represiva del estado contra la población civil es interminable; la guerra no es sólo contra el pueblo insurgente, en Colombia hay terrorismo de estado ejercido directamente contra la población civil.

Hay una guerra en Colombia, hay terror de estado en Colombia contra la población civil, hay dolor, injusticia y muerte; tenemos que buscar la paz: porque nos duelen los muertos, porque nos duelen los presos, porque nos duele la injusticia social que está a la raíz de la guerra.

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: Denuncian aumento de persecución contra activistas humanitarios

Activistas colombianos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunciaron ayer el incremento, en por lo menos un 44 por ciento, de las amenazas y persecución contra miembros de esta organización.

''Tenemos que denunciar que hay un aumento de por lo menos el 44 por ciento, según nuestras informaciones, de las persecuciones contra el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado'', indicó el Representante del Comisionado Naciones Unidas para los DD.HH., Juan Carlos Monge.

Monge añadió que ''ese accionar criminal en el país se ha visto con mucha intensidad en los departamentos de Sucre donde podemos registrar, durante los 6 años de existencia del Movice, 51 acciones de persecución contra nuestros afiliados''.

No obstante, Alfonso Castilla, integrante del Movice, señaló que desde 2005 "se han documentado 314 casos de revictimización" de los miembros del ente.

Detalló que de estas 314 acciones contra las víctimas ''85 ocurrieron en el primer año del mandato", del presidente Juan Manuel Santos.

Castillas leyó esta información del documento "Santos (...) ¿mejor que con Uribe? Informe de revictimización contra el Movice durante el primer año del Gobierno de Juan Manuel Santos 7 de agosto 2010- 6 de agosto 2011".

El activista expresó que "nos preocupa que hay un cambio de discurso del actual Gobierno que no se ve traducido en cambios de comportamiento frente a la persecución en contra de los defensores".

Denunció también que se ha visto un "notorio aumento de indiferencia" por parte del Gobierno colombiano para atender las peticiones y denuncias del Movice.

El Movice específicó, según datos del informe semestral del programa Somos Defensores, que “en lo corrido del primer semestre de 2011, han sido asesinados 29 defensores de Derechos Humanos y líderes sociales en el país, mientras que tres más han sido desaparecidos”.

Ante la situación que vive Colombia por el conflicto interno y la violencia que experimenta el país desde hace años, el pasado junio el presidente, Juan Manuel Santos, promulgó la Ley de Reparación a Víctimas del Conflicto Armado y de Restitución de Tierras en Colombia.

Poco después, diversos de grupos defensores de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Colombia denunciaron la inconstitucionalidad de la Ley de Víctimas.

Los manifestantes insistieron en que la normativa es discriminatoria y ampara a los grupos paramilitares.

Fuente: Telesur

Colombia: Fuentes indican que paramilitares atacarían en nuestro territorios

A continuacion transcribimos un comunicado de las familias de consejos comunitarios de Cacarica, asociados en Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad (CAVIDA), relacionado a la informacion de futuras acciones paramilitares en Chocó, colombia.

Queremos compartir al mundo nuestra preocupación por la información recibida de fuentes confiables sobre el desarrollo de una operación militar y paramilitar que se realizaría en nuestra cuenca antes de terminar el 2011.

La fuente afirma que alrededor de 100 paramilitares se estarían preparando en Carmen del Darién, otros en Turbo, Apartadó y Chigorodó, en estos tres últimos han ido reclutando jóvenes a los que pagan 800 mil pesos para incursionar en el territorio colectivo.

El objetivo de la operación es iniciar el control social y territorial en los caseríos Vijao Cacarica, El Llimón y la Zona Humanitaria Nueva Vida. Según la fuente, la operación cuenta con el apoyo del ejército que nos sigue concibiendo como sus enemigos por exigir el respeto a nuestros derechos.

La fuente de la información nos dice que algunos de los militares de la brigada 17 conocen de los propósitos. Esta se acercó para informarnos que sabía que somos gente inocente, que nuestro delito para los militares y paramilitares, es denunciar sus atropellos y exigir el derecho a la Consulta y Consentimiento frente a todos los proyectos que se pretenden implementar en nuestro territorio.

Sabemos y el mundo sabe que nunca hubo desmovilización real paramilitar en Colombia, que hoy en gobierno colombiano los camufla de diferentes nombres Bacrim, Aguilas Negras, Rastrojos etc., y muchos hechos han demostrado que su estructura no ha cambiado, como no ha cambiado su alianza con las fuerzas militares del Estado.

En Turbo, en Riosucio, en Tumaradó están ellas y ellos a la vista del todo el mundo, conviven con autoridades, se les ve en conversaciones con integrantes de la Fuerza Pública, en que se diferencian del pasado, en que antes estaban ahí de camuflado y ahora están de civil, combinan armas cortas y guardan en escondrijos armas largas que las tienen al lado y que ahora quieren controlar los territorios para agronegocios,obras de infraestructura

La información de hoy, nos trae a la memoria lo sucedido en el 1997 con “Operación Génesis” donde asesinaron a Marino López y luego 84 personas mas, generó el desplazamiento de más de 3800 personas de Cacarica y Salaquí en la operación ordenada por el General Rito Alejo del Río. Desplazamiento que se encuentra en impunidad.

Desde hace 14 años resistimos en medio del conflicto por la vida y la defensa del territorio y día a día construimos propuesta en la búsqueda de la verdad y la justicia, es por eso que llamamos al mundo a que nos acompañen cuando la situación tiende a agudizarse pues el interés por nuestro territorio por parte de los poderosos aun no termina.

Así como hemos condenado los asesinatos de civiles cometidos por la guerrilla de las FARC, hoy rechazamos las actuaciones de la fuerza pública que han causado graves infracciones al derecho humanitario y violaciones de derechos humanos.

Durante los últimos meses se han presentado sobrevuelos continuos de helicópteros y avionetas militares durante la noche y el día en las madrugadas, que pasan muy cerca sobre las Zonas Humanitarias y de los caseríos vecinos. Estos sobre vuelos han causado temor y pánico a la población, pues en meses pasados la fuerza pública realizó bombardeos y ametrallamientos donde murieron civiles en El Truandó, personas que no tienen que ver con el conflicto armado.

En los lugares de trabajo de los habitantes de las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad han aparecido letreros que manifiestan lo siguiente. “guerrillero desmovilízate tu familia te espera”.

Estas pintas son un falsa acusación, son un señalamiento con el cual se pretende estigmatizar, justificar las agresiones pues no son albergues de la guerrilla ni lo han sido, son mecanismos de protección del territorio.

Miembros de la fuerza pública han ofrecido dinero a miembros de las zonas Humanitarias para que brinden información del paradero de la guerrilla pretendiendo desconocer nuestro proyecto de vida, pretendiendo involucrarnos en su guerra, que no es la nuestra, de ahí sus retaliaciones.

El pasado 24 de Agosto a las 8.00 pm. en la comunidad Quebrada Bonita donde trabajan integrantes de CAVIDA, se produjo un sobrevuelo con la avioneta exploradora, 10 vueltas continúas sobre la casa en que se albergan integrantes de los consejos comunitarios.

Confiamos en su solidaridad para evitar una incursión paramilitar en el territorio que afecte la vida e integridad de los afrocolombianos, indígenas y mestizos que habitamos en Cacarica

Familias de consejos comunitarios de Cacarica

Carta a Juan Manuel Santos ante la masacre de indígenas en el Cauca

Desde Chile, el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC) manifiesta su rechazo ante la masacre perpetrada en el Cauca, donde murio una niña de 11 años sumandose a la larga lista de masacrados: “No es posible concebir más situaciones como estas, no es posible seguir aceptando que se continúe con baños de sangre de personas inocentes a causa de insanas justificaciones, no es posible seguir causando tanto dolor y sufrimiento donde la gran mayoría de las víctimas de esta irracionalidad bélica, son personas indígenas que están en medio de un perverso fuego cruzado”.

“A su vez, difundimos estos hechos lamentables a la comunidad internacional de Derechos Humanos y hacemos un ferviente llamado para frenar estas masacres de una vez por todas, que nadie quede indiferente. Asimismo, le decimos a los responsables directos de estos cobardes asesinatos, terminar ahora con este comercio de muerte, con este tráfico de vida de personas, con estos actos criminales, con estos asesinatos que son actos de cobardía que no tienen justificación alguna y que solo merece el repudio y la mayor condena”.


SEÑOR

JUAN MANUEL SANTOS

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

PRESENTE

C.C. Embajador de Colombia en Chile, Sr. Santiago Figueroa Serrano; Segunda Secretaria Embajada de Colombia en Chile, Sra. Maria del Pilar Cruz Silva;



Buen día.

El Grupo de Trabajo por Derechos Colectivo, desde Chile, junto con saludarle, pasa a exponer lo que a continuación se indica.

- Con mucho dolor y a la vez indignación, nos hemos enterado del nuevo asesinato de una niña en el Cauca, Colombia, se trata de Maryi Vanesa Coicué, de 11 años, quien se encontraba en su casa junto a su familia al momento que cayó una bomba el 16 de septiembre del año en curso lanzada por gente criminal e irracional, resultando además por dicha acción bélica 5 personas heridas.

- También nos hemos enterado de otras situaciones graves de masacres y asesinatos, como el de los niños y jóvenes bombardeados por la fuerza pública el 26 de Marzo del presente en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó; O el caso de Zuleima Coicué, una joven y humilde mujer a quien los llamados milicianos de las FARC le segaron brutalmente la vida arrebatándole el derecho de criar a su pequeño hijo. Y también el inhumano ataque a la población de Toribío donde nuevamente quedó en evidencia la crueldad de los agentes de la muerte; O la de Luis Carlos Mestizo, asesinado en Santander de Quilichao hace algunos días, en uno de los municipios del Cauca más militarizados, según se ha denunciado.

- Estos asesinatos señalados, son parte de una larga lista de muertos, masacrados, que son actos de genocidio a causa del llamado conflicto armado entre el estado colombiano y la llamada “guerrilla”, sindicada como ”Las Farc”.

- Al respecto, existen antecedentes que la “excusa” de este conflicto bélico ha causado destrucción de viviendas, desplazamiento de la población, sistemáticos asesinatos y heridos, mientras por otra parte, paralelamente, se siguen imponiendo megaproyectos de industrias extractivas con intereses de transnacionales, como mineras y petroleras.

- Resulta extraño, por decirlo de algún modo, que la llamada Guerrilla en Colombia, entre otros aspectos, ha servido de “justificación” para el ataque a habitantes campesinos, indígenas y/o afrodescendiente de diversos territorios, ya sea por el ejército, paramilitares, incluso por la misma denominada “FARC”, situada en varios lugares donde “casualmente” se han instalado o se pretenden instalar los principales proyectos de este tipo de mega industrias, según se ha venido denunciando.

- Como mapa de conflictos, en Colombia, las principales arremetidas de paramilitares, militares y bases militares que buscan imponerse, coinciden donde se ubican los principales intereses de Corporaciones económicas y en el Cauca particularmente, los Pueblos Indígenas han sido víctimas del genocidio del ejército Colombiano, de la policía, del intervencionismo extranjero, y de la misma FARC, aunque a esta altura, no se sabe de qué FARC se está hablando. Lo que si, son cientos los indígenas asesinados por los fusiles de la brutalidad, por cobardes bombas, con miles de desplazados en medio de la inacción del mundo respetuoso de los Derechos Humanos y de un gobierno responsable directo de estas masacres.

- Sr. Presidente de Colombia, hacemos un llamado, un urgente llamado para que de una vez por todas haga los esfuerzos reales y necesarios para que se terminen estos actos que van en contra de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, para que se cumplan las normas básicas de Derechos Humanos y se asuma debidamente la responsabilidad estatal ante estos hechos y vuelva la calma a estos territorios. Es su deber hacerlo, no con más muertes de inocentes, sino con caminos de paz, donde los intereses económicos, comerciales u/o ideológicos no se sobrepongan a la vida.

- No es posible concebir más situaciones como estas, no es posible seguir aceptando que se continúe con baños de sangre de personas inocentes a causa de insanas justificaciones, no es posible seguir causando tanto dolor y sufrimiento donde la gran mayoría de las víctimas de esta irracionalidad bélica, son personas indígenas que están en medio de un perverso fuego cruzado.

- A su vez, difundimos estos hechos lamentables a la comunidad internacional de Derechos Humanos y hacemos un ferviente llamado para frenar estas masacres de una vez por todas, que nadie quede indiferente. Asimismo, le decimos a los responsables directos de estos cobardes asesinatos, terminar ahora con este comercio de muerte, con este tráfico de vida de personas, con estos actos criminales, con estos asesinatos que son actos de cobardía que no tienen justificación alguna y que solo merece el repudio y la mayor condena.

Agradecido de vuestra atención y consideración, le saluda cordialmente,

-

Alfredo Seguel

Coordinación

Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos

Wallmapu, 18 de Septiembre 2011

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: 25 años de prisión contra el ex director de la policía política colombiana DAS, Jorge Noguera

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera Cotes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y uso ilegal de información privilegiada.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía dejaron en evidencia que el exfuncionario entregó información al Bloque Norte de las Autodefensas (paramilitares) sobre los movimientos del profesor Alfredo Correa de Andreis, el político Pisciotti y la sindicalista Zully Codina, quienes posteriormente fueron asesinados.

El profesor Alfredo Correa de Andreis fue señalado por el DAS de ser supuestamente auxiliador e ideólogo del Frente 59 de las FARC, el sociólogo fue asesinado posteriormente pos sicarios paramilitares en la ciudad de Barranquilla.

Noguera sería responsable de participar en el asesinato de varios sindicalistas en el país, mediante la entrega de información a los autores materiales de los asesinatos.

La Corte le dio credibilidad a las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso y el exjefe de informática del DAS, Rafael García, quienes dieron detalles sobre reuniones sostenidas por Noguera con los miembros de la organización paramilitar, Hernán Giraldo y alias ‘Jorge 40’.

Noguera también nombró personas afines a los paramilitares en altos cargos del DAS como la dirección de Informática y las seccionales regionales.

El condenado también es investigado por su presunta responsabilidad en las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos de oposición.

Jorge Aurelio Noguera Cotes ocupó el cargo de director del DAS durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, desde agosto de 2002 hasta octubre de 2005, posteriormente asumió funciones como cónsul en Milán (Italia), cargo que dejó en mayo de 2006 cuando se conocieron las revelaciones del ex jefe de informática del organismo de inteligencia, Rafael García, sobre la infiltración del paramilitarismo en esa entidad, adscrita a la Presidencia de la República, razón por la que en 2007 fue destituido e inhabilitado por 18 años por la Procuraduría General de la República (PGR) para ocupar cargos públicos.

La decisión de la PGR se dio después de ser declarado culpable de colaboración con paramilitares, además de un incremento injustificado de su patrimonio y de terceros con dineros públicos.

Posteriormente, en febrero de 2007 la Fiscalía emitió una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Noguera había sido puesto en libertad y recapturado, en el mismo proceso.

Durante un juicio, celebrado en febrero de 2010, Noruega acusó al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de haberle ordenado espiar de manera ilegal a sindicalistas y opositores de su gobierno.

El 11 de junio de 2008, la CSJ anuló el proceso en su contra porque el fiscal Mario Iguarán delegó el caso y, de acuerdo con la legislación, este era de su exclusiva competencia. Sin embargo, el proceso se reanudó y hoy se conoció el veredicto.

Noguera Cotes también es procesado por su presunta responsabilidad en el escándalo del espionaje, interceptaciones y seguimientos ilegales, por las que también son investigados los ex directores de ese organismo de Inteligencia, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate, así como Bernardo Moreno, José Obdulio Gavira, Jorge Mario Eastman y César Mauricio Velásquez, altos funcionarios y asesores del gobierno de Uribe Vélez.

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: Presencia paramilitar en Rovira amenaza vida de campesinos

La ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TOLIMA (ASTRACATOL) pone bajo conocimiento de las autoridades colombianas y la comunidad nacional e internacional, la continuidad de los graves señalamientos contra nuestra organización y la persecución sistemática realizada en contra el Presidente de ASTRACATOL, JAILER GONZÁLEZ, ejercida ahora por fuerzas paramilitares.

Rechazamos públicamente la estigmatización que se realiza contra el trabajo organizativo de la Asociación en el departamento del Tolima, así como las consecuencias que en la vida e integridad de los campesinos de nuestra organización puedan generar los irresponsables señalamientos realizados por Caracol Radio que empiezan a entreverse con las amenazas del paramilitarismo en el municipio de Rovira.



DENUNCIA PÚBLICA

LA PERSECUCIÓN CONTRA JAILER GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE ASTRACATOL, ES EJERCIDA POR FUERZAS PARAMILITARES QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA. ¡EN PELIGRO VIDA DE CAMPESINOS!

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, filial de FENSUAGRO-CUT, denuncia a la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, la PRESENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES que amenazan la vida, integridad y permanencia de los campesinos del corregimiento de Riomanso, municipio de Rovira. Las amenazas contra los campesinos de esta región se producen días después del desarrollo de una gira organizativa realizada por ASTRACATOL y liderada por nuestro presidente JAILER GONZÁLEZ, que tuvo lugar durante los días 21 al 29 de agosto.

ANTECEDENTES

1. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, constituida legalmente en 2007 como resultado de importantes procesos de movilización campesina en el departamento, es una organización agraria y sindical integrada por campesinos y colonos del Tolima que se han organizado para exigir la construcción democrática de una política agraria, así como garantizar la permanencia en el territorio y la defensa efectiva de sus derechos.

2. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, ha venido denunciando en el último periodo las constantes violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas por las unidades militares adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional y a la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima. Actualmente impulsa un proceso político-organizativo en las zonas rurales del departamento, con campesinos y campesinas de los distintos municipios, dirigido a generar conciencia de derechos, alternativas económicas y garantías de permanencia en el territorio.

3. Los dirigentes campesinos de la Asociación en el transcurso de este año han sido perseguidos, amenazados y en general, les han sido vulnerados sus derechos humanos por parte de las tropas del Ejército Nacional que hacen presencia en la región.

4. El 30 de marzo del presente año fueron asesinados dos campesinos afiliados a ASTRACATOL en el municipio de Chaparral, a menos de 4oo metros de un retén permanente que realizan tropas del Ejército Nacional.

5. Después de una visita de verificación internacional sobre la situación humanitaria, realizada los días 29 y 30 de mayo a las zonas rurales de los municipios de Rioblanco y Chaparral, distintos dirigentes de ASTRACATOL y sus subdirectivas, han sido señalados y citados a instalaciones militares por tropas del Ejército Nacional, para dar cuenta en palabras textuales “de los temas que se tratan en las reuniones con ASTRACATOL”.

6. En los últimos meses el Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, JAILER GONZÁLEZ, ha sido víctima de una persecución sistemática debido a su trabajo como dirigente sindical agrario, que se ha concretado a través de múltiples detenciones arbitrarias, realizadas por tropas del Ejército y la Policía Nacional, en distintos municipios del departamento. Nunca ha sido presentada orden de aptura en su contra, ni ha sido requerido por la Fiscalía General de la Nación, sin embargo en el último periodo su derecho a la libre locomoción se ha visto gravemente afectado.

7. A esto se suman los señalamientos irresponsables realizados por algunos medios de comunicación contra JAILER GONZÁLEZ, después de la participación de ASTRACATOL en el Encuentro Nacional de Paz “El diálogo es la Ruta”, realizado en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto. A partir de la supuesta infiltración de las FARC en este Encuentro, el 17 de agosto es emitida una noticia por Caracol Radio en la cual se presentan supuestas pruebas de la infiltración por parte de una persona que identifican como alias “Jailer”, guerrillero que opera en los departamentos de Putumayo, Huila y Tolima y cumple diversas tareas de adoctrinamiento. Estos señalamientos realizados contra el supuesto alias “Jailer” en realidad se formulan contra JAILER GONZALEZ, dirigente sindical agrario de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, quien en cumplimiento de sus funciones como presidente de ASTRACATOL coordinó la participación de una delegación de campesinos y campesinas que asistieron al Encuentro de Paz realizado en Barrancabermeja.

ULTIMOS HECHOS

1. Con posterioridad a los señalamientos irresponsables realizados contra JAILER GONZÁLEZ, éste en cumplimiento de sus responsabilidades como Presidente de ASTRACATOL realizó una gira organizativa por zona rural del municipio de Rovira durante los días 21 al 29 de agosto. La gira se realizó por los corregimientos y veredas de Riomanso y La Selva, del respectivo municipio.

2. El día 2 de septiembre ASTRACATOL tiene conocimiento de denuncias de campesinos de estas veredas que alertan sobre la presencia y constantes amenazas contra campesinos de la región, realizadas por grupos paramilitares que se encuentran en compañía del Ejército Nacional. Esta realidad según la información de los campesinos se ha recrudecido después de la gira organizativa realizada por la Asociación.

3. El martes 30 de agosto un renombrado paramilitar de la región cuyo alias es “Tocayo”, se acercó a la casa del campesino Henry Cuervo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puracé (Corregimiento de Riomanso), quien no se encontraba, con el fin de indagar sobre la reunión realizada por ASTRACATOL el día 24 de agosto en dicha vereda y de forma especial sobre la persona que dirigió la reunión (JAILER GONZALEZ). Una vez realizadas estas preguntas alias “Tocayo” solicitó información a la esposa de Henry Cuervo sobre el paradero de JAILER GONZALEZ y lo señaló como guerrillero.

4. Los campesinos de la zona de Riomanso, La Selva y sus alrededores temen por las posibles acciones que puedan llevar a cabo los paramilitares en contra de su vida, integridad y permanencia en el territorio.

Emitimos como Asociación una alerta por la protección de los derechos de todos los campesinos y campesinas que participaron de las reuniones realizadas por ASTRACATOL en esta región y/o contribuyeron de alguna forma al desarrollo de la gira organizativa, especialmente solicitamos la protección por la vida e integridad del campesino Henry Cuervo, que actualmente es buscado por alias “Tocayo”, así como su familia que hospitalariamente permitieron el hospedaje de JAILER GONZALEZ y su acompañante en casa.

ANTE ESTOS HECHOS:

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON por los señalamientos, la persecución sistemática de la que ha sido objeto JAILER GONZALEZ, reconocido líder sindical y agrario del departamento del Tolima y presidente departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL

EXIGIMOS:

Al ESTADO garantizar y efectivizar los derechos humanos del dirigente sindical y agrario JAILER GONZALEZ, de HENRY CUERVO, miembro de ASTRACATOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puracé (Municipio de Rovira), su familia y demás afiliados a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL en el departamento, así como la garantía especial del derecho a la libre asociación y oposición.

Al GOBIERNO NACIONAL tomar las medidas pertinentes para asegurar la vida, honra e integridad personal de JAILER GONZALEZ, HENRY CUERVO, miembro de ASTRACATOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puracé (Municipio de Rovira), su familia, demás miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL y los campesinos en general.

A la VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA que se comprometa con la garantía de los derechos humanos del conjunto de los miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima –ASTRACATOL.

A la Procuraduría General investigar los hechos aquí explicados en lo que corresponda.

A la Fiscalía General de la Nación investigar y esclarecer los hechos aquí mencionados y adelantar las acciones pertinentes frente a este caso, garantizando Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas y sus familias.

A la Organización de Naciones Unidas pronunciarse acerca de esta situación.

A la Defensoría del Pueblo pronunciarse y tomar acciones frente a posibles violaciones de derechos humanos a los integrantes y dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL que continuaran desarrollando su trabajo en el departamento y frente a la presencia paramilitar en el municipio de Rovira.

SOLICITAMOS:

A la comunidad nacional e internacional, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos a rodear de solidaridad y acompañamiento a JAILER GONZÁLEZ, a la Asociación de Trabajadores Campesina del Tolima – ASTRACATOL y en general, al movimiento campesino colombiano, en la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. Igualmente se brinde la garantía de respeto a la vida, la integridad y la protesta de quienes participamos en la construcción de un mejor país.

Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima

ASTRACATOL

Desaparecidos Luis Eduardo Manotas y Armando Colón, abogados defensores de Prisioneros Políticos!


La Fundación Lazos de Dignidad emite ACCION URGENTE por la desaparición de los abogados defensores de prisioneros políticos LUIS EDUARDO MANOTAS Y ARMANDO COLON, ocurrida en la ciudad de Bogotá desde el día 10 de septiembre de 2011.

HECHOS

1. El día de ayer, 10 de septiembre de 2011, aproximadamente a la 1:30 pm, el abogado LUIS EDUARDO MANOTAS realizó una llamada telefónica informando que se encontraba en la ciudad de Bogotá y había sido detenido por sujetos que se identificaron como agentes de policía adscrito la SIJIN. En el transcurso de la llamada le fue arrebatado su teléfono celular y posteriormente terminada la comunicación.

2. A partir de esta denuncia, nuestra fundación hizo presencia en las instalaciones de la SIJIN ubicada en la ciudad de Bogotá, donde nos informaron que no se encontraba reportado como detenido el abogado LUIS EDUARDO MANOTAS.

3. Seguidamente nos comunicamos con la oficina de derechos humanos de la policía nacional para solicitar información del lugar donde se encontraba detenido el abogado LUIS EDUARDO MANOTAS, pero recibimos como respuesta la imposibilidad de comunicarse con los demás sitios de detención en la ciudad para obtener dicha información.

4. El día de hoy, 11 de septiembre de 2011, en horas de la mañana, nuestra fundación recibió la noticia de la desaparición del abogado ARMANDO COLÓN, quien debía encontrarse el día de ayer con su colega LUIS EDUARDO MANOTAS, pero desde la fecha no se conoce su paradero y las llamadas realizadas a su teléfono celular son enviadas a correo de voz.

5. Los abogados LUIS EDUARDO MANOTAS Y ARMANDO COLON son egresados de la Universidad del Atlántico, donde se caracterizaron por hacer parte del movimiento estudiantil en defensa de la universidad pública, razón por la cual han padecido amenazas, detenciones y hostigamientos en distintas oportunidades.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS ABOGADOS DESAPARECIDOS

LUIS EDUARDO MANOTAS: Sexo masculino, de aproximadamente 33 años de edad, color de piel morena, ojos grandes de color miel, labios gruesos, rostro ovalado, cabello ondulado y corto de color castaño oscuro, contextura delgada, de aproximadamente 1, 60 metros de estatura.

ARMANDO COLON: Sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, color de piel blanca, ojos medianos de color café oscuro, cejas pobladas, labios medianos, rostro redondo, cabello ondulado y corto de color castaño oscuro, contextura gruesa, de aproximadamente 1, 70 metros de estatura.

ALERTAMOS

Que se encuentran en riesgo los derechos a la VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA de los abogados defensores de prisioneros políticos LUIS EDUARDO MANOTAS y ARMANDO COLON, quienes podrían ser víctimas de desaparición forzada.

SOLICITAMOS AL ESTADO COLOMBIANO

Activar el mecanismo de BUSQUEDA URGENTE de los abogados defensores de prisioneros políticos LUIS EDUARDO MANOTAS y ARMANDO COLON, y de manera inmediata emitir las comunicaciones a las autoridades a nivel nacional, a fin de prevenir violaciones al derecho a la vida e integridad física de los abogados mencionados.

Fundación Lazos de Dignidad

Fuente: Agencias de noticias

Latinoamerica: desaparicion y muerte

Desaparecido el líder de los desplazados Juan Antonio Ariza Carrillo

A continuacion transcribimos el comunicado.

Ante la comunidad nacional e internacional, la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, Seccional Atlántico; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Región Caribe, Agenda Caribe y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) Atlántico denuncian la desaparición del dirigente Antonio Ariza Carrillo.
Hechos

El jueves 1 de septiembre de 2011, el presidente de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (Andescol), Seccional Atlántico, salió de su lugar de residencia hacia el municipio de Albania (La Guajira) a atender compromisos propios de la Asociación, en ejercicio de sus funciones como fiscal de Andescol Nacional; hasta el momento se desconoce su paradero y la última noticia que se tuvo de él fue que iba de en un bus interdepartamental camino a La Guajira.

Ariza estuvo dirigiendo la asamblea anual de Andescol Nacional, realizada en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) durante los días 30 y 31 de agosto del presente, donde participó de manera activa en su realización.

Como antecedentes a este hecho se conoce que:

Juan Antonio recibió amenazas de paramilitares y por tanto tuvo que desplazarse de Aracataca (Magdalena) en el año 2002.

En el 2003, Juan Antonio Ariza Carrillo y Gloria Ester Rudas Gutiérrez fundaron, junto con otros compañeros, Andescol seccional Atlántico.

Desde su fundación, el señor Ariza y su compañera Gloria han sido objeto de numerosas amenazas por parte de grupos paramilitares, viéndose en la obligación de desplazarse a Bogotá en el 2007.

En el 2008 el señor Juan Ariza retornó junto a su familia al departamento del Atlántico y retomó la presidencia de Andescol seccional Atlántico. Ingresaron como víctimas a los procesos que se adelantan ante la fiscalía de Justicia y Paz para encontrar a los asesinos del hermano de la señora Gloria en Remolino (Magdalena).

En el 2008, después de su retorno, el señor Juan Antonio fue nuevamente amenazado. El caso fue documentado para solicitar protección al Gobierno Nacional pero no se obtuvo respuesta alguna.

El 10 de mayo de 2010, hombres a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, cuyas placas estaban forradas con un papel para impedir su identificación, se acercaron a la señora Gloria, compañera permanente de Juan Ariza, y le manifestaron textualmente que dejara de joder y de investigar y le mostraron un arma.

A mediados de mayo de 2010 circula una amenaza contra diversas organizaciones a nivel nacional, donde incluyen a Andescol, organización a la que pertenecen el señor Ariza y su compañera permanente.

El 10 de diciembre de 2010, el señor Ariza se dirigía a la ciudad de Barranquilla para reunirse con organizaciones defensoras de derechos humanos para realizar actividades concernientes al Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando fue interceptado en la entrada del municipio de Santo Tomás (Atlántico) por personas desconocidas que estaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, quienes le manifestaron que dejará de andar con esa parranda de guerrilleros que sólo hacen estorbar, que lo tenían visto, que sabían de donde venía y que la cogiera suave, término que en la Costa se utiliza para decirle a alguien que deje de molestar.

Desde entonces salió desplazado, nuevamente, junto con su familia del municipio donde se encontraban y hoy se encuentran a la deriva sin el apoyo del Gobierno para su protección.

El 12 de enero de 2011 recibió una llamada de un sujeto que se identificó como miembro de grupo paramilitar de las Águilas Negras, en el que le advertían que lo tenían ubicado.

Igualmente señalamos que:

Juan Antonio Ariza Carillo, identificado con CC 5.004.714 de Ciénaga (Magdalena), además de ser una destacado líder campesino y actual presidente de la Seccional de Andescol y fiscal de la junta nacional de la misma asociación, es defensor de derechos humanos, integrante de la Mesa Departamental de fortalecimiento a la población desplazada del Atlántico, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado capitulo Atlántico, miembro de la Plataforma de Derechos Humanos Agenda Caribe y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Región Caribe.
Responsabilizamos

Al estado colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento del Atlántico, al Ministerio del Interior y de Justicia por no realizar las acciones pertinentes en el caso de protección del señor Juan Antonio Ariza Carrilllo, pues en su último estudio de nivel de riesgo arrojó como resultado "extraordinario".
Acciones solicitadas

Se realicen todas las acciones humanitarias, la entrega de carácter urgente con vida del señor Juan Ariza Carrillo y solicitar a los captores que respeten su vida en integridad y lo devuelvan sano y salvo al seno de su familia y de la sociedad.

Que por intermedio de la Fiscalía General de la Nación se coordine el mecanismo de búsqueda urgente, con la participación de alcaldías, gobernaciones, organismos de seguridad del Estado, autoridades militares, policiales, organismos de control (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería) y a la Cruz Roja Internacional de los departamentos de La Guajira, Magdalena y del Atlántico.

A la Defensoría del Pueblo, activar, conforme a la ley 971 de 2005 el mecanismo de Acción de búsqueda urgente por la desaparición del defensor de derechos humanos Juan Antonio Ariza Carrillo.

A las autoridades en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, dedicar todos los esfuerzos posibles para exigir a los captores que respeten la vida e integridad personal de Juan Antonio Ariza Carrillo, activando el mecanismo de acción urgente de búsqueda.
Exigimos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh):

El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A las gobernaciones del Atlántico, Magdalena y La Guajira:

Adelantar las medidas necesarias para garantizar la ubicación del señor Juan Ariza Carillo.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas ante la situación de desaparición del defensor de derechos humanos, líder desplazado y campesino Juan Antonio Ariza Carrillo.



Latifundistas de Brasil ofrecieron 50 mil dólares por asesinar a un trabajador rural


“Muerte a los sin tierra”, gritó un estanciero del Estado de Pará, en Brasil, durante una reunión entre empresarios del sector, a raíz de una ocupación de tierras en la estancia Marambaia, en diciembre de 2010.

El episodio, registrado por el portal del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) tiene ya algunos meses, pero nada indica que la situación haya cambiado.

La justicia paraense solicitó medidas de protección especial para trabajadores rurales amenazados de muerte en esta conflictiva zona de Brasil.

El caso más grave que se ha denunciado en las últimas semanas es el del dirigente Raimundo Belmiro, ya que se denunció que un empresario local llegó a ofrecer aproximadamente unos 50 mil dólares por su asesinato.

Además, las autoridades estaduales recibieron una comunicación del Ministerio Público Federal (MPF), que expresó preocupación por la situación de vulnerabilidad de los familiares de Zé Cláudio Ribeiro y Maria do Espírito Santo, que fueron asesinados en mayo en la zona de Nova Ipixuna, donde estaban asentados.

Según un comunicado de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) (una referencia en Pará en materia de conflictos agrarios), los familiares de esta pareja están llevando una “cruzada” para pedir el esclarecimiento de ambos homicidios, en medio de una investigación que ha estado cargada de irregularidades.

La omisión de la justicia permitió, entre otras cosas, que los principales sospechosos hayan logrado huir de Pará, según denunciaron las organizaciones locales. “Ante la falta de justicia, los familiares dieron inicio a una campaña, intentando provocar una presión política”, agregan desde la CPT, en referencia a reuniones que mantuvieron con autoridades ministeriales en Brasilia, la capital del país, y Belem, la capital del Estado.

Entre otros reclamos, pidieron que la causa judicial “sea federalizada”, debido a las posibles presiones que sufren los magistrados de Pará. Y mientras esa impunidad se mantiene, las cifras de los conflictos agrarios y los asesinatos de militantes en esta región brasileña son cada vez más preocupantes.

Fuente: Albatv

Colombia: Mercenario sionista en Colombia

Yair Klein, el peligroso mercenario israelí que entrenó a los paramilitares en el Magdalena Medio en los años ochenta, ha completado diez años eludiendo a la justicia colombiana, luego de la condena en su contra a casi once años de prisión, por concierto para delinquir y entrenamiento de grupos paramilitares, definida en 2001 por el Tribunal Superior de Manizales.

El teniente coronel en retiro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI o Tsahal, por sus siglas en hebreo) ha sabido burlar la justicia y hoy se refugia en su patria, mientras decenas de investigaciones independientes documentan su participación en delitos de lesa humanidad cometidos en varios países, entre los que se encuentran Líbano, Sierra Leona y, especialmente, Colombia.

Contra el mercenario pesan graves acusaciones, desde la época en que hizo parte de las FDI, y algunos especialistas especulan que hace parte del Mosad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, por sus siglas en hebreo) y mantiene fuertes vínculos con la CIA, pues el militar se ha vuelto tristemente célebre por su participación como mercenario en varias guerras del Tercer Mundo en las que los intereses de su país y de los EE.UU. terminaron viéndose beneficiados.

Lo cierto es que Klein logró aprovecharse del enorme desarrollo de la industria bélica de su país. Gracias a la intervención directa o indirecta de Israel en los países vecinos y en decenas de conflictos en otras partes del mundo, los servicios prestados por las empresas de seguridad Hod Halanit y Spearhead Ltd., ambas fundadas por el teniente coronel israelí, ganaron un amplio reconocimiento internacional, especialmente por las labores desempeñadas por sus mercenarios en África, Latinoamérica y Medio Oriente, donde, además de participar en cientos de acciones armadas, entrenaron grupos protagonistas de masacres y delitos de lesa humanidad.

En Colombia, Yair Klein es la pieza fundamental para que se sepa la verdad sobre el entrenamiento que ofreció a los grupos narco paramilitares del Magdalena Medio, Antioquia y Urabá en los años ochenta, particularmente en métodos de guerra sucia que incluían operaciones de secuestro, tortura, desaparición forzada y terror psicológico. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre 1999 y 2010, al menos 3’630.897 personas fueron desplazadas a la fuerza en Colombia y se cometieron miles de crímenes atroces, principalmente a manos de los ejércitos de extrema derecha entrenados por el israelí que terminaron conformando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De soldado a empresario de la guerra

Aunque se había vinculado a las FDI a inicios de los años sesenta y había participado en la Guerra de los Seis Días de 1967, fue la Guerra de Yom Kippur de 1973, librada entre Israel y los países árabes de Egipto y Siria, el conflicto que lo proyectó como criminal de guerra y donde conoció las dinámicas de la guerra sucia y las tácticas de terror.

A inicios de la década de los ochenta, el teniente coronel se retira del ejército israelí y funda su primera empresa: Hod Halanit, con la que suministró servicios militares privados, mercenarios, armamento y conocimientos técnicos, durante la guerra de 1982, a la Falange Libanesa, movimiento católico maronita influenciado por el franquismo español y que apoya el exterminio étnico practicado por Israel. El 16 de septiembre de 1982, las tropas falangistas, junto con mercenarios, ingresaron a los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, rodeados desde el día anterior por tropas de las FDI bajo el mando directo de Ariel Sharón, y masacraron a un número aún indeterminado de víctimas civiles –el gobierno del Líbano acepta ’varios centenares’ de muertos, Israel 14, la Cruz Roja 2.400 y algunas investigaciones independientes hablan de más de 3.500–.

Capacitando a los narcos

Yair Klein llegó a Colombia por primera vez en 1987, luego de un oscuro paso por Centroamérica, con el fin de ofrecer a varios integrantes de la Fuerza Pública los servicios de formación en defensa y seguridad que sus empresas podían proporcionar a los uniformados. Especialmente, se han conocido los encuentros entre el mercenario israelí y el general de la Policía Carlos Arturo Casadiego, así como con directivos de la empresa Atlas Seguridad. Casadiego, quien llegó a ser subdirector de la institución, fue asesinado en extrañas circunstancias en Armenia (Quindío), el 14 de febrero de 1993, sin que haya podido aclararse su participación en los contactos que llevaron a Klein al Magdalena Medio.

El mercenario llegó a Puerto Boyacá, población considerada como la cuna de las AUC, gracias a las relaciones que logró establecer con el polémico coronel Luis Bohórquez Montoya, comandante por ese entonces del Batallón ’Bárbula’ del Ejército. De esta manera, logró enlazarse con narcotraficantes, ganaderos y latifundistas agrupados en la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), fachada legal para el paramilitarismo en la región, así como con directivos de algunas multinacionales que eran susceptibles de requerir sus servicios. Según ha declarado el jefe paramilitar alias ’Ernesto Báez’, Bohórquez fue uno de los principales promotores de los ejércitos privados en el Magdalena Medio y habría estado involucrado en el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato liberal a la presidencia en 1989, siendo a su vez asesinado por sicarios, el 24 de junio de 1991, dos años después de haber sido destituido.

Producto de las negociaciones con estos contactos, Yair Klein logra que, en febrero de 1988, se dé inicio al primer curso de paramilitarismo dictado por él y sus hombres. Fue denominado ’Pablo Emilio Guarín Vera’, en honor a un promotor político del paramilitarismo en el Magdalena Medio asesinado por los propios ’paras’ en noviembre de 1987, y se realizó en la finca La Cincuenta, de propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha alias ’El Mexicano’. La capacitación fue contratada a la empresa Spearhead, que además de Klein, tenía como instructores a un grupo de mercenarios israelíes, ingleses y australianos. Según el libro “El sistema del pájaro: Colombia, paramilitarismo y conflicto social” del periodista y escritor italiano Guido Piccoli, el laboratorio de treinta sicarios costó a los terratenientes, narcotraficantes y grandes empresarios involucrados alrededor de 800.000 dólares y en éste se emplearon las técnicas, equipos y armas más sofisticadas con las que contaban las FDI por ese entonces, así como uniformes de uso privativo de las tropas comandadas desde Tel Aviv.

Posterior a esta generación de sicarios, Fidel y Carlos Castaño se enteraron de las habilidades de Klein y lo hospedaron por varios meses en haciendas de su propiedad en el Magdalena Medio, como Las Tangas y La Isla de la Fantasía, con el fin de obtener instrucción para sus hombres.

Luego de esto, el mercenario retorna a Puerto Boyacá para continuar con la formación de los hombres de Gacha, Henry de Jesús Pérez y Pablo Escobar. El objetivo era adiestrarlos en el manejo de explosivos y en el diseño de los carros bombas que tanto horror generaron en los años ochenta y noventa en el país. Alonso de Jesús Baquero, alias ’El Negro Vladimir’, responsable de la masacre de La Rochela en Santander, fue uno de los más destacados estudiantes en los cursos de la muerte de Klein.

Adicionalmente, se ha sabido que los ejércitos privados que actuaron a favor de la multinacional agroindustrial Chiquita Brands no sólo fueron pagados por esa compañía sino que, además, surgieron como consecuencia del entrenamiento proporcionado por Klein a los paras.

En una entrevista concedida en 2007 al programa “Hablando claro con la prensa” del Canal Caracol, el mercenario israelí afirmó que volvería a Colombia si lo necesitaran y calificó como “una estupidez y una falta de liderazgo desarticular a los paramilitares sin haber acabado con la guerrilla. Ahí hay presiones extranjeras porque el gobierno colombiano no puede ser tan tonto para ello”.

La escuela del terror

Gracias a un cable de la embajada estadounidense en Bogotá, desclasificado parcialmente en 2004, se sabe que Klein, con dineros del narcotráfico, se lanzó a la aventura de abrir una “escuela internacional de entrenamiento paramilitar y anticomunista en la isla caribeña de Antigua”, luego de abandonar Colombia en 1989. Según el libro “La búsqueda de la seguridad en el Caribe: problemas y promesas en los estados subordinados” de Ivelaw Lloyd Griffith, Klein llegó hasta esta zona de las Antillas, junto a un grupo conformado por otros israelíes, panameños, colombianos y antiguanos, por un pedido del gobierno de Antigua y Barbuda que estaba interesado en proveerse de armas y entrenamiento.

Según la investigación, Klein y Pinchas Schachar, brigadier general en retiro de las FDI y representante por ese entonces de la Industria Militar de Israel, fueron contactados por el también exmilitar israelí Maurice Sarfati para encargarse del jugoso negocio por 324.205 dólares, que incluía proveer de 500 fusiles de asalto Galil, 200.000 municiones, subametralladoras, pistolas, rockets y miras infrarrojas al Ministerio de Seguridad Nacional de Antigua y Barbuda, entonces encabezado por el hijo del primer ministro Vere Bird –reelecto en distintas ocasiones desde 1960, gracias al apoyo británico–. El 29 de marzo de 1989, el cargamento partió del puerto de Haifa (Israel) en un barco de bandera danesa con destino a un puerto en Antigua y Barbuda. Allí, el 24 de abril, fue cargado de nuevo en un barco panameño que los transportó secretamente a Colombia, donde fueron recibidos por el Cartel de Medellín, siendo Gonzalo Rodríguez Gacha el verdadero comprador del lote de armas y quien pagó jugosos sobornos a los funcionarios antiguanos involucrados.

Klein tomó sus ganancias del contrabando y, apoyado por el teniente coronel Clyde Walker, jefe de las fuerzas armadas de Antigua y Barbuda, mantuvo en funcionamiento su escuela paramilitar en ese país. Meses después, el proyecto anticomunista de Klein y sus socios narcotraficantes había entrenado a decenas de criminales de lesa humanidad de varias nacionalidades, entre ellos varios panameños que luego participaron en la invasión estadounidense a la nación centroamericana que terminó deponiendo al general Manuel Antonio Noriega.

Sin embargo, el escándalo de corrupción suscitado por el caso estuvo a punto de acabar con la larga dictadura de Vere Bird y el gobierno antiguano, presionado por EE.UU., Inglaterra e Israel, se vio obligado a terminar con la empresa criminal de Klein a mediados de 1990. Poco después se supo, por el propio Klein, que había dado entrenamiento a los Contras de Nicaragua en esa escuela y que años antes había ayudado a su unificación en la Resistencia Nicaragüense y a su financiación por parte de la CIA.

Posteriormente, el mercenario llegó a África occidental a mediados de los años noventa. Allí, se encargó de la formación de los miembros del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, que llegó a tener 15.000 combatientes en 1995 –gran parte de ellos niños reclutados a la fuerza–, y aprovechó su posición en ese grupo para vincularse al lucrativo negocio del contrabando de diamantes. Durante los once años de guerra civil en el país africano se dieron entre 50.000 y 120.000 asesinatos, un número indeterminados de desapariciones forzadas, desplazamientos, incontables mutilaciones a machete, violaciones y otros delitos de lesa humanidad.

La justicia de Sierra Leona capturó a Klein en 2000, internándolo en una cárcel de Freetown donde cumplió dieciséis meses de reclusión. Sin embargo, cuando fue liberado, el israelí logró eludir nuevamente a la justicia, pues en su contra pesan acusaciones que lo relacionan con el contrabando de fusiles a Somalia.

Recientemente, han podido volverse a rastrear las actividades del mercenario judío por Latinoamérica, luego de que el DAS colombiano desmantelara en Cali (Valle del Cauca), en mayo de 2000, una red de tráfico de armas en la que Klein estaba involucrado. Según el DAS, esta red había extendiendo sus operaciones a países como Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, Nicaragua, Austria y Rusia.

De vuelta a Colombia

El 22 de junio de 2001, el Tribunal Superior de Manizales condenó a Klein, en condición de reo ausente, a una pena de diez años y ochos meses de prisión, y una multa de veintidós salarios mínimos por los delitos de concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares. Durante una década, ha sido imposible el cumplimiento de la sentencia, pues Klein ha aprovechado que el Estado de Israel, donde es considerado por la derecha sionista como un héroe de guerra, no suscribe los tratados internacionales relacionados con crímenes atroces ni tiene tratado de extradición con Colombia.

En agosto de 2007, el Estado colombiano retomaría esta sentencia para solicitar a Interpol emitir una circular roja con el propósito de requerir la extradición del mercenario, además de sus colaboradores israelís Terri Melnik, Abraham Tzedaka, Izhack Merariot y Arik Afek, y de los colombianos Luis Alfredo Rubio Rojas y Carlos Arturo Álvarez Montero alias ’Trampas’. Sin embargo, pasaron seis años antes de que el gobierno colombiano asumiera medidas en el caso de Yair Klein, luego del histórico fallo del tribunal de Manizales.

Sin embargo, Dmitri Yampolski, abogado defensor de Klein, quien por ese entonces había sido detenido en Rusia, se aprovechó de unas declaraciones del ex vicepresidente, Francisco Santos, para pedir su libertad. En abril de 2010, Santos señaló que se debía “buscar la manera para que este señor se pudra en la cárcel por haber participado en la conformación de grupos paramilitares”, lo que sirvió de argumento a Yampolski para indicar que “existe el peligro de que en Colombia se violen los derechos y libertades de Klein”.

El caso terminó en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde la defensa y las presiones del gobierno de Israel lograron que, el 19 de noviembre de 2010, Klein fuera puesto en libertad y enviado a Tel Aviv, después de que el mercenario permaneciera encerrado durante tres años en prisiones rusas.

El pasado 27 de enero, el gobierno de Santos solicitó directamente a Tel Aviv la extradición del mercenario, aunque no existe tratado alguno entre los dos países que obligue a Israel a enviar a uno de sus nacionales a cumplir una condena en Colombia. Por esta razón, el pedido está en manos del gobierno de esa nación y no ha recibido respuesta formal, aunque se está estudiando, de acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Debido a esto, el 30 de junio, varias organizaciones sociales, congresistas y familiares de víctimas del paramilitarismo realizaron un plantón frente a la embajada de Israel en Bogotá por el silencio que mantiene dicho país respecto al caso de Yair Gal Klein. Las decenas de personas que se reunieron frente a la representación diplomática exigen que el mercenario israelí sea enviado a Colombia o que, por lo menos, su condena sea cumplida en una cárcel israelí, de acuerdo con una propuesta del senador Juan Manuel Galán. Por su parte, el representante a la Cámara Iván Cepeda, quien también participó en el plantón, interpuso un derecho de petición a la canciller María Ángela Holguín solicitando información sobre la situación jurídica de catorce mercenarios ingleses, israelíes y australianos que también fueron condenados junto a Klein y sobre los que no pesa ninguna solicitud de extradición.

Fuente: Albatv