Bolivia: Corte Suprema condena 5 ex militares y 2 ex ministros por genocidio

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció inapelablemente ayer a 5 ex jefes militares, a 15 y 10 años de prisión, y dio 3 años de cárcel a 2 ex ministros en el juicio de responsabilidades por genocidio que se instauró hace 8 años al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

Las sentencias fueron leídas en una audiencia que se realizó en la sala principal de la Corte Suprema en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano.

El juicio de responsabilidades, por la denominada masacre de octubre de 2003, tambien llamada "octubre negro" que se saldó con la muerte de más de 60 personas y más de 500 heridos se inició el 22 de octubre de 2003 con la primera denuncia presentada ante el Fiscal General de la Nación.

El fallo declaró que los militares Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera cometieron el delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Ordenó 15 años y 6 meses de prisión para ellos.

La sentencia también declaró a los miliates José Quiroga Mendoza y Luís Aranda Granados como autores del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. La condena para ellos fue de 11 años de presidio.

La sanción para el militar Gonzalo Mercado Rocabado fue una pena de 10 años de prisión.

Los sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar del ex presidente Sánchez de Lozada. Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.

Los ex ministros Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron señalados como autores en grado de complicidad del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Fueron condenados a 3 años de cárcel.

La Corte Suprema dictó el fallo en unanimidad y en única instancia. Allí se establece que los sancionados deben cumplir la sentencia en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre.

La causa investiga también la responsabilidad del ex presidente Sánchez de Losada y 8 de sus ministros en el llamado "octubre negro". Todos ellos se encuentran prófugos de la Justicia en distintos países.

El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.

La legislación boliviana impide enjuiciar y dictar sentencia en ausencia de los imputados. Por esta razon, la Cancillería de Bolivia tramita desde 2007 la extradición del ex presidente ante la Secretaría de Estado de Estados Unidos.

Fuente: Agencias de noticias

Ecuador: Abogado ecuatoriano denuncia que petrolera Chevron manipula a jueces estadounidenses

El abogado ecuatoriano Juan Pablo Sanz, uno de los litigantes en el caso Texaco-Chevron, denunció este miércoles que la petrolera estadounidense manipula los hechos relacionados con la sentencia que una corte de Ecuador emitió en su contra, y con la compra de jueces en Estados Unidos (EE.UU.) piensa no responder por los daños que causó a selva amazónica durante casi tres décadas.

“Chevron desde hace tiempo dice que no respetará ningún tipo de sentencia que provenga de un tribunal de Ecuador (...) Acudieron al Juez del distrito federal de Nueva York (noreste EE.UU.), Lewis Kaplan, y lo convencieron de que el sistema judicial ecuatoriano es completamente corrupto”, manifestó.

El jurista recordó que la demanda original fue presentada en la década de los 90 en Nueva York. Sin embargo, Chevron durante 10 años alegó que la Justicia ecuatoriana era la única competente para llevar adelante el caso y el foro adecuado para resolver este tipo de situaciones.

“Lo que sucede es que en los 90 era diferente la realidad política ecuatoriana, y dominaban actores muy cercanos a los intereses de EE.UU. y de la Chevron. Ellos pensaban que vendrían a Ecuador y sus amigos halarían un par de hilos y moverían unos centavos para dictar una sentencia a su favor y olvidarse de las consecuencias”, explicó.

Por ello, hizo un llamado a los jueces que tratarán las apelaciones de la Chevron, a que realmente apliquen la Ley y no se dejen maniobrar por la petrolera.

En febrero pasado, la Corte de Sucumbíos determinó que la petrolera Chevron debía cancelar 8 mil 646 millones de dólares por los daños ambientales causados en la selva de la Amazonia durante 28 años (1964-1992) por sus operaciones en Ecuador.

El dinero de este fallo sería utilizado para la reparación del ecosistema de la zona y para las comunidades indígenas que resultaron damnificadas por la acción de la petrolera, debido a la utilización de sustancias contaminantes en la zona.

A pesar del monto elevado, los demandantes han manfiestado que el fallo no se ajusta a las peticiones y el reclamo de una indemnización de 113 mil millones de dólares.

Los daños ocasionados por esta empresa se perpetraron en el norte de la selva amazónica y supusieron la contaminación del hábitat y de unas 30 mil personas que durante los años 70 y 80 resultaron afectadas por el uso de material de extracción inadecuado.

En el mes de marzo, el juez Kaplan emitió una resolución que suspende el cumplimiento de la sentencia formulada por la Corte de Sucumbíos. La directiva de Chevron respondió de la siguiente manera:

“Chevron está complacida con la orden de la Corte federal de Nueva York. No se debe permitir que los abogados demandantes en el caso de Lago Agrio se beneficien de un sistema judicial que no garantiza el debido proceso y de una sentencia que han obtenido por medio del fraude y de la corrupción”, reseña el comunicado.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sostuvo que su Gobierno no tuvo que ver con la decisión, que fue un órgano autónomo y soberano el que dictó la sentencia. Asimismo, rechazó la posición de la compañía, en relación a que el fallo “es producto de un fraude y contrario a la evidencia científica”, instando a la petrolera a demostrar que en el proceso haya existido fraude.

Chile: Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: “La condena de Cañete será política”

A pocas horas de que se conozca la sentencia a los cuatros comuneros mapuche que fueron condenados en el juicio de Cañete, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, aseguró que la decisión de los jueces será política. Esto porque está dirigida en contra de los más férreos defensores de la demanda histórica por la devolución de las tierras.

Como una condena política calificó el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, la que se dará a conocer este martes contra cuatro comuneros mapuche en el tribunal de Cañete, entre ellos a quien se sindica como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

El abogado del organismo humanitario sostuvo que la condena es contra los mejores representantes políticos del pueblo mapuche en su demanda histórica por la devolución de sus tierras, para lo cual se utilizó además un argumento jurídico que se fundamenta en el castigo a los disidentes.

Gonzalo Taborga recordó además que Chile firmó convenios internacionales en donde se hace parte de una serie de instrumentos jurídicos y de concepciones de reconocimiento de la cultura y la sociedad étnica que caracteriza a nuestro país, aunque hasta ahora en el juicio de Cañete no se ha respetado estos tratados que tienen plena vigencia en el país.

Por eso existe preocupación por la sentencia que se dará a conocer al medio día de este martes en el tribunal oral de Cañete entre los organismos de derechos humanos, ya que a juicio de abogados y representantes de estas entidades además de violar los conceptos fundamentales de un debido proceso puede dejar a Chile en una muy mala condición ante la comunidad internacional.