La ciudad peruana de Cajamarca (norte) se mantiene en paro
indefinido después de 12 días de haber iniciado las protestas en contra de los
proyectos mineros que pretende impulsar el Gobierno en esa zona. El presidente
regional, Gregorio Santos, afirma que continúan esperando propuestas para
solventar el conflicto a pesar de que el Ejecutivo "se ha cerrado de
diálogo".
Santos exhortó este martes a la transnacional Newmont, principal
inversora en el proyecto Conga y causante de daños "irreparables a la
ecología de la región", según organizaciones ambientales, "a irse de
la jurisdicción y aceptar una investigación para resarcir la deuda social y el
daño ambiental causado".
Denunció que hasta el momento "no hemos recibido ninguna
propuesta del Estado para solucionar el problema de Cajamarca, esperamos que en
los próximos días invite al diálogo; porque al parecer tiene más facilidades
para reunirse con los representantes de las mineras y los más poderosos del
país que con los campesinos".
Por su parte, el Gobierno central ha impulsado procesos judiciales
contra el gobernador de Cajamarca y Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar,
ciudad donde también se han extendido las protestas antimineras.
Santos también expresó su apoyo a Mollohuanca al esgrimir que
"el alcalde fue procesado por la presión de las transnacionales y las
compañías mineras; por ello debemos luchar por tener un Estado con poderes
independientes".
El burgomaestre de Espinar había sido condenado a cinco meses de
prisión preventiva por la presunta participación en el "delito de
disturbios", sin embargo, una decisión del juez del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Ica, Miguel Díaz Chirinos, lo dejó en libertad
para reabrir una nueva investigación y determinar sus responsabilidades en las
protestas contra la minera Xtrata Tintaya, que ocasionaron la muerte de dos
personas.
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