Guatemaltecos recibieron con júbilo la condena contra el ex dictador, José Efraín Ríos Montt, quien se convirtió en el primer gobernante latinoamericano acusado de genocidio.
Los activistas en pro de los derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron con gritos y aplausos, concentrados en las afueras de la torre de la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la jueza primera de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, quien ligó a proceso penal al ex dictador de 85 años de edad.
Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos encendieron velas y colocaron imágenes de sus seres queridos.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la decisión de la justicia guatemalteca.
"Nos felicitamos del procesamiento" de Ríos Montt "con cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad relacionados con su estancia en el poder entre 1982 y 1983, cuando ocurrieron algunas de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil", señaló la vocera del organismo Ravina Shamdasani.
"Su procesamiento manda una clara señal a Guatemala, a América Latina y al mundo de que no se debe tolerar la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado", acotó.
La justicia guatemalteca ordenó ayer procesar al ex dictador, José Efraín Ríos Montt (1982-1983), por delitos de genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, en su resolución, la jueza Carol Patricia Flores Polanco, le fijó una fianza de 500 mil quetzales (63 mil 983 dólares) y arresto domiciliario.
Flores a petición de la defensa del militar retirado, ordenó “arresto domiciliario en su propio domicilio con la custodia de agentes de la Policía Nacional Civil". Además, le limitó su libertad de locomoción hasta que concluya el proceso en su contra.
Ríos Montt hizo efectiva la fianza la noche de ayer por lo que evitó ser recluido en las cárceles de la Torre de Tribunales. Esta medida fue impuesta con el fin de que el ex dictador no evadiera la justicia.
La magistrada también le prohibió al ex gobernante de facto mantener cualquier tipo de comunicación con las personas que se encuentran ligadas al mismo proceso por el que será enjuiciado.
Asimismo, la jueza fijó a la Fiscalía un plazo de dos meses para que culmine la investigación y se reúna las pruebas, con el fin de decidir la fecha para el inicio del juicio en contra del general retirado.
La jueza primera de Mayor Riesgo consideró que “no existe peligro de fuga” de parte del acusado, porque se presentó a la justicia de manera voluntaria para colaborar con el esclarecimiento de los señalamientos que pesaban en su contra al día siguiente de haber perdido la inmunidad de que gozaba como legislador.
La legislación del país centroamericano contempla penas de 30 a 50 años de prisión por el delito de genocidio y de 20 a 30 años por crímenes contra la humanidad.
En tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Ríos Montt de haber diseñado, ordenado y dirigido los planes contra-insurgentes ejecutados por el Ejército durante los 17 meses que estuvo en el poder en contra de la población indígena Ixil, en el norteño departamento de Quiché.
De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, la Fuerza Armada, siguiendo órdenes del alto mando militar realizó al menos 11 matanzas en las que fueron asesinados unos mil 171 indígenas. Además, de un millar de violaciones sexuales en contra de mujeres menores de edad.
“Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", afirmó el fiscal que entregó dos discos como pruebas con cuatro mil 261 folios y 84 testimonios de supervivientes de las masacres perpetradas en esa época.
El gobernante guatemalteco de facto, José Ríos Montt, compareció hoy ante Flores para escuchar las acusaciones que en su contra argumentó la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar respecto a las mismas cuando la jueza le concedió la oportunidad.
"Comprendo perfectamente. Prefiero guardar silencio", declaró Ríos Montt cuando la jueza Flores le dio la oportunidad de pronunciarse sobre los delitos que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos.
"Considero que existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación en los hechos que el Ministerio Público le atribuyó al inicio de la presente audiencia", indicó Flores.
Fuente: Telesur
