Colombia: Ponen en marcha Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Lo anunció el domingo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Fue durante un encuentro en la sede del Gobierno de ese país con empresarios, representantes de trabajadores y dirigentes.

El Mandatario informó este fin de semana la emisión de un primer paquete de licitaciones. Según informó, será para mejorar la infraestructura colombiana frente al nuevo flujo de comercio entre ese país y Estados Unidos.

Ambas naciones firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que fue aprobado el pasado 14 de octubre por el Senado estadounidense.

El mandatario manifestó que con la aprobación del TLC, Colombia debe "aprovechar las nuevas oportunidades que se abren con Estados Unidos".

Santos aseguró que el TLC representará para Colombia 30 mil millones de dólares anuales en ingresos. También, la creación de unos 300 mil empleos.

Por su parte, sectores sindicales de Colombia rechazaron la firma del Tratado. Señalan que sectores como el del agro se verán seriamente afectados.

Según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora, el TLC "traerá una gran pérdida de empleos y la quiebra del sector agrario".

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos comenzó a negociarse en 2004. Fue suscrito en 2006 por el ex presidente estadounidense, George W. Bush, y el entonces mandatario colombiano, Álvaro Uribe.

4.000 trabajadores de Pacific Rubiales vuelven a parar la producción petrolera

El viernes 21 de octubre la Unión Sindical Obrera (USO) afirmaba que "la negociación con Pacific Rubiales está rota y el paro en Puerto Gaitán puede reanudarse en cualquier momento". Ayer, trabajadores del Comité Interno de Coordinación informan que unos 4.000 obreros de Campo Rubiales han parado la producción desde las 9 de la mañana porque la empresa había anunciado que iba a desocupar las instalaciones. También informan que están rodeados de unos 800 efectivos del ESMAD (policía antimotines) y del Ejército y que un compañero del Comité ha sido detenido por la Policía cuando estaba informando del cese de actividades.

Las mesas de negociación conformadas entre el gobierno nacional, la petrolera Pacific Rubiales y la USO habían superado el plazo del 21 de octubre acordado para resolver el conflicto laboral en Puerto Gaitán (Meta). El sindicato declaraba que las mesas "sólo han servido para dilatar las negociaciones y los problemas presentados por la comunidad siguen sin ser resueltos" y anunciaba que "en cualquier momento se reanuda el paro social en Puerto Gaitán". La USO denuncia que la petrolera (que produce diariamente el 26% del petróleo de Colombia) cierra espacios de negociación mientras genera conflictos laborales, sociales y ambientales en los Llanos Orientales.

Germán Osmán, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera (USO) e integrante de la mesa negociadora, declaró el viernes 21 de octubre que la negociación entre Pacific Rubiales Energy (PRE) y la USO está rota porque la empresa "no tenía nada para negociar" a pesar de que el sindicato había rebajado las pretensiones salariales con el ánimo de llegar a un acuerdo. La USO rechaza la actitud de la petrolera canadiense que "desde el inicio de este proceso ha actuado de forma deshonesta, dilatando la negociación y promoviendo de manera paralela que sus trabajadores directos se afilien a un sindicato patronal llamado UTEN".

La USO en diferentes comunicados ha denunciado que la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), filial de la Confederación General de Trabajadores (CGT), ha afiliado a más de 700 trabajadores en tres días y ha llegado a un acuerdo con la empresa y el gobierno en tiempo récord. La USO afirma que ese sindicato no representa los intereses de las más de 12.000 personas que laboran en Campo Rubiales y Quifa y, según German Osmán, es una estrategia de PRE, la empresa petrolera estatal Ecopetrol —que tiene una participación del 60% en Campo Rubiales— y el gobierno para no dejar ninguna entrada a la USO.

El 21 de septiembre y tras dos jornadas de paro de la producción en el campo petrolero, cinco miembros de la directiva nacional de la USO y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de PRE, Federico Restrepo, acordaron unas garantías para normalizar la actividad laboral y establecer una mesa de negociación. El acuerdo fue avalado por los ministros de Protección Social, Mauricio Santamaría, y de Interior, Aurelio Iragorri.

Ese acta de garantías para la instalación de mesas de negociación se centraba en seis ejes: 1) salarios y prestaciones de trabajadores directos, contratistas y subcontratistas; 2) garantía para el pleno ejercicio de las libertades sindicales y el derecho de asociación; 3) vinculación de la mano de obra local de Puerto Gaitán; 4) estabilidad de los contratos; 5) problemas sociales de la población local; y 6) reintegro del personal desvinculado a la empresa tras las protestas del 19 de julio de 2011.


Pacific Rubiales Energy, principal petrolera extranjera en Colombia

En enero de 2011, Pacific Rubiales Energy Corp. (Pacific Rubiales o PRE) se convirtió en la acción con mayor ponderación en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia desde que comenzó a cotizar a fines de 2009. Era la primera vez que una empresa extranjera lograba esto en Colombia. Durante el primer mes del año 2011 Pacific Rubiales, con sede en Canadá, anunció que invertiría 1.121 millones de dólares para aumentar su producción de petróleo en Colombia a 265.000 barriles diarios.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó el 30 de septiembre de 2011 que la producción media de petróleo en Colombia en ese año fue de 904.000 barriles al día. Según datos de la propia empresa, el 9 de agosto de 2011 la producción superó los 236.000 barriles de petróleo. Con estos datos, Pacific Rubiales mantiene una cuota de aproximadamente el 26% del mercado nacional de crudo con unos ingresos totales que la compañía cifra en 957 millones de dólares en el segundo trimestre de 2011.

Sin embargo, en los campos petroleros de mayor producción (Rubiales/Pirirí: 169.232 barriles diarios y Quifa: 36.010 barriles) sus 12.000 trabajadores directos o indirectos laboran en condiciones que les llevaron a participar en diferentes huelgas y paros de la producción desde el mes de junio de 2011. A estas movilizaciones se añadieron pobladores del municipio de Puerto Gaitán que protestan por problemas ambientales y sociales no resueltos a pesar de los grandes ingresos de la petrolera: Puerto Gaitán es el municipio de Colombia que mayores ingresos recibe en concepto de regalías, 11.962 millones de pesos fue la liquidación de agosto de 2011 según la Agencia Nacional de Hidrocarburos para un total en Colombia de 209.665 millones.

El 10 de octubre de 2011 una caravana compuesta por unas 400 personas integrantes de 54 organizaciones (sindicatos, trabajadores despedidos, pensionados, colectivos de abogados, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, grupos juveniles, de mujeres, sectores indígenas y organizaciones internacionales) se desplazó para verificar las condiciones de trabajo en los campos petroleros de Pacific Rubiales en los Llanos Orientales de Colombia. En la coordinación de esta Acción Humanitaria y Laboral se encontraban la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Mientras Pacific Rubiales se encuentra en medio de la negociación del pliegue de peticiones presentado por la USO, a finales de septiembre analistas de Interbolsa recomendaban la compra de acciones de la empresa pues la firma anticipa una adición total de unos 55 millones de barriles de petróleo al total de las reservas probadas de la compañía al 28 de febrero de 2011 (365 millones de barriles).

Sin embargo las conclusiones de la Acción Humanitaria y Laboral no son tan halagüeñas. Denuncian el "desplazamiento de los territorios ancestrales a las comunidades indígenas y campesinas y la contaminación permanente de los ecosistemas de esteros, morichales, caños, quebradas, ríos, humedales y fuentes hídricas". También se manifiestan en contra del "confinamiento de las comunidades a las áreas no exploradas y sometimiento a humillantes controles e imposición de restricciones a la libre locomoción". La lista sigue:"Extremada militarización de la vida social, comunitaria y laboral; así como la instalación de guarniciones militares en medio de los centros poblados, áreas laborales y zonas de dormitorios, contrariando los principios de distinción del Derecho Internacional Humanitario"; "Negación de un desarrollo sustentable y sostenible en el marco de la responsabilidad solidaria para las comunidades que perviven y conviven con la industria petrolera, ya que adolecen de la satisfacción de las más elementales necesidades, tales como servicio de energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario, saneamiento básico, vías de acceso pavimentadas, servicios de salud, vivienda y educación".

En materia laboral, la Acción Humanitaria en su declaración pública expresa que hay "sobreexplotación laboral con jornadas extenuantes, contratos basura, acoso laboral, despidos injustos, desconocimiento a la estabilidad reforzada deficientes condiciones de bienestar y salarios precarios". Asimismo: "Exclusión laboral de la mano de obra existente en la comunidad y falta de programas de capacitación para las artes y oficios de la industria petrolera". Afirma que la petrolera impide la libre asociación sindical, "ya que muchos trabajadores que se han afiliado a la USO han sido injustamente despedidos o suspendidos sin justa causa sus contratos violando los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo". Además constatan que existen despidos injustificados de trabajadores incapacitados, "sin reconocer los accidentes laborales que a algunos de ellos los han dejado con incapacidad permanente" y "malos tratos de muchos capataces y administradores de empresas contratistas, sometiendo a trabajadores y trabajadoras a la humillación aprovechándose de la necesidad del empleo".

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: Comunidad de paz señala ubicación de bases paramilitares sostenidas por el gobierno

A continuación un comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quienes manifiestan: "Seguimos repudiando las estrategias de muerte del Gobierno" Semana tras semana vemos acrecentar el actuar paramilitar, no solamente en los territorios de nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó sino en muchas otras zonas del país, pero lo peor es que la sociedad va asumiéndolo como un destino fatal, sin remedio, al que debe someterse.

Muchos no creen cuando denunciamos las formas de presencia y acciones concretas de los paramilitares en la zona de nuestra Comunidad. Nadie hace nada.

Todo se le comunica inmediatamente al Presidente de la República pero él lo único que hace es remitir los registros a las jerarquías del Ejército y de la Policía, que son las instituciones que incentivan, apoyan, protegen y encubren a los paramilitares, para que ellas “investiguen” lo que estos hacen. Y las jerarquías militares y policiales inician una remisión en cadena a los comandantes, desde el más alto nivel hasta el más bajo, esperando que la respuesta vuelve a remontar todas las cadenas de mando con los contenidos de rutina utilizados durante varias décadas: “no teníamos tropas en la zona en ese momento”; “los hechos no fueron denunciados ante las autoridades competentes”; “eso no pudo ocurrir porque eso está prohibido por nuestros reglamentos”.

Entre tanto los paramilitares ejecutan campesinos, amenazan, desplazan, anuncian el exterminio de nuestra Comunidad, roban, destruyen cultivos, someten a trabajos forzados a poblaciones de veredas enteras, y nadie hace nada. Impera el silencio del terror mientras ellos controlan toda la vida de la población como auxiliares de la fuerza pública; piden documentos; hacen censos; realizan empadronamientos; reúnen a las comunidades; colocan impuestos a productos, incentivan el cultivo de la coca y controlan su comercio; imponen reglas para la vida diaria. Vivimos en una sociedad paramilitarizada mientras el Gobierno del Presidente Santos le vende a la Comunidad Internacional la gran mentira de que el paramilitarismo ya no existe; de que sólo hay bandas de delincuencia común para las cuales ha acuñado la sigla engañosa de “BACRIM”. Todo esto ocurre en una sociedad sometida al accionar paramilitar con la vista permisiva del Estado Colombiano en todas sus instancias, permisividad que trata de ocultar con un discurso en el que afirma perseguir el paramilitarismo, algo no creíble para quienes vivimos la realidad cruda, en la cual esto no es más que una simple burla.

Nuestra opción por la vida nos lleva a dejar constancia de esta situación, pues nos oponemos rotundamente a una sociedad de muerte, a una sociedad determinada por la guerra y las armas; nuestra opción por la vida; por la no violencia; por la paz, nos lleva a solidarizarnos con cualquier persona que sea víctima de esta lógica paramilitar. Al dejar constancia de esta situación rechazamos rotundamente esta clase de sociedad y de Estado hundidos en la mentira y en la violencia. Nuestra comunidad indudablemente repudia esta lógica, estas leyes del paramilitarismo que implican una sociedad basada en la injusticia, en la impunidad y que sólo genera una sociedad de muerte.

Queremos ir dejando constancia cada semana sobre estos hechos; sobre estas bases paramilitares que siguen y siguen, año tras año, afianzando su sistema de muerte en la sociedad y en nuestro territorio:

Denunciamos y condenamos todo el respaldo, activo y/o pasivo del Estado a:

- La base paramilitar ubicada en la vereda Mano Cuello, del corregimiento de El Dos, en el municipio de Turbo, pero colindante con las veredas de nuestra Comunidad de Paz. Allí más de doscientos paramilitares se despliegan por diversos lugares donde regulan todo la entrada de gente a las veredas, hacen empadronamientos, compran coca, entran armas y munición, profieren amenazas, detienen a personas quienes luego desaparecen o son ejecutadas, reúnen a la gente de allí y les dicen que ellos son la ley y los que controlan todo; que quien no les obedezca será ejecutado. Uno de los últimos episodios de este accionar fue la reunión del 23 de septiembre en horas de la mañana, en la cual los paramilitares expusieron todas estas condiciones a los pobladores.

- La base paramilitar de Nuevo Antioquia, donde más de cien paramilitares andan de camuflado y/o de civiles, armados, recorriendo las veredas hasta Playa Larga. Allí hacen empadronamientos de cada finca de las diversas veredas; cobran impuestos a la madera y a los diversos productos que se sacan; realizan reuniones con la gente diciendo lo mismo sobre su control y sobre el sometimiento de la gente. Uno de los últimos episodios fue el empadronamiento realizado el pasado 21 de septiembre en la vereda Playa Larga.

- La base paramilitar de Piedras Blancas, donde se encuentran más de cien paramilitares. Allí hacen patrullajes en las veredas donde se encuentra nuestra Comunidad, profiriendo amenazas; anunciando el inminente exterminio de nuestra Comunidad y controlando la alimentación, el movimiento de las personas e imponiendo sus reglas de juego. Uno de tantos hechos cometidos han sido las amenazas proferidas el sábado 17 de septiembre a las 10:00 horas, en las veredas La Cristalina y Carepa, donde le dijeron a la gente que iban a desaparecer a varias personas pues no cumplían las reglas que ellos imponían.

- La base paramilitar de Batata: allí han construido una edificación grande para albergar a más de 300 paramilitares que se movilizan por la zona controlando las veredas; empadronando a la gente; haciendo retenes permanentes y requisas de los pobladores; controlando todo lo que hacen y producen las familias. Uno de los últimos episodios ocurrió los días 24 y 25 de septiembre, cuando instalaron un reten permanente todo el día, donde requisaban a la gente y pedían documentos, afirmando que a quien no conocieran y a quienes no les obedecieran los iban a asesinar.

- La base paramilitar de Los Mandarinos: allí más de cincuenta paramilitares hacen control permanente de la gente cuando llegan los carros de servicio público, esto es diariamente, haciendo requisas y empadronamientos.

Estamos rodeados por este accionar paramilitar el cual se hace más criminal con el reclutamiento de menores de edad de las diversas veredas y con ello incrementando su accionar de muerte. Van tomando tierras; imponiendo el silencio de las tumbas y dejando una sociedad muda y sometida y encadenada a estas estructuras de injusticia. Ante esto, nos negamos a someternos pese a los riesgos que esto implica, pues creemos que la vida debe estar por encima de la muerte y por ello del silencio y del horror de las armas. Repudiamos y condenamos la criminalidad de un Gobierno y de un Estado que mantiene este estado de cosas y de un Establecimiento, especialmente en sus medios de “información” que silencian todos estos horrores.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

2 OCTUBRE DE 2011

Santos afirma que TLC con EE.UU. representará "menos" pobreza para Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró ayer que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) representará “menos” pobreza para ese país suramericano. El mandatario agradeció a su par, Barack Obama, por haber presentado la propuesta comercial al Congreso de la nación norteamericana.

“Celebro mucho este paso, porque esto en el fondo lo que significa es más crecimiento económico y más empleos. Esto encaja perfectamente dentro de nuestros objetivos fundamentales de nuestro Plan de Desarrollo: más seguridad, más empleo y menos pobreza”, exclamó.

Aseguró que la radicación de este tratado comercial es un “reconocimiento” a los “avances” de Colombia en diversos frentes, en especial en el relacionado con el respeto por los derechos humanos.

También aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los congresistas estadounidenses, para que “aprueben rápidamente el tratado y de esa manera nuestras relaciones, entre Estados Unidos y Colombia, se fortalecen en forma significativa”.

Pese a las esperanzas del gobernante suramericano, hay quienes critican este TLC por considerarlo “absolutamente desigual” y una estrategia más del Gobierno estadounidense por lograr injerencia en la región.

Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina. Enmarcado en esto, Washington ha suministrado ayudas por unos seis mil millones de dólares desde el año 2000 que supuestamente han sido destinados para la lucha contra el narcotráfico.

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: Confirmados los daños del TLC con EU y la manipulación de las cifras sobre tierras rurales

En el debate sobre el TLC con Estados Unidos, el senador Jorge Enrique Robledo reveló que, según un estudio reciente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones agropecuarias colombianas crecerán en 43,5%, mientras que las exportaciones sólo lo harán en 5.7%. El congresista explicó que los datos del gobierno estadounidense confirman que el TLC con EU le hará graves daños al agro, pues, por ejemplo, las importaciones de arroz, carne, productos de semillas oleaginosas y lácteos, entre otros, crecerán en 739%, 82%, 126% y 53.3%, respectivamente.

El senador Robledo señaló además que la información del gobierno sobre entrega de tierras es falsa. El congresista citó como ejemplo, entre otros, un comunicado de prensa de la Presidencia en el que se afirma: “Gobierno superó la meta de entregar en su primer año 350 mil hectáreas de tierras a víctimas de la violencia”, cuando la casi totalidad de esas hectáreas no fueron para víctimas. Citó también una declaración del ministro del Interior en la que este afirmó: “La meta es terminar el mes de junio con no menos de 500 mil hectáreas restituidas”. Falso, dijo Robledo, señalando que en esta cifra se suman las tierras entregadas a personas que no son víctimas y que a julio de 2011 el gobierno había restituido apenas 14 mil hectáreas.

El congresista del Polo reiteró que lo hecho por el gobierno no puede calificarse como una revolución agraria, pues el número de hectáreas entregadas desde agosto es inferior al promedio anual de las tierras intervenidas desde 1990.



ALERTA: Denuncian las comunidades que el gobierno colombiano adelanta guerra química: "Ni Afganistán lo permite"

Denuncian las comunidades que el gobierno colombiano adelanta una guerra química.

"Es inaceptable que Colombia sea el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio, ni siquiera Afganistan lo permitió."*

Todo el poder del veneno se lo tiraron a la gente, sus casas, los cultivos, el agua de consumo y los sitios sagrados de la comunidad, el 14 de septiembre de 2011.

Los cultivos tradicionales los dañaron como base para la comida, entre ellos proyectos que se tenían con la comunidad local que se ejecutan con fondos de cooperación internacional como el convenio holandés Sena – Tropenbos.

Seguiremos informando sobre estos hechos por el atentado que hacen sobre nuestro grupo étnico negro, y en esta ocasión la afectación se hizo contra el Consejo comunitarios de Guajuí y el Consejo comunitarios de Guapi Abajo (municipio de Guapi – costa pacífica del Cauca) a quienes envenenaron alrededor de 1 hora (desde las 11 am).

Este etnocidio es una práctica criminal, pero también es una política intencionada de desterritorializacion de nuestras comunidades negras por apoderarse de nuestras riquezas.

Alertamos que la aplicación de esta guerra química afecta la salud de las comunidades, niños, niñas, adultos mayores, mujeres en embarazo, jóvenes y adultos.

Con estos hechos se violan los derechos propios como grupo étnico, además del artículo 81 de la constitución nacional en la cual se expresa que “queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares...”

Vale precisar que Colombia es uno de los países signatarios del tratado de Prohibición de las armas Químicas firmado el 13 de Enero de 1993, Ratificado el 5 de abril de 2000 y válido desde el 5 de Mayo de 2000.

Es inaceptable que Colombia sea el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio, ni siquiera Afganistan lo permitió.

Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional el respeto a la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones entre ellas las fumigaciones.

se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.

Cococauca

*Se hace la correccion de que Colombia no es el unico pais del mundo que permite la Guerra química, en toda Latinoamerica donde hay comunidades indígenas y campesinos hay desalojos. Desaparecen los pobladores y aparecen monocultivos y con esto las fumigaciones de glifosato y otros químicos: La guerra química contra los y las pobres.

Fuente: Albatv/Radio Minka