Una vez que el Senado aprobó la madrugada del viernes la nueva Ley de Pensiones, el Legislativo ha viabilizado la puesta en marcha de un revolucionario programa de amplio alcance social a favor de todos los bolivianos impulsado desde 2006 por el actual Gobierno. Con el fin de velar por los recursos de los trabajadores, la Ley establece condenas de 5 a 10 años de privación de libertad a aquellos funcionarios que incurran en acciones dolosas.
El presidente de la Cámara Alta, René Martínez, destacó la aprobación de la Ley "que marcará una nueva etapa de inclusión social a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos".
La norma consta de nueve títulos, 26 capítulos y 199 artículos, que proponen que la seguridad social de largo plazo esté conformada por un Sistema Integral de Pensiones.
La Ley reduce la edad de jubilación de los trabajadores de 60 a 58 años y a 56 para los mineros y prevé la creación de un Fondo Solidario para incrementar la renta de los trabajadores de bajos ingresos.
El Fondo Solidario será financiado con el aporte patronal del tres por ciento y del 0,5 por ciento de los trabajadores. La renta de jubilación será calculada en base a los salarios de los últimos dos años.
El Fondo de Pensiones dejará de ser administrado por empresas privadas, como Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, ya que pasará a la tuición de una Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo que invertirá el 5 por ciento de esos recursos en programas de desarrollo productivo.
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