Honduras: Asesinan a una comunicadora

El asesinato de la periodista Luz María Paz Villalobos, de 39 años, se produjo en la ciudad hondureña de Tegucigalpa. Fue luego de recibir disparos de personas desconocidas. Ya son 17 los periodistas asesinados durante el mandato de Porfirio Lobo.

De acuerdo con medios locales, la informadora y su acompañante perdieron la vida cuando se dirigían a la Radio Cadena Hondureña de Noticias (CHN).

Los primeros informes de la Policía Nacional detallaron que dos personas interceptaron el auto en el que viajaba Paz Viilalobos y dispararon en reiteradas ocasiones.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó el asesinato.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, lamentó la muerte de la periodista.

Vale recordar que con la muerte de Paz Villalobos ya son 17 los periodistas asesinados durante el periodo gubernamental del mandatario Porfirio Lobo.

Por otra parte, el diario local “La Tribuna”, propiedad del ex presidente hondureño Carlos Flores, fue atacado con disparos de arma de fuego.


Atacan a defensora por los derechos humanos en México

La activista mexicana por los derechos humanos y fundadora del Colectivo "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", Norma Andrade, fue agredida con disparos por un grupo de sicarios. Fue en la fronteriza ciudad de Chihuahua, al norte de México.

Por medio de un comunicado, la organización a la que pertenece la activista explicó que ella "se encuentra hospitalizada y delicada de salud". También se detalló que sus nietos, menores de edad, se encontraban junto a ella cuando se realizó el ataque afuera de su domicilio.

La organización denunció que la familia de Andrade permanece bajo amenazas de muerte. Sin embargo, señalaron que "el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad con las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Además, la organización Nuestras Hijas señaló que la Fiscalía local retiró la comitiva de seguridad que había designado para resguardar la seguridad de Norma Andrade.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y la Defensoría del Pueblo en México condenaron el intento de homicidio a la activista.

En tanto que organizaciones mexicanas defensoras de los Derechos Humanos exigieron proteger de manera inmediata a la activista y a su familia.

A este caso hay que sumar al asesinato de 6 miembros de la familia Reyes Salazar. Se trata de conocidos luchadores sociales en la región.

También de recordarse el homicidio de Marisela Escobedo. El hecho ocurrió frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras demandaba castigo para el homicida confeso de su hija.

Vale recordar que Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra, una joven de 17 años asesinada en febrero 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tras la muerte de su hija fundó el colectivo "Nuestras Hijas de Regreso a Casa". La organización brinda apoyo a las madres de las jóvenes y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, la Cámara de Diputados y El Colegio de México, se han registrado en ese país 34 mil 176 feminicidios de 1985 a 2009.

Fuente: Agencia Púlsar

Chile: Condena a Karina Riquelme Viveros, abogada defensora de comuneros mapuche y de los DDHH

La Justicia Chilena condena a la abogada Karina Riquelme Viveros con el fin de inhabilitarla en próximos juicios contra mapuche y en represalia a sus actuaciones profesionales en contra de Organismos de Seguridad del Estado y el Ministerio Público.

La única explicación razonable para tan inusual procedimiento, es que el desempeño profesional de la abogada Karina Riquelme se había convertido en un problema para fiscales y policías, por su calidad de joven mujer defensora de los D.D.H.H. indígenas, y porque se atrevió a encarar con decisión los procedimientos del Ministerio Público, Carabineros y PDI, que muchas veces transita al límite de la impunidad y del abuso de poder. Es por ello que no es aventurado suponer, que lo premeditado de dicho procedimiento se explique por el interés de inhabilitarla de sus funciones de abogada, patrocinante de varias causas mapuches, y en clara represalia a sus actuaciones profesionales.

Durante el año 2010, la profesional se desempeñó como abogada del equipo jurídico de la Agrupación de D.D.H.H. Liberar, donde protagonizó una seguidilla de denuncias a favor de comuneros mapuche, recursos de amparo y protección en contra de funcionarios de Carabineros, PDI y el Ministerio Público. Estas acciones judiciales, tenían por objeto proteger de maltrato físico y sicológico a imputados, familiares y niños, denunciar procedimientos prepotentes de las policías en allanamientos a comunidades, interrogatorios a niños en sus propias aulas de clase, así como montajes mediáticos difamatorios. Estas acciones judiciales tuvieron su mejor resultado en una resolución de la Corte Suprema que falló en contra de Carabineros de Chile y a favor de los alumnos de la Escuela Blanco Lepin, Rewe Kimun, por la violación de Garantías Constitucionales, luego de un Recurso de Protección presentado por la abogada Riquelme y acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco el 13 de Noviembre del 2010. Producto de esta sentencia, los Directores Generales de las policías fueron citados a informar a la Comisión de D.D.H.H. de la Cámara de Diputados, generando la máxima incomodidad en estas Instituciones.

Es así como finalmente se teje una acusación por el presunto ejercicio ilegal de la profesión durante 2009, en momentos en que la profesional se desempeñaba en la Oficina de Protección de la Infancia de la Municipalidad de Pucón, contratada a honorarios como procuradora, según testifican en el juicio sus propios compañeros de trabajo.

La abogada Riquelme se entera de la investigación que la Fiscalía Regional ordena en su contra, en momentos que debe defender un Recurso de Protección en contra de las policías y el Ministerio Público por la participación que tuvieron en la edición del programa Contacto de Canal 13, titulado “Guerrilla en Arauco”. En la víspera de esta audiencia, la abogada recibe bajo la puerta de su domicilio una citación anónima a declarar en dependencias de la PDI de Temuco. A la mañana siguiente y bajo el strees del momento, defiende el Recurso en Tribunales de Temuco y posteriormente se dirige a las oficinas de la PDI, con el fin de enterarse del procedimiento en su contra. El funcionario encargado le hace saber la procedencia de la investigación y le solicita una declaración voluntaria, a la que la abogada se niega amparándose en su derecho a guardar silencio. En la ocasión el investigador le hace saber que nunca le había tocado realizar una investigación sin una denuncia de por medio y que las pruebas recolectadas no constituían material suficiente para una acusación, pero que sin embargo debía concluir su informe a petición de sus superiores.

Sin embargo, tiempo después se configuran cargos contra la abogada y se la formaliza por el presunto ejercicio ilegal de la profesión durante 2009, aunque la base probatoria de su defensa demuestra ampliamente que en todo momento la profesional actuó en tribunales de Pucón como licenciada y no como abogada. Es así como llega a juicio el jueves 3 de noviembre, donde el tribunal la declara culpable de los cargos formulados y se espera sentencia para este viernes 11. Su defensa espera revertir este fallo en la Corte de Apelaciones de Temuco, invocando la anulación del juicio, y confiamos en que los jueces puedan tomar en cuenta el contexto en que se da esta acusación y corrijan este error.

Desde nuestro punto de vista, estamos ante un gravísimo hecho de acoso a un defensor de D.D.H.H. No se puede soslayar que en este procedimiento, la Fiscalía Regional ha obrado con premeditación al encargar una investigación como la descrita, lo que lo convierte en un caso de abuso de atribuciones y de persecución política que atenta contra el estado de derecho, sus Instituciones y los defensores. Así mismo creemos de máxima urgencia que el mundo de los D.D.H.H. y de las leyes, debe hacer un seguimiento al desarrollo de estos hechos, y reaccionen denunciando nacional e internacionalmente este nuevo atentado contra defensores de derechos humanos.

Fuente: Mapuexpress