Honduras: El Bajo Aguán: escena de la lucha campesina.

 

El Valle del Bajo Aguán, departamento de Colón, Honduras, es el epicentro del conflicto agrario que enfrenta a campesinos y campesinas con el Estado, los grandes terratenientes y las transnacionales. La Reforma Agraria del 70’, la Ley de Modernización Agrícola durante los 90’, la adquisición fraudulenta de las tierras por parte de los empresarios y centenares de campesinos y campesinas sin tierra, conforman la escena de la lucha. Luego del golpe de Estado de 2009, marco en el que las organizaciones campesinas se dieron a la recuperación de tierras, aumentó abruptamente la violencia y persecución al sector, tanto por parte de las fuerzas de seguridad nacional, como por parte de las fuerzas privadas de los latifundistas avalados por un gobierno que se autoproclama democrático, el de Porfirio Lobo Sosa. Hoy, el saldo de la pugna es de cuarenta y ocho campesinos muertos, la militarización del Aguán y la fuerte respuesta desde las bases campesinas: la resistencia y la creación de un Observatorio Permanente de Derechos Humanos.

Fue así como el entonces Presidente de facto Oswaldo López Arellano, de la mano del millonario financiamiento del Banco Internacional para el Desarrollo (BID), trasladó a más de siete mil campesinos y campesinas sin tierra, conformados en ochenta cooperativas de trabajo, que fueron distribuidas en setenta y tres mil ha. para la producción, en su mayoría, de palma africana. A cambio, las empresas asociativas tenían que vender las cosechas a las subsidiarias locales de las compañías norteamericanas.

Para el año 1992, con el Presidente Rafael Leonardo Callejas al mando del país, se firma, en el marco del neoliberalismo, la controversial Ley de Modernización y Desarrollo para el sector Agrícola, que le permitía al sector privado adquirir las tierras del sector reformado. Una de las amenazas que contemplaba la ley hacia los campesinos y campesinas era que si no cultivaban toda la tierra que se les había asignado durante la colonización, ésta le sería otorgada a los empresarios, lo que presionaba y hasta obligaba a los cooperativistas a vender. “El sector reformado contaba con una serie de deficiencias: bajo nivel educativo sin acceso a financiamiento, ni capacitación agrónoma, ni asistencia técnica o administrativa que lo debilitaría aún más. Los campesinos no obtendrían los recursos para cultivar todas las tierras que se les habían asignado y eso los obligaba a tomar una alternativa. En estas condiciones están en la línea de la sobrevivencia. No están pensando en si la acción de la venta es buena o mala, simplemente, es de sobrevivencia”, agrega Ríos.
Por otro lado, el Instituto Nacional Agrario (INA), instrumento estatal encargado de fortalecer la reforma agraria y supervisar las ventas de tierras, fue el ejecutor clave de esas irregularidades. “El INA se dedicó a presionar a los campesinos para que vendieran la tierra, los amenazaban y en muchos casos, se sabe que los terratenientes pagaron a funcionarios para que hicieran ese trabajo. En una acción que pareció hasta revanchista, el INA cargó camiones con toda la documentación y la botó a la basura”, denunció el Secretario General de FIAN Honduras.

Es así como queda, entonces, propuesta la nueva escena agrícola del Bajo Aguán: por un lado miles de hectáreas en manos de los terratenientes y por el otro, miles de campesinos y campesinas sin tierra que deberán convertirse en jornaleros de los nuevos dueños.

Según datos de octubre de 2010, proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dieciocho años después de la aplicación de la ley de Modernización Agrícola, en Honduras el 78,8 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el nivel más alto en la región centroamericana. De esta manera, comienza la lucha por la recuperación de tierras, en la que se destacan las organizaciones campesinas: el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).

Del neoliberalismo al Golpe de Estado:

Luego de nueve años de acciones judiciales que nunca dieron frutos, luego de hacer su presentación pública en febrero de 2006 con la toma del puente de acceso a la ciudad cabecera del departamento de Colón,Tocoa -conocida como la “Toma de los cinco mil machetes”- y sólo veinte días antes del golpe de Estado de junio de 2009 que derrocó al Presidente Manuel Zelaya, los campesinos y campesinas del MUCA ocuparon pacíficamente la planta procesadora de Miguel Facussé, obligando al todavía gobierno democrático a negociar la devolución de las tierras.

“En el año 2000 comenzamos a hacer investigaciones sobre la tenencia de la tierra que posee Miguel Facussé y descubrimos que el señor no es propietario legal de muchas fincas y que no tiene los documentos reglamentarios. Luego procedimos a su convocatoria mediante audiencias a las que nunca asistió. Concluida la última instancia, decidimos tomar la planta de procesamiento por cinco días, parando el movimiento de la fábrica. Sólo de esa manera se hizo presente alegando que estaba fuera de Honduras. Sólo así atendió a nuestro pedido de diálogo”, describió la integrante del MUCA y Coordinadora de la Comisión de Atención a Víctimas del Observatorio Permanente de Derecho Humanos, Consuelo Castillo.

Contrariamente a Facussé y respondiendo a las peticiones campesinas, Zelaya se presentó en Tocoa para negociar la salida de la fábrica y se firmó un acuerdo que velaba por la creación de un comité técnico-jurídico que establecería la situación legal de la tierra. En esta comisión participaban representantes del INA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), del Ministerio de la Presidencia y del MUCA. El 23 de junio de 2009, tan sólo cinco días antes del derrocamiento, se desarticula la comisión cuando uno de sus miembros, el dirigente del partido de izquierda, Unificación Democrática (UD), Fabio Evelio Ochoa Hernández, es asesinado. Llega entonces la madrugada del 28, en la que el mandatario es secuestrado a punta de pistola por las Fuerzas Militares y exiliado en pijama a Costa Rica. Ese mismo día, el pueblo hondureño debía votar para aceptar o rechazar la realización, convocada por el Poder Ejecutivo, de una Reforma Constituyente, conocida como la “cuarta urna”. Como consecuencia, el pueblo salió a las calles exigiendo la restitución del Presidente, conformando así el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Con un país que ardía en llamas, en estado de sitio permanente, en el que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos como el hostigamiento a miembros del FNRP, amenazas e intimidaciones a periodistas y magistrados críticos al régimen y donde se registraron persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos, el movimiento campesino pareció no asustarse. El MUCA decide entonces, hacerse escuchar. El 9 de diciembre toma veintiséis fincas de palma africana, propiedad del magnate de 80 años dueño de la corporación Dinant S.A, Facussé.

Esta acción provocó que la situación de represión nacional se repita y agudice en el Bajo Aguán. Cinco intentos de desalojo que se cobraron la muerte de veintitrés campesinos, la criminalización de la lucha y comandos armados y vuelos rasantes de aviones y helicópteros militares - claras señales de un proceso de militarización-, fueron el esquema político utilizado por el régimen para silenciar la lucha. El 13 de abril de 2010 y bajo un clima de extrema tensión, se firma con “Pepe” Lobo un acuerdo en el que los campesinos se comprometían a reducir las fincas tomadas. A cambio, exigían la restitución de once mil ha. durante el período de un año.

El plan de negociación consistía en la entrega inmediata de tres mil ha. cultivadas con palma africana, tres mil no cultivadas en un plazo de noventa días y mil cultivadas junto a otras cuatro mil no cultivadas, en el plazo de un año. Además, el gobierno se comprometía a implementar proyectos de educación, salud y vivienda. Efectivamente y antes de que termine el mes, el MUCA había reducido el número de fincas apropiadas a sólo seis. Hasta la fecha, el gobierno de facto no cumplió con lo firmado.

Si bien el grado de violencia es igual o peor para el resto de las organizaciones campesinas, distintas son sus situaciones legales. El caso del MCA gira en torno a la recuperación de las tierras del predio en donde, hasta 1993, funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), creado a pedido del Estado norteamericano en 1983 y en el marco de la doctrina de seguridad nacional. En 1993, las tierras, ilícitamente vendidas por la Corporación Municipal de Trujillo al ganadero puertorriqueño Temístocles Ramírez, son recuperadas por el INA con el objetivo de entregárselas a los campesinos del MCA y proseguir con las tierras reformadas.

Hoy, quinientas cincuenta hectáreas de ese predio cultivadas con palma africana, están ocupadas ilegalmente por Facussé, René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera, conocidos políticos-empresarios del Valle del Aguán. De esta manera, el MCA toma en dos instancias dichas tierras: la primera fue el 6 de Abril de 2010 con la que logran, INA de por medio, comenzar las negociaciones con Facussé. La segunda, y luego de no obtener ningún resultado por la vía legal, se realiza cuando el 15 de Noviembre de 2010 toman la plantación en el sector “El Tumbador”. En esta ocasión la represión ejercida por los guardias de seguridad del empresario fue brutal y terminó con el asesinato de cinco campesinos del asentamiento Guadalupe Carney. La mediación, al igual que la persecución a los socios y socias del MCA, continua aunque sin ningún avance que pudiera esclarecer la disputa.

Finalmente, cabe resaltar la lucha del MARCA, agrupación que no quiso acercarse al gobierno para firmar ningún acuerdo, ya que sostienen que conseguirán sus tierras por la vía jurídica, basándose en la legalidad de sus títulos de propiedad.

En respuesta a los incesantes agravios contra los campesinos, doce organizaciones del Aguán lanzaron recientemente la propuesta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. “Es un espacio donde nos hemos propuesto la promoción y defensa de los DD.HH. de la región.

Nosotros experimentamos y vimos que el gobierno no estaba cumpliendo con su función de proteger ni garantizar los derechos de cada uno de sus ciudadanos. A eso debíamos sumarle que ninguna organización de DD.HH. tenía permanencia aquí en la zona de los hechos, entonces pensamos: si nadie nos va a defender tenemos que hacerlo nosotros. Fue así como se tomó la decisión consensuada entre todas las organizaciones. Ahora estamos en el proceso de capacitación, promoción y defensa de los DD.HH. para que desde la misma comunidad campesina se documente y desde allí mismo se tomen las denuncias”, explicó el Coordinador General del Observatorio, e integrante del MUCA, Heriberto Alemán. A lo que sumó que no sólo están “documentando las violaciones que se dan y haciendo las denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, sino que también están brindando acompañamiento a las víctimas”.

La historia habla por si sola: un golpe de Estado, unas fraudulentas elecciones presidenciales con Lobo Sosa a la cabeza del circo, reiteradas violaciones a los DD.HH. y una seguidilla de compromisos incumplidos.

Cabe preguntarse entonces si este pacto será el giro para dar fin al enfrentamiento entre el sector agrario del Valle del Bajo Aguán y el Estado y los terratenientes. Para Alvarez, “la lucha continua por las siete mil hectáreas restantes y por el total cumplimiento de los acuerdos de abril de 2010” a lo que sumo: “esperamos que esta vez el gobierno responda a su compromiso. Si no lo hace, nosotros, igual, seguiremos luchando”.

 

Fuente: http://albatv.org/El-Bajo-Aguan-escena-de-la-lucha.html

Chile: Se agudizan las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche

En este último tiempo hemos vuelto a ver una escalada de violencia, represión, criminalización y militarización de varios territorios Mapuche. Son los casos en el territorio de Temucuicui; el territorio de Chequenco; el territorio de Lleu Lleu, los territorios de Makewe - Trapilwe, entre otros, viviendo un clima de violencia policial extrema, en el marco de la represión estatal a las reclamaciones por tierras ancestrales o ante la resistencia de la imposición de proyectos de expansión forestal y minera o en el caso particular de un proyecto de aeropuerto.

Existen denuncian graves que deben ser atendidas, que involucran hechos de lesa humanidad, que ética y moralmente no pueden omitirse, con testimonios que son alarmantes. Esto se incrementa aún más, al considerarse que el Pueblo Mapuche ha sido víctima del despojo de su territorio ancestral, reducción y empobrecimiento, lo que ha causado un masivo éxodo de la población rural a zonas urbanas y que en el presente, muestra, además, una serie de proyectos invasivos y atentatorios en las pocas tierras que quedan.

Preocupante es en ese sentido, los graves daños sociales, algunos casi irreparables, que se ha venido haciendo en territorios mapuche donde se quiere imponer, a modo de ejemplo, un contaminante ducto tóxico de la celulosa Arauco Celco en la zona de Mehuin, territorio Lafkenche; o las amenazas a los territorio Pewenche y Huilliche cordillerana de Curarrehue, Neltume, Pilmaiquén, Alto Bio Bio con Proyectos de Represas hidroeléctricas, siendo un ejemplo paradigmático la inundación de un cementerio mapuche en Ralco Lepoy en los Altos del Bío Bío y el evidente etnocidio cultural, social que se realizó; o como viene ocurriendo sobre prospección minera, en varias zonas, como el Lleu Lleu; O en Quepe, con los intentos de imposición de un aeropuerto internacional.

Asimismo, es vergonzoso para Chile no haber modificado su legislación militar. El Estado continúa llevando a tribunales militares causas que involucren crímenes o violaciones cometidos por agentes policiales y/o militares en contra de civiles, en absoluta impunidad y estos casos debieran ser competencia de los tribunales civiles, como se ha establecido en la sentencia Palamara versus Estado chileno, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005).

Se trata de prioridades que se debe asumir en pro de los avances democráticos y respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, solo queda demostrado que se sigue anclado a instituciones fácticas y cómplices de crímenes. Casos como los asesinatos de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún y Matías Catrileo en el Pueblo Mapuche o Rodrigo Cisternas y Manuel Gutiérrez del Pueblo chileno, son un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo: impunidad ante los abusos cometidos por agentes, en actos evidentemente repudiables y condenables por cualquier sistema que se diga de justicia.

Es primordial que el Estado chileno atienda y asuma las diversas recomendaciones que los organismos internacionales de Derechos Humanos que le obligan a reformar su legislación, en conformidad a las normas internacionales de Derechos y que les son vinculantes:

- Todos los Pueblos tienen derecho a ser reparados cuando se les ha violentado, como ocurre con las tierras ancestrales del Pueblo Mapuche (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2007), es urgente que se asuma una política de reparación y/o compensación conforme a los intereses y necesidades Mapuche, atendiendo cada una de sus partes, se trata de demandas públicas que desde hace años se han instalado y que la institucionalidad del estado conoce perfectamente.

- Todos los Pueblos y sus comunidades tienen derecho a definir su propio desarrollo, atendiendo aspectos sociales, culturales, espirituales, ambientales, económicos y no a recibir imposiciones de industrias que solo han demostrado impactos, depredación y destrucción en todos estos aspectos (Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 y Convenio 169 de la OIT, asimismo la declaración ONU sobre el derecho al desarrollo y los diversos pactos de DDHH).

- El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Asimismo, la defensa de los territorios y las recuperaciones de tierras, es un derecho humano inalienables e irrenunciable, son temas prioritarios y que a esta altura, con todos los años de conflicto y crisis, bueno sería que el Estado chileno comience a garantizar la paz social asumiendo políticamente las medidas de reparación y compensación que corresponden sobre los daños causados, atendiendo la proporcionalidad de los derechos atropellados en el Pueblo Mapuche, considerando los estándares internacionales al respecto.

Lo mismo, sin que el orden presentado signifique ideas de prioridad, las reclamaciones por JUSTICIA frente a los cobardes asesinatos a jóvenes Mapuche por reclamar tierras ancestrales, son a la vez, temas irrenunciables y aparentemente el Estado chileno no tiene interés de garantizar procesos y procedimientos justos para castigar a aquellos agentes estatales policiales y militarizados que se descontrolan y actúan como criminales y matones, reflejando lo indigno e ilegitimo de sus instituciones.

El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos (Pacto Derechos Civiles y Políticos y Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Lo único que se ha demostrado y evidenciado con las últimas acciones del Estado chileno y sus agentes policiales es que en este país continúan plenamente vigentes políticas aberrantes de diversas formas de colonialismo, el apartheid, las diversas formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjera como las transnacionales, y de corporaciones o particulares chilenos, la agresión y amenazas contra la soberanía de los pueblos chileno e indígenas y contra la integridad social y territorial, y los constantes actos o amenazas de militarización, que han atentado, vulnerando los derechos humanos.

Persisten los actos abusivos e insensatos promovidos por parte de ciertos sectores con poder, y de un Estado chileno sin interés de respetar y reparar los derechos humanos, ni de proporcionar soluciones eficientes y garantizar la paz social de las comunidades, el que, por el contario, ejecuta a través de sus aparatos de inteligencia y policiales constantes asedios, allanamientos, aplicación de la fuerza bruta, irrupción de hogares, bombas lacrimógenas, disparos, existiendo ahí niños, niñas y ancian@s indefensos, existiendo amplio material público que lo verifica.

Nos sumamos de esta forma a los distintos pedidos que se han venido haciendo para la solidaridad y atención inmediata a la situación de los Derechos Humanos, en este caso, del Pueblo Mapuche, y, particularmente, ante la violenta persecución que diversas personas de la dirigencia y la representación tradicional mapuche, como el reciente caso del werken Mijael Carbone Queipul de la Alianza Territorial Mapuche, perseguido y amenazado de muerte por agentes estatales, y de muchos otros y otras, en diversos territorios que son perseguidos y criminalizados, como ocurre en la Comunidad Juan Paillalef, en Temulemu, en Temucuicui autónoma, en Winkul Mapu en Ercilla, las comunidades Lafkenche de Mehuin, en Rofúe, Makewe y Quepe, en el territorio de Lleu Lleu, entre otras, que vienen recibiendo desde el Estado chileno agresión y violencia sistemática, por el solo hecho de manifestar el ejercicio, la defensa y reclamación de sus derechos individuales y colectivos.

Extendemos este alerta a las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, solidarias y conscientes frente a estos graves hechos que vienen ocurriendo, para informarse y actuar y no guardar silencio.

Fuente: Albatv