Mexico: Estudiantes toman rectoría de Universidad Pública

Al menos 200 estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana clausuraron de manera indefinida las oficinas de la rectoría de esa casa de estudios.

Los universitarios exigieron al rector Enrique Fernández Fassnacht que se pronuncie en la Cámara de Diputados por un subsidio del 2% del Producto Interno Bruto a las universidades públicas del país.

Vale recordar que durante su campaña en 2006 el mandatario mexicano, Felipe Calderón, ofreció destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto a las universidades públicas.

Sin embargo, al quinto año de su gestión sólo se aplica el 0,8 % del presupuesto para atender este rubro.

Además, los estudiantes expresaron su solidaridad con la huelga de hambre iniciada por el profesor Edur Velasco por el mismo reclamo.

De mismo modo, los jóvenes repudiaron el asesinato de la universitaria Jessica García, quien estudiaba Sociología en el plantel Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Por otra parte, exigieron esclarecer el asesinato del estudiante Carlos Sinhue Cuevas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocurrido el pasado 28 de octubre.

Ambos asesinatos se suman a los dos homicidios de investigadores universitarios, recientemente ocurridos, en la ciudad de Cuernavaca, en el central estado de Morelos.

Por los últimos tres asesinatos la UNAM, la máxima casa de estudios en México, exigió una investigación exhaustiva, para localizar a los responsables.


Denuncian tortura indígenas Chimas

Indígenas Chimas que el día jueves fueran detenidos con lujo de violencia por la Policía Estatal e integrantes de las Fuerzas Policiales de Alto Rendimiento, (FPAR) para liberar a Jorge Humberto (A) Tito Luna Salinas, denunciaron, haber sido torturados por los efectivos de la FPAR durante su traslado vía terrestre a Ciudad Ixtepec.

“Me torturaron por hora y media, lo que duró el traslado de San Miguel a Ixtepec donde me bajaron y me pasaron al vehículo del procurador (Manuel de Jesús López) y subprocurador (José Matus), quienes al reclamarles la tortura, negaron haber dado instrucciones de ello”, denunció Angélico Solano, comisionado de la comunidad de San Miguel Chimalapas.

Dijo también que al ser presentados ante los medios, la información fue maquillada y no les fue posible decir lo que realmente sucedió "anoche no pudimos decir lo que pasó, el gobierno no dijo la verdad, el gobierno maquilló la información".

Pero la tortura al comisionado no fue la única, así lo denunció Ceyla Cruz Gutiérrez abogada de la comunidad, quien explicó qué el estado de salud del torturado es grave, “otra persona que torturaron fue Pablo Angélico, a quien torturaron con toques eléctricos y golpes en el estómago, ahorita lo están atendiendo en la población de san Miguel, porque se encuentra grave y hasta ha vomitado sangre”.

Ante estos abusos, explicó, se presentaron denuncias penales y se presentarán también ante organismos de derechos humanos.

Por esta razón, pidieron la renuncia de los funcionarios que intervinieron en estos hechos porque a decir de ellos, es su responsabilidad por haber dado la orden de atacarles, “ante esta respuesta violenta del Estado, exigimos la renuncia de Javier Jiménez Herrera director jurídico y de gobierno de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y la del sub procurador regional en el Istmo, Javier Matus, porque son responsables de los hechos de violencia, uno por omisión y el otro por comisión de los delitos por estar los policías a su mando”.

Finalmente puntualizó que no consideran una traición lo sucedido, tras haber sido detenidos por las fuerzas policiales de Oaxaca "no fue traición porque al Estado nunca le ha interesado resolver el conflicto, nunca han estado de nuestro lado” y consideró que es muy difícil que se resuelva el problema en los Chimalapas, porque no existe voluntad ni en Chiapas ni en Oaxaca de resolverlo, “no les interesa resolver el conflicto, no hay voluntad, les interesa administrar el conflicto, porque de esta manera solicitan recursos según para nosotros, mismos que no aterrizan en la comunidad”.

Fuente: Agencias de noticias

México: El asesinato de Pedro Leiva, comunero nahua

El pasado 6 de octubre fue asesinado Pedro Leiva Domínguez, de la comunidad nahua de Santa María Ostula en la costa del estado de Michoacán, quien era delegado de esta comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el cual había tenido una participación destacada, además de ser representante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula.

El asesinato se produjo a eso de las 21:00 horas, por un individuo armado en las cercanías de las tierras recuperadas de Xayakalan.

El asesinato de Pedro Leiva se inscribe en un clima de violencia en contra de la comunidad nahua antes mencionada, clima que se refleja en los hechos citados a continuación: 27 muertos y 4 desaparecidos a partir de junio de 2009, asedios de grupos paramilitares y falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

De acuerdo con una declaración de prensa suscrita por la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos armados desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques armados de estos grupos, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa”.

Como es sabido por diversas organizaciones y personalidades democráticas, en algunas comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otras entidades federativas se han creado, se crean y, de seguro, se seguirán creando las policías comunitarias, que, como ejemplo de respuesta desde abajo a la inseguridad impuesta por el neoliberalismo, implantan la seguridad sin necesidad del Ejército Mexicano, la Marina y las múltiples corporaciones policíacas federales, estatales y municipales; impiden que los comuneros se integren en las redes del narcotráfico, se imponga el consumo de estupefacientes o avancen otros vicios; combaten las conductas antisociales, y facilitan la convivencia pacífica de los habitantes de pueblos, rancherías y cuadrillas. Es una experiencia muy valiosa.

La policía comunitaria es un logro social y político de las comunidades indígenas, que por sus bondades tiende a ser una experiencia que se extiende cada vez más. El 15 de octubre de 2005, Rosa Rojas informaba en La Jornada: El gobierno ‘nunca va a poder combatir la delincuencia’ como lo ha hecho el Sistema Comunitario de Justicia de la Costa-Montaña de Guerrero, afirmó el comisario Zósimo Avilés Mendoza, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), durante la ceremonia por el décimo aniversario del nacimiento de la policía comunitaria de esta localidad tlapaneca [Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, Costa Chica, Guerrero].


Asesinan a estudiante mexicano

El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Sinhue Cuevas, fue asesinado a balazos. El homicidio ocurrió en un barrio del sur de la ciudad de México.

Los directivos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM demandaron a las autoridades mexicanas el esclarecimiento inmediato del asesinato.

En tanto que estudiantes de esa casa de estudios resolvieron realizar un paro académico de 24 horas. Será para demandar una investigación eficaz del homicidio.

Además, pactaron realizar una jornada de manifestaciones al interior de la Ciudad Universitaria. También, realizarán una marcha el próximo 3 de noviembre hacia el Ministerio del Interior.


A este homicidio se suma la desaparición del joven universitario, Jesús Israel Moreno, quien cursaba sus estudios en la misma Facultad de Filosofía y Letras.

Moreno emprendió un viaje el pasado 8 de julio hacia el sureño estado de Oaxaca. Desde esa fecha, se desconoce su paradero.

Vale decir que México padece el combate frontal contra el narcotráfico impulsado por el presidente de ese país, Felipe Calderón. Esa estrategia ocasionó la muerte de unas 40 mil personas desde 2006.

Fuente: Agencias de noticias