Colombia: Detienen a militar por asesinato de civiles

El oficial retirado del ejército colombiano, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, fue detenido sin beneficio de excarcelación como presunto coautor del asesinato en 2003 de 2 civiles secuestrados por paramilitares.

El ex militar está acusado de incurrir en los delitos de asesinato en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

Este último delito fue establecido en el derecho penal colombiano para la toma de medidas contra la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión.

El asesinato de los 2 civiles ocurrió en junio de 2003, en una zona rural de la región colombiana del Caquetá. Las víctimas fueron identificadas como Jair Cuadrado Orozco y Erminsul Orejuela.

Ambos fueron asesinados por tropas especiales comandadas por el entonces capitán Juan Carlos Rodríguez y presentados como miembros abatidos en combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargó, la Fiscalía Colombiana estableció que las víctimas no formaban parte de esa organización.

Además, señaló que Orejuela y Cuadrado habían sido secuestrados anteriormente por integrantes de una fracción del grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Vale recordar que en 2008, la prensa colombiana reveló diferentes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército colombiano. Se trata de los casos conocidos como "falsos positivos".

Según estas denuncias, personas en situación de pobreza, estudiantes y campesinos han sido ejecutados extrajudicialmente por militares, para luego presentarlos como integrantes de grupos armados.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que el objetivo de los militares que realizan estos asesinatos de civiles presentados como guerrilleros es el de obtener beneficios laborales de parte del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia Púlsar

Colombia: El Coronel que confesó 57 falsos positivos

En abril de 2007, cuando apenas comenzaba el segundo período presidencial de Álvaro Uribe, el departamento de Sucre sufrió un remezón alarmante dentro de la Política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno. Los ganaderos de amplias zonas de las sabanas venían denunciando la presencia de personas extrañas que merodeaban sus fincas y los extorsionaban.

El desempleo había aumentado de 9.1 en el 2001 a 12.6 por ciento, con más de 44 mil desocupados. Las bandas criminales y la delincuencia común volvían a ser una amenaza para la recién controlada seguridad de la zona, que había vivido momentos de oscuridad en años anteriores.

Las calles rápidas de Sincelejo, atosigadas por un flujo de motos avasallante, como si las corralejas de enero se hubiesen salido de madre, pronto se vieron invadidas por jergas extrañas y variados apodos, como ‘el Gringo’, ‘el Chino’, ‘Joselito Carnaval’, ‘el Pichón’, ‘el Mello’ o ‘el Dientón’. Gente de cruces, vacas, vueltas y el afán por matar se volvieron tan comunes como bailar un porro. Ese era el ambiente de desorden y confusión que se sentía previo a la proliferación de “falsos positivos”, que actuaban silenciosos y que en un año y tres meses cobraron la vida de centenares de jóvenes anónimos, a quienes cazaban como a animales, y que los uniformados involucrados negociaban a cambio de ascensos en el escalafón militar, descansos remunerados y pequeños o grandes privilegios para mejorar las condiciones de vida en los cuarteles. El asunto estaba lejos de alcanzar los titulares de la prensa nacional o las investigaciones judiciales, pero la realidad de los asesinatos extrajudiciales era inocultable. La presión de los resultados, entendidos en el argot militar como bajas, mandaba.

El entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, visitó Corozal en abril de ese año para reunirse con las autoridades civiles y los altos mandos militares en un Consejo de Seguridad extraordinario. El Coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta de Sucre, estaba entre ellos. Santos se refirió a él y le advirtió personalmente de que debía conseguir resultados cuantitativos y medibles, o de lo contrario perdería el puesto. Borja, nacido el 3 de febrero de 1965 en Cartago, Valle, divorciado y padre de dos niños, de 1.67 centímetros de estatura, escaso pelo lacio, cejas oblicuas, ojos negros, orejas grandes y mentón redondo, confiesa en su ampliación de indagatoria ante la Fiscalía que sintió tanto miedo cuando recibió la advertencia ministerial y el riesgo de perder su cargo, que prefirió callar lo que ya sabía que estaba ocurriendo: los asesinatos extrajudiciales, conocidos luego como “falsos positivos”.

El coronel Borja paga una condena de 40 años. Confesó haber participado en 57 casos de “falsos positivos”.

–Me sentí amenazado –dijo.

Se había encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre días antes, el 30 de marzo. Llegó en remplazo del coronel Macías, quien entregaba la unidad con los peores indicadores de operatividad. Esta fuerza se había creado como una unidad para combatir la guerrilla, las bandas criminales y la delincuencia en quince municipios de Sucre y el Sur de Bolívar, dentro de la estrategia de la Seguridad Democrática del gobierno Uribe. Por tratarse de una fuerza temporal, no contaba con presupuesto propio, hecho que los obligó a utilizar el presupuesto destinado para las recompensas que se les reconocían a los delatores para financiar las actividades ordinarias. Estaba conformada por 1.200 hombres de la Armada y el Ejército Nacional. Operaban por escuadras de diez soldados y un comandante. Para movilizarse contaban con un Toyota plateado y uno rojo, dos camionetas LUV, un vehículo NPR y cuatro motocicletas, piezas claves en los expedientes del Juzgado Único Especializado de Sincelejo, donde un voluminoso mamotreto de papeles patentiza 57 operaciones extrajudiciales realizadas entre febrero 2007 y junio de 2008 al mando del coronel Borja.

La cadena criminal que en un año y tres meses operó como un reloj puso sobre el tapete una jerga criminal nunca antes vista en Sucre, con alias y frases tan contundentes como “Vámonos de aquí, que el parche se está calentando”. Quienes mataban o contrataban para matar, sabían que la suerte se les podía devolver en cualquier momento. El ambiente era veloz, irascible, de cantinas, de cruces y de afanes. Operaba como una magia embrujada, donde la vida se tazaba hasta en 60 mil pesos. Los soldados que participaban en la empresa criminal tenían libertad de horario y movilización, iban de civiles, armados y en motos. El mundo era de ellos, con todos sus arrestos. Igual andaban los reclutadores, civiles eléctricos como moscas que vendían a las víctimas como pan caliente y escuchaban llamadas de auxilios desesperadas como:

–¡Pilas, que necesito un muchacho urgentemente!

Borja, quien hacia las exigencias como un vampiro que necesita sangre, sólo cursó hasta sexto semestre de administración de empresas. Durante su carrera militar, iniciada en el Batallón Rafael Reyes en 1986, había recorrido todo el país, antes de arribar a Montería en diciembre de 2006, donde empezó a cambiar su vida. Como si la tierra brisa del Sinú lo hubiera apretado por dentro. Córdoba, al igual que Sucre, rebullía entre la alegría del porro y las hostilidades por la disputa de una tierra arisca y bella, llena de riquezas, disputada a sangre y fuego, donde la muerte rondaba, y los paramilitares, confundidos con buena parte de la política local, mandaban sin pudor, limitaciones sociales ni de autoridad alguna.

Borja apenas llevaba unos días en la comandancia de la Brigada XI de Montería cuando fue enviado al mando del Batallón Rifles, en Caucasia, Antioquia, en los límites con Córdoba, en febrero del 2006. En Puerto Libertador las tropas reportaron lo que pudiesen ser los primeros “falsos positivos”. Los soldados habían disparado con armas cortas contra dos personas, lo que según Borja era un acto ilegal que reconoció en su declaración judicial como acciones criminales extrajudiciales.

De manera repentina, fue trasladado el 1 de marzo a Sucre. Un mes después de su llegada se enfrentó a un nombre sonoro y emparentado con el del folclor vallenato, Escalona. Por eso y por otras cosas, quedaría siempre impregnado en su mente. Se trataba del coronel Javier Céspedes Escalona, quien comandaba un grupo del Ejército, en la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Sus resultados eran excelentes. Borja llevaba sólo dos días allí cuando quedó impresionado al ver a las tropas al mando de Céspedes, enaltecidas por el reporte de la prensa local y la recompensa de descansos remunerados. Advirtió entonces que con las muertes de inocentes ganaban aplausos, ascensos, reconocimiento y estabilidad en las tropas.

En las áreas rurales de todo Colombia se dieron asesinatos extrajudiciales por algunos miembros de las fuerzas militares.

En la medida que avanzaban los resultados, la empresa criminal operaba como un sedante, y a veces como un juego.

Borja reemplazó a Javier Céspedes Escalona cuando éste tomó vacaciones, y luego de manera permanente. Pudo percatarse de cómo funcionaba la empresa criminal que producía los supuestos éxitos militares. En vez de denunciar decidió callar y se fue hundiendo en ese espiral de sangre caliente. La cadena de la muerte era casi perfecta. Julio Chávez, un civil que en Sincelejo llamaban ‘la Mosca’ cazaba sus víctimas, el soldado Iván Darío Contreras las transportaba y entregaba al cabo Gamboa, quien las daba de baja. Operaban como un clúster empresarial de alianzas estratégicas.

Las víctimas, la mayoría reinsertados, jóvenes desempleados o delincuentes de poca monta, siempre viajaban conscientes de que iban a delinquir y que algo les podía pasar. A veces viajaban tres en una moto a través de caminos escabrosos. Si la escena variaba en algo, no importaba, el coronel Borja era capaz de inventarse un libreto de cine. Decidía quién había disparado primero, cuántos tiros se habían escuchado, la posición de los cadáveres, la hora, el clima y la distancia del objetivo. Lo del juez era lo de menos, por lo regular las declaraciones se hacían en las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. Todo lo manejaban en familia. Quien recibía las declaraciones no sospechaba que el libreto era planeado, con diálogos, colores y olores preparados, como un mote de queso en la Cuaresma.

Las escenas son patéticas. Los nombres no importan. A cualquier muchacho pobre podía pasarle. Por lo regular la cita se daba en una tienda o en una cantina de pobres, en medio de una canción de moda a todo timbal y varias cervezas heladas servidas sobre la mesa. Previamente los ganaderos habían informado de la presencia de personas extrañas en cercanías de su finca. Podía ser Baraya, tierra transitada por los comentarios radiales de Juan Severiche Vergara, el hombre del ‘Troyano de la Sabana’ y ‘Sorayita Villamil’, o en las tierras de los algodonares de San Pedro. Con la información del ganadero, se montaba el libreto y con urgencia se contrataban uno o dos muchachos para brindarle protección a éste contra las bandas emergentes. Era una oferta laboral tentadora para cualquiera de los cinco mil desmovilizados inconformes de las AUC.

Entonces entraban en escena Juan Carlos Santos Vergara o Fabio Alberto Sandoval Feria, dos de las víctimas reales. Uno de ellos se había despedido para siempre de su madre a las 2 de la tarde a inicios de noviembre de 2007, en un barrio pobre de Sincelejo. Su madre desconfió cuando el muchacho tomó la cedula de ciudadanía de ella y salió sin mayores explicaciones. La señora se lamentó, pues pensó que su hijo iba a empeñar el documento. Cuando salió a reclamarle, sólo vio el visaje del humo del mototaxista en que iba. Se lo tragó la esquina para siempre.

A las 5 de la tarde una motocicleta irrumpe en un paraje agreste de Galeras, donde la tierra parece vomitar sangre y aún se escuchan los acordes de la gaita de Nacho Luna atravesando el Pelinkú, un inmenso árbol convertido en notas musicales. El cuadro vivo es inigualable. El arte efímero de Ciro Iriarte le queda pequeño a la macabra escena que va a suceder. El soldado Iván Contreras maneja la moto, la victima va en el centro, y atrás, casi encaramado en la parrilla, aprieta el cabo Gamboa. El nombre del muchacho, Juan Carlos Santos, no les importa a sus verdugos. Sólo saben que va rumbo al cadalso. En las declaraciones su nombre les dice poco. Se cuenta que va en abarcas y mal trajeado. Lleva un arma que le acaban de entregar. Se pone nervioso en el momento en que la moto irrumpe en un camino menos ancho y se enrumba a la finca señalada. La moto se pega en el barro colorado. Allí se pone más nervioso. En la entrada de la finca hay tres soldados imberbes que ya saben lo que pasará. El muchacho no sabe si correr o disparar. Ve escenas de película. Avivado por sus compinches, dispara al aire. Los soldados se tiran al piso y lanzan ráfagas que hieren la tarde. El cabo Gamboa desenfunda su arma y le da dos tiros al muchacho. La escena ha salido perfecta.

La protesta ciudadana contra los “falsos positivos” y las denuncias judiciales por estos hechos atroces han trascendido las fronteras nacionales.

Después empiezan a acotejar las versiones. Algunas no cuadran. El joven aparece dos meses después en una fosa común con botas pantaneras. No se han puesto de acuerdo. Es lo único discorde en el libreto. Es un paramilitar emergente que intentó atacar la tropa, precisamente en inmediaciones de la finca que habían reseñado diez días antes como amenazada por extraños.

En la noche, en un hogar del barrio Bolívar de Sincelejo, meses después, mientras María atraviesa el patio para recoger ropa lavada, le llega la noticia que ya andaba en los billares de la esquina. Su hijo acaba de ser reportado como dado de baja por las tropas cuando trataba de asaltar una finca en Galeras.

Hoy, en el Juzgado Especializado de Sincelejo, en el sexto piso del Palacio de Justicia, el mamotreto de hojas que registran las declaraciones del coronel Borja es una película llena de alias, de jergas y de escenas macabras. Las sentencias se van juntando en un documento público desgarrador. A sabiendas de que el coronel Borja se acogió a la medida de sentencia anticipaba, el periodista tiene la sensación de que algunas declaraciones parecen mecánicas y les faltan más datos.

El expediente reza:

“Luis Fernando Borja Aristizábal, condenado por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida, hechos ocurridos el primero de noviembre de 2007, 11:30 PM, dehesa El Pantano, Galeras.

Víctimas, Fabio Alberto Sandoval Feria y Eleonis Manuel González Correa.

Accionantes y cómplices del crimen, Julio Chaves Corrales y José Dionisio Ramos Castillo.

Condena de Borja, 21 años y tres meses”.

Este es apenas uno de los 57 casos en los que el coronel Borja asegura haber participado, preso del miedo por la urgencia de producir resultados que incitaron a cientos de asesinatos extrajudiciales: los denominados “falsos positivos”, la cadena macabra de la muerte que el país aún está lejos de conocer.

Fuente: Agencia Bolivariana de Prensa

Colombia: La ayuda estadounidense está implicada en el abuso de poder de este país latinoamericano

La Administración Obama usa frecuentemente a la floreciente democracia colombiana para demostrar que su ayuda, apoyo y conocimiento pueden salvar a un estado bajo el acecho terrorista y a punto del colapso.

La campaña gubernamental, financiada por EEUU, contra un grupo rebelde marxista y su coordinación civil y militar se percibe tan satisfactoria que se ha convertido en el modelo a seguir en Afganistán.

Pero la ayuda estadounidense, y posiblemente algunos oficiales norteamericanos, aparecen ahora implicados en abusos de poder y acciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno colombiano y que fueron encubiertas como lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas.

Estos hechos se produjeron durante el mandato del antiguo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, un aliado muy cercano a la administración estadounidense durante los ocho años que permaneció en el poder. El dinero estadounidense, equipamiento y entrenamiento dado a tropas de élite colombianas durante los últimos diez años para acabar con las redes de tráfico de cocaína se usó para espiar a Tribunales Superiores de Justicia, oponentes políticos de Uribe y grupos civiles, según documentos legales obtenidos por The Washington Post y entrevistas con fiscales y antiguos miembros de la inteligencia colombiana.

Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia que lleva a cabo el Ministerio de Justicia colombiano contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Seis oficiales de alta graduación han confesado sus delitos y más de una docena de otros operativos de la agencia están siendo juzgados. Algunos de los asistentes más cercanos a Uribe han sido investigados, al igual que Uribe que ahora mismo está siendo investigado por una comisión legislativa especial.

Justo como en Afganistán y otros países donde la política estadounidense está focalizada en ganar aliados para su lucha contra el terrorismo, algunas receptores de la ayuda para Colombia la desviaron claramente para usarla para su propia agenda política. Durante más de una década, durante tres administraciones, Colombia has sido el mejor amigo de Washington en Latinoamérica y el máximo receptor de ayuda militar y económica ( 6 billones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010). La cantidad anual de ayuda que envía EEUU a Colombia ha descendido levemente durante la administración Obama. Este año suma un poco más de medio billón de dólares.

El goteo constante de revelaciones ha manchado la reputación colombiana e incluso el gobierno del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos (antiguo ministro de Defensa), que ha prometido que reemplazará al DAS con una nueva agencia de inteligencia.

Los fiscales afirman que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque las investigaciones de sus magistrados estaban revelando conexiones entre aliados de la presidencia en el congreso Colombiano y grupos paramilitares de narcotráfico. Su caso se basaba en miles de páginas de documentos del DAS y el testimonio de nueve oficiales de alto rango del DAS, los fiscales afirman que la agencia estaba dirigida por la oficina del presidente para registrar las cuentas bancarias de los magistrados, seguir a sus familias, poner escuchas en sus oficinas y analizar sus actuaciones judiciales.

Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis, que revisó los informes de inteligencia que se enviaban a Presidencia, afirmó que el seguimiento a la Corte “era la prioridad” del DAS durante el mandato de Uribe.

“Casi nunca nos dieron órdenes contra el narcotráfico o las guerrillas”, afirma Sierra en una entrevista.

Algunos de los que han sido acusados o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y guía recibida de los EEUU. Afirman que informaban regularmente a enlaces de la embajada sobre el desarrollo de sus actividades. “La Embajada Americana nos organizaba”, afirma William Romero, que dirigía la red de informadores de la DAS y supervisó la infiltración en la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango que están encarcelados o se enfrentan a cargos, fue entrenado por la CIA. Algunos de ellos recibieron becas para completar su formación en universidades estadounidenses.

Romero, que ha aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su cooperación, afirma en una entrevista que las unidades del DAS recibían de los EEUU ordenadores, equipo técnico para realizar las escuchas, cámaras y sistema de intercepción de teléfonos móviles, además de dinero para alquilar casas y comprar gasolina.

Una unidad que dependía de la CIA, según el testimonio de antiguos oficiales del DAS, era el Grupo Nacional e Internacional de Observación.

Se había formado para destruir los lazos entre operativos extranjeros y guerrillas colombianas, pero volvió su mirada hacia la Corte Suprema cuando los magistrados empezaron a investigar al primo del Presidente, entonces senador, Mario Uribe, según afirmó un antiguo director, German Ospina, en su declaración a los fiscales. Las órdenes que venían “de Presidencia, querían resultados inmediatos” informó Ospina a los fiscales.

Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo para Analizar la Organización Terrorista en los Medios, recopiló informes sobre líderes sindicales, entró en sus oficinas y grabó a los activistas sindicales. Los Estados Unidos dieron el equipamiento y decenas de miles de dólares, según un informe interno del DAS, y los miembros de esta unidad se reunían regularmente con un oficial de la embajada conocido como “Chris Sullivan.”

Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las primeras revelaciones del DAS a finales de verano de 2009, el que era en esos momentos embajador de los EEUU en Colombia, William Brownfield, convocó una reunión y preguntó a los asistentes cuáles de las agencias estadounidenses trabajaban con el DAS, según un informe secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Los representantes de ocho agencias levantaron su mano (entre ellas estaban la CIA, el FBI, el Departamento Antidrogas y Hacienda).

No obstante, la relación continuó durante otros siete meses. En abril de 2010, Brownfield anunció que todos los fondos estadounidenses que previamente se destinaban al DAS irían a partir de entonces a la policía nacional colombiana. Hoy, el DAS, con 51 años de historia, 6.000 empleados, muchísimos roles y un presupuesto anual de 200 millones de dólares, todavía subsiste. Pero Muñoz está siendo investigado junto a otros cuatro antiguos directores del DAS.

Uribe, ha afirmado que los oficiales de su gobierno son víctimas de una persecución política. Cuatro de sus asistentes de más alto rango están siendo investigados, su jefe de personal, Bernardo Moreno, ha sido encarcelado y está en espera de juicio por conspiración y otros cargos.

Las entrevistas con antiguos oficiales estadounidenses y las evidencias que están saliendo a la luz durante la investigación del DAS muestran que la agencia ha cometido durante años serios crímenes y tenía una tendencia a cometer acciones ilegales que no eran desconocidas por los oficiales de la embajada estadounidense. El primer director del DAS durante la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien la embajada estadounidense consideraba en 2005 “pro-EEUU y un “tecnócrata honesto” y recomendado para ser un miembro de la Interpol en Latinoamérica, según WikiLeaks, está siendo juzgado y ha sido acusado de ayudar a matones a asesinar a activistas sindicales. El año pasado, los fiscales acusaron a otro director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato en 1989 del candidato presidencial, Luis Carlos Galán.

Myles Frechett, embajador de EEUU en Colombia de 1994 a 1997, dijo que durante su cargo, los oficiales estadounidenses pensaban que las unidades del DAS estaban teñidas por la corrupción y tenían conexiones con los narcotraficantes. Pero afirma que la Embajada necesitaba un socio para desarrollar su labor de inteligencia para combatir a los narcotraficantes y guerrillas. “Todo el mundo que trabajó conmigo en la embajada me decía: ‘No puedes confiar en el DAS’”, afirma Frechette y añade que cree que el DAS tiene algunos rasgos propios de una organización criminal.

Algunos diplomáticos senior estadounidenses que fueron asignados a la embajada más recientemente indicaron que no tenían conocimiento de que las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses estuvieran involucradas en el juego sucio del DAS, pero todos afirmaron que no les sorprendía.



No pasa una semana en Colombia, sin informes de asesinatos y persecución de activistas sindicales y políticos.

Ana Fabricia Córdoba, activistas de género y líder de los campesinos desplazados, fue asesinada a tiros el 07 de junio dentro de un autobús, después de haber predicho su propia muerte debido a las constantes amenazas y abusos en contra de su familia.

Manuel Antonio Garcés, líder comunitario, activista afro-descendiente y candidato a cargos locales en el suroeste de Colombia recibió el 18 de julio una nota de advertencia inquietante en la que estaba escrito el mensaje, "le dijimos que abandonara la campaña, la próxima vez lo vamos a volar en su casa" al lado de una granada de mano inactiva.

Keyla Berrios, líder de la Liga de Mujeres Desplazadas fue asesinada el pasado 22 de julio, después de continuas intimidaciones a su organización y las amenazas en nombre de los escuadrones de la muerte vinculados a las autoridades colombianas, un hecho públicamente conocido después de que cientos de ex miembros del Congreso, policías y militares son encarcelados o investigados por complicidad con los paramilitares para robar las elecciones, el asesinato y desaparición de disidentes, desplazar con fuerza a los campesinos y defraudar a la hacienda pública, en una red criminal que se extiende hasta el ex presidente Álvaro Uribe y sus más cercanos colaboradores.

La explicación oficial de estos crímenes es también bien conocido; BACRIM, un acrónimo que significa "bandas criminales", un término creado por el establishment en Colombia incluyendo sus omnipresentes medios de comunicación corporativos para despolitizar la violencia constante desatada contra los líderes sindicales, campesinos y activistas de la comunidad.

Defensores de los derechos humanos señalan que las estructuras desiguales e injustas de poder y riqueza se basan en gran medida de la represión. Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo se pone en la engañosa opinión pública sobre la naturaleza de esta violencia, los crímenes son tan sistemáticos y sus efectos siempre se tornan en beneficio para la élite que un sencillo análisis de clase echa por tierra la fachada de estas "bandas" que supuestamente actuaban por su cuenta, y expone la insidiosa relación entre matones armados y los asientos del poder político en Colombia.

Con lo que estamos tratando hoy en día es con la expresión del fascismo en América Latina.

En un país agobiado por el desempleo y la pobreza (casi el 70%) y 8 millones de personas que viven con menos de 2 dolares al día, que diariamente buscan su subsistencia en la basura de los perros callejeros o en la venta de caramelos en los semáforos y autobuses de la ciudad, también es sorprendentemente común y surrealista ver coches de lujo, apartamentos de millones de dólares, clubes de campo y una burbuja de opulencia justo en frente de la sobre-explotación de trabajadores, gente común que lucha sólo para cubrir los gastos, o en el peor de los casos, niños, madres solteras ancianos y personas con discapacidad, sin seguridad social y salarios, mucho menos educación superior y una vivienda digna.

Por ejemplo, en Cartagena, ciudad colonial del Caribe Colombiano plagada de pobreza extrema, mendigos, prostitución infantil y resorts de U$ 400, en donde se puede pretender que te sientes en Miami Beach o en un paraíso del Mediterráneo, y en menos de cinco minutos también puede visitar barrios que hacen parecer a la devastada Haití como un suburbio.

El mismo sorprendente contraste se puede experimentar en las principales ciudades de Colombia. Por lo tanto, con el fin de mantener los vastos privilegios de unos pocos en medio de condiciones inhumanas de la mayoría, la élite tiene que tener un férreo control sobre el poder político. Y una vez que su poder es impugnado o amenazado levemente por la acción colectiva de los movimientos sociales, partidos democráticos y los individuos conscientes, un estallido de violencia estatal selectiva se desata para desmantelar efectivamente cualquier tipo de organización pacífica por el miedo y la desmoralización.

Los altos niveles de desgaste que sufren los activistas elevando moderadas banderas democráticas como el derecho de reunión, la negociación colectiva, la libertad de expresión y la reparación de la violencia política, son el resultado de la represión estatal descentralizada llevada a cabo por escuadrones de la muerte dirigidos por oficiales del alto estado quienes les suministran con inteligencia y recursos económicos extraídos al defraudar la hacienda pública y el lavado de dinero en la cadena de narcóticos, donde investigadores sociales afirman que la mayoría de estas ganancias ilícitas forman parte de la economía institucional, los bancos y el Estado. Esta elaborada estrategia represiva difiere de la perpetrada por las juntas militares que gobernaron Argentina, Uruguay y Chile, entre otros, donde la fuerza pública ejerce directamente la violencia política contra los disidentes sin pretensiones credenciales democráticas, como los que constantemente son regurgitados por el establisment en Colombia, haciendo más difícil de exponer sus profundos mecanismos dictatoriales que han desaparecido a más de 30.000 colombianos en los últimos años de respaldado por EE.UU. de las políticas de "contrainsurgencia", superando el reinado de terror de Pinochet.

En Colombia, donde la élite social dominante prevalece, miles de cuerpos de los "desaparecidos" han sido enterrados en fosas comunes, el asesinato de dirigentes sindicales es el más alto del mundo (en una tasa de base por habitante). Mientras tanto, varios millones de campesinos desplazados y empobrecidos. En un contexto de brutal represión social, respaldada por las políticas neoliberales, una atmósfera de miedo generalizado prevalece.

Esta situación plantea una pregunta básica, como James Petras dice: "¿Cómo se puede alcanzar políticas sociales justas y la defensa de los derechos humanos en un Estado terrorista, en consonancia con los escuadrones de la muerte y financiado y asesorado por una potencia extranjera, que tiene una política pública de eliminación física de sus adversarios? ".



Senador colombiano comparecerá ante el supremo por nexos con paramilitares

El senador colombiano, Fuad Emilio Rapag, responderá hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, luego de que fuera señalado de tener vínculos con paramilitares y apresado en el capitolio nacional.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Corte determinó que Rapag tuvo vínculos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extrema derecha armada.

Ayer, el parlamentario por Magdalena (norte) fue detenido en las cercanías del Congreso Nacional, en el centro histórico de Bogotá (capital), por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía tras una orden del Tribunal Supremo.

La Corte lo responsabilizó de tener vínculos con el paramilitarismo, después de que Rapag fuera señalado por uno de los ex integrantes de las AUC en una diligencia ante el alto tribunal.

El testimonio del paramilitar desmovilizado señaló que el legislador recibió dinero de las AUC para alcanzar sus aspiraciones políticas.

En 2010, el senador también enfrentó otro proceso, del que se salvó por su investidura, por un conflicto de intereses con Agro Ingreso Seguro.

Ahora, el legislador podría perder una vez más su investidura por nexos con las AUC, supuestamente desmovilizadas en 2006, razón por la que la CSJ ordenó su detención.

El año pasado,10 ex congresistas fueron condenados y uno absuelto por casos de paramilitarismo. En lo que va de año, seis han sido declarados culpables por la justicia, entre ellos dos ex presidentes del Congreso y un ex gobernador.

Las Autodefensas Unidas de Colombia culpables de los miles de crímenes atroces contra la población civil, sobre todo en la época de los 90.

Entre 2003 y 2006 participaron en una negociación de paz que les otorgó beneficios procesales a cambio de la confesión y la reparación a las víctimas.

A continuacion compartimos este video llamado "Colombia: Paramilitares, Terrorismo y Falsos positivos. Calves para entendernos".

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: Dictarán condena a ocho militares acusados de falsos positivos

Un tribunal de Bucaramanga, al noroeste de Colombia, emitirá este martes la condena definitiva contra ocho militares acusados del asesinato de dos jóvenes civiles que fueron presentados en 2008 como supuestos guerrilleros muertos en combates.

Los medios locales precisaron los imputados son un coronel, un teniente, un sargento y cinco soldados, quienes asesinaron en 2008 a los jóvenes Andrés Pesca y Eduardo Garzón en una operación ilegal efectuada en Cimitarra, departamento de Santander (noroeste).

Además del cargo por asesinato, los comandantes del batallón fueron inculpados de los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación de recursos; lo que se conoce en el país como “falsos positivos”.

en la ciudad también se encuentran concentradas las madres y familiares de 17 jóvenes cuyos asesinatos también fueron calificados como “Falsos Positivos” y que “están pidiendo justicia”.

El pasado 3 de junio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Función de Conocimiento que emitió sentencia condenatoria contra los exmilitares a quienes relacionan con la muerte de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez.

Estos dos jóvenes, residentes en Soacha, Cundinamarca (centro), fueron hallados sin vida el 5 de marzo de 2008 en la vereda Brasilia de Cimitarra, Santander.

Para ese momento, el Ejército de Colombia los presentó como subversivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), muertos en un presunto combate.

No obstante, cinco meses después, sus familiares, quienes los habían reportado en Bogotá como desaparecidos, los hallaron sepultados como Cuerpos No Identificados, (CNI), en el cementerio de Cimitarra, Santander.

Tras el hallazgo la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, iniciaron una investigación que desembocó en la culpabilidad de los uniformados.

A pesar de la acusación de la Fiscalía y el Juzgado de Bucaramanga, el abogado de la defensa de los militares, Luis Hernando Castellanos manifestó que aún “no se ha demostrado la responsabilidad de los detenidos”.

De acuerdo con la petición de la Fiscalía, a los militares se les debe aplicar 60 años de prisión, que es la pena máxima dentro del nuevo sistema penal acusatorio del país suramericano.

Hasta ahora, este organismo ha presentado, durante 27 sesiones de juicio oral, testimonios, análisis de llamadas y estudios de técnica de balística en contra de los procesados.

Vemos que esto es un mal comun en los paises nuestrAmericanos, los unifomados abusan de su poder contra el pueblo. ¿Son Fuerzas de SEGURIDAD y estamos mejor con ellos o realmente estamos mejor SIN ELLOS?

Fuente: Telesur/Radio Minka