Chile: Preocupación por salud de preso político mapuche

Dirigentes gremiales denunciaron precario estado de salud de comunero mapuche Héctor Llaitul Carillanca, detenido en la cárcel de Angol y acusado de terrorismo. Madre de Llaitul, Florinda Carillanca, recurrió al Instituto Nacional de Derechos Humanos, dirigido por Lorena Fries, para pedir ayuda y le cerraron la puerta en la cara.

Ante la reiterada violación a los derechos humanos de que son objeto distintas comunidades indígenas, se suman nuevas denuncias que al parecer buscan debilitar, o directamente eliminar selectivamente a integrantes de los pueblos originarios. Es el caso del comunero mapuche y preso político Héctor Llaitul Carillanca, detenido en la cárcel de Angol acusado de terrorismo bajo la Ley de Seguridad del Estado.

El comunero, quien ha protagonizado cuatro huelgas de hambre, y por ende su salud se ha resentido en forma dramática, está siendo objeto de abandono por parte de las autoridades en salud. Las últimas semanas la condición física de Héctor Llaitul se ha visto disminuida hasta el punto de temer por su vida. De aquello dan cuenta las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han visitado al preso político mapuche y que han denunciado el grave estado en que se encuentra sumido Llaitul.

Incluso, el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de Chile, denunció la enorme preocupación que tienen por el grave estado de salud por el que atraviesa el Asistente Social Héctor Llaitul Carillanca.

“Las precarias condiciones de salud del colega Llaitul se ven agravadas, de acuerdo con nuestra información, por la insuficiencia de los recursos médicos y otros recursos especializados, desde los inicios de la aparición de su sintomatología como en el transcurso del proceso de su enfermedad, lo que deteriora aún más el estado de su salud”, denunció el presidente de la orden Omar Ruz Aguilera.

El dirigente agregó que la integridad física de los internos, la igualdad de trato para todos, sin discriminación de ningún tipo, pero por sobre todo la aceptación de los derechos que como seres humanos todos deben tener, son algunos de los objetivos que estimamos, deben cumplirse, y que no se están llevando a la práctica en la persona de Llaitul, señaló Omar Ruz Aguilera.

“Estamos muy preocupados por la salud del colega Héctor Llaitul porque toda el cúmulo de información que tenemos y que hemos recibido, dan cuenta que el colega no está siendo atendido conforme a las necesidades de su enfermedad. El hecho que esté detenido no significa que esté privado de sus derechos fundamentales, y en especial del derecho a una atención de salud de calidad. Sistemáticamente se le ha hecho operaciones o se le lleva a hospitales para los respectivos exámenes, y de inmediato se le devuelve a la enfermería de la cárcel de Angol, la que no cuenta con los elementos necesarios para una atención de acuerdo con la enfermedad que Héctor padece en este momento, y que según nuestros antecedentes, se ha ido complicando progresivamente debido a la falta de una atención médica adecuada”, denunció el dirigente.

Omar Ruz, presidente del Colegio de Asistentes Sociales, dijo que se debe entregar el resguardo físico y psicológico al comunero mapuche, quien lleva en el cuerpo cuatro huelgas de hambre.

“Pensamos que el caso del colega Llaitul es un reflejo de cómo los presos de nuestro país no reciben todas las atenciones del caso, lo que nos permite generalizar una situación que afecta a muchos reclusos. Ahora respecto de la causa por la que está enjuiciado Héctor Llaitul, creemos que las autoridades de gobierno ya han declarado culpable al colega antes incluso que se iniciara el proceso. Por tanto, entendemos en la medida que Gendarmería no le entregue las atenciones que Héctor Llaitul requiere, de acuerdo a su estado de salud, está vulnerando sus derechos”, manifestó Ruz Aguilera.

Tremendo portazo.

Por su parte, la madre de Héctor LLaitul, Florinda Carillanca, manifestó su dolor y preocupación ante la salud agravada de su hijo quien permanece detenido por supuestos atentados terrorista. Además, la mujer llamó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se identificó, explicó su situación, y pidió hablar con Lorena Fries, directora del organismo, se le señaló que no se encontraba, y que le devolverían la llamada, de aquello han pasado 10 días, y la mujer aún espera el llamado del Instituto de Derechos Humanos. Florinda Carillanca quedó sola ante el mundo y muy defraudada de la institución, manifestó.

“Como mamá a mí no me dicen nada sobre la salud de mí hijo, tengo que preguntar a otras personas. Él, siempre me dice que está bien y que va evolucionando bien, pero en el fondo yo sé que no está bien de salud. Yo sé que él está complicado de salud, y quiénes son los culpables: el gobierno, quien más, la corrupción que han tratado de decir que mi hijo tiene. Parece que a Gendarmería le da lo mismo de cómo tratar a un recluso como él que está enfermo”.

La madre de Héctor Llaitul, Florinda Carillanca, pidió clemencia para su hijo preso político mapuche.

“Como madre, y los que trabajan en derechos humanos y del gobierno creo que son padres y madres y tienen que tener algo en sus corazones de humanidad, tienen que escuchar. Yo como madre no tengo los medios de andar constantemente para allá y para acá, vivo de una miserable pensión. Le pido al gobierno que vele por la salud y atención de mi hijo, porque ellos son los responsables. Ellos hicieron huelgas de hambre para ser escuchados, pero no lo han sido, al contrario, el gobierno les ha cerrado las puertas, los siguen condenando, los siguen culpando, yo solo pido clemencia ahora”, exclamó la madre del preso político mapuche Héctor Llaitul Carillanca.

Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8727

A 35 años de la voladura del avión de Cubana

Este 6 de octubre se cumplen 35 años de ese acto de barbarie que estremeció y estremece a la nación cubana y a toda persona de buena voluntad que conocen de él, desde entonces al presente.

Quizás el atentado terrorista más emblemático de la política terrorista mantenida y apoyada por los gobiernos de Estados Unidos en contra del pueblo cubano durante más de cincuenta y dos años sea el derribo en pleno vuelo del avión civil de Cubana de Aviación que causó la muerte a 73 personas: 57 cubanos, 11 guyaneses (la mayoría de ellos estudiantes becados en Cuba), y 5 funcionarios culturales coreanos. Entre los 73 pasajeros y tripulantes asesinados en este acto único por su bestialidad se encontraba la totalidad del equipo nacional juvenil cubano de esgrima que regresaba a la Patria con todas las medallas de oro disputadas en el recién terminado campeonato centroamericano de esa disciplina.

Los dos jefes terroristas que organizaron y dirigieron ese atentado, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, ambos por décadas operativos principales de la CIA, como demuestran toneladas de documentos desclasificados de esa agencia de inteligencia, nunca fueron penalizados con el rigor que la ley establece para ese tipo de crímenes.

Ambos eventualmente se refugiaron en Miami escapando a la justicia. Bosch vivió libre gozando de la impunidad brindada por los gobiernos de Estados Unidos hasta abril pasado cuando murió en esta ciudad a los 84 años de edad de muerte natural. Posada Carriles a sus 83 años de edad sigue gozando de esa misma impunidad mantenida a favor de todos los terroristas de la extrema derecha cubano americana por los gobiernos de Estados Unidos.

Como mantienen especialistas en estas materias, siguiendo instrucciones de la CIA (que desde aquel momento quiso dar la apariencia de distanciamiento entre sus terroristas y ella), Orlando Bosch llama en junio de 1976 a una reunión en República Dominicana de sus consortes, pertenecientes a cinco organizaciones terroristas, establecen la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), y se da comienzo a una criminal ofensiva terrorista.

Los principales atentados de esta escalada terrorista en 1976 fueron: a consecuencia de una bomba colocada en la Embajada de Cuba en Lisboa, Portugal, en el que mueren dos diplomáticos cubanos; asesinato de un cubano técnico de la pesca en Mérida, Yucatán, en un frustrado atentado al cónsul cubano en esa ciudad; secuestro y desaparición de dos diplomáticos miembros de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, Argentina; una bomba estalla en pista en el vagón de carga de equipajes destinado a un avión de pasajeros de Cubana de Aviación en el aeropuerto de Kingston, Jamaica; en septiembre de ese año Omega 7, una de las organizaciones terroristas integrantes de CORU, en colaboración con la dictadura militar chilena, asesinaron a Orlando Letelier, quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende, y a su secretaria, Ronni Moffit, haciendo estallar su automóvil en el Dupont Circle, en el mismo centro de Washington D.C.; y, claro, la voladura del avión civil de Cubana de Aviación.

Entre los distintos blancos de la campaña terrorista de más de cinco décadas en contra del pueblo cubano se encuentran: destrucción o sabotaje de objetivos civiles dentro del país; ataques en contra de instalaciones costeras, naves aéreas, mercantes y pesqueras; atentados contra instalaciones y personal cubano en el extranjero, incluidas sedes diplomáticas; intentos de asesinato contra los principales dirigentes de la república; introducción de gérmenes y plagas contra la agricultura y explotación pecuaria; e introducción de cepas de enfermedades contra las personas, incluidos los menores.

A consecuencia de esta innoble campaña más de 3.478 cubanas y cubanos han perdido sus vidas y más de 2.099 han sido incapacitados.

En el discurso en La Habana, el 6 de octubre de 2001, menos de un mes después de los trágicos atentados terroristas en Nueva York, Washington y Pennsilvania, en el acto conmemorando el 25 Aniversario de la voladura del avión de Cubana, el presidente cubano, Fidel Castro, dijo:

"La fría cifra de 73 personas inocentes asesinadas en Barbados, no lo dice todo cuanto al sentido y magnitud de la tragedia.

Seguramente los norteamericanos lo comprenderán mejor comparando la población de Cuba hace 25 años con la de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. La muerte de 73 personas en un avión cubano hecho estallar en el aire es lo que significaría para el pueblo de Estados Unidos que 7 aviones de las líneas aéreas norteamericanas, con más de 300 pasajeros cada uno, fuesen destruidos en pleno vuelo el mismo día, a la misma hora, por una conspiración terrorista.

Si vamos un poco más lejos y tomamos en cuenta los 3.478 cubanos que han muerto durante más de 42 años por las acciones agresivas, incluidas la invasión de Playa Girón y todos los actos terroristas que ha sufrido Cuba originados en Estados Unidos, es como si en ese país hubiesen muerto 88,434 personas, una cifra casi igual al número de norteamericanos que murieron en las guerras de Corea y Viet Nam juntas".

Nada de esto escrito aquí es nuevo, al contrario, muchas de estas cuestiones son ampliamente conocidas. ¿Pero qué otra cosa podemos hacer para lograr hacerle justicia a todas estas víctimas, asesinadas o incapacitadas, por estas monstruosas campañas terroristas y, además, para que el pueblo cubano un día, no muy lejano, pueda vivir y desarrollarse libremente y en paz, que denunciar, denunciar y denunciar a los terroristas, sus crímenes y la política que los sustentan. Machacándolos con la verdad y la justeza.

Fuente: Telesur

Colombia: La ayuda estadounidense está implicada en el abuso de poder de este país latinoamericano

La Administración Obama usa frecuentemente a la floreciente democracia colombiana para demostrar que su ayuda, apoyo y conocimiento pueden salvar a un estado bajo el acecho terrorista y a punto del colapso.

La campaña gubernamental, financiada por EEUU, contra un grupo rebelde marxista y su coordinación civil y militar se percibe tan satisfactoria que se ha convertido en el modelo a seguir en Afganistán.

Pero la ayuda estadounidense, y posiblemente algunos oficiales norteamericanos, aparecen ahora implicados en abusos de poder y acciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno colombiano y que fueron encubiertas como lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas.

Estos hechos se produjeron durante el mandato del antiguo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, un aliado muy cercano a la administración estadounidense durante los ocho años que permaneció en el poder. El dinero estadounidense, equipamiento y entrenamiento dado a tropas de élite colombianas durante los últimos diez años para acabar con las redes de tráfico de cocaína se usó para espiar a Tribunales Superiores de Justicia, oponentes políticos de Uribe y grupos civiles, según documentos legales obtenidos por The Washington Post y entrevistas con fiscales y antiguos miembros de la inteligencia colombiana.

Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia que lleva a cabo el Ministerio de Justicia colombiano contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Seis oficiales de alta graduación han confesado sus delitos y más de una docena de otros operativos de la agencia están siendo juzgados. Algunos de los asistentes más cercanos a Uribe han sido investigados, al igual que Uribe que ahora mismo está siendo investigado por una comisión legislativa especial.

Justo como en Afganistán y otros países donde la política estadounidense está focalizada en ganar aliados para su lucha contra el terrorismo, algunas receptores de la ayuda para Colombia la desviaron claramente para usarla para su propia agenda política. Durante más de una década, durante tres administraciones, Colombia has sido el mejor amigo de Washington en Latinoamérica y el máximo receptor de ayuda militar y económica ( 6 billones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010). La cantidad anual de ayuda que envía EEUU a Colombia ha descendido levemente durante la administración Obama. Este año suma un poco más de medio billón de dólares.

El goteo constante de revelaciones ha manchado la reputación colombiana e incluso el gobierno del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos (antiguo ministro de Defensa), que ha prometido que reemplazará al DAS con una nueva agencia de inteligencia.

Los fiscales afirman que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque las investigaciones de sus magistrados estaban revelando conexiones entre aliados de la presidencia en el congreso Colombiano y grupos paramilitares de narcotráfico. Su caso se basaba en miles de páginas de documentos del DAS y el testimonio de nueve oficiales de alto rango del DAS, los fiscales afirman que la agencia estaba dirigida por la oficina del presidente para registrar las cuentas bancarias de los magistrados, seguir a sus familias, poner escuchas en sus oficinas y analizar sus actuaciones judiciales.

Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis, que revisó los informes de inteligencia que se enviaban a Presidencia, afirmó que el seguimiento a la Corte “era la prioridad” del DAS durante el mandato de Uribe.

“Casi nunca nos dieron órdenes contra el narcotráfico o las guerrillas”, afirma Sierra en una entrevista.

Algunos de los que han sido acusados o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y guía recibida de los EEUU. Afirman que informaban regularmente a enlaces de la embajada sobre el desarrollo de sus actividades. “La Embajada Americana nos organizaba”, afirma William Romero, que dirigía la red de informadores de la DAS y supervisó la infiltración en la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango que están encarcelados o se enfrentan a cargos, fue entrenado por la CIA. Algunos de ellos recibieron becas para completar su formación en universidades estadounidenses.

Romero, que ha aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su cooperación, afirma en una entrevista que las unidades del DAS recibían de los EEUU ordenadores, equipo técnico para realizar las escuchas, cámaras y sistema de intercepción de teléfonos móviles, además de dinero para alquilar casas y comprar gasolina.

Una unidad que dependía de la CIA, según el testimonio de antiguos oficiales del DAS, era el Grupo Nacional e Internacional de Observación.

Se había formado para destruir los lazos entre operativos extranjeros y guerrillas colombianas, pero volvió su mirada hacia la Corte Suprema cuando los magistrados empezaron a investigar al primo del Presidente, entonces senador, Mario Uribe, según afirmó un antiguo director, German Ospina, en su declaración a los fiscales. Las órdenes que venían “de Presidencia, querían resultados inmediatos” informó Ospina a los fiscales.

Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo para Analizar la Organización Terrorista en los Medios, recopiló informes sobre líderes sindicales, entró en sus oficinas y grabó a los activistas sindicales. Los Estados Unidos dieron el equipamiento y decenas de miles de dólares, según un informe interno del DAS, y los miembros de esta unidad se reunían regularmente con un oficial de la embajada conocido como “Chris Sullivan.”

Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las primeras revelaciones del DAS a finales de verano de 2009, el que era en esos momentos embajador de los EEUU en Colombia, William Brownfield, convocó una reunión y preguntó a los asistentes cuáles de las agencias estadounidenses trabajaban con el DAS, según un informe secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Los representantes de ocho agencias levantaron su mano (entre ellas estaban la CIA, el FBI, el Departamento Antidrogas y Hacienda).

No obstante, la relación continuó durante otros siete meses. En abril de 2010, Brownfield anunció que todos los fondos estadounidenses que previamente se destinaban al DAS irían a partir de entonces a la policía nacional colombiana. Hoy, el DAS, con 51 años de historia, 6.000 empleados, muchísimos roles y un presupuesto anual de 200 millones de dólares, todavía subsiste. Pero Muñoz está siendo investigado junto a otros cuatro antiguos directores del DAS.

Uribe, ha afirmado que los oficiales de su gobierno son víctimas de una persecución política. Cuatro de sus asistentes de más alto rango están siendo investigados, su jefe de personal, Bernardo Moreno, ha sido encarcelado y está en espera de juicio por conspiración y otros cargos.

Las entrevistas con antiguos oficiales estadounidenses y las evidencias que están saliendo a la luz durante la investigación del DAS muestran que la agencia ha cometido durante años serios crímenes y tenía una tendencia a cometer acciones ilegales que no eran desconocidas por los oficiales de la embajada estadounidense. El primer director del DAS durante la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien la embajada estadounidense consideraba en 2005 “pro-EEUU y un “tecnócrata honesto” y recomendado para ser un miembro de la Interpol en Latinoamérica, según WikiLeaks, está siendo juzgado y ha sido acusado de ayudar a matones a asesinar a activistas sindicales. El año pasado, los fiscales acusaron a otro director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato en 1989 del candidato presidencial, Luis Carlos Galán.

Myles Frechett, embajador de EEUU en Colombia de 1994 a 1997, dijo que durante su cargo, los oficiales estadounidenses pensaban que las unidades del DAS estaban teñidas por la corrupción y tenían conexiones con los narcotraficantes. Pero afirma que la Embajada necesitaba un socio para desarrollar su labor de inteligencia para combatir a los narcotraficantes y guerrillas. “Todo el mundo que trabajó conmigo en la embajada me decía: ‘No puedes confiar en el DAS’”, afirma Frechette y añade que cree que el DAS tiene algunos rasgos propios de una organización criminal.

Algunos diplomáticos senior estadounidenses que fueron asignados a la embajada más recientemente indicaron que no tenían conocimiento de que las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses estuvieran involucradas en el juego sucio del DAS, pero todos afirmaron que no les sorprendía.



No pasa una semana en Colombia, sin informes de asesinatos y persecución de activistas sindicales y políticos.

Ana Fabricia Córdoba, activistas de género y líder de los campesinos desplazados, fue asesinada a tiros el 07 de junio dentro de un autobús, después de haber predicho su propia muerte debido a las constantes amenazas y abusos en contra de su familia.

Manuel Antonio Garcés, líder comunitario, activista afro-descendiente y candidato a cargos locales en el suroeste de Colombia recibió el 18 de julio una nota de advertencia inquietante en la que estaba escrito el mensaje, "le dijimos que abandonara la campaña, la próxima vez lo vamos a volar en su casa" al lado de una granada de mano inactiva.

Keyla Berrios, líder de la Liga de Mujeres Desplazadas fue asesinada el pasado 22 de julio, después de continuas intimidaciones a su organización y las amenazas en nombre de los escuadrones de la muerte vinculados a las autoridades colombianas, un hecho públicamente conocido después de que cientos de ex miembros del Congreso, policías y militares son encarcelados o investigados por complicidad con los paramilitares para robar las elecciones, el asesinato y desaparición de disidentes, desplazar con fuerza a los campesinos y defraudar a la hacienda pública, en una red criminal que se extiende hasta el ex presidente Álvaro Uribe y sus más cercanos colaboradores.

La explicación oficial de estos crímenes es también bien conocido; BACRIM, un acrónimo que significa "bandas criminales", un término creado por el establishment en Colombia incluyendo sus omnipresentes medios de comunicación corporativos para despolitizar la violencia constante desatada contra los líderes sindicales, campesinos y activistas de la comunidad.

Defensores de los derechos humanos señalan que las estructuras desiguales e injustas de poder y riqueza se basan en gran medida de la represión. Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo se pone en la engañosa opinión pública sobre la naturaleza de esta violencia, los crímenes son tan sistemáticos y sus efectos siempre se tornan en beneficio para la élite que un sencillo análisis de clase echa por tierra la fachada de estas "bandas" que supuestamente actuaban por su cuenta, y expone la insidiosa relación entre matones armados y los asientos del poder político en Colombia.

Con lo que estamos tratando hoy en día es con la expresión del fascismo en América Latina.

En un país agobiado por el desempleo y la pobreza (casi el 70%) y 8 millones de personas que viven con menos de 2 dolares al día, que diariamente buscan su subsistencia en la basura de los perros callejeros o en la venta de caramelos en los semáforos y autobuses de la ciudad, también es sorprendentemente común y surrealista ver coches de lujo, apartamentos de millones de dólares, clubes de campo y una burbuja de opulencia justo en frente de la sobre-explotación de trabajadores, gente común que lucha sólo para cubrir los gastos, o en el peor de los casos, niños, madres solteras ancianos y personas con discapacidad, sin seguridad social y salarios, mucho menos educación superior y una vivienda digna.

Por ejemplo, en Cartagena, ciudad colonial del Caribe Colombiano plagada de pobreza extrema, mendigos, prostitución infantil y resorts de U$ 400, en donde se puede pretender que te sientes en Miami Beach o en un paraíso del Mediterráneo, y en menos de cinco minutos también puede visitar barrios que hacen parecer a la devastada Haití como un suburbio.

El mismo sorprendente contraste se puede experimentar en las principales ciudades de Colombia. Por lo tanto, con el fin de mantener los vastos privilegios de unos pocos en medio de condiciones inhumanas de la mayoría, la élite tiene que tener un férreo control sobre el poder político. Y una vez que su poder es impugnado o amenazado levemente por la acción colectiva de los movimientos sociales, partidos democráticos y los individuos conscientes, un estallido de violencia estatal selectiva se desata para desmantelar efectivamente cualquier tipo de organización pacífica por el miedo y la desmoralización.

Los altos niveles de desgaste que sufren los activistas elevando moderadas banderas democráticas como el derecho de reunión, la negociación colectiva, la libertad de expresión y la reparación de la violencia política, son el resultado de la represión estatal descentralizada llevada a cabo por escuadrones de la muerte dirigidos por oficiales del alto estado quienes les suministran con inteligencia y recursos económicos extraídos al defraudar la hacienda pública y el lavado de dinero en la cadena de narcóticos, donde investigadores sociales afirman que la mayoría de estas ganancias ilícitas forman parte de la economía institucional, los bancos y el Estado. Esta elaborada estrategia represiva difiere de la perpetrada por las juntas militares que gobernaron Argentina, Uruguay y Chile, entre otros, donde la fuerza pública ejerce directamente la violencia política contra los disidentes sin pretensiones credenciales democráticas, como los que constantemente son regurgitados por el establisment en Colombia, haciendo más difícil de exponer sus profundos mecanismos dictatoriales que han desaparecido a más de 30.000 colombianos en los últimos años de respaldado por EE.UU. de las políticas de "contrainsurgencia", superando el reinado de terror de Pinochet.

En Colombia, donde la élite social dominante prevalece, miles de cuerpos de los "desaparecidos" han sido enterrados en fosas comunes, el asesinato de dirigentes sindicales es el más alto del mundo (en una tasa de base por habitante). Mientras tanto, varios millones de campesinos desplazados y empobrecidos. En un contexto de brutal represión social, respaldada por las políticas neoliberales, una atmósfera de miedo generalizado prevalece.

Esta situación plantea una pregunta básica, como James Petras dice: "¿Cómo se puede alcanzar políticas sociales justas y la defensa de los derechos humanos en un Estado terrorista, en consonancia con los escuadrones de la muerte y financiado y asesorado por una potencia extranjera, que tiene una política pública de eliminación física de sus adversarios? ".



Senador colombiano comparecerá ante el supremo por nexos con paramilitares

El senador colombiano, Fuad Emilio Rapag, responderá hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, luego de que fuera señalado de tener vínculos con paramilitares y apresado en el capitolio nacional.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Corte determinó que Rapag tuvo vínculos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extrema derecha armada.

Ayer, el parlamentario por Magdalena (norte) fue detenido en las cercanías del Congreso Nacional, en el centro histórico de Bogotá (capital), por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía tras una orden del Tribunal Supremo.

La Corte lo responsabilizó de tener vínculos con el paramilitarismo, después de que Rapag fuera señalado por uno de los ex integrantes de las AUC en una diligencia ante el alto tribunal.

El testimonio del paramilitar desmovilizado señaló que el legislador recibió dinero de las AUC para alcanzar sus aspiraciones políticas.

En 2010, el senador también enfrentó otro proceso, del que se salvó por su investidura, por un conflicto de intereses con Agro Ingreso Seguro.

Ahora, el legislador podría perder una vez más su investidura por nexos con las AUC, supuestamente desmovilizadas en 2006, razón por la que la CSJ ordenó su detención.

El año pasado,10 ex congresistas fueron condenados y uno absuelto por casos de paramilitarismo. En lo que va de año, seis han sido declarados culpables por la justicia, entre ellos dos ex presidentes del Congreso y un ex gobernador.

Las Autodefensas Unidas de Colombia culpables de los miles de crímenes atroces contra la población civil, sobre todo en la época de los 90.

Entre 2003 y 2006 participaron en una negociación de paz que les otorgó beneficios procesales a cambio de la confesión y la reparación a las víctimas.

A continuacion compartimos este video llamado "Colombia: Paramilitares, Terrorismo y Falsos positivos. Calves para entendernos".

Fuente: Agencias de noticias

Justicia chilena condena a 4 mapuches pero desecha cargos de terrorismo

Los mapuches fueron condenados por atentar contra la vida del fiscal, Mario Elgueta. Las condenas recayeron para Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonhatan Huillical.

En tanto, 17 comuneros fueron absueltos por los enfrentamientos producidos en octubre de 2008. Fue cuando el fiscal junto y un grupo de policías allanaron a la comunidad mapuche del sector Puerto Choque. Mientras tanto, el tribunal absolvió a 14 dirigentes mapuches acusados de provocar incendios en la zona del lago Lleu Lleu.

Los comuneros fueron liberados inmediatamente luego de pasar 2 años en prisión preventiva y de los 3 meses del juicio oral. Norberto Parra, uno de los comuneros absueltos, señaló que "se trató de un montaje y que el mismo tribunal lo absolvió de todos los cargos que tenía".

El fallo desestimó "las pretensiones de los acusadores para condenar a los imputados como autores del delito de asociación ilícita terrorista".

Sin embargo, la vocera de los detenidos, Natividad Llanquileo, destacó que se trató de una condena política. Sostuvo que "los cuatro condenados son los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por lo que es una persecución política claramente".

Cuba rechaza su inclusión en lista de patrocinadores del terrorismo de EE.UU.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este jueves como un "acto injusto, mendaz e hipócrita" la inclusión de su país en la lista de patrocinadores del terrorismo publicada por Estados Unidos (EE.UU.), una nación que "ampara a terroristas".

Durante una visita oficial a Brasilia, capital de Brasil, Rodríguez afirmó que esa lista preparada por el Departamento de Estado sintetiza uno de los "aspectos más irracionales de las políticas de Estados Unidos", país al que acusó de proteger a "connotados terroristas", como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, acusados de haber cometido varios actos terroristas tanto fuera como dentro de Cuba.


Rodríguez recordó que horas antes de que se publicara la lista estadounidense había expresado la voluntad del Gobierno de Raúl Castro de entablar un diálogo con Washington.

De igual manera, la directora de América del Norte de la cancillería cubana, Josefina Vidal, exigió este jueves la "inmediata exclusión" de Cuba de esta lista, además la calificó como una de las más irracionales decisiones que ha tomado la política de Washington en contra de este país caribeño.

Coincidió con Rodríguez al afirmar que Washington "también demuestra su doble rasero, al mantener injustamente encarcelados a los cinco cubanos antiterroristas, mientras siguen en libertad, con total impunidad, Luis Posada Carriles y otros responsables confesos de actos terroristas horrendos".

El Gobierno estadounidense mantiene a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo en el mundo aunque reconoce que "no hay pruebas de que Cuba haya dado apoyo económico directo a grupos terroristas en 2009".

Fuente: www.telesurtv.net