Un tribunal de Bucaramanga, al noroeste de Colombia, emitirá este martes la condena definitiva contra ocho militares acusados del asesinato de dos jóvenes civiles que fueron presentados en 2008 como supuestos guerrilleros muertos en combates.
Los medios locales precisaron los imputados son un coronel, un teniente, un sargento y cinco soldados, quienes asesinaron en 2008 a los jóvenes Andrés Pesca y Eduardo Garzón en una operación ilegal efectuada en Cimitarra, departamento de Santander (noroeste).
Además del cargo por asesinato, los comandantes del batallón fueron inculpados de los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación de recursos; lo que se conoce en el país como “falsos positivos”.
en la ciudad también se encuentran concentradas las madres y familiares de 17 jóvenes cuyos asesinatos también fueron calificados como “Falsos Positivos” y que “están pidiendo justicia”.
El pasado 3 de junio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Función de Conocimiento que emitió sentencia condenatoria contra los exmilitares a quienes relacionan con la muerte de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez.
Estos dos jóvenes, residentes en Soacha, Cundinamarca (centro), fueron hallados sin vida el 5 de marzo de 2008 en la vereda Brasilia de Cimitarra, Santander.
Para ese momento, el Ejército de Colombia los presentó como subversivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), muertos en un presunto combate.
No obstante, cinco meses después, sus familiares, quienes los habían reportado en Bogotá como desaparecidos, los hallaron sepultados como Cuerpos No Identificados, (CNI), en el cementerio de Cimitarra, Santander.
Tras el hallazgo la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, iniciaron una investigación que desembocó en la culpabilidad de los uniformados.
A pesar de la acusación de la Fiscalía y el Juzgado de Bucaramanga, el abogado de la defensa de los militares, Luis Hernando Castellanos manifestó que aún “no se ha demostrado la responsabilidad de los detenidos”.
De acuerdo con la petición de la Fiscalía, a los militares se les debe aplicar 60 años de prisión, que es la pena máxima dentro del nuevo sistema penal acusatorio del país suramericano.
Hasta ahora, este organismo ha presentado, durante 27 sesiones de juicio oral, testimonios, análisis de llamadas y estudios de técnica de balística en contra de los procesados.
Vemos que esto es un mal comun en los paises nuestrAmericanos, los unifomados abusan de su poder contra el pueblo. ¿Son Fuerzas de SEGURIDAD y estamos mejor con ellos o realmente estamos mejor SIN ELLOS?
Fuente: Telesur/Radio Minka
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