Perú: Mineros atrapados podrían ser rescatados este martes

Las autoridades confían en que el rescate de los mineros atrapados concluya este martes. Mientras tanto organizaciones sociales denuncian militarización de Cajamarca.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Ana Jara, explicó que los trabajos de rescate avanzaron durante la madrugada de este martes y están a solo tres metros de llegar hasta el lugar donde están los nueve mineros atrapados en la mina en Ica.

La ministra afirmó que el estado anímico de los mineros atrapados desde el jueves último en el socavón informal ‘Cabeza de Negro’, en el caserío iqueño de Quillque, distrito de Yauca, “es óptimo” y esperan su pronto rescate.


Organizaciones sociales denuncian militarización de Cajamarca

Tras finalizar el peritaje ambiental al proyecto minero Conga, organizaciones sociales de la región peruana de Cajamarca denunciaron la militarización de esa zona. Habitantes y autoridades locales se movilizan en rechazo a la presencia policial.

El Frente de Defensa de Cajamarca realizó ayer una movilización pacífica en rechazo al proyecto minero Conga. También habrá un paro el próximo miércoles.

Asimismo, hubo movilizaciones similares en Bambamarca y Celendín. Se trata de 2 distritos afectados directamente por el proyecto Conga.

Dicho proyecto prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro. Este emprendimiento cuenta con capitales estadounidenses y peruanos para su desarrollo.

Estas movilizaciones se producen en el marco de la espera por los resultados de un peritaje ambiental que determinará en parte la viabilidad de ese emprendimiento minero.

El pasado viernes, el Gobierno peruano comenzó a enviar cientos de policías y militares a Cajamarca. Según anunciaron, esta medida es para resguardar el orden ante un resultado negativo para los habitantes tras el peritaje.

Por su parte, autoridades y habitantes de la norandina región afectada rechazaron la presencia militar y acusaron al Estado de militarizar la zona.

Además, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, informó que aún no recibió ningún pedido de diálogo de parte del Gobierno nacional.

Vale recordar que el pasado 27 de febrero comenzó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre el proyecto minero Conga.

Según el ministro de Medioambiente de Perú, Manuel Pulgar-Vidal, los resultados del peritaje serán difundidos en un plazo aproximado de una semana.

Fuente: http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/10/mineros-peruanos-atrapados-podrian-ser-rescatados-este-martes
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=20331

¡Llamamiento urgente de solidaridad con el movimiento campesino del bajo Aguán en Honduras!

Carta abierta a los pueblos y gobiernos de Nuestra América

Hermanos y hermanas:

Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias (algunas desesperadas) sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos (la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión) estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.

Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas (generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos) perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.

Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.

Algunos antecedentes

La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos (42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011), persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos (iniciados hasta julio del 2011), los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.

Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.

En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago (a partir de noviembre del 2011), bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.

En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.

Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.

La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.

En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año (y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)) la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.

Respuestas desatinadas

Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.

A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.

Nuestra solicitud

Por estas razones:

- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:

• Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.

• Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.

- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.

- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.

- Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:

1) Velar por los derechos humanos:

• Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.

• Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.

• Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.

2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:

• Deteniendo los desalojos forzosos.

• Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.

• Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.

3) Desmilitarización de la región:

• Suspender los operativos militares.

• Poner fin a la presencia militar extranjera.

- Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.

¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)

11 de noviembre de 2011

Fuente: Albatv

Honduras: “Que el Estado abra los ojos ante el clamor por la tierra”

El dramático caso del Bajo Aguán ha trascendido a nivel internacional y la audiencia concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una clara muestra de ello.

Sobre la importancia de esta actividad que se ha desarrollado en Washington, Rudy Hernández, defensor de derechos humanos y ex directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), nos comenta que la presentacion del Estado hondureño ante la CIDH, "estuvo carente de contenido, tal comom lo fue en estos dos años despues del golpe de Estado. Desconoció el derecho de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas y mostró desconocer los datos reales acerca de los asesinatos de campesinos, los desalojos violentos, las graves violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad.

De hecho la delegación trató de confundir y desorientar a los Comisionados con una gran cantidad de datos, pero no lo logró. El Estado debe aprender a escuchar el clamor por la tierra de todos estos grupos campesinos organizados".

"Las familias campesinas exigen la tierra porque no tienen que comer. Necesitamos sembrar nuestros alimentos y también contribuir a la economía local y nacional. El monocultivo es una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario y no podemos seguir reproduciendo este modelo", finalizó.

La continuación de asesinatos y graves violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán fue denunciada el lunes 24 de octubre de 2011 por organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su período 143° de sesiones.

Ante el contexto de impunidad generalizada a raíz de la ruptura del orden constitucional, las organizaciones expresaron su profunda preocupación por esta situación de extrema violencia e impunidad en el Bajo Aguán.

Entre septiembre de 2009 y mediados de octubre de 2011, 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, un periodista y su pareja fueron asesinados en el contexto del conflicto agrario en dicha región. Estos asesinatos fueron perpetrados presuntamente por guardias de seguridad privada de algunos empresarios de la zona en complicidad con policías y militares, quienes también son señalados como autores de actos de tortura, amenazas y hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos.

Después de la misión han continuado los secuestros, desapariciones y asesinatos a pesar de que organizaciones locales, nacionales e internacionales han solicitado reiteradamente a las autoridades nacionales la investigación de estos crímenes, la protección para las personas amenazadas y la adopción de medidas de seguridad que incluyan la desmilitarización de la zona.

No obstante, el Estado Hondureño no ha planteado una solución al conflicto basada en el respeto de los derechos humanos y en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, adquiridos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Por el contrario, la respuesta estatal se caracteriza por la militarización, la impunidad de los asesinatos y de graves violaciones de derechos humanos. También se ha criminalizado la lucha campesina, con el fin de desarticular la movilización popular. Hasta julio de 2011, por lo menos 162 campesinos han sido procesados.

El Estado autorizó una nueva operación militar permanente en la zona a mediados de agosto (Xatruch II), la cual involucró el despliegue de mil efectivos policiales y militares. No obstante lo anterior, en tan sólo siete semanas luego de la nueva militarización del Bajo Aguán, fueron asesinados seis campesinos y una campesina, entre ellos, dos de los principales dirigentes de los movimientos campesinos de la zona. También han resultado gravemente heridos cinco campesinos en atentados contra su vida y dos campesinos fueron torturados, entre ellos, un adolescente de 17 años. Según testimonios de víctimas, agentes de la operación Xatruch II participaron en actos de tortura.

Ante las inadecuadas acciones estatales, nuestras organizaciones confían en que la intervención de la CIDH en el conflicto comprometa a Honduras a cumplir con sus obligaciones internacionales y respetar y garantizar efectivamente los derechos de las personas campesinas del Bajo Aguán.

Fuente: Agencias de noticias

Crónica Haití

Puerto príncipe se muestra tal como es, un mercado informal a lo largo de sus avenidas, una ciudad diseñada para 200 mil habitantes que se desborda con 3 millones de personas recorriéndola a diario, una prueba difícil para el mas avisado conductor, una zona franca para sacarle provecho productivos que enriquezcan a unos pocos, pero sobre todo Puerto Príncipe es testigo de un pueblo que se despierta cada mañana para desafiar las adversidades, para levantar la esperanza de entre los escombros que dejó el terremoto del 12 de enero de 2010 y sonreírle al porvenir.

El derecho a una vivienda digna para miles de familias haitianas se ha convertido en el centro de la lucha común de varias organizaciones y movimientos sociales del país caribeño. La promesa de la reconstrucción parece alejarse de quienes intentan descansar cada noche bajo una carpa, 20 meses después de que se improvisaran los primeros campamentos para las personas damnificadas por la catástrofe natural de enero del 2010.

El gobierno del presidente Michel Martelly no tiene una propuesta real que atienda las necesidades habitacionales y la seguridad de las personas desplazadas. Ante el Ministerio de Asuntos Sociales un grupo de manifestantes exigió mayor responsabilidad a las autoridades en ocasión del Día Mundial del Hábitat el pasado 3 de octubre.

La denuncia a las arbitrariedades y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos va acompañada de una propuesta alternativa para Haití pensada y puesta en marcha por el propio pueblo haitiano.

Haití no necesita fuerzas militares extranjeras, ni tramposas ayudas al desarrollo que terminan acrecentando su deuda eterna con las naciones del norte, tampoco precisa del asistencialismo de las ONG escudadas en una falsa colaboración, ni de la manipulación mediática o de la compasión de quienes les miran sin saber qué hacer.

Haití no se puede dibujar en blanco y negro hay muchas y diversas realidades en el mismo país, tampoco se puede descifrar en una semana, pero la dignidad se respira, no se puede contar con palabras ni con imágenes simplemente se siente en la voz dulce y firme de una dirigente campesina, en los frutos que crecen en medio de una pendiente, en las canastas de los vendedores que suben a diario el dinero para enviar a sus hijos e hijos a la escuela, en una realidad que se resiste a ser caricaturizada en las mujeres y hombres que aman la libertad y que sostienen la mirada, en quienes no se detienen porque el mañana empieza hoy mismo y los más importante es estar vivos.

Fuente: Albatv

Honduras: Desalojan a campesinos de la zona del Bajo Aguán

Grupos de campesinos de la zona del Bajo Aguán, norte de Honduras, fueron desalojados este martes por militares y policías. Ocupaban dos fincas en reclamo de mayor acceso a la tierra.

Los campesinos ocupaban las fincas "La Consentida" y "Paso Aguán". Tras los desalojos, los trabajadores rurales se asentaron en la finca "Marañones".

El predio de "La Consentida" había sido ocupado 15 días atrás por los campesinos. Por otra parte, la finca "Paso Aguán" se encontraba ocupada desde hacía casi un mes.

Unos 550 efectivos entre militares y policías participaron del desalojo. Los uniformados contaban con órdenes de los Juzgados correspondientes. Tras el operativo no se registraron hechos de violencia.

El vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Vitalino Álvarez, informó que ninguno de los grupos de campesinos que tomaron las fincas pertenece a dicha organización.

En ese sentido, el portavoz del Movimiento señaló que el MUCA negocia actualmente con el Gobierno local y terratenientes la compra de cuatro mil 600 hectáreas de tierra.

El campesinado reclama al Estado hondureño un mayor acceso a la tierra cultivable.

El problema de tierras en Bajo Aguán continúa pese a que en abril de 2010 el Movimiento Unificado Campesino acordó con el Estado la entrega de 6 mil hectáreas a las familias del campo.

En agosto pasado, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decretó la militarización de Bajo Aguán tras los enfrentamientos en esa zona. Allí, los desalojos causaron 50 muertes en los últimos dos años.

Por otra parte, en Honduras, asesinan a militante del Frente de Resistencia Popular hondureño

Se trata del activista "Emmo" Sadloo, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, quien acompañó al ex presidente hondureño, Manuel Zelaya, cuando regresó en forma clandestina a su país en septiembre de 2009.

Mahadeo Roopchands Sadloo, de 55 años, fue asesinado por un hombre mientras trabajaba en su negocio localizado en la capital hondureña de Tegucigalpa.

Sadloo recibió cinco impactos de bala. Uno de ellos en la cabeza y el resto en el tórax. Aún se desconocen las causas del ataque.

"Lo fueron a asesinar. Este es un crimen político que el presidente Porfirio Lobo debe investigar", expresó el dirigente del Frente Amplio de Resistencia Popular, Rasel Tomé.

Según manifestó Zelaya, el asesinato de Sadloo es una "declaración de guerra" hacia el Frente de Resistencia Popular.

Por su parte, el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, prometió investigar el asesinato y aclarar si se trató de un crimen político. Asimismo, el gobernante lamentó la muerte del seguidor de Zelaya.

Tras el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en 2009, las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos a periodistas y activistas políticos se han incrementado en Honduras.

En julio pasado, organizaciones no gubernamentales, defensores de Derechos Humanos y parlamentarios de Europa denunciaron que la impunidad en la nación ha alcanzado el 90 por ciento.

Fuente: Agencia Púlsar

Honduras: Continua el terror y la sangre en el Bajo Aguan

El pasado domingo 14 de Agosto del presente año, nuevamente volvió a correr la sangre en el aguan, donde se reportó el asesinato de 6 personas en la finca Paso del Aguan entre los fallecidos dos eran campesinos, además 11 personas resultaron gravemente heridas.

El derramamiento de sangre continuó este lunes 15 de Agosto a las 3:00 de la tarde, pues otras cinco personas fueron asesinadas, según testigos por guardias de seguridad que cuidan las fincas en la zona y que se conducían en un vehículo pick-up color verde , los nombres de los fallecidos son: Elvin Giovanni Ortiz(32 años), Karla Cacho(25), Bonifacio Dubón(32), Eleuterio Lara(27), Migdalia Sarmiento, los 4 hombres asesinados eran empleados de una embotelladora de frescos cuya sede es en San Pedro Sula y andaban haciendo trabajos de reparación en una caseta de venta de comida y refrescos ubicada en las instalaciones de la regional de Instituto Nacional Agrario (INA), donde la encargada era la joven Karla Cacho y a quien le habían hecho el favor de transportarla.

Las y los fallecidos se transportaban a borde de un camión color azul propiedad de la empresa embotelladora, iban de la comunidad de Sinaloa hacia la cuidad de Sabá, según versión del jefe de la policía de Colón este nuevo hecho sangriento no tiene relación con las 6 muertes registradas el domingo 14 en la finca Paso del Aguan, donde perdieron la vida 4 guardias de seguridad y 2 campesinos.

En menos de 24 horas suman 11 la personas asesinadas en el Aguan, a lo que el ministro de seguridad anunció el lunes la militarización de la zona del aguan y que instalaran bases militares permanentes, Detalló que en la operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas, participarán 600 efectivos, que se suman a los 400 que ya se encuentran en esa región, para un número de mil efectivos, con lo cual se reforzarán los operativos para impedir más disturbios y confrontaciones entre seudo campesinos y grupos de seguridad privada.

Advirtió que los operativos serán permanentes y se buscará el establecimiento de centros integrados y bases militares. A su vez adelantó que el Gobierno no escatimará esfuerzos económicos para tal fin. también se tiene previsto que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos participe y vigile las operaciones de seguridad que efectuará el Gobierno.

Por otro lado, dijo que habrá operaciones de control de armas y de transporte de fruta y además se mantendrán resguardas las fincas que están excluidas en el acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y de ser tomadas, se ejecutarán los desalojos respectivos.

Dijo que todo acto criminal llevado a cabo por supuestos campesinos se les aplicará la ley. “Personas que anden con armas de guerra y con armas sin su permiso respectivo se les quitarán de inmediato, y los que anden con arsenal de guerra, se les acusará basados en la Ley de Tenencia y Portación de Armas, que tipifica como mínimo nueve años de cárcel”. Añadió que se está revisando la Ley de Reforma Agraria, para que las personas que invaden una hectárea de tierra queden fuera de los beneficios que otorga el Estado, por un periodo de tiempo.

Con estas declaraciones está claro que lo que sigue ahora es una tenaz persecución contra los campesinos del aguan. Según dirigentes de los movimientos campesinos de la zona, estos hechos son para justificar la militarización del aguan.

Entre tanto Rafael Alegría coordinador de la Vía Campesina Centroamericana expresó "la policía y el ejercito podrán bajar las muertes, pero no es esa la institución que le toca resolver el problema de fondo, porque es un problema agrario, esto le corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA) y al presidente Porfirio Lobo, le toca la solución de esa y otras problemáticas agrarias en otras regiones del país. Nuestro movimiento campesino es pacífico, pero de lucha por la recuperación de la tierra para producir y eso es precisamente lo que están haciendo las y los campesinos hondureños".

Por su parte el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) Cesar Ham expresó a través de los varios medios de comunicación que los responsables de estos crímenes no son campesinos , sino que particulares , sin embargo la mayoría de medios están aprovechando estos hechos violentos para satanizar la zona y criminalizar la lucha de los movimientos campesinos del aguan.

De última hora se informó de otro enfrentamiento ayer martes 16 de agosto a las 10:30 de la mañana en el aguan y se reportaron 5 heridos, esto otro hecho violento se dio en la finca CAMARONES a unos 14 kilómetros de Tocoa, Colón en la comunidad quebrada de Agua, según información proporcionada desde el lugar fue un enfrentamiento entre guardias de seguridad y empleados de esta finca ya que los guardias no conocen a los empleados de las empresas de los terratenientes.

Fuente: Alba TV