El dramático caso del Bajo Aguán ha trascendido a nivel internacional y la audiencia concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una clara muestra de ello.
Sobre la importancia de esta actividad que se ha desarrollado en Washington, Rudy Hernández, defensor de derechos humanos y ex directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), nos comenta que la presentacion del Estado hondureño ante la CIDH, "estuvo carente de contenido, tal comom lo fue en estos dos años despues del golpe de Estado. Desconoció el derecho de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas y mostró desconocer los datos reales acerca de los asesinatos de campesinos, los desalojos violentos, las graves violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad.
De hecho la delegación trató de confundir y desorientar a los Comisionados con una gran cantidad de datos, pero no lo logró. El Estado debe aprender a escuchar el clamor por la tierra de todos estos grupos campesinos organizados".
"Las familias campesinas exigen la tierra porque no tienen que comer. Necesitamos sembrar nuestros alimentos y también contribuir a la economía local y nacional. El monocultivo es una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario y no podemos seguir reproduciendo este modelo", finalizó.
La continuación de asesinatos y graves violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán fue denunciada el lunes 24 de octubre de 2011 por organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su período 143° de sesiones.
Ante el contexto de impunidad generalizada a raíz de la ruptura del orden constitucional, las organizaciones expresaron su profunda preocupación por esta situación de extrema violencia e impunidad en el Bajo Aguán.
Entre septiembre de 2009 y mediados de octubre de 2011, 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, un periodista y su pareja fueron asesinados en el contexto del conflicto agrario en dicha región. Estos asesinatos fueron perpetrados presuntamente por guardias de seguridad privada de algunos empresarios de la zona en complicidad con policías y militares, quienes también son señalados como autores de actos de tortura, amenazas y hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos.
Después de la misión han continuado los secuestros, desapariciones y asesinatos a pesar de que organizaciones locales, nacionales e internacionales han solicitado reiteradamente a las autoridades nacionales la investigación de estos crímenes, la protección para las personas amenazadas y la adopción de medidas de seguridad que incluyan la desmilitarización de la zona.
No obstante, el Estado Hondureño no ha planteado una solución al conflicto basada en el respeto de los derechos humanos y en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, adquiridos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Por el contrario, la respuesta estatal se caracteriza por la militarización, la impunidad de los asesinatos y de graves violaciones de derechos humanos. También se ha criminalizado la lucha campesina, con el fin de desarticular la movilización popular. Hasta julio de 2011, por lo menos 162 campesinos han sido procesados.
El Estado autorizó una nueva operación militar permanente en la zona a mediados de agosto (Xatruch II), la cual involucró el despliegue de mil efectivos policiales y militares. No obstante lo anterior, en tan sólo siete semanas luego de la nueva militarización del Bajo Aguán, fueron asesinados seis campesinos y una campesina, entre ellos, dos de los principales dirigentes de los movimientos campesinos de la zona. También han resultado gravemente heridos cinco campesinos en atentados contra su vida y dos campesinos fueron torturados, entre ellos, un adolescente de 17 años. Según testimonios de víctimas, agentes de la operación Xatruch II participaron en actos de tortura.
Ante las inadecuadas acciones estatales, nuestras organizaciones confían en que la intervención de la CIDH en el conflicto comprometa a Honduras a cumplir con sus obligaciones internacionales y respetar y garantizar efectivamente los derechos de las personas campesinas del Bajo Aguán.
Fuente: Agencias de noticias
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