Unos 750 mil somalíes corren el riesgo de muerte inminente en los próximos cuatro meses a causa de la hambruna que azota el Cuerno de África.
"Decenas de miles de personas ya murieron, de las cuales más de la mitad eran niños", alerta el Centro de Análisis para la Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (Fsnau).
La hambruna, que se ha extendido a una sexta región del país (Bay, en el sur) debido a una sequía excepcional en todo ese territorio africano, afecta en total a unos cuatro millones de personas que se encuentran "en situación crítica en Somalia".
Según la ONU el estado de hambruna tiene una definición precisa en la región: 20 por ciento de las familias afectadas por una grave penuria alimentaria, 30 por ciento de la población con una grave malnutrición y una tasa de mortalidad diaria de dos personas sobre 10 mil.
En las últimas décadas casi 12,4 millones las personas han sufrido la peor sequía que se reporta en el denominado cuerno de Africa y necesitan ayuda humanitaria, de acuerdo con el organismo multilateral.
En julio pasado otras cinco regiones somalíes fueron declaradas en hambruna por la ONU: Baja Shabelle y el sur de Bakool, ambas contiguas a Bay. Además se incluyen en la lista los 400 mil desplazados de los campamentos de Afgoye, al norte de Mogadiscio, los instalados en la propia capital y los distritos de Balaad y Adale, en la zona de Media Shabelle.
La región de Bay, está controlada por los insurgentes islamistas 'shebab', al igual que la mayor parte del sur y del centro de Somalia, e incluye sobre todo la ciudad de Baidoa, una de las principales del país.
Baidoa ya fue el epicentro de la anterior hambruna al comienzo de los años '90, lo que le valió el apodo de 'La ciudad de la muerte'.
El nuevo manual de contrainsurgencia yanki: Antropología, contrainsurgencia y terrorismo global, considerada por los militares estadounidenses como “nueva arma crucial en las operaciones contrainsurgentes”.
El 5 de octubre de 2007, el New York Times publicó un artículo de David Rohde “El Ejército enlista a la antropología en zonas de Guerra”, sobre la considerada por los militares estadounidenses como “nueva arma crucial en las operaciones contrainsurgentes”: un equipo integrado por antropólogos y otros científicos sociales para su utilización permanente en unidades de combate de las tropas de ocupación de Estados Unidos en Afganistán e Irak.
El corresponsal informa que este singular involucramiento de las ciencias sociales en el esfuerzo bélico estadounidense constituye un exitoso programa experimental del Pentágono que, iniciado en febrero de 2007, ha sido tan recomendado por los comandantes en el teatro de la guerra que en septiembre de ese año el Secretario de Defensa Robert M. Gates autorizó una partida adicional de 40 millones de dólares para asignar equipos similares a cada una de las 26 brigadas de combate en los dos países mencionados.
La invasión de Estados Unidos en Irak sigue dejando víctimas. En este caso, las tropas extranjeras asesinan a menores de edad
Con respecto a Irak, Wikileaks ha hecho público un cable diplomático de Naciones Unidas que puede probar que tropas de EEUU ejecutaron a diez civiles iraquíes y después pidieron un ataque aéreo con el objetivo de destruir pruebas. Entre los muertos había cuatro mujeres y cinco niños menores de 5 años, y todos estaban maniatados.
El incidente ocurrió, según Wikileaks, en marzo de 2006 en la ciudad iraquí de Ishaqi.
El cable muestra las preguntas de Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, sobre el incidente.
Este es el documento oficial de la policía iraquí sobre la masacre en la aldea Ishaqi, con fecha del 16 de marzo de 2006.
“He recibido varios informes de que al menos diez personas fueron asesinadas durante un ataque”, se lee en el cable, que describe además que una de las mujeres tenía 70 años y entre los niños, uno de ellos apenas había cumplido 5 meses de edad.
De acuerdo con la información recibida, las tropas norteamericanas recibieron disparos durante 25 minutos y entraron en el edificio, donde maniataron a los inquilinos y los ejecutaron a tiros. Después solicitaron un ataque aéreo que destruyó la casa.
Alston hace referencia a informes de los forenses del hospital de Tikrit que hicieron la autopsia a los cadáveres y que señalan que los fallecidos habían sido maniatados y ejecutados de un disparo en la cabeza.
El Pentágono no ha querido hacer comentario alguno sobre tan grave acusación, de acuerdo con Alston, quien añadió: ”El Consejo de Derechos Humanos no hace nada para dar seguimiento cuando los estados ignoran las cuestiones que se les plantean.”
La activista política Medea Benjamin dijo a Russia Today que los órganos de Justicia estadounidenses fabrican pretextos para que los soldados criminales puedan eludir la pena.
“Es horrible que esas cosas hayan pasado, pero gracias a WikiLeaks tenemos testimonios de los hechos. El público aquí, en EEUU, casi nunca tiene noticias de eso, pero los que viven en carne propia las consecuencias lo saben muy bien. No solo el Pentágono se niega a admitir los crímenes de muertes civiles, sino también el Departamento de Justicia se niega a reconocer como responsables a los que cometieron los crímenes, sean soldados o los de alto nivel que dieron las órdenes”, sostiene Benjamin.
Matías Catrileo, joven Mapuche, fue asesinado cobardemente por la espalda por el suboficial de Carabineros Gope Walter Ramírez. Cabe mencionar que Ramírez se encuentra en servicio activo dentro de la institución.
A días de que la Corte Suprema dicte sentencia definitiva para el condenado Walter Ramírez, quien asesinó por la espalda a Matías, la familia exige justicia!! cárcel para el asesino de nuestro hijo, lamngen y weichafe del pueblo mapuche!!, así se conovoca para este miércoles 7 de septiembre , desde las 10 hrs. en el frontis de los tribunales de justicia, en santiago ( compañía entre bandera y morandé).
La familia señala en la convocatoria: “La injusticia, el encarcelamiento, la impunidad de los asesinos de los luchadores sociales; son la manifestación de la REPRESION del SISTEMA Neoliberal heredado de la Dictadura y, mantenido por los Gobiernos de la CONCERTACION, y ahora El ESTADO CHILENO, continua al Servicio del Poder Económico, y usando toda su Fuerza represora contra quienes (como Matías ) Luchan por sus ideales, POR UNA VIDA LIBRE Y DIGNA PARA LOS HIJOS DE NUESTROS HIJOS….…”
“Es evidente que el Estado chileno, no tuvo nunca voluntad política de hacerse cargo de lo que hacen sus fuerzas represivas. Los crímenes cometidos por Carabineros en los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet, siempre los justificaron. Los tribunales militares dan penas irrisorias a los agresores militares cuando hay víctimas civiles... no se debe aceptar mas agresiones ni ofensas, sin respuesta. Hoy le preguntamos al ministro de Interior, máxima autoridad de carabineros, ¿También continuará protegiendo al asesino?", manifiesta la familia.
La investigación realizada por el fiscal militar de Temuco, concluyó que el carabinero Ramírez era culpable de “Violencia innecesaria con resultado de muerte en la persona de Matias Catrileo”, pidió una condena de 10 años de cárcel, el juez militar (no letrado) de Valdivia General de ejército Eleuterio Ramírez lo condena a una pena a 24 firmas mensuales, la Corte Marcial de Santiago lo condenó a firmar 48 meses, lo que vuelve a ratificar la impunidad histórica que los tribunales militares se han encargado de mantener.
Durante todo este tiempo Walter Ramírez ha permanecido en las filas de Carabineros, el alto mando de la institución policial que lo protege, decidió su traslado a la zona de Coihaique, donde goza del beneficio de asignación de zona, por tal motivo recibe un sueldo especial.
La aseveración de Bachelet: “pero en democracia se hace justicia y se hará justicia, eso es lo que nosotros podemos asegurar”, (inauguración del museo de la memoria y de los derechos humanos), ante esos comentarios en la fecha, la familia de Matías señalaba: “nuevamente no se ha cumplido, ya que una condena de dos años con pena remitida no es un castigo para quien ha asesinado alevosamente”.
A propósito del nuevo asesinato estatal, hace recordar que ocho Mapuches han sido asesinados en Democracia bajo la responsabilidad del estado chileno. Varios jóvenes fueron cobardemente baleados por agentes estatales de carabineros en el marco de protestas sociales por tierras ancestrales y no solo quedando en la impunidad sino además, como en el caso del asesinato del joven de 17 años Alex Lemún, el oficial Marco Treurer fue protegido y premiado por la institución manteniéndolo en completo servicio activo, ascendiéndolo hasta el momento dos veces de cargo.
A esto se suma una larga lista de personas chilenas que en el marco de movilizaciones sociales que les han quitado la vida. La tortura, los asesinatos y las desapariciones no se acabaron cuando Pinochet dejó el poder. Esto se sabe bien en poblaciones y comunidades mapuche. Hoy son más de 70 personas asesinadas en esta llamada democracia que ya lleva 5 gobiernos civiles post dictadura y el último caso, el del niño Manuel Gutiérrez de 16 años, asesinado por agentes estatales.
Los Mapuche asesinados en “Democracia”
Jorge Antonio Suárez Marihuan (2002):
Asesinato encubierto de Jorge Suárez Marihuan, hermano de Segundo Suárez, Lonko de Malla Malla del Alto Bío Bío. Jorge Suárez fue muerto en extrañas circunstancias, puesto que su cuerpo apareció el día 11 de diciembre del 2002 en la ribera del río Queuco, luego de transcurrido algunos días de su desaparición. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no fue inmersión, sino lesiones provocadas por terceros. De acuerdo a antecedentes aportados por la familia, un individuo no identificado, supuestamente agente de inteligencia policial, habría entregado dinero a dos colonos del sector para llevar a efecto la operación de eliminar al comunero, la que sería encubierta por una muerte provocada por el estado de intemperancia. Sin embargo, los testimonios se refieren a una golpiza que habría provocado la muerte de Suárez Marihuan y luego su cuerpo habría sido arrojado al río. Este hecho sería en represalia por la actitud del dirigente de participar activamente en procesos de recuperación de tierras y de freno a las inversiones de las empresas energéticas en la zona del Valle del Queuco en el Alto Bío Bío.
Edmundo Alex Lemun Saavedra (2002):
El joven Edmundo Alex Lemun de sólo 17 años de edad, fue ejecutado por una bala en la cabeza por el teniente de Carabineros de Chile Marco Aurelio Treuer, quien le disparó a quemarropa el día jueves 7 de noviembre del 2002 en una recuperación de tierras de la Comunidad Mapuche "Montutui Mapu" del sector Aguas Buenas de Ercilla. Hasta la fecha Marcos Treuer ha sido absuelto en todas las ocasiones en que se ha intentado condenarlo por el asesinato de Alex Lemun. Actualmente, el caso se encuentra en instancias internacionales.
Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004):
Joven Mapuche nacido en Santiago fue detenido en la ciudad de Osorno y trasladado a la Ex Penitenciaría de Santiago, al no reconocérsele su carácter de Preso Político Mapuche, fue recluido junto a reos comunes. Fue asesinado la tarde del día domingo 26 de Septiembre de 2004, a las 20:00 hrs. Julio fue atacado por otros internos del penal, en una riña en la cual, sin mediar provocación, recibió por la espalda una puñalada en el corazón, herida que le causó una muerte en forma casi instantánea. El joven Mapuche había sido procesado por múltiples causas en el marco del conflicto Mapuche, debiendo pasar por la Prisión Política en la Cárcel de Temuco, Nueva Imperial, Osorno y Santiago.
Xenón Alfonso Díaz Necul (2005)
Joven Mapuche de 17 años, perteneciente a la comunidad Lonko Mahuida de Collipulli, IX región. El 10 de mayo en la noche, mientras participaba en una movilización de carácter pacifica en la en la ruta 5 sur, sector viaducto del Malleco, fue embestido por un camión maderero, y las lesiones provocadas le causaron la muerte instantánea.
La manifestación se realizaba en torno a las reivindicaciones territoriales de la comunidad Ranquilco y en repudio a los abusos perpetrados por guardias privados de Forestal Mininco contra lugares y símbolos sagrados como el Rewe. El conductor del camión no respetó el corte de carretera y pasó por encima de los manifestantes. En complicidad con esto, Carabineros que se encontraba en el lugar con numeroso contingente armado de elementos disuasivos, efectuaron algunos disparos y reprimieron violentamente la protesta.
Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006)
El 29 de agosto de 2006, cerca de las 2 de la madrugada, efectivos de Carabineros llegaron hasta la casa de las familias Collihuín Catril y Collihuín Llanculef, ubicada en el sector de Boyilco Chico, al sur de Nueva Imperial. En un procedimiento irregular por parte de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, que supuestamente investigaban una denuncia de abigeato, dispararon a quemarropa al Longko de 71 años, quien recibió varios tiros en su cuerpo, lo que le causó la muerte. Además Juan (36) y Emilio (44) Collihuín Llanculef también resultaron heridos, uno con un impacto de bala en la pierna derecha y el otro en la cadera izquierda.
Matías Valentín Catrileo Quezada (2008)
El día 3 de enero, cerca de las seis de la mañana y mientras participaba en la ocupación pacífica del predio Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, del sector Yeupeko, comuna de Vilcún, sin mediar provocación, recibió cobardemente por la espalda una ráfaga de subametralladora UZI por parte del cabo 2º de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza. Carabineros acusó un supuesto enfrentamiento armado pero las únicas balas disparadas aquella mañana, seis en total, provinieron de armas policiales y efectivamente una de ellas ingresó por la espalda del joven perforando el pulmón izquierdo y saliendo por el abdomen. Matías Catrileo, de 22 años, fue resguardado por sus hermanos para no entregarlo a Carabineros que podían vulnerar las pruebas. Hasta el día de hoy su muerte sigue impune.
Jhonny Cariqueo Yañez (2008)
Jhonny participó el día 29 de marzo en un acto homenaje a la conmemoración del día del joven combatiente en la comuna de Pudahuel, que terminó a las 20:00 hrs. de manera pacífica. En compañía de varios amigos, se retiraban a sus hogares cuando fueron interceptados por un furgón del GOPE y tras recibir una golpiza son detenidos y derivados a la 26° Comisaría de Pudahuel, donde las agresiones físicas a todos los detenidos se hicieron cada vez más crueles. El Peñi sufría de problemas cardíacos, y a consecuencia de las brutales golpizas y constantes azotes propinados por Carabineros durante su detención, comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho y un brazo, fue trasladado más tarde al Servicio de Urgencias, El lunes 31 de marzo, una vez en su casa, cerca de las 14:00 horas Jhonny se recostó en su cama, y comenzó a mostrar claros síntomas de un infarto, el que pese a los intentos desesperados de asistencia de sus padres y amigos, en pocos minutos ocasionó su muerte.
Jaime Facundo Mendoza Collio (2009)
El 13 de agosto Jaime Mendoza Collio, de 24 años, resultó muerto tras ser baleado por un efectivo de Carabineros, luego que un grupo de familias pertenecientes a la comunidad Requén Pillán se tomaron el fundo San Sebastián ubicado a unos 12 kilómetros al poniente de Collipulli. Los hechos ocurrieron luego de que el tribunal de Angol autorizara el desalojo del predio perteneciente al particular Sergio González Jarpa, quien ayer denunció la intención de las familias mapuches de ocupar el fundo, ello en el sector Colonia Manuel Rodríguez. El comunero, quien participaba de la recuperación territorial, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el predio. El hecho se registró en el contexto de un desalojo por parte de Carabineros que encabezaba el prefecto de Malleco, coronel, Iván Bezmalinovic.
Por otro lado, se sigue preguntando: ¿dónde está José Huenante?.
Diversas movilizaciones en estos últimos días exigen saber qué ocurrió con este joven Mapuche Huilliche que sigue desaparecido por agentes estatales.
El joven desapareció con posterioridad a un operativo policial en Puerto Montt. Funcionarios de Carabineros modificaron la bitácora del radiopatrullas en que se desplazaban la noche que desapareció José Huenante y el registro con el número de detenidos. José tenía 16 años al momento de desaparecer la madrugada del 3 de septiembre de 2005.
José Huenante Huenante tenía 16 años cuando se lo tragó la tierra. Era la madrugada del 3 de septiembre de 2005. Según testigos, él junto a otros jóvenes tomaban alcohol en una de las calles de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando apedrearon a un vehículo de Carabineros y éstos les devolvieron la mano.
Según los mismos testigos, el radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría, un Nissan V16 con los colores institucionales de Carabineros, detuvo al menor. Pablo es uno de los adolescentes que estaba con José. En sus declaraciones ha dicho que esa noche los carabineros realizaron una redada. Pablo corrió hacia un lado, junto a un amigo; y para el otro siguió José con dos jóvenes más.
Todos volvieron a sus casas, pero de José nunca más se supo. Dos testigos dijeron que en el auto policial se habían llevado a Huenante.
"Yo desconfío de los carabineros porque cuando fui a presentar la denuncia por presunta desgracia no la aceptaron. Me dijeron que lo buscara sola. Y mis otros hijos me acompañaron al hospital para ver si lo encontraba. Nunca nos dijeron nada porque somos de bajos recursos y ellos siempre quieren salir ganando", dice María, su tía.
Después de años buscando responsables, la semana pasada tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José: el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas.
Ellos han negado hasta el cansancio haber detenido a Huenante, pero, según antecedentes de la Fiscalía, sus versiones han sido contradictorias y se acumulan 16 declaraciones que no calzan.
Las más graves: adulteración del libro de detenidos esa noche marcaron dos, pero luego enmendaron el número y escribieron uno . Tampoco cuadra la justificación de kilometrajes recorridos esa noche. Hay un vacío entre las dos y las seis de la mañana.
Los carabineros fueron dados de baja aunque siguen recibiendo sueldo por estas mismas faltas, que también fueron determinadas en un sumario interno de la institución.
A pesar que la familia de José estaba satisfecha por la labor del fiscal Sergio Coronado, el martes, el Ministerio Público presentó un escrito al Juzgado de Garantía de Puerto Montt para evaluar el tema de la competencia. Quieren que el caso pase a manos de la justicia militar.
El caso es investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, la misma que indaga sobre el paradero de cientos de detenidos desaparecidos en dictadura.
A continuación un comunicado de los comuneros del territorio Makewue Rofue, con respecto a las represiones que se viven en las comunidades mapuche.
Comunicado Público
Ante los hechos sucedidos los días 24, 25 y 26 de Agosto del 2011, las comunidades Rofue y Trapilwe-Mawizache del territorio ancestral Makewe, declaran lo siguiente :
1) Hemos sufrido hostigamiento, allanamientos, intoxicaciones masivas con gas lagrimogeno e intimidación con armamento de guerra por parte de las fuerzas policiales del Estado de Chile. Lo que viene siendo una actitud propia y recurrente hacia las comunidades Mapuche.
Por lo que declaramos el mayor repudio ante los hechos ocurridos, asumiendo una posición de resistencia, ya que ahora con más fuerzas seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la tierra y su defensa ante cualquier ataque winka.
2) Denunciamos que Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile hace uso de un exclusivo tipo de armamento y municiones de guerra en nuestro territorio, armamento que habitualmente no se utiliza en manifestaciones públicas. Sin embargo, esto no será obstáculo para la lucha por nuestro territorio ancestral.
3) Desmentimos los dichos de las autoridades del Estado Chileno, quienes niegan nuestros reiterados intentos de dialogo con su gobierno. Así, una vez más llamamos al dialogo verdadero entre nuestras comunidades y el gobierno para terminar con el clima de violencia y represión impuesto a nuestros niños, jóvenes y ancianos que crecimos e internalizamos durante nuestra vida el concepto de un Estado represor y mezquino con los derechos que desde hace mas de 500 años nos corresponden legítimamente como pueblo.
Nuestra lucha no parará hasta la recuperación total del territorio usurpado, aún cuando el amedrentamiento sea constante y más violento cada día.
Marrichiwew!!!
Territorio Makewe Rofue, Trapilwe-Mawizache
A continuacion un viedo donde se relfeja el accionar de los carabineros en las comunidades mapuche.
A continuacion transcribmos un comunicado de las comunidades mapuche, cn respecto al tema.
Frente al término de la ocupación del municipio de la comuna de Ercilla realizado por una treintena de estudiantes mapuche de la zona, las comunidades movilizadas por el libre ejercicio de los derechos mapuche en esta localidad del territorio mapuche manifestamos lo que sigue:
El proceso represivo ha sido consecuente con el crecimiento desproporcionado de la dotación de la policía militarizada en los territorios en conflicto entre nuestras comunidades y los colonos y las empresas forestales. Ello ha significado que si bien la esfera del poder no tenga planificado aún la muerte de un mapuche, la brutalidad de los procedimientos, allanamiento y agresividad policial ha aumentado significativamente en el último tiempo. Este hecho ha generado la reacción inmediata de nuestros jóvenes estudiantes que pertenecen a distintos lofche o comunidades de Ercilla, tomándose la Municipalidad local paa denunciar y decir “¡no mas represión a nuestras comunidades!”.
Como comunidades movilizadas en defensa de los derechos de nuestra nación hemos respaldado el accionar de nuestra juventud y hemos marchado en esta ciudad y los hemos acompañado. Ese mismo respaldo le damos hoy, cuando han decidido poner fin a la la toma mediante el compromiso de las autoridades regionales y locales respecto de algunos punto de la demanda de los jóvenes materializado a través de un documento firmado, entre ellos, la construcción de un liceo intercultural propio y la decisión local sobre la becas indígenas para los estudiantes mapuche de la comuna.
Sin embargo, respecto del tema prioritario que es la militarización y represión en las comunidades, los jóvenes han accedido a la conformación de una mesa de evaluación y medidas sobre la materia, debido a que (según el gobierno) allí deben estar otros poderes de estado como el judicial y los propios fiscales que ordenan mucho de estos procedimientos. Sobre lo cual, las comunidades estaremos vigilantes para su cumplimiento en el más breve plazo.
Otro de los elementos que los jóvenes han tenido a la vista para deponer la medida tiene que ver con los distintos trámites locales propios de la burocracia Municipal que diariamente realiza la ciudadanía, por lo cual se comprende la existencia de plazos especialmente en el marco de los llamados “programas sociales” o de asistencialismo del que mucha gente vive por condiciones de extrema pobreza de esta comuna, aun cuando siempre recibieron el apoyo ciudadano en general.
Finalmente, como comunidades movilizadas por los derechos de toda nuestra nación, agradecemos las diversas muestras de apoyo y solidaridad hacia nuestros jóvenes y niños así como a nuestras comunidades, y declaramos que continuaremos con esta lucha como siempre lo hemos hecho, llamando a las comunidades a ejercer los derechos mapuche que son de todos.
Desde 1967 Israel ha detenido a 700.000 palestinos, un 20% de la población de los territorios ocupados aquel año. Muchos son menores de edad que sufren torturas en el Campamento Offer y son condenados sin juicio.
Aparecen en mitad de la noche cuando los niños están profundamente dormidos, tal vez soñando con una vida mejor. Con los ojos tapados, amordazados, esposados, los menores son llevados a los camiones y esa misma mañana apriscados en el Campamento Offer, departamento número 2 del Juzgado Militar, también conocido como Departamento Infantil. Durante ese día (y todos los demás) tendrán que permanecer sentados en una especie de clase donde no hay profesores y tampoco padres, pero sí jueces, fiscales y muchos guardias. Tienen entre 10 y 13 años los mayores y están acusados de tirar piedras a las fuerzas armadas israelíes, probablemente denunciados por sus propios compañeros de clase. Serán brutalmente interrogados: golpes en la cara y el abdomen, privación de sueño, pinchazos de aguja en manos, piernas y pies, amenazas de violencia sexual y, en algunos casos, electrochoques. Suelen confesar enseguida, están aterrorizados, pero solo cuando aceptan convertirse en colaboradores les sueltan, si es que les sueltan.
Ofra Ben-Zevi, una de las pocas y valientes mujeres israelíes que trabaja sin descanso por el despertar nacional e internacional de las conciencias dormidas, dice que a esta política criminal y odiosa hay que llamarla la cacería del niño.
Resulta fácil olvidarse de Palestina cuando Damasco, El Cairo y Saná están en plena ebullición. El ruido de los disparos contra los manifestantes, el espectáculo de los dictadores sentados en el banquillo, la genuina necesidad de los ciudadanos árabes de encontrar su propia vía hacia la democracia ocupan los titulares de prensa.
La destrucción de Palestina es mucho más lenta, y su tragedia invisible para el mundo exterior, pero es también mucho más antigua que todas estas revoluciones y me temo que seguirá todavía ahí mucho después de que cualquiera de ellas llegue a dar fruto en alguna nueva y esperanzadora realidad. Y puesto que Palestina no forma parte de esta positiva transformación, esto afectará al éxito de su supervivencia.
Esta es una herida que no sanará fácilmente. ¿Por qué? Porque, después de años de cacería diaria, miles de niños palestinos han terminado por convertirse en una generación de tenaces resistentes, una generación que no sucumbirá jamás ante la presión de Israel aunque sus líderes sí lo hagan. Ellos nunca fueron tratados como niños por Israel, sino como criminales (al contrario de lo que sucede dentro de Israel, donde los delitos menores de los más jóvenes son borrados de los archivos o prescriben, algo que no ocurre en ningún caso con los jóvenes de la Palestina ocupada, lo que facilita a la policía israelí la posibilidad de utilizar como colaborador en cualquier momento a cualquiera de ellos).
Según la ONG Adamer, desde que Israel sobrepasó las fronteras que le fueron adjudicadas antes de 1967, ocupando Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, han sido detenidos aproximadamente unos 700.000 palestinos, es decir el 20% de la población total de estos territorios. Según esta misma fuente, siguen en sus cárceles más de 5.600 y por eso los abusos que aquí relatamos constituyen solo un pequeño ejemplo de una realidad acumulativa, una escena de una película que todavía no se estrenó y que probablemente no se estrene nunca.
El Consejo de Pueblos K’iches por la defensa de la vida y la madre naturaleza, de Quiché, ha mostrado su preocupación por el discurso asumido por candidatos, tanto a la presidencia de la República como a diputaciones, al hablar de una renegociación con las empresas sobre el tema de regalías.
Aurora Lolita Chávez Ixcaquic, dirigente de la referida organización, dijo que como organización mantienen su postura de no permitir la entrada de más empresas transnacionales, como se ha determinado en las consultas comunitarias de buena fe, que continuarán accionando en contra del actual gobierno, por tratar de imponer una ley que viola los derechos específicos de los pueblos K’iches.
En un foro organizado este domingo con candidatos al Legislativo, la dirigente dijo que como organización están en contra de que si se renegocian y se aumentan las regalías habría posibilidad de que operen las empresas, este es un planteamiento que los candidatos tienen sin haber consultado antes a los pueblos.
Para nosotros, defender el planeta es defender la vida y no vamos a dejar esta lucha por el aumento de regalías, porque luchamos por la vida, no por dinero; queremos vida, no queremos dólares ni euros, por eso seguiremos luchando por la defensa del agua y de la vida, como nos enseñaron nuestros abuelos, dijo Chávez.
Este es el segundo foro organizado por el Consejo de Pueblos Kich’es, las semana pasada se desarrolló uno similar, pero con candidatos a la alcaldía; sin embargo, en el último se observó menos presencia de pobladores, lo que para los organizadores confirma ese abismo que existe entre los candidatos y las comunidades.
Varios candidatos habían confirmado su presencia, pero finalmente no asistieron, como los representantes de los partidos Patriota, Unión del Cambio Nacional y Alianza Democrática Nacionalista, lo que fue considerado una burla y falta de respeto.
Un total de 68 mil dólares pagaron los grupos paramilitares para la remodelación y ampliación del puesto migratorio de la policía secreta colombiana (DAS) en Paraguachón, frontera con Venezuela.
Desde este puesto se habrían fraguado acciones de espionaje e infiltración hacia el vecino país, según lo demuestra el contrato de donación firmado en junio de 2004 entre el jefe del organismo de seguridad, Jorge Noguera, hoy pendiente de sentencia dentro del juicio que se le sigue por homicidio y concierto para delinquir, y la cooperativa Atayawacoop, fachada del paramilitarismo en el departamento de La Guajira.
En el 2003, la Fiscalía detuvo a 18 personas que trabajaban para Atayawacoop durante un allanamiento en el que fueron encontradas armas de largo alcance, granadas y abundantes municiones. Dos de los detenidos se acogieron a la llamada ley de “justicia y paz” y aceptaron su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Atayawacoop también era investigada por contrabando de gasolina desde Venezuela hacia varias regiones de la Costa Atlántica colombiana. Según lo estableció la Fiscalía, el DAS tuvo “conocimiento institucional” sobre los “compromisos ilegales” de la cooperativa antes de la firma del convenio, que fue firmado por Noguera Cotes sin objeción alguna.
Las revelaciones, realizadas en varias audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia durante el juicio a Noguera entre los años 2010 y 2011, se suman a las denuncias del paramilitar William Mayorga, del Bloque Centauros de las AUC (en los Llanos Orientales) hechas ante ese Tribunal, según las cuales su grupo pagó cerca de 50 mil dólares al DAS para el nombramiento de Orlando Rivas, “hombre de confianza” de los paramilitares, como director seccional del departamento de Casanare.
Rivas, al igual que jefes militares y de la Policía, recibía mensualmente dinero del paramilitarismo a cambio de informes reservados de inteligencia. Según Mayorga, el 80% de la información provenía del DAS.
Ya desde septiembre de 2009 el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, había denunciado en una entrevista televisiva que Noguera y el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, acordaron el envío de un comando armado a Caracas para asesinar al presidente Hugo Chávez, declaraciones que fueron confirmadas por otro paramilitar, Giovanny Velásquez, en octubre del mismo año.
El juicio contra Jorge Noguera ha dejado en evidencia la profunda penetración del paramilitarismo en la policía secreta colombiana, adscrita y dependiente de la Presidencia de la República. Directores, subdirectores y detectives seccionales trabajaban coordinadamente con los paramilitares en varios departamentos de la Costa Atlántica colombiana, los Llanos Orientales y Norte de Santander (departamento también fronterizo con Venezuela), mientras Jorge Noguera daba instrucciones para que no se investigara a las AUC, calificadas como “grupo terrorista” por los Estados Unidos, e impedía la captura de Hernán Giraldo, comandante del Bloque Tayrona de los paramilitares.
En el nivel central, la Procuraduría General de la Nación estableció que Álvaro Pupo Castro, hermano del actual alcalde de Montería (Cesar) y primo de alias “Jorge 40”, era el enlace entre éste y Jorge Noguera. Pupo Castro es además esposo de Josefina Araújo, ex funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde también laboró Bernardo José Noguera Díaz-Granados, primo de Noguera Cotes. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que desde esa dependencia se filtró información sobre defensores de derechos humanos que durante los años 2003 a 2005 fueron espiados ilegalmente por el DAS.
Desde el 18 de febrero de 2002, meses antes del nombramiento de Noguera en el DAS, un informe de inteligencia ese organismo señalaba que la finca La Granja de propiedad de la familia Noguera, ubicada en el departamento del Cesar, era utilizada como caleta para “guardar elementos hurtados mediante atraco a los vehículos procedentes de Maicao con destino al interior del país, actividad delictiva causada por el grupo que delinque en la región de Las Raíces y sus alrededores dirigido por alias 39”.
El informe, suscrito por el entonces jefe del Grupo de Inteligencia del DAS en La Guajira, Marino González Guzmán, aseguraba que “el día domingo 17 de febrero del presente año estos individuos interceptaron un vehículo tipo tractomula procedente de Maicao, el cual transportaba un cargamento de mercancías tales como llantas, electrodomésticos, avaluado en la suma de 400 millones de pesos, según lo manifestado por la fuente conduciéndolo al lugar antes mencionado, donde fue guardado en dos bodegas que se encuentran en dicho predio”.
Asimismo, desde el año 2007 la Procuraduría determinó que Maruja Cotes de Noguera, madre del ex director del DAS, figuraba como testaferra de la familia Dávila Armenta, varios de cuyos miembros han sido condenados por narcotráfico, que Jorge Noguera se había reunido al menos en diez oportunidades con jefes de las autodefensas y que, en su calidad de director del DAS “de manera directa y a través de sus subalternos” colaboró con grupos ilegales.
Sin embargo, en el año 2006, cuando estalló el escándalo por la infiltración paramilitar, el presidente Álvaro Uribe Vélez defendió a Noguera Cotes al calificarlo como “un buen muchacho” y fustigó a los periodistas que denunciaron las graves irregularidades que hoy juzga la Corte Suprema de Justicia.
