Un total de 68 mil dólares pagaron los grupos paramilitares para la remodelación y ampliación del puesto migratorio de la policía secreta colombiana (DAS) en Paraguachón, frontera con Venezuela.
Desde este puesto se habrían fraguado acciones de espionaje e infiltración hacia el vecino país, según lo demuestra el contrato de donación firmado en junio de 2004 entre el jefe del organismo de seguridad, Jorge Noguera, hoy pendiente de sentencia dentro del juicio que se le sigue por homicidio y concierto para delinquir, y la cooperativa Atayawacoop, fachada del paramilitarismo en el departamento de La Guajira.
En el 2003, la Fiscalía detuvo a 18 personas que trabajaban para Atayawacoop durante un allanamiento en el que fueron encontradas armas de largo alcance, granadas y abundantes municiones. Dos de los detenidos se acogieron a la llamada ley de “justicia y paz” y aceptaron su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Atayawacoop también era investigada por contrabando de gasolina desde Venezuela hacia varias regiones de la Costa Atlántica colombiana. Según lo estableció la Fiscalía, el DAS tuvo “conocimiento institucional” sobre los “compromisos ilegales” de la cooperativa antes de la firma del convenio, que fue firmado por Noguera Cotes sin objeción alguna.
Las revelaciones, realizadas en varias audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia durante el juicio a Noguera entre los años 2010 y 2011, se suman a las denuncias del paramilitar William Mayorga, del Bloque Centauros de las AUC (en los Llanos Orientales) hechas ante ese Tribunal, según las cuales su grupo pagó cerca de 50 mil dólares al DAS para el nombramiento de Orlando Rivas, “hombre de confianza” de los paramilitares, como director seccional del departamento de Casanare.
Rivas, al igual que jefes militares y de la Policía, recibía mensualmente dinero del paramilitarismo a cambio de informes reservados de inteligencia. Según Mayorga, el 80% de la información provenía del DAS.
Ya desde septiembre de 2009 el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, había denunciado en una entrevista televisiva que Noguera y el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, acordaron el envío de un comando armado a Caracas para asesinar al presidente Hugo Chávez, declaraciones que fueron confirmadas por otro paramilitar, Giovanny Velásquez, en octubre del mismo año.
El juicio contra Jorge Noguera ha dejado en evidencia la profunda penetración del paramilitarismo en la policía secreta colombiana, adscrita y dependiente de la Presidencia de la República. Directores, subdirectores y detectives seccionales trabajaban coordinadamente con los paramilitares en varios departamentos de la Costa Atlántica colombiana, los Llanos Orientales y Norte de Santander (departamento también fronterizo con Venezuela), mientras Jorge Noguera daba instrucciones para que no se investigara a las AUC, calificadas como “grupo terrorista” por los Estados Unidos, e impedía la captura de Hernán Giraldo, comandante del Bloque Tayrona de los paramilitares.
En el nivel central, la Procuraduría General de la Nación estableció que Álvaro Pupo Castro, hermano del actual alcalde de Montería (Cesar) y primo de alias “Jorge 40”, era el enlace entre éste y Jorge Noguera. Pupo Castro es además esposo de Josefina Araújo, ex funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde también laboró Bernardo José Noguera Díaz-Granados, primo de Noguera Cotes. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que desde esa dependencia se filtró información sobre defensores de derechos humanos que durante los años 2003 a 2005 fueron espiados ilegalmente por el DAS.
Desde el 18 de febrero de 2002, meses antes del nombramiento de Noguera en el DAS, un informe de inteligencia ese organismo señalaba que la finca La Granja de propiedad de la familia Noguera, ubicada en el departamento del Cesar, era utilizada como caleta para “guardar elementos hurtados mediante atraco a los vehículos procedentes de Maicao con destino al interior del país, actividad delictiva causada por el grupo que delinque en la región de Las Raíces y sus alrededores dirigido por alias 39”.
El informe, suscrito por el entonces jefe del Grupo de Inteligencia del DAS en La Guajira, Marino González Guzmán, aseguraba que “el día domingo 17 de febrero del presente año estos individuos interceptaron un vehículo tipo tractomula procedente de Maicao, el cual transportaba un cargamento de mercancías tales como llantas, electrodomésticos, avaluado en la suma de 400 millones de pesos, según lo manifestado por la fuente conduciéndolo al lugar antes mencionado, donde fue guardado en dos bodegas que se encuentran en dicho predio”.
Asimismo, desde el año 2007 la Procuraduría determinó que Maruja Cotes de Noguera, madre del ex director del DAS, figuraba como testaferra de la familia Dávila Armenta, varios de cuyos miembros han sido condenados por narcotráfico, que Jorge Noguera se había reunido al menos en diez oportunidades con jefes de las autodefensas y que, en su calidad de director del DAS “de manera directa y a través de sus subalternos” colaboró con grupos ilegales.
Sin embargo, en el año 2006, cuando estalló el escándalo por la infiltración paramilitar, el presidente Álvaro Uribe Vélez defendió a Noguera Cotes al calificarlo como “un buen muchacho” y fustigó a los periodistas que denunciaron las graves irregularidades que hoy juzga la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Agencia prensa rural
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