Al interior de la mina se produjo una explosión debido a la acumulación de gases. Producto de ese estallido, dos de los seis mineros que trabajaban en el lugar se encuentran desaparecidos.
Dos trabajadores están desaparecidos tras la explosión dentro de una mina de carbón ubicada en el departamento colombiano de Norte de Santander, frontera con Venezuela, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Al momento del accidente en la mina había seis trabajadores, de los cuales dos están desaparecidos. De la salud de los cuatro restantes, no se entregaron detalles. La emergencia se reportó en la mina "Panameña", ubicada en la población de Salazar.
Según el SGC, la emergencia es atendida por profesionales y miembros de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Cúcuta, la capital departamental.
En marzo pasado, nueve mineros perdieron la vida luego de que el socavón en el que trabajaban se inundara, en hechos registrados en la población antioqueña de Angelópolis, al interior de la mina El Desespero.
Según registros del SGC y sin contar este caso, en lo corrido del año se han registrado 15 accidentes en minas, con un total de 25 trabajadores muertos.
Al menos dos mil 487 personas se encuentran desaparecidas en México, de las cuales 500 las autoridades consideran que fueron forzosamente. En los últimos siete años este hecho se ha incrementado de manera significativa, motivo por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga el paradero de estas personas.
Según cifras de la CNDH, en el año 2005 se registraron cinco denuncias por desaparición forzada, donde intervino un servidor público, mientras que en 2006 sólo una y al año siguiente cinco nuevamente. Sin embargo, en 2008 la cantidad aumentó a 24 y en 2009 se disparó a 70.
Pese a que en el año siguiente se mantuvo la cifra, durante el 2011 registran 129 expedientes en curso.
La CNDH destaca que por cada búsqueda de un mexicano desaparecido, crean 300 solicitudes de información a diferentes instancias federales y estatales, como la Procuraduría, cuerpos policiales o centros hospitalarios.
Un miembro de la CNDH identificado como Luis García López-Guerero, manifestó su preocupación a El Universal de México, por las desapariciones forzadas y por lo protocolos que se siguen durante las investigaciones. Sostuvo desde 2005 hasta la fecha han tenido 16 casos en los que han estado involucradas las autoridades.
El organismo señala que funcionarios de los tres niveles de Gobierno intervinieron en la detención de los agraviados y que se concretó en los domicilios o en la vía pública, con violencia en extremo y con portación de armas.
Por ello la CNDH, según lo indicado por García, han recomendado a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal, investigar los patrones de conducta de los servidores públicos.
Al respecto las autoridades han negado la participación de sus adscritos en hechos de desaparición forzosa y se han negado a ofrecer información sobre el posible paradero de los afectados.
Luis García expresó que en el tema de desapariciones forzadas todavía falta mucho que hacer en México en cuanto a coordinación institucional. “En general todavía no existe protocolo adecuado que genere un censo real que nos pueda decir casos de desapariciones de manera oficial”.
El organismo también se encarga de velar porque los familiares reciban una atención adecuada durante los procesos indagatorios de las desapariciones.
Adicionalmente la CDNH inspecciona las líneas generales o metodologías de las autoridades para realizar una investigación, para la protección de las víctimas, organización de visitas de campo y recolección de evidencias.
La justicia chilena acusó ayer a siete exmilitares por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos que desaparecieron en septiembre de 1973 tras del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes eran exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al movimiento Tupamaros.
Una nota del juez indica que los uruguayos "fueron sometidos a interrogatorios y torturas" en el Regimiento Ferrocarrileros y luego se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago, un conocido centro de torturas, no obstante, se desconoce ''su actual paradero".
Los tres sujetos formaban parte de un grupo de siete personas que se escondían en una mina abandonada localizada en la zona de Cajón del Maipo, aledaña a Santiago.
Los individuos pretendían dirigirse a Argentina, pero fueron detenidos y arrestados por la Policía chilena.
Según la sentencia, los militares Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos exoficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño son señalados por los "secuestros calificados".
El juez Acuña elevó la causa a estado de plenario etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.
El pasado 18 de agosto la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile, mejor conocida como Comisión Valech, presentó al Gobierno un informe sobre crímenes de la dictadura de Pinochet, que eleva a más de 40 mil las víctimas de ese régimen.
El documento actualiza otro informe de 2004, que acreditó nueve mil 800 nuevas víctimas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente. Además registra 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los tres mil 195 certificados oficialmente.
De esta manera, el total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años en los que se extendió la dictadura de Pinochet (1973-1990) subió a 40 mil 280, aunque entre las agrupaciones de víctimas se estima que la cifra puede superar los 100 mil.
Actualmente la justicia chilena mantiene abiertas unas 350 causas relacionadas con desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones durante la dictadura.
El Gobierno de Uruguay confirmó el hallazgo de restos óseos en el cuartel del Batallón 14, ubicado en el departamento de Canelones. Fue en el marco de las excavaciones que se realizan en busca de desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y marzo de 1985.
El arqueólogo José López Mass informó que para ocultar el cuerpo “se hizo una fosa, se echó el cuerpo y se lo tapó con cal y piedras”.
Luego de 3 años, las excavaciones en el Batallón 14 fueron reanudadas en febrero pasado. Fue tras una requisitoria judicial realizada en octubre de 2010.
El descubrimiento de los restos coincide con el reciente envío al Senado uruguayo de una iniciativa que declara imprescriptibles los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura en ese país.
Vale recordar que un equipo de antropólogos uruguayos había realizado excavaciones durante 2005 y 2006 en cuarteles militares y otros predios de ese país.
En esa oportunidad se hallaron los restos de 2 militantes comunistas desaparecidos.
Senado uruguayo pospone debate de Ley que impedirá que caduquen delitos de dictadura
La Cámara de Senadores de Uruguay pospuso para hoy la discusión de un proyecto impulsado por el gobernante Frente Amplio (FA), que busca evitar la prescripción de crímenes cometidos en la última dictadura (1973-1985). El debate, que estaba planteado para ayer, no pudo llevarse a cabo por inconvenientes técnicos en la sede de la Cámara Alta.
Los medios locales reseñaron que la suspensión fue acordada durante el pleno de la Cámara de senadores, que entre todas las fuerzas políticas alegaron motivos técnicos.
A esto se agregó el deseo de que todos los senadores tuvieran tiempo de informarse y reunirse con sus compañeros de filas para analizar más su voto en este tema.
Tras la suspensión, los legisladores considerarán el documento hoy, mientras en el país sigue la expectativa sobre si todos los crímenes cometidos durante la dictadura recibirán sus justas penas.
El proyecto de Ley analizado, que fue presentado recientemente por el FA, cuenta con cuatro artículos y señala que "la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles".
El debate se hace en vista de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay descartó en mayo pasado considerar los quebrantos del régimen de facto como de "lesa humanidad" y los catalogó "ilícitos comunes", por lo tanto, cesarán el próximo 1 de noviembre así no reciban penas judiciales.
La iniciativa cumple también con una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que reclamó al Estado uruguayo eliminar todos los obstáculos para que esas violaciones sean juzgadas.
El FA fracasó en mayo en su intención de aprobar en la Cámara de Diputados un pliego denominado interpretativo para derogar la Ley de Caducidad.
A la caída del régimen dictatorial, el Parlamento uruguayo aprobó en diciembre de 1986 esa legislación, conocida también como de Impunidad.
La norma jurídica impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidos, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, entre otros delitos durante la dictadura.
Ante el debate, el presiente uruguayo, José Mujica, se declaró convencido la semana pasada de que los crímenes de la dictadura que habían sido archivados serán juzgados por la justicia de su país porque el Parlamento “los declarará de lesa humanidad".
En tanto, hace dos semanas, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron en Montevideo (capital) la verdad por los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura uruguaya, a la vez que clamaron contra la inminente prescripción de los mismos sin que aún se haya hecho justicia.
A 29 años de conmemorar el día del detenido y desaparecido en Honduras, estos casos se tornan con mayor arraigo en la actualidad.
Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), contabiliza cuatro personas que han desaparecidos. En la década de los ochentas se reportaron 185 casos.
En una reciente conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del COFADEH, cuatro familiares de víctimas de desaparición, narraron su experiencia en la que enfatizaron la impunidad atascada en el Estado fallido que prevalece en la nación centroamericana. Por razones de seguridad los nombres de los familiares son omitidos, sin embargo su testimonio exige a las autoridades judiciales y policiales de Honduras que cumplan con su trabajo. De igual forma hacen un llamado contundente a los organismos internacionales de derechos humanos.
Bertha Oliva es coordinadora del COFADEH y lamenta que en Honduras se pongan en práctica políticas exóticas de seguridad de otros países como Colombia, en donde han fracasado y lo que ha causado entre sus pobladores es luto y dolor.
A criterio de Oliva la “colombianización” que vive esta nación centroamericana ha dejado como resultado la desaparición forzada de 10 hondureños desde febrero, hasta el mes de agosto de 2011.
José Cruz Palma fue el último caso que se reportó en el COFADEH y según el testimonio de sus familiares esta víctima fue raptada en un autobús de la ruta urbana en la ciudad de San Pedro Sula, frente a su esposa el pasado 30 de agosto de 2011. Las investigaciones del COFADEH comprueban que en las desapariciones reportadas han participado personas que no son hondureños, y las victimas poseen vínculos políticos contrarios a la oficialidad del gobierno actual.
Como propuesta para evitar que se sigan proliferando estos casos, el COFADEH hace énfasis en refundar a Honduras en torno al respeto a la vida de un ser humano y la paz que debe prevaler en un país verdaderamente democrático.
La defensora de los derechos humanos, Bertha Oliva hace pública su preocupación en cuanto a la “colombianización” del Estado hondureño, puesto que la desaparición forzada es un acto que paraliza a toda la familia de las víctimas e inmoviliza al pueblo.
“Los testimonios que ha documentado el COFADEH en los últimos días, son indicios más que suficientes para decirle al secretario de Seguridad, Oscar Álvarez que ya no haya más cacería humana, en contra de las personas”. Exigió, Bertha Oliva.
Oliva describe que en Honduras, los civiles no sienten seguridad cuando tienen de cerca a un policía o un militar, al contrario se manifiesta un sentimiento de terror, puesto que ya hay muchas denuncias donde miembros de la policía detienen a jóvenes entregando a uno y el otro aparece asesinado.
Las documentaciones del COFADEH describen que existe una colusión entre los agentes de investigación del Estado, la Policía, los militares y que están operando los escuadrones de la muerte en Honduras.
Estas investigaciones revelan que estas personas que ejecutan las desapariciones tienen las características de tener toda la logística del Estado, sin embargo su vestimenta es de un civil, y este tipo de actos se les llama operaciones encubiertas con escuadrones de la muerte.
Según la constitución de esta nación centroamericana el aparato de seguridad del Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía en general, sin embargo actualmente se observa a altos funcionarios públicos, policías y militares desplazándose hasta con 17 efectivos de seguridad.
Ante este estado de inseguridad, Bertha Oliva pidió recientemente al encargado de los derechos humanos de la Embajada de los Estados Unidos a que asista a las oficinas del COFAHED para exponerle un mapeo de lo que ocurre en materia de violación de derechos humanos en Honduras.
El pasado treinta de agosto el COFADEH como todos los años conmemoró el día del detenido y desaparecido en una plaza pública de Tegucigalpa, capital de Honduras y recordó que cerca de treinta casos de militares y policías acusados en los tribunales por tortura y desaparición de líderes de izquierda, fueron sobreseídos (liberados).
El Día del Detenido Desaparecido es conmemorado cada 30 de agosto desde 1982, por acuerdo tomado en San José por la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Matías Catrileo, joven Mapuche, fue asesinado cobardemente por la espalda por el suboficial de Carabineros Gope Walter Ramírez. Cabe mencionar que Ramírez se encuentra en servicio activo dentro de la institución.
A días de que la Corte Suprema dicte sentencia definitiva para el condenado Walter Ramírez, quien asesinó por la espalda a Matías, la familia exige justicia!! cárcel para el asesino de nuestro hijo, lamngen y weichafe del pueblo mapuche!!, así se conovoca para este miércoles 7 de septiembre , desde las 10 hrs. en el frontis de los tribunales de justicia, en santiago ( compañía entre bandera y morandé).
La familia señala en la convocatoria: “La injusticia, el encarcelamiento, la impunidad de los asesinos de los luchadores sociales; son la manifestación de la REPRESION del SISTEMA Neoliberal heredado de la Dictadura y, mantenido por los Gobiernos de la CONCERTACION, y ahora El ESTADO CHILENO, continua al Servicio del Poder Económico, y usando toda su Fuerza represora contra quienes (como Matías ) Luchan por sus ideales, POR UNA VIDA LIBRE Y DIGNA PARA LOS HIJOS DE NUESTROS HIJOS….…”
“Es evidente que el Estado chileno, no tuvo nunca voluntad política de hacerse cargo de lo que hacen sus fuerzas represivas. Los crímenes cometidos por Carabineros en los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet, siempre los justificaron. Los tribunales militares dan penas irrisorias a los agresores militares cuando hay víctimas civiles... no se debe aceptar mas agresiones ni ofensas, sin respuesta. Hoy le preguntamos al ministro de Interior, máxima autoridad de carabineros, ¿También continuará protegiendo al asesino?", manifiesta la familia.
La investigación realizada por el fiscal militar de Temuco, concluyó que el carabinero Ramírez era culpable de “Violencia innecesaria con resultado de muerte en la persona de Matias Catrileo”, pidió una condena de 10 años de cárcel, el juez militar (no letrado) de Valdivia General de ejército Eleuterio Ramírez lo condena a una pena a 24 firmas mensuales, la Corte Marcial de Santiago lo condenó a firmar 48 meses, lo que vuelve a ratificar la impunidad histórica que los tribunales militares se han encargado de mantener.
Durante todo este tiempo Walter Ramírez ha permanecido en las filas de Carabineros, el alto mando de la institución policial que lo protege, decidió su traslado a la zona de Coihaique, donde goza del beneficio de asignación de zona, por tal motivo recibe un sueldo especial.
La aseveración de Bachelet: “pero en democracia se hace justicia y se hará justicia, eso es lo que nosotros podemos asegurar”, (inauguración del museo de la memoria y de los derechos humanos), ante esos comentarios en la fecha, la familia de Matías señalaba: “nuevamente no se ha cumplido, ya que una condena de dos años con pena remitida no es un castigo para quien ha asesinado alevosamente”.
A propósito del nuevo asesinato estatal, hace recordar que ocho Mapuches han sido asesinados en Democracia bajo la responsabilidad del estado chileno. Varios jóvenes fueron cobardemente baleados por agentes estatales de carabineros en el marco de protestas sociales por tierras ancestrales y no solo quedando en la impunidad sino además, como en el caso del asesinato del joven de 17 años Alex Lemún, el oficial Marco Treurer fue protegido y premiado por la institución manteniéndolo en completo servicio activo, ascendiéndolo hasta el momento dos veces de cargo.
A esto se suma una larga lista de personas chilenas que en el marco de movilizaciones sociales que les han quitado la vida. La tortura, los asesinatos y las desapariciones no se acabaron cuando Pinochet dejó el poder. Esto se sabe bien en poblaciones y comunidades mapuche. Hoy son más de 70 personas asesinadas en esta llamada democracia que ya lleva 5 gobiernos civiles post dictadura y el último caso, el del niño Manuel Gutiérrez de 16 años, asesinado por agentes estatales.
Los Mapuche asesinados en “Democracia”
Jorge Antonio Suárez Marihuan (2002):
Asesinato encubierto de Jorge Suárez Marihuan, hermano de Segundo Suárez, Lonko de Malla Malla del Alto Bío Bío. Jorge Suárez fue muerto en extrañas circunstancias, puesto que su cuerpo apareció el día 11 de diciembre del 2002 en la ribera del río Queuco, luego de transcurrido algunos días de su desaparición. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no fue inmersión, sino lesiones provocadas por terceros. De acuerdo a antecedentes aportados por la familia, un individuo no identificado, supuestamente agente de inteligencia policial, habría entregado dinero a dos colonos del sector para llevar a efecto la operación de eliminar al comunero, la que sería encubierta por una muerte provocada por el estado de intemperancia. Sin embargo, los testimonios se refieren a una golpiza que habría provocado la muerte de Suárez Marihuan y luego su cuerpo habría sido arrojado al río. Este hecho sería en represalia por la actitud del dirigente de participar activamente en procesos de recuperación de tierras y de freno a las inversiones de las empresas energéticas en la zona del Valle del Queuco en el Alto Bío Bío.
Edmundo Alex Lemun Saavedra (2002):
El joven Edmundo Alex Lemun de sólo 17 años de edad, fue ejecutado por una bala en la cabeza por el teniente de Carabineros de Chile Marco Aurelio Treuer, quien le disparó a quemarropa el día jueves 7 de noviembre del 2002 en una recuperación de tierras de la Comunidad Mapuche "Montutui Mapu" del sector Aguas Buenas de Ercilla. Hasta la fecha Marcos Treuer ha sido absuelto en todas las ocasiones en que se ha intentado condenarlo por el asesinato de Alex Lemun. Actualmente, el caso se encuentra en instancias internacionales.
Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004):
Joven Mapuche nacido en Santiago fue detenido en la ciudad de Osorno y trasladado a la Ex Penitenciaría de Santiago, al no reconocérsele su carácter de Preso Político Mapuche, fue recluido junto a reos comunes. Fue asesinado la tarde del día domingo 26 de Septiembre de 2004, a las 20:00 hrs. Julio fue atacado por otros internos del penal, en una riña en la cual, sin mediar provocación, recibió por la espalda una puñalada en el corazón, herida que le causó una muerte en forma casi instantánea. El joven Mapuche había sido procesado por múltiples causas en el marco del conflicto Mapuche, debiendo pasar por la Prisión Política en la Cárcel de Temuco, Nueva Imperial, Osorno y Santiago.
Xenón Alfonso Díaz Necul (2005)
Joven Mapuche de 17 años, perteneciente a la comunidad Lonko Mahuida de Collipulli, IX región. El 10 de mayo en la noche, mientras participaba en una movilización de carácter pacifica en la en la ruta 5 sur, sector viaducto del Malleco, fue embestido por un camión maderero, y las lesiones provocadas le causaron la muerte instantánea.
La manifestación se realizaba en torno a las reivindicaciones territoriales de la comunidad Ranquilco y en repudio a los abusos perpetrados por guardias privados de Forestal Mininco contra lugares y símbolos sagrados como el Rewe. El conductor del camión no respetó el corte de carretera y pasó por encima de los manifestantes. En complicidad con esto, Carabineros que se encontraba en el lugar con numeroso contingente armado de elementos disuasivos, efectuaron algunos disparos y reprimieron violentamente la protesta.
Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006)
El 29 de agosto de 2006, cerca de las 2 de la madrugada, efectivos de Carabineros llegaron hasta la casa de las familias Collihuín Catril y Collihuín Llanculef, ubicada en el sector de Boyilco Chico, al sur de Nueva Imperial. En un procedimiento irregular por parte de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, que supuestamente investigaban una denuncia de abigeato, dispararon a quemarropa al Longko de 71 años, quien recibió varios tiros en su cuerpo, lo que le causó la muerte. Además Juan (36) y Emilio (44) Collihuín Llanculef también resultaron heridos, uno con un impacto de bala en la pierna derecha y el otro en la cadera izquierda.
Matías Valentín Catrileo Quezada (2008)
El día 3 de enero, cerca de las seis de la mañana y mientras participaba en la ocupación pacífica del predio Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, del sector Yeupeko, comuna de Vilcún, sin mediar provocación, recibió cobardemente por la espalda una ráfaga de subametralladora UZI por parte del cabo 2º de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza. Carabineros acusó un supuesto enfrentamiento armado pero las únicas balas disparadas aquella mañana, seis en total, provinieron de armas policiales y efectivamente una de ellas ingresó por la espalda del joven perforando el pulmón izquierdo y saliendo por el abdomen. Matías Catrileo, de 22 años, fue resguardado por sus hermanos para no entregarlo a Carabineros que podían vulnerar las pruebas. Hasta el día de hoy su muerte sigue impune.
Jhonny Cariqueo Yañez (2008)
Jhonny participó el día 29 de marzo en un acto homenaje a la conmemoración del día del joven combatiente en la comuna de Pudahuel, que terminó a las 20:00 hrs. de manera pacífica. En compañía de varios amigos, se retiraban a sus hogares cuando fueron interceptados por un furgón del GOPE y tras recibir una golpiza son detenidos y derivados a la 26° Comisaría de Pudahuel, donde las agresiones físicas a todos los detenidos se hicieron cada vez más crueles. El Peñi sufría de problemas cardíacos, y a consecuencia de las brutales golpizas y constantes azotes propinados por Carabineros durante su detención, comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho y un brazo, fue trasladado más tarde al Servicio de Urgencias, El lunes 31 de marzo, una vez en su casa, cerca de las 14:00 horas Jhonny se recostó en su cama, y comenzó a mostrar claros síntomas de un infarto, el que pese a los intentos desesperados de asistencia de sus padres y amigos, en pocos minutos ocasionó su muerte.
Jaime Facundo Mendoza Collio (2009)
El 13 de agosto Jaime Mendoza Collio, de 24 años, resultó muerto tras ser baleado por un efectivo de Carabineros, luego que un grupo de familias pertenecientes a la comunidad Requén Pillán se tomaron el fundo San Sebastián ubicado a unos 12 kilómetros al poniente de Collipulli. Los hechos ocurrieron luego de que el tribunal de Angol autorizara el desalojo del predio perteneciente al particular Sergio González Jarpa, quien ayer denunció la intención de las familias mapuches de ocupar el fundo, ello en el sector Colonia Manuel Rodríguez. El comunero, quien participaba de la recuperación territorial, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el predio. El hecho se registró en el contexto de un desalojo por parte de Carabineros que encabezaba el prefecto de Malleco, coronel, Iván Bezmalinovic.
Por otro lado, se sigue preguntando: ¿dónde está José Huenante?.
Diversas movilizaciones en estos últimos días exigen saber qué ocurrió con este joven Mapuche Huilliche que sigue desaparecido por agentes estatales.
El joven desapareció con posterioridad a un operativo policial en Puerto Montt. Funcionarios de Carabineros modificaron la bitácora del radiopatrullas en que se desplazaban la noche que desapareció José Huenante y el registro con el número de detenidos. José tenía 16 años al momento de desaparecer la madrugada del 3 de septiembre de 2005.
José Huenante Huenante tenía 16 años cuando se lo tragó la tierra. Era la madrugada del 3 de septiembre de 2005. Según testigos, él junto a otros jóvenes tomaban alcohol en una de las calles de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando apedrearon a un vehículo de Carabineros y éstos les devolvieron la mano.
Según los mismos testigos, el radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría, un Nissan V16 con los colores institucionales de Carabineros, detuvo al menor. Pablo es uno de los adolescentes que estaba con José. En sus declaraciones ha dicho que esa noche los carabineros realizaron una redada. Pablo corrió hacia un lado, junto a un amigo; y para el otro siguió José con dos jóvenes más.
Todos volvieron a sus casas, pero de José nunca más se supo. Dos testigos dijeron que en el auto policial se habían llevado a Huenante.
"Yo desconfío de los carabineros porque cuando fui a presentar la denuncia por presunta desgracia no la aceptaron. Me dijeron que lo buscara sola. Y mis otros hijos me acompañaron al hospital para ver si lo encontraba. Nunca nos dijeron nada porque somos de bajos recursos y ellos siempre quieren salir ganando", dice María, su tía.
Después de años buscando responsables, la semana pasada tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José: el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas.
Ellos han negado hasta el cansancio haber detenido a Huenante, pero, según antecedentes de la Fiscalía, sus versiones han sido contradictorias y se acumulan 16 declaraciones que no calzan.
Las más graves: adulteración del libro de detenidos esa noche marcaron dos, pero luego enmendaron el número y escribieron uno . Tampoco cuadra la justificación de kilometrajes recorridos esa noche. Hay un vacío entre las dos y las seis de la mañana.
Los carabineros fueron dados de baja aunque siguen recibiendo sueldo por estas mismas faltas, que también fueron determinadas en un sumario interno de la institución.
A pesar que la familia de José estaba satisfecha por la labor del fiscal Sergio Coronado, el martes, el Ministerio Público presentó un escrito al Juzgado de Garantía de Puerto Montt para evaluar el tema de la competencia. Quieren que el caso pase a manos de la justicia militar.
El caso es investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, la misma que indaga sobre el paradero de cientos de detenidos desaparecidos en dictadura.
A continuación un comunicado de los comuneros del territorio Makewue Rofue, con respecto a las represiones que se viven en las comunidades mapuche.
Comunicado Público
Ante los hechos sucedidos los días 24, 25 y 26 de Agosto del 2011, las comunidades Rofue y Trapilwe-Mawizache del territorio ancestral Makewe, declaran lo siguiente :
1) Hemos sufrido hostigamiento, allanamientos, intoxicaciones masivas con gas lagrimogeno e intimidación con armamento de guerra por parte de las fuerzas policiales del Estado de Chile. Lo que viene siendo una actitud propia y recurrente hacia las comunidades Mapuche.
Por lo que declaramos el mayor repudio ante los hechos ocurridos, asumiendo una posición de resistencia, ya que ahora con más fuerzas seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la tierra y su defensa ante cualquier ataque winka.
2) Denunciamos que Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile hace uso de un exclusivo tipo de armamento y municiones de guerra en nuestro territorio, armamento que habitualmente no se utiliza en manifestaciones públicas. Sin embargo, esto no será obstáculo para la lucha por nuestro territorio ancestral.
3) Desmentimos los dichos de las autoridades del Estado Chileno, quienes niegan nuestros reiterados intentos de dialogo con su gobierno. Así, una vez más llamamos al dialogo verdadero entre nuestras comunidades y el gobierno para terminar con el clima de violencia y represión impuesto a nuestros niños, jóvenes y ancianos que crecimos e internalizamos durante nuestra vida el concepto de un Estado represor y mezquino con los derechos que desde hace mas de 500 años nos corresponden legítimamente como pueblo.
Nuestra lucha no parará hasta la recuperación total del territorio usurpado, aún cuando el amedrentamiento sea constante y más violento cada día.
Marrichiwew!!!
Territorio Makewe Rofue, Trapilwe-Mawizache
A continuacion un viedo donde se relfeja el accionar de los carabineros en las comunidades mapuche.
La presidenta del comité de familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras, Bertha Oliva, confirmó el hallazgo en San Pedro Sula, al norte del país. En la fosa se encontraron más de cien cuerpos de desaparecidos en los últimos tres meses.
Según relató Oliva por Radio Sur, el hecho muestra los claros crímenes de lesa humanidad que se comenten en el país hondureño.
La Presidenta del organismo de Derechos Humanos denunció que "la represión estatal trabaja en conjunto con el crímen organizado".
Sobre este conflicto, Oliva explicó que "el Gobierno dice que está avanzando en la solución del conflicto por la tierra". Pero concluyó que "los avances que se viven en el país es el asesinato permanente de miembros del MUCA".
Los campesinos acusan por los asesinatos al terrateniente Miguel Facussé. Oliva lo señaló como uno de los principales "dueños del país".
Bertha Oliva, presidenta del comité de familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras.
