viernes, 27 de enero de 2012

Chile: Piden a Sebastián Piñera terminar con la represión al Pueblo Mapuche



Luego de registrase este fin de semana un allanamiento de las viviendas de la comunidad Cacique José Guiñón por parte de más de 200 efectivos de Carabineros, la Comisión Ética Contra la Tortura hizo el pedido de cese a la represión al pueblo mapuche en una carta dirigida al mandatario chileno.






En la carta, la referida Comisión mostró su preocupación por los violentos hechos registrados en el sector de la comuna de Ercilla en la región de Araucanía donde Fuerzas Especiales de Carabineros haciendo uso de bombas lacrimógenas y armas dejaron como saldo dos personas heridas provocando además la hospitalización de una embarazada.


Pese a hacerse público el comunicado los intentos de allanamiento a zonas mapuches no se han detenido. Según radio Bio Bio carabineros que se mantienen en la zona de la comuna de Ercilla volvieron a allanar una vivienda para después abandonar la zona.

En otra línea la carta también se refiere al proyecto de ley que limita el derecho a reunión, expresión, asociación y manifestación a fin de conseguir la inmovilidad de la población ante demandas reivindicativas.



Fuente: Mapuexpress

Paraguay: Campesinos seguirán exigiendo recuperar las tierras




Paraguay está entre los 10 países más desiguales del planeta y es el país con mayor inequidad en América Latina. El acceso a la tierra ha sido un problema histórico. Sin embargo, se ve agravado por el aumento del área cultivada de soja.






Las organizaciones campesinas seguirán exigiendo a las instituciones y poderes del Estado paraguayo aliarse para recuperar las tierras, afirmó hoy el gobernador del departamento de San Pedro, José Ledesma.


El gobernador desmintió que las mediciones realizadas en esa zona en los últimos días por personal militar de la Dirección del Servicio Geográfico obedezcan a "un plan del oficialismo", como publicaron medios locales.

En un comunicado divulgado hoy, las fuerzas militares aclararon que su labor en la zona de Ñacunday es de carácter técnico profesional y se desligaron de alteraciones del orden ocurridas en el lugar.

Son las organizaciones de lucha por la tierra las que exigen hoy día al Ejecutivo para promover la medición, aseguró.

Ledesma puntualizó que "nosotros no manejamos esos documentos ni es actividad que emprenda el Poder Ejecutivo".

En ese sentido señaló que "la gente de Ñacunday hace doce años que está ahí", y existen documentos en mano de los reclamantes de que los colonos (brasileños y paraguayos) estarían usufructuando en forma irregular las fincas, por lo cual se requiere la intervención judicial.

El gobernador apuntó que en caso de no hallarse irregularidades los colonos deberán contar con todas las garantías del Estado.

Pero si se constatan las denuncias de los campesinos, opinó, las tierras deben ser recuperadas para los verdaderos sujetos de la reforma agraria.

Al respecto, indicó que para ello se requiere la habilitación de la medición por el Poder Judicial para revisar, porque según los documentos que los carperos entregaron al Poder Ejecutivo, "esas tierras son del Estado".

No podemos callar hoy las injusticias que se están cometiendo en el tema de la tierra porque unos pocos ciudadanos paraguayos y brasileños tienen todas las hectáreas y muchos paraguayos, que son los sujetos de la reforma agraria, no tienen ni un pedazo, sostuvo.

Ledesma aseveró que para revertir esa situación se necesita que los poderes del Estado se unan "para que los ciudadanos, desde las bases, puedan exigir que eso se cumpla".

En Paraguay, el acceso a la tierra ha sido un problema histórico. Sin embargo, se ve agravado por el aumento del área cultivada de soja. La expansión de este cultivo tiene un impacto directo en el costo de las tierras, generando un incremento considerable en los precios de las propiedades, en especial de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Canindeyú y Amambay. Para familias de pequeños productores, esto hace inalcanzable el acceso a la tierra para la producción de alimentos básicos de autoconsumo y para el mercado interno.

La zona de conflicto se ubica en Ñacunday, nombre de un río que desemboca en el caudaloso río Paraná, que divide Paraguay de Brasil, al norte, y de Argentina, al sur.

Las plantaciones pertenecen en su mayoría al "rey de la soja", como denominan al latifundista brasileño Tranquilo Favero, uno de los pioneros en la colonización de esas tierras y productor de soja, un grano cada vez más cotizado en el mundo.

Favero cultiva unas 400.000 hectáreas en esa zona, de las cuales 110.000 serían tierras fiscales que consiguió por favores del ex dictador Alfredo Stroessner, que gobernó en Paraguay entre 1954 y 1989, según denunció el líder Casco. Esas tierras tienen actualmente un valor de 10.000 dólares la hectárea, las más caras del país.

Los cultivos de soja cubren gran parte de 10 departamentos de los 17 que tiene el país y fue el primer producto de exportación de Paraguay en 2010, con 8.500.000 toneladas. Se estima que la zafra 2011, que se cosechará en abril de 2010, producirá unos 10 millones.

Paraguay está entre los 10 países más desiguales del planeta y es el país con mayor inequidad en América Latina. Según estudios recientes el 1 0% de las personas con más tierra posee el 66,4% de las tierras. También es, junto a Brasil, una de las reservas de agua dulce más importante del continente.





Fuente: Agencias de noticias

Haití: "Necesitamos solidaridad, no la ocupación militar"




En el marco del Foro de Educación que se realizó durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre, el militante haitiano Patrice Florvilus hizo un repaso por la situación de la educación y la ocupación militar de Haití luego del terremoto de hace dos años.







Patrice Florvilus es secretario ejecutivo de Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT). La red promueve el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Desde los movimientos sociales se defiende este derecho junto a otros grupos de educadores populares, organizaciones de base y movimientos populares.


"En Haití el problema de la educación es muy importante. Tenemos una tasa de analfabetismo del 60%. Solo el 1% de la población ingresa a la Universidad y la tasa de desempleo es del 70%. Los gastos para mandar a la escuela a sus hijos no pueden ser asumidos por los padres, esto en el marco de un sistema educativo básicamente privado. El 88% de las escuelas primarias y secundarias son privadas. Solo el 12% de las escuelas son públicas", comenta Patrice.

"Se podría decir que todavía no tenemos un sistema universitario nacional. Las universidades están concentradas en Puerto Príncipe. Una estatal y otra reconstruida con ayuda del gobierno de República Dominicana luego del terremoto. Casi todo el sistema universitario fue destruido por el sismo y hay muy pocas facultades que hayan sido reconstruidas. Casi el 90% de las estructuras educativas se destruyeron".

La red trabaja con la gente que vive en los campamentos post- terremoto. "La organización se llama Escuela Permanente en Defensa de los Derechos Humanos. Desde esta escuela promovemos los derechos sociales, culturales y económicos. Con enfoque sobre derecho a la vivienda, tierra, salud, de géneros".

"Por el momento nos limitamos a Puerto Príncipe (se refiere a la capital de Haití) pero las próximas acciones se desarrollarán en una provincia donde hay una tradición de lucha, donde hay una burguesía que todavía se acapara de las tierras de los campesinos. Ese el trabajo que estamos haciendo: apoyar legalmente a los movimientos, defendemos a los sindicalistas y llevamos adelante formación para que la gente pueda conocer sus derechos y defenderse".

Se refiere al departamento de Artibonite, donde se han desencadenado masacres de campesinos. Casi 300 campesinos fueron asesinados en Julio de 1987. "Los caídos y su lucha, son un punto de referencia para movilizar a la gente. Para continuar sus luchas".

Patrice hace una critica a la presencia militar en el territorio haitiano. "Tenemos 20.000 militares norteamericanos. A eso llaman “ayuda”. Llaman “solidaridad internacional”. Pero fue una forma de ocupación militar. Además, no solo la presencia de militares gringos, también la presencia de todos los militares latinoamericanos. Tenemos una fuerza militar coordinada por Brasil en Haití y que viola la autonomía de nuestra nación. En el mismo sentido, los cascos azules son responsables de la contaminación de un río que derivó en la aparición del cólera en Haití. La dominación militar es la mano armada del sistema neoliberal capitalista. Para aplicar las recetas del sistema se precisa militarizar. Denunciamos a los militares yanquis pero no dejamos de remarcar la presencia de militares latinoamericanos, africanos y de otras regiones que ocupan el país por interés que nada tienen que ver con solidaridad para con el pueblo haitiano. Para ejemplificar: con el dinero que gastan los cascos azules en un año se puede construir 70.000 viviendas. Imagínate la cantidad de viviendas que se podrían haber construido en 5 años de ocupación militar".

"Necesitamos la solidaridad de los pueblos del mundo y no la ocupación militar. Para darle batalla al capitalismo precisamos la solidaridad mundial", finalizó Patrice.



Fuente: Albatv/Radio Minka

Guatemala: Población saluda condenas contra ex dictador Ríos Montt





Guatemaltecos recibieron con júbilo la condena contra el ex dictador, José Efraín Ríos Montt, quien se convirtió en el primer gobernante latinoamericano acusado de genocidio.






Los activistas en pro de los derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron con gritos y aplausos, concentrados en las afueras de la torre de la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la jueza primera de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, quien ligó a proceso penal al ex dictador de 85 años de edad.

Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos encendieron velas y colocaron imágenes de sus seres queridos.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la decisión de la justicia guatemalteca.

"Nos felicitamos del procesamiento" de Ríos Montt "con cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad relacionados con su estancia en el poder entre 1982 y 1983, cuando ocurrieron algunas de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil", señaló la vocera del organismo Ravina Shamdasani.

"Su procesamiento manda una clara señal a Guatemala, a América Latina y al mundo de que no se debe tolerar la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado", acotó.

La justicia guatemalteca ordenó ayer procesar al ex dictador, José Efraín Ríos Montt (1982-1983), por delitos de genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, en su resolución, la jueza Carol Patricia Flores Polanco, le fijó una fianza de 500 mil quetzales (63 mil 983 dólares) y arresto domiciliario.

Flores a petición de la defensa del militar retirado, ordenó “arresto domiciliario en su propio domicilio con la custodia de agentes de la Policía Nacional Civil". Además, le limitó su libertad de locomoción hasta que concluya el proceso en su contra.

Ríos Montt hizo efectiva la fianza la noche de ayer por lo que evitó ser recluido en las cárceles de la Torre de Tribunales. Esta medida fue impuesta con el fin de que el ex dictador no evadiera la justicia.

La magistrada también le prohibió al ex gobernante de facto mantener cualquier tipo de comunicación con las personas que se encuentran ligadas al mismo proceso por el que será enjuiciado.

Asimismo, la jueza fijó a la Fiscalía un plazo de dos meses para que culmine la investigación y se reúna las pruebas, con el fin de decidir la fecha para el inicio del juicio en contra del general retirado.

La jueza primera de Mayor Riesgo consideró que “no existe peligro de fuga” de parte del acusado, porque se presentó a la justicia de manera voluntaria para colaborar con el esclarecimiento de los señalamientos que pesaban en su contra al día siguiente de haber perdido la inmunidad de que gozaba como legislador.

La legislación del país centroamericano contempla penas de 30 a 50 años de prisión por el delito de genocidio y de 20 a 30 años por crímenes contra la humanidad.

En tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Ríos Montt de haber diseñado, ordenado y dirigido los planes contra-insurgentes ejecutados por el Ejército durante los 17 meses que estuvo en el poder en contra de la población indígena Ixil, en el norteño departamento de Quiché.

De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, la Fuerza Armada, siguiendo órdenes del alto mando militar realizó al menos 11 matanzas en las que fueron asesinados unos mil 171 indígenas. Además, de un millar de violaciones sexuales en contra de mujeres menores de edad.

Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", afirmó el fiscal que entregó dos discos como pruebas con cuatro mil 261 folios y 84 testimonios de supervivientes de las masacres perpetradas en esa época.

El gobernante guatemalteco de facto, José Ríos Montt, compareció hoy ante Flores para escuchar las acusaciones que en su contra argumentó la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar respecto a las mismas cuando la jueza le concedió la oportunidad.

"Comprendo perfectamente. Prefiero guardar silencio", declaró Ríos Montt cuando la jueza Flores le dio la oportunidad de pronunciarse sobre los delitos que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos.

"Considero que existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación en los hechos que el Ministerio Público le atribuyó al inicio de la presente audiencia", indicó Flores.



Fuente: Telesur

jueves, 26 de enero de 2012

Chile: Comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu: “Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia”



La legalización del predio Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia de los peñi y lamgen que debieron enfrentar la represión por más de 15 años, donde hubieron allanamientos, encarcelamiento de nuestro lonko Pascual Pichun Paillalao y otros miembros de nuestra comunidad acusados bajo la ley antiterrorista, además de persecución y exilio.




A la opinión pública nacional e internacional; la comunidad Mapuche Antonio Ñirripil del sector Temulemu viene a aclarar lo señalado por algunos parlamentarios y personeros de gobierno, que en los últimos días han utilizado el nombre de nuestra comunidad, luego de la devolución de nuestro territorio Santa Rosa de Colpi por medio la adquisición de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a forestal Mininco.

1- La legalización del predio Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia de los peñi y lamgen que debieron enfrentar la represión por más de 15 años, donde hubieron allanamientos, encarcelamiento de nuestro lonko Pascual Pichun Paillalao y otros miembros de nuestra comunidad acusados bajo la ley antiterrorista, además de persecución y exilio. Por lo mismo manifestamos enfáticamente que la devolución de nuestro territorio no es fruto de la conciencia y trabajo de algún político de ningún color partidario. Si reconocemos el trabajo de la administración del señor Jorge Retamal a la cabeza de la CONADI que logró el traspaso legal.

2- Nuestra Comunidad tiene posesión sobre el territorio desde el año 1999, cuando expulsamos de nuestro territorio a la empresa Forestal Mininco, desde aquella fecha hacemos uso y producimos autónomamente de este espacio.

3- Rechazamos lo manifestado por el senador Alberto Espina en el programa Tolerancia Cero de Chilevision el día 08 de enero de 2012, donde señala que habría una producción de Lupino con apoyo del gobierno. Repudiamos enfáticamente tal mentira y la actitud oportunista del señor Espina que solo busca afán electoralista con sus declaraciones que no se ajustan a la realidad.

4- En la actualidad la comunidad se apresta a cosechar 100 hectáreas de Lupino en el territorio recuperado, que es fruto del esfuerzo y recursos de los propios miembros junto a un pequeño empresario mapuche de la zona. A la fecha no hemos recibido apoyo económico alguno de este gobierno ni de los gobiernos anteriores.

5- Junto a estas aclaraciones queremos señalar nuestro compromiso con la lucha de nuestro pueblo y repudiamos la actitud sistemática de este estado en intentar justificar su violencia y política militarista vinculando a nuestro pueblo con los actos violentista sin ningún fundamento, como en el caso de la muerte de los 7 brigadistas en la comuna de Carahue.

Lof Temulemu, Wallmapu
25 Enero 2012



Fuente: Mapuexpress

Mexico: La minera Cuzcatlán, responsable de la violencia en San José del Progreso




Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca.




A partir de los lamentables sucesos del día 18 de Enero de 2012, agresión en la que perdiera la vida nuestro compañero Bernardo Méndez, la población de San José del Progreso se encuentra severamente lastimada.

El gobierno estatal pretende desligar la grave problemática suscitada a raíz de la entrada de la empresa minera, y llevarlo al ámbito interno de lucha por el poder municipal, cuando esto no es así. Manifestamos que la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) no ha tenido en ningún momento el objetivo de conseguir algún puesto o cargo político municipal, nuestro planteamiento principal desde principios de 2008 ha sido la cancelación definitiva del proyecto minero “San José”. Los conflictos sociales y políticos que han terminado con la vida de 3 personas, se deben a la entrada de la empresa minera Cuzcatlán, sin el consentimiento de la población y no por el control y poder del municipio como lo expresan las diferentes instancias del gobierno estatal.


Queremos manifestar que la CPUVO siempre ha privilegiado los canales de diálogo con el gobierno municipal y estatal, sobre todo durante 2011, para solucionar los conflictos políticos y agrarios derivados de la entrada de la empresa minera. El gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, nunca nos otorgó una audiencia pública, por el contrario guardó silencio. Durante éste año, estuvimos también denunciando que las autoridades municipales contaban con pistoleros para amedrentar a la población, tampoco obtuvimos respuesta.

Queremos alertar que a nivel estatal se quieren seguir implementando proyectos mineros con el respaldo del gobierno federal, estatal y en algunos casos también municipales, por encima de la decisión de los ejidatarios/as, comuneros/as y ciudadanos/as en general. Advertimos que todo proyecto que no sea consultado a los pueblos y comunidades de Oaxaca, como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, desencadenará conflictos graves y actos que lamentablemente terminan en violencia al no encontrar canales institucionales de resolución de conflictos, sobre todo relacionados con la posesión de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

En este sentido las comunidades y autoridades municipales y agrarias de Capulalpam de Méndez y los Ocotes han mostrado su solidaridad y las mismas preocupaciones en relación a la entrada de proyectos mineros.

La CPUVO responsabiliza a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad desde 2006; al Gobierno del Estado de Oaxaca por su omisión en el conflicto iniciado por la empresa minera; al presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz y al cabildo municipal de San José del Progreso por cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

La CPUVO exige al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal la revocación del mandato de las autoridades municipales de San José del Progreso, ya que son ellos quienes mandaron a disparar contra la población el día 18 de Enero de 2012.

La CPUVO y las Autoridades Municipales y Agrarias de Capulalpam de Méndez y los Ocotes exigimos al gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo nos otorgue una audiencia pública inmediatamente para comunicarle nuestras preocupaciones en relación a los proyectos mineros en el estado.

Exigimos se garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra los compañeros Bernardo Méndez Vásquez, quien murió un día después de la agresión a causa de las heridas graves provocadas por impactos de arma de fuego y Abigail Vásquez Sánchez (quien reporta su estado de salud como delicado). Asimismo exigimos conjuntamente una solución de fondo a la problemática de San José del Progreso, la cual consiste en la salida de la empresa minera Cuzcatlán del municipio.




Fuente: Albatv

Mexico: Grupo armado EPR exige presentar con vida a dos de sus miembros




El grupo insurrecto mexicano Ejercito Popular Revolucionario (EPR) demandó la presentación con vida de dos de sus miembros.






Se trata de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de Mayo de 2007, luego de ser arrestados en el sureño estado de Oaxaca.


Por medio de un comunicado, la agrupación rebelde exigió al presidente mexicano, Felipe Calderón, la presentación con vida y libertad de sus compañeros, a los que consideró "víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada".

En el texto la organización clandestina señaló al ex alcalde de la ciudad de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por su responsabilidad directa en este delito. Del mismo modo, sentenció que el mismo fue tolerado por el Mandatario mexicano.

Además, solicitó a la Comisión de Mediación, que ha funcionado como vinculo entre el Gobierno mexicano y la agrupación, a no abandonar los esfuerzos que ha realizado hasta el momento para localizar a los dos guerrilleros desaparecidos.

La agrupación señaló que "hay antecedentes históricos de luchadores sociales que habiendo estado en las mazmorras del Estado, fueron devueltos sanos y salvos".

El Ejercito Popular Revolucionario es una agrupación guerrillera que surgió durante mayo de 1994. Su brazo político es el PDPR (Partido Democrático Popular Revolucionario). Su primera aparición pública fue en Guerrero el 28 de junio de 1996, aniversario de la matanza de campesinos y copreros en el vado de Aguas Blancas, ordenada por el gobernador Rubén Figueroa .

El PDPR-EPR defiende un amplio programa político-económico socialista, encaminado a la instauración del comunismo en México. Propugna la nacionalización de la banca y de medios de comunicación como grupo Televisa y TV Azteca. Su programa político insiste en la soberanía nacional mexicana frente al imperialismo estadounidense3 y el desconocimiento de la deuda externa. En el programa social se destaca la especial atención a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas de México.

Para lograr estos objetivos, el PDPR se declara explícitamente por la 'autodefensa armada' en respuesta a la 'guerra de baja intensidad' de las autoridades corruptas.

La Secretaria de la Defensa Nacional de México sigue con atención a 5 organizaciones similares: el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a sus escisiones, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Revolucionario Insurgente Popular (ERIP), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Comando Jaramillista Morelense.



Fuente: Agencias de noticias