La Policía Nacional paraguaya desalojó este viernes con orden judicial una propiedad ocupada por familias campesinas. La resistencia al operativo arrojó decenas de fallecidos y heridos entre campesinos y policías.
La zona de conflicto se encuentra ubicada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, en la región oriental paraguaya. Se trata de una parte de la Reserva Natural Campos Morombi, de unas 25 mil hectáreas, propiedad privada del ex senador del Partido Colorado, Blas Riquelme.
Estas tierras son reclamadas por organizaciones campesinas, ya que denuncian que Riquelme se apropió de las mismas de manera irregular.
Según José Rodríguez, de la Liga Nacional de Carperos, la resistencia que realizan campesinos en la zona es para evidenciar la falta de respuestas del Gobierno ante las luchas del sector.
Vale recordar que la concentración de la tenencia de tierras en Paraguay es alta pues el 80% de las mismas están en manos del 2% de la población.
Corresponsales de radios comunitarias de la zona informaban que a los centros de salud llegaban sobre todo oficiales de policía, mientras el rescate a campesinos y campesinas se veía obstaculizado por fuerzas del orden.
El presidente, Fernando Lugo, lamentó los hechos acontecidos y anuncio el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a la zona.
Por su parte, Carlos Filizzola, ministro del Interior, justificó el accionar policial al asegurar que fue en cumplimiento de una orden judicial.
Esperanza Martínez, ministra de Salud, conformó una comisión para atender la crisis desatada en Curuguaty y se trasladó hasta la zona.
El Congreso Paraguayo analizaba este viernes declarar en la zona el estado de excepción.
En tanto, persistía la confusión en torno del recuento de víctimas fatales, que variaba entre los 17 (11 civiles y seis policías) citados por casi todos los medios de prensa y los 19 (11 campesinos y ocho uniformados) referidos por la agencia noticiosa estatal IP Paraguay, sin que se conociera un parte oficial.
Tras haberse encontrado ayer dos cadáveres, unos 400 vecinos ingresaron esta mañana a la estancia Morombí junto a un grupo de aborígenes de la etnia Aché, de un distrito cercano, a quienes convocaron para que actuaran como guías debido al conocimiento que tienen de las particulares características del terreno selvático del lugar.
En cambio, no fueron acompañados por efectivos de la policía pues esta institución no recibió instrucciones para realizar un nuevo operativo de rastrillaje en la estancia, informó el jefe de la Comisaría 5ta. de Curuguaty, Oscar Mazacotte.
La zona de conflicto se encuentra ubicada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, en la región oriental paraguaya. Se trata de una parte de la Reserva Natural Campos Morombi, de unas 25 mil hectáreas, propiedad privada del ex senador del Partido Colorado, Blas Riquelme.
Estas tierras son reclamadas por organizaciones campesinas, ya que denuncian que Riquelme se apropió de las mismas de manera irregular.
Según José Rodríguez, de la Liga Nacional de Carperos, la resistencia que realizan campesinos en la zona es para evidenciar la falta de respuestas del Gobierno ante las luchas del sector.
Vale recordar que la concentración de la tenencia de tierras en Paraguay es alta pues el 80% de las mismas están en manos del 2% de la población.
Corresponsales de radios comunitarias de la zona informaban que a los centros de salud llegaban sobre todo oficiales de policía, mientras el rescate a campesinos y campesinas se veía obstaculizado por fuerzas del orden.
El presidente, Fernando Lugo, lamentó los hechos acontecidos y anuncio el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a la zona.
Por su parte, Carlos Filizzola, ministro del Interior, justificó el accionar policial al asegurar que fue en cumplimiento de una orden judicial.
Esperanza Martínez, ministra de Salud, conformó una comisión para atender la crisis desatada en Curuguaty y se trasladó hasta la zona.
El Congreso Paraguayo analizaba este viernes declarar en la zona el estado de excepción.
En tanto, persistía la confusión en torno del recuento de víctimas fatales, que variaba entre los 17 (11 civiles y seis policías) citados por casi todos los medios de prensa y los 19 (11 campesinos y ocho uniformados) referidos por la agencia noticiosa estatal IP Paraguay, sin que se conociera un parte oficial.
Tras haberse encontrado ayer dos cadáveres, unos 400 vecinos ingresaron esta mañana a la estancia Morombí junto a un grupo de aborígenes de la etnia Aché, de un distrito cercano, a quienes convocaron para que actuaran como guías debido al conocimiento que tienen de las particulares características del terreno selvático del lugar.
En cambio, no fueron acompañados por efectivos de la policía pues esta institución no recibió instrucciones para realizar un nuevo operativo de rastrillaje en la estancia, informó el jefe de la Comisaría 5ta. de Curuguaty, Oscar Mazacotte.
Mientras tanto, aguardaban en las afueras de la estancia el intendente local, Raúl Vega; un dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y cinco de la Comisión de Derechos Humanos, y un equipo de ocho médicos de la Dirección Regional de Salud del departamento Canindeyú, al que pertenece Curuguaty.
Por la tarde llegaron a Curuguaty el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, y la ministra de Salud, Esperanza Martínez, con el objeto de interiorizarse sobre la situación.
Por otra parte, el juez José Benítez, de Curuguaty, anunció que dispuso la prisión preventiva de 12 campesinos (ocho varones y cuatro mujeres) que estaban detenidos y a quienes los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez imputan homicidio doloso calificado y en grado de tentativa, lesiones graves, asociación criminal, coacción y coacción grave, entre otros delitos.
Todos ellos iban a ser recluidos en el penal regional de Coronel Oviedo, en el que existe una sección de mujeres. Asimismo, el magistrado declaró en rebeldía a 46 campesinos, cuyos procesos penales quedan suspendidos hasta comparezcan ante la Justicia.
El enfrentamiento se produjo el viernes, cuando una partida policial intentó desalojar de la estancia Morombí a un grupo de ocupantes ilegales y éstos respondieron a balazos.
Un informe forense aseguró que los efectivos policiales fueron emboscados, aunque esto fue relativizado por uno de los oficiales que intervinieron, quien, de todos modos, afirmó que los agentes fueron atacados cuando se disponían a dialogar con los campesinos.
El episodio causó la renuncia inmediata del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas, quienes ayer fueron reemplazados por Rubén Candia y Arnaldo Sanabria, respectivamente.
La directora de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, Judith Rolón, atribuyó a los hechos del viernes en Curuguaty la baja asistencia, estimada en alrededor de 35 por ciento del padrón, a las elecciones que se realizaron hoy para designar al gobernador del departamento sureño Misiones, pese a que éste ni siquiera limita con Canindeyú.
Por la tarde llegaron a Curuguaty el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, y la ministra de Salud, Esperanza Martínez, con el objeto de interiorizarse sobre la situación.
Por otra parte, el juez José Benítez, de Curuguaty, anunció que dispuso la prisión preventiva de 12 campesinos (ocho varones y cuatro mujeres) que estaban detenidos y a quienes los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez imputan homicidio doloso calificado y en grado de tentativa, lesiones graves, asociación criminal, coacción y coacción grave, entre otros delitos.
Todos ellos iban a ser recluidos en el penal regional de Coronel Oviedo, en el que existe una sección de mujeres. Asimismo, el magistrado declaró en rebeldía a 46 campesinos, cuyos procesos penales quedan suspendidos hasta comparezcan ante la Justicia.
El enfrentamiento se produjo el viernes, cuando una partida policial intentó desalojar de la estancia Morombí a un grupo de ocupantes ilegales y éstos respondieron a balazos.
Un informe forense aseguró que los efectivos policiales fueron emboscados, aunque esto fue relativizado por uno de los oficiales que intervinieron, quien, de todos modos, afirmó que los agentes fueron atacados cuando se disponían a dialogar con los campesinos.
El episodio causó la renuncia inmediata del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas, quienes ayer fueron reemplazados por Rubén Candia y Arnaldo Sanabria, respectivamente.
La directora de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, Judith Rolón, atribuyó a los hechos del viernes en Curuguaty la baja asistencia, estimada en alrededor de 35 por ciento del padrón, a las elecciones que se realizaron hoy para designar al gobernador del departamento sureño Misiones, pese a que éste ni siquiera limita con Canindeyú.
Fuente: http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=20630
http://albatv.org/Dictan-la-prision-preventiva-para.html
http://albatv.org/Dictan-la-prision-preventiva-para.html
