Los nativos de la comarca Ngöbe Buglé solicitan al Gobierno cancelar el proyecto y ordenar a la empresa Genisa, que construye la hidroeléctrica, su retiro del área para evitar el resurgimiento de nuevas protestas.
Los indígenas panameños de la comarca Ngöbe Buglé manifestarán este lunes, por tercer día consecutivo, en rechazo a la continuación de las obras de la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará (oeste), porque aseguran que el proyecto terminará por sacarlos de sus tierras.
La cacica general Silvia Carrera, que negoció los acuerdos de marzo pasado que pusieron fin a una rebelión indígena contra reformas del código minero, responsabilizó al Gobierno de las acciones que tomarán los nativos.
En tal sentido, instó al Ejecutivo a cancelar el proyecto y ordenar el retiro de la empresa Genisa del área para evitar el resurgimiento de nuevas protestas por parte de los grupos indígenas que se oponen a la construcción.
"Lo que el Gobierno tiene que hacer es cancelar el proyecto y regresar la plata que gastó esa empresa que lo construye para que vuelva la tranquilidad en la comarca", acotó Carrera.
La empresa Genisa que construye la hidroeléctrica argumenta que ésta se realiza fuera de la comarca, aunque reconocen que 6,6 hectáreas indígenas son afectadas.
Ante la explicación de la compañía, la cacica segunda Mijita Andrade manifestó que al represar el río Tabasará del que dependen las comunidades se afecta toda el área.
El presidente del Congreso General Tradicional de la etnia Ngäbe Buglé, Celio Guerra, precisó que son “13 largos años de lucha y batallas legales contra la empresa, en donde ha habido dos mesas de diálogo que han fracasado y esto lo que ha permitido es que la empresa continúe con los trabajos en Barro Blanco”.
Durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre los indígenas y las fuerzas antimotines que intentaron desalojarlos por la fuerza del perímetro de la hidroeléctrica.
En febrero pasado la comarca Ngöbe Buglé protagonizaron jornadas de protestas en varias ciudades de su país a favor de una legislación que proteja sus territorios ancestrales, por lo que plantearon al Gobierno la eliminación de concesiones hídricas dentro de sus comarcas, las regiones anexas y territorios aledaños.
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