Brasil: Movimiento de jóvenes inicia acciones contra los torturadores de la dictadura

El Levante Popular de la Juventud realiza en varias capitales acciones simultáneas de denuncia contra diversos torturadores que continúan impunes. Los manifestantes apoyan la Comisión de la Verdad y exigen el esclarecimiento y castigo sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar.

El carácter de las acciones, conocida como “escracho”, se basa en actos similares que se han dado en Argentina y Chile, en los que los jóvenes denuncian y acusan a los torturadores que continúan sueltos y sin sentencia sobre sus acciones durante la Dictadura Militar.


Levante Popular de la Juventud

El Levante Popular de la Juventud es un movimiento social organizado por jóvenes que proponen contribuir a la creación de un proyecto popular para Brasil, un proyecto construido por el pueblo y para el pueblo. No está ligado a partidos políticos.

Con carácter nacional, actúa en todos los estados del país, en el medio urbano y en el campo. Se propone la articulación con jóvenes, militantes de otros movimientos o no, interesados en discutir las cuestiones sociales y colaborar para la organización popular.

Tiene como objetivo fomentar que la juventud tome consciencia de su historia y de la realidad en torno a ella para transformarla.

El Levante organiza a la juventud para hacer denuncias a la sociedad, por medio de acciones de agitación y propaganda. No hay banderas previamente definidas. La lucha política se ejecuta a través de las pautas escogidas por los propios militantes, quienes realizan actividades de estudio y debates, sistemáticamente, por todo el país. San Pablo

Cerca de 150 jóvenes del Movimiento Levante Popular de la Juventud realizan una protesta contra el torturador David dos Santos Araújo, el “Capitán Lisboa”, en frente de su empresa de seguridad privada Dacala, en la zona Sur de la ciudad de San Pablo, en la Av. Vereador José Diniz, 3700.

Los manifestantes promueven un acto de escracho/esculacho contra David dos Santos para denunciar sus acciones como torturador del Régimen Militar.

David dos Santos Araújo es asesino y torturador, de acuerdo a la Acción Civil Pública del Ministerio Público Federal. La Acción registra su implicación en la tortura y muerte de Joaquim Alencar de Seixas. En agosto del 2010, el Ministerio Público Federal ingresó con Acción Civil Pública la petición de retiro inmediato y la pérdida del puesto de trabajo y pensiones del delegado de la Polícia Civil paulista por su participación directa en los actos de tortura, abuso sexual, desapariciones forzadas y homicidios durante su servicio y en las dependencias de los órganos de la Unión.

Araújo es delegado jubilado de la Policía Civil y dueño de una empresa de seguridad privada, la Dacala. En las acciones de represión del Destacamento de Operaciones de Informaciones del Centro de Operación de Defensa Interna (DOI-Codi) utilizaba el nombre de “Capitán Lisboa”. El libro Dossiê Ditadura –elaborado por la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos– registra que Joaquim y su hijo, Ivan Seixas, fueron encarcelados en abril de 1971 y llevados al (DOI-Codi), donde fueron golpeados. En la sala de interrogaciones, ambos fueron torturados uno frente al otro.

Torturas Los asesinos de Joaquim Alencar de Seixas fueron identificados por sus familiares y compañeros como: el entonces mayor Carlos Alberto Brilhante Ustra, el capitán Dalmo Lúcio Muniz Cirillo, el delegado Davi Araújo dos Santos, el investigador policial Pedro Mira Granziere y otros conocidos apenas por apellidos.

En declaraciones para el Dossiê Ditadura, Ivan Seixas contó que en la sala de tortura fue colgado al “pau de arara” , mientras que su padre fue puesto en la “cadeira do dragão” . Ambos fueron torturados por un equipo de unas cinco personas, dos de las cuales consiguió identificar, entre otros, a David dos Santos Araújo.

El “Capitán Lisboa” también es acusado de abuso sexual, como declaró Ieda Seixas, quien en exposición al Ministerio Público Federal dijo que fue apretada contra la pared por él y después le introdujo la mano dentro de la ropa, diciendo obscenidades y amenazándola.


Armas ilegales

David dos Santos Araújo es portador de 111 armas ilegales, de acuerdo con la investigación de la Policía Federal. La empresa de seguridad Osvil, propriedad de Araújo, perdió, por irregularidades, la licencia de funcionamiento como empresa de seguridad que autorizaba el registro de armas. De acuerdo a esto, las armas deberían ser entregadas a la Policía Federal. Sin embargo, esas armas se encuentran extraviadas. Después de perder la licencia, Araújo abrió una nueva empresa de seguridad, llamada Dacala Segurança, que tiene como clientes al grupo Anhanguera Educacional, Banco Itaú, Ford, Jac Motors, Banco Safra, Volkswagen, Banco Santander.

El proceso judicial de la PF afirma que en total Araújo tiene más de doscientas armas ilegales, además de un arsenal de ochocientas registradas de manera regular en nombre de la empresa Dacala, que es acusada también por el empleo ilegal de armas de fuego en la actividad de seguridad privada, de acuerdo con la Policía Civil.

Fuente: http://albatv.org/Movimiento-de-jovenes-inicia.html

Venezuela: 23 de Enero de 1958

El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial. El antecedente más cercano de dicho acontecimiento se produjo el primero de enero del mismo año, cuando aviones de guerra surcaron los cielos despertando a toda Caracas. El asombro fue mayúsculo, incluso para los propios partidarios del gobierno, ya que hacía exactamente un mes, se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle cierta solidez a su régimen y legitimidad ante las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de que el alzamiento fue develado, a medida que se fueron revelando los nombres de los implicados se pudo apreciar cuán extendido y profundo era el malestar entre los oficiales de las tres fuerzas. Por tal motivo, aunque el golpe fracasó no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Esto último fue producto de una acumulación de oposiciones que, al final convirtieron el derrocamiento de la dictadura en una causa nacional.

El 23 de enero Al conocerse la noticia del derrocamiento, el pueblo se lanzó a la calle, saqueando las casas de los adeptos al régimen; atacando la sede de la Seguridad Nacional y linchando a algunos funcionarios.

La política de grandes obras suntuarias, costosas importaciones, despilfarro y peculado, terminó por llevar al gobierno a la quiebra fiscal. Esto afectó también a los sectores de la economía privada, a los bancos, el comercio, la industria. Estos sectores, ligados íntimamente a los ingresos del gobierno, eran acreedores de la dictadura y necesitaban cobrar sus deudas. El desbarajuste y la falta de pago fue causa principal para que la burguesía, al principio adicta al dictador, terminara por ser partidaria de su derrocamiento.

El 23 de enero de 1958 se hizo realidad un acontecimiento histórico que tenía tiempo gestándose, incubado en las almas rebeldes y los corazones nobles de nuestros revolucionarios de entonces. Gracias a una rebelión popular cayó el tirano, pero lamentablemente no cayó la tiranía. Después de superada la nefasta dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez entraron a la escena otros tiranos, los del pacto de Punto Fijo, los que vieron este país como un botín y actuaron como piratas, dispuestos a saquear lo que pudieran.

Las sanguijuelas del bipartidismo dejaron de lado a los verdaderos revolucionarios. Ignoraron al aguerrido Partido Comunista e intentaron desconocer el sacrificio de mártires como Fabricio Ojeda entre otros. Luego con los gobiernos de AD y Copei, más el consentimiento del aniquilado URD comenzó una de las etapas más tristes de persecuciones, asesinatos, violación de derechos humanos, censura a la prensa, allanamientos y otros actos aberrantes que analizados a luz de la historia desnuda a la “democracia representativa” y la visualiza como lo que fue, la dictadura del oportunismo.

Los autores del pacto de Punto Fijo desplazaron al pueblo que fue el gran protagonista de aquel 23 de enero. Desviaron y manipularon la voluntad popular y la encapsularon a su antojo, mientras ellos, por turnos y siguiendo instrucciones directas del Departamento de Estado norteamericano y de la más rancia oligarquía criolla se repartían el país y sus riquezas.

Todo acontecimiento histórico vive ciclos, de allí que luego de más de 4 décadas de oscurantismo puntofijista hoy al fin Venezuela y los venezolanos avanzan en la construcción de un modelo de país distinto, de inclusión, justicia y soberanía.

No obstante aún está vigente una gran dictadura. Aún hay que encauzar el sentimiento de las mayorías y delinear una gran sublevación contra la dictadura del poder mediático. La nueva batalla debe ser contra esa dictadura fabricante de bobos, idiotizante y alienante. Sólo la batalla de las ideas y la batalla por la comunicación nos harán realmente libres.

Fuente: Agencias de noticias

Uruguay: Senado aprueba proyecto de Ley para juzgar delitos de última dictadura

El Senado uruguayo aprobó ayer un proyecto de Ley presentado la semana pasada por el gobernante Frente Amplio (FA) que permite la investigación de delitos cometidos durante la última dictadura (1973-1985) y los declara de lesa humanidad, lo que evitará que prescriban en noviembre e impulsará sus correspondientes juicios.

La iniciativa fue aprobada con una diferencia mínima de 16 votos a favor versus 15 en contra.

La propuesta presentada obtuvo el apoyo suficiente para pasar a la Cámara de Representantes, que la debatirá este miércoles a fin de decidir su completa aprobación.

Si el proyecto de Ley recibe el visto bueno, permitiría que los militares que cometieron delitos durante la dictadura que duró ocho años en ese país suramericano, sean juzgados pese a la vigente ley de Caducidad, que hasta el momento los ha protegido de pagar por sus crímenes.

La iniciativa cumple además con un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consideró que la ley de Caducidad es inconstitucional y que precisó que no se puede limitar la investigación de crímenes en este período solamente para beneficiar a los uniformados.

Pese a que actualmente la excusa de los opositores es que violentar la Ley de Caducidad es “ignorar las peticiones del pueblo”, cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la iniciativa se apruebe y los responsables de los crímenes paguen las multas correspondientes por sus delitos.

Según cifras oficiales, alrededor de 200 personas murieron y miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares durante la dictadura, mientras otros debieron exiliarse en el exterior ante el peligro que corría sus vidas por las constantes amenazas de los uniformados.

Fuente: Telesur

Uruguay: Hallan restos óseos durante excavaciones

El Gobierno de Uruguay confirmó el hallazgo de restos óseos en el cuartel del Batallón 14, ubicado en el departamento de Canelones. Fue en el marco de las excavaciones que se realizan en busca de desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y marzo de 1985.

El arqueólogo José López Mass informó que para ocultar el cuerpo “se hizo una fosa, se echó el cuerpo y se lo tapó con cal y piedras”.

Luego de 3 años, las excavaciones en el Batallón 14 fueron reanudadas en febrero pasado. Fue tras una requisitoria judicial realizada en octubre de 2010.

El descubrimiento de los restos coincide con el reciente envío al Senado uruguayo de una iniciativa que declara imprescriptibles los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura en ese país.

Vale recordar que un equipo de antropólogos uruguayos había realizado excavaciones durante 2005 y 2006 en cuarteles militares y otros predios de ese país.

En esa oportunidad se hallaron los restos de 2 militantes comunistas desaparecidos.



Senado uruguayo pospone debate de Ley que impedirá que caduquen delitos de dictadura

La Cámara de Senadores de Uruguay pospuso para hoy la discusión de un proyecto impulsado por el gobernante Frente Amplio (FA), que busca evitar la prescripción de crímenes cometidos en la última dictadura (1973-1985). El debate, que estaba planteado para ayer, no pudo llevarse a cabo por inconvenientes técnicos en la sede de la Cámara Alta.

Los medios locales reseñaron que la suspensión fue acordada durante el pleno de la Cámara de senadores, que entre todas las fuerzas políticas alegaron motivos técnicos.

A esto se agregó el deseo de que todos los senadores tuvieran tiempo de informarse y reunirse con sus compañeros de filas para analizar más su voto en este tema.

Tras la suspensión, los legisladores considerarán el documento hoy, mientras en el país sigue la expectativa sobre si todos los crímenes cometidos durante la dictadura recibirán sus justas penas.

El proyecto de Ley analizado, que fue presentado recientemente por el FA, cuenta con cuatro artículos y señala que "la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles".

El debate se hace en vista de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay descartó en mayo pasado considerar los quebrantos del régimen de facto como de "lesa humanidad" y los catalogó "ilícitos comunes", por lo tanto, cesarán el próximo 1 de noviembre así no reciban penas judiciales.

La iniciativa cumple también con una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que reclamó al Estado uruguayo eliminar todos los obstáculos para que esas violaciones sean juzgadas.

El FA fracasó en mayo en su intención de aprobar en la Cámara de Diputados un pliego denominado interpretativo para derogar la Ley de Caducidad.

A la caída del régimen dictatorial, el Parlamento uruguayo aprobó en diciembre de 1986 esa legislación, conocida también como de Impunidad.

La norma jurídica impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidos, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, entre otros delitos durante la dictadura.

Ante el debate, el presiente uruguayo, José Mujica, se declaró convencido la semana pasada de que los crímenes de la dictadura que habían sido archivados serán juzgados por la justicia de su país porque el Parlamento “los declarará de lesa humanidad".

En tanto, hace dos semanas, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron en Montevideo (capital) la verdad por los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura uruguaya, a la vez que clamaron contra la inminente prescripción de los mismos sin que aún se haya hecho justicia.

Fuente: Agencias de noticias

Chile: Protestan por cierre de colegios

Los jóvenes marcharon acompañados de sus familiares desde la Plaza Italia de Santiago hasta la municipalidad de Providencia, cuyo edil Cristián Labbé ordenó el cierre de cinco liceos y anunció que no se aceptarían matrículas de alumnos de otras comunas.

Dijo además que los adolescentes que no se inscriban en el polémico plan gubernamental "Salvemos el año escolar" repetirán el curso "sin contemplación".

Labbé, excoronel de la Dirección de Inteligencia Nacional (policía secreta de Pinochet entre 1973 y 1977), ordenó también el pasado jueves el desalojo de dos liceos tomados por estudiantes secundarios, quienes fueron reprimidos con gases lacrimógenos y carros lanza aguas por la policía de Carabineros.

Las medidas decretadas por el funcionario generaron amplio rechazo en diferentes sectores políticos y en el ámbito legislativo, en el que fue anunciada la presentación de recursos de protección contra el alcalde, integrante además de la oficialista y ultraconservadora Unión Demócrata Independiente.

Ayer trascendió asimismo el desmentido del ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien aseguró que el gobierno no conocía de las decisiones del edil.

"Jamás he sido informado que él pretendía declarar cerrado el semestre académico o el año escolar, cerrar los establecimientos de su comuna y excluir alumnos que no fueran de la comuna de Providencia", remarcó el ministro.

Bulnes instó a Labbé a recapacitar y a no involucrar al gobierno en actos "incorrectos".

En opinión del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la medida anunciada por el alcalde de Providencia de cerrar los liceos tomados en su comuna es ilegal, arbitraria y propia de una dictadura.

La determinación de la referida autoridad local hizo recordar aquí su pasado pinochetista. De hecho, medios periodísticos locales reflotaron un testimonio de un exoficial de la marina mercante identificado como Anatolio Zárate, quien en 2006 reveló haber sido torturado por Labbé, en el Regimiento de Ingenieros Militares Tejas Verdes.

Según Zárate, quien para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como presidente y jefe de flota de una unidad pesquera del gobierno de la Unidad Popular, el actual alcalde de Providencia fue una de las personas que participó en brutales sesiones de tortura a las que fue sometido tras ser arrestado luego del golpe de Estado encabezado por Pinochet.

Fuente: Albatv

Uruguay: Gobierno uruguayo y Suprema Corte rechazan presiones de militares retirados

En un comunicado de 8 puntos, el Gobierno dejó claro que no admitirá "presiones, descalificaciones ni amenazas".

El comunicado oficial aclaró que “no es admisible que se intente que las Fuerzas Armadas asuman la defensa de personas indagadas por diversos delitos”.

Resaltó que "a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto" por la Justicia, de esta manera el gobierno de Uruguay y la Suprema Corte de Justicia de ese país salieron al cruce de las presiones públicas de militares retirados que denunciaron el supuesto "hostigamiento" por parte de la Justicia de ese país.

Pensamiento que deriva del encubrimiento de 30 militares que fueron citados para responder por sus vínculos con crímenes cometidos durante la dictadura en Uruguay, entre 1973 y 1985.

Gobierno chileno ordena detención de acusados por asesinato de Víctor Jara

El Gobierno de Chile ordenó este miércoles la detención de 4 militares acusados por el asesinato del cantante Víctor Jara. El crimen fue cometido durante los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet.

El proceso legal fue interpuesto por la cartera de Interior en el marco del Programa de Derechos Humanos que lleva el Ministerio de Interior.

Allí se culpa a los oficiales Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y Rolando Melo de asesinar a Jara.

La solicitud de aprehensión se respalda en una veintena de testimonios de prisioneros y conscriptos presentes en dicho estadio.

Víctor Jara fue un intelectual comunista que apoyó al Gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado por el Golpe militar liderado por Pinochet.

Jara murió el 16 de septiembre de 1973 de 44 impactos de bala en un estadio en el centro de Santiago.

Según la investigación judicial, en ese lugar Jara fue "brutalmente golpeado y torturado" y sus manos "sufrieron golpes de culatas de fusiles, lo que las dejó reducidas a una sola llaga".

Jara es una de las más de 3 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura de Pinochet en Chile.