La justicia chilena acusó ayer a siete exmilitares por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos que desaparecieron en septiembre de 1973 tras del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes eran exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al movimiento Tupamaros.
Una nota del juez indica que los uruguayos "fueron sometidos a interrogatorios y torturas" en el Regimiento Ferrocarrileros y luego se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago, un conocido centro de torturas, no obstante, se desconoce ''su actual paradero".
Los tres sujetos formaban parte de un grupo de siete personas que se escondían en una mina abandonada localizada en la zona de Cajón del Maipo, aledaña a Santiago.
Los individuos pretendían dirigirse a Argentina, pero fueron detenidos y arrestados por la Policía chilena.
Según la sentencia, los militares Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos exoficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño son señalados por los "secuestros calificados".
El juez Acuña elevó la causa a estado de plenario etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.
El pasado 18 de agosto la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile, mejor conocida como Comisión Valech, presentó al Gobierno un informe sobre crímenes de la dictadura de Pinochet, que eleva a más de 40 mil las víctimas de ese régimen.
El documento actualiza otro informe de 2004, que acreditó nueve mil 800 nuevas víctimas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente. Además registra 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los tres mil 195 certificados oficialmente.
De esta manera, el total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años en los que se extendió la dictadura de Pinochet (1973-1990) subió a 40 mil 280, aunque entre las agrupaciones de víctimas se estima que la cifra puede superar los 100 mil.
Actualmente la justicia chilena mantiene abiertas unas 350 causas relacionadas con desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones durante la dictadura.
Fuente: Telesur
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