En un comunicado de 8 puntos, el Gobierno dejó claro que no admitirá "presiones, descalificaciones ni amenazas".
El comunicado oficial aclaró que “no es admisible que se intente que las Fuerzas Armadas asuman la defensa de personas indagadas por diversos delitos”.
Resaltó que "a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto" por la Justicia, de esta manera el gobierno de Uruguay y la Suprema Corte de Justicia de ese país salieron al cruce de las presiones públicas de militares retirados que denunciaron el supuesto "hostigamiento" por parte de la Justicia de ese país.
Pensamiento que deriva del encubrimiento de 30 militares que fueron citados para responder por sus vínculos con crímenes cometidos durante la dictadura en Uruguay, entre 1973 y 1985.
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