Diversas representaciones Mapuche se han pronunciado sobre este aberrante fallo que ratificó la sentencia de una institución fáctica y amparadora de crímenes, como es la justicia militar chilena. Estado chileno devela una vez más su más asquerosa careta de violador de los Derechos Humanos en medio del silencio y complicidad de muchos que se dicen ser democráticos y respetuosos de los derechos.
Luego del cobarde asesinato del joven Mapuche el 3 de enero del 2008, la investigación confirmó que 3 disparos de una subametralladora Uzi perforó por la espalda el pulmón del joven. ¿El responsable? El cabo 2º Walter Jhonattan Ramírez Inostroza, miembro del GOPE (Grupo de operaciones especiales).
El GOPE Ramírez, además de ser el responsable de ser el autor material del disparo en contra del universitario, aparece, según la grabación, alentando a que se probara puntería ¡mándale un balazo!.
El caso tuvo una investigación del fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio, quien pidió una condena de 10 años de cárcel al responsable del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. A pesar de ello, el 19 de agosto del 2010 la Corte Marcial de Valdivia condenó al Cabo a una irrisoria pena de sólo 3 años y un día de pena remitida (firmando), lo que ha permitido que el GOPE continúe ejerciendo funciones al interior de la institución de carabineros y sea protegido por el alto mando trasladándolo de lugares.
La familia recurrió a la Corte Suprema para buscar justicia y este 15 de diciembre resolvió, dando la impunidad al asesino, confirmando el fallo de un tribunal militar sobre un asunto civil en supuestos tiempos de democracia.
El Hogar Mapuche We Liwen de Valdivia señaló al respecto: “Ante el discriminatorio fallo de la corte suprema, el cual condena al carabinero asesino Walter Ramirez a 3 años y un día de libertad vigilada dejándolo impune de ser culpable de la muerte del weichafe Matías Catrileo Quezada”. Agregó: “Declaramos nuestro gran descontento frente a lo sucedido, lo cual vuelve a demostrar la diferencia que aplica la justicia de este estado, frente a los casos donde están involucrados hermanos Mapuches, siendo en la mayoría de los casos, los mas perjudicados”.
Para el hogar de estudiantes Mapuche no puede ser posible que el Estado no se haga cargo de los delitos que cometen sus subordinados y que mas aún los avalen y los protejan. Agregan en otro punto “Instamos al estado chileno a que pida perdón publica, nacional e internacionalmente a nuestro pueblo nación mapuche por todos los actos genocidas que han practicado en contra de nuestro pueblo. Este es un asesinato que no puede quedar impune. Por eso hacemos un llamado a todas las comunidades y organizaciones mapuches a manifestarse y exigir la condena que realmente merece este asesino”, sentenciaron los jóvenes.
Absoluto rechazo manifestaron una vez conocido el fallo, representantes de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), a la decisión de la Corte Suprema chilena de aplicar una pena de firma sin cárcel al policia Walter Jhonattan Ramìrez Inostroza, que asesinó por la espalda al joven mapuche el 3 de enero de 2008.
A través de una declaración, ATM señaló que miembros de diversas comunidades mapuche analizan en este momento el fallo, señalando que es evidente la señal para los miembros de la policía militarizada que entran disparando a mansalva en las comunidades. "Con esta decisión de los tribunales se hace una vez más evidente la inexistencia de derechos humanos para los mapuche en Chile", dijeron.
Para ATM se demuestra también que es totalmente falso lo declarado por el presidente del senado que señaló recientemente que en esta país "está superado el tema de los derechos humanos". "Hay un claro consenso en la clase política para ocultar los atentados a los derechos que cada día ocurren en nuestro territorio..." señaló el werken de la Alianza Territorial Mijael Carbone Queipul, hoy con arresto domiciliario luego de encabezar manifestaciones pacíficas en contra de los megaproyectos en comunidades mapuche.
Asimismo se señaló: "Hay una realidad represiva, de seguimientos policiales, amenazas, de sobrevuelos en nuestras casas, de golpes, de presos políticos, de tortura, heridos y muertos que se ha hecho permanente, una normalidad genocida que nadie más parece ver que nosotros, por ello debemos condenar públicamente con toda nuestra fuerza este tipo de decisiones de los tribunales chilenos, la muerte de Catrileo y los demás peñi asesinados no puede quedar impune, hacemos un llamado a denunciar en todo lugar este hecho", enfatizó el werken, haciendo también un llamado para difundir las fotos de los asesinos para que la población se cuide de ellos, puesto que considera que así como se le dispara por la espalda a jóvenes mapuche, cualquier joven que se manifiesta por sus derechos está en peligro de ser igualmente asesinado por estos siniestros personajes o por otros miembros de las fuerzas armadas, en un contexto de silencio por parte de todos actores políticos y sociales que no sufren esta realidad.
"Seguramente en años más se crearan nuevas comisiones de verdad y reparación y entonces los cómplices por acción u omisión dirán que ellos no sabían, que no se daban cuenta, que estaban lejos, como ocurrió después de que se develaron los crímenes de la dictadura pinochetista..." se proyecta Carbone.
Respecto a los actores de esta decisión judicial, los representantes de ATM Pu Lof MapuXawvn denuncian también que en el mismo poder judicial chileno se encuentran personajes de oscura conducta, pues entre los jueces que decretaron la impunidad del asesino de Catrileo están los ministros Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, quienes tienen fama en la protección de agentes del estado represores, más aún cuando el primero de ellos fue Presidente de los Consejos de Guerra de la dictadura en Osorno, mientras que Dolmestch es conocido por enunciar y aplicar su doctrina de impunidad disfrazada para culpables de crímenes de lesa humanidad.
Finalmente los mapuche hicieron un llamado a no olvidar, también, a quienes estaban a cargo del Ministerio del Interior en la época y quienes quisieron aplastar una vez más a sangre y fuego al movimiento mapuche en la zona, "los nombres de los señores Edmundo Perez Yoma, Patricio Rosende, y Nora Barrientos, entre otros, no serán olvidados por la historia mapuche" concluyen.
Para la familia con este fallo, se demuestra que todo el Sistema esta al servicio del poder Económico y que los poderes del estado se coluden para permitir LA IMPUNIDAD. “Este fallo de la Corte Suprema es la prueba más evidente de que el Estado chileno avala y promueve que Carabineros de Chile asesine a los mapuches que luchan por sus derechos”.
Señalaron también que “Los tribunales militares que juzgan a militares acusados de violación de derechos humanos, continúan favoreciendo a los uniformados, ya que los gobiernos de la Concertación no tuvieron la voluntad política para cambiarlo”.
También se refirieron a las políticas del actual Gobierno ante las demandas Mapuche. “El régimen de Piñera, ha usado la Represión desmedida para con los luchadores sociales y particularmente al interior de las comunidades MAPUCHE, allanamientos en zonas recuperadas y otras violaciones a los DDHH”.
También esperan que “el Estado asuma la Responsabilidad Política que le corresponde, en este acto tan cruel e irresponsable: el asesinato de Matías por parte de Carabineros de Chile”. Agregan. “En definitiva el ESTADO chileno es quien vulneró el derecho a la vida de nuestro hijo, a través de sus fuerzas represoras. Carabineros hoy depende directamente del Ministerio del Interior”.
Asimismo, emplazaron al Ministro del interior Hinzpeter a que: “Realice las Gestiones para que el Asesino Walter Ramírez Espinoza nos de la CARA, Y RECONOZCA Públicamente que MATO a nuestro Hijo, Hermano y Weichafe: MATIAS KATRILEO KEZADA”; “Exigimos que sean dado de baja tanto Walter Ramirez, con toda su línea directa de mando, especialmente el general Premiado (entonces Jefe de Zona de la Araucanía): Cristián Yévenes”.
Para el Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, es vergonzoso para Chile no haber modificado su legislación militar. “El Estado continúa llevando a tribunales militares causas que involucren crímenes o violaciones cometidos por agentes policiales y/o militares en contra de civiles, en absoluta impunidad y estos casos debieran ser competencia de los tribunales civiles, como se ha establecido en la sentencia Palamara versus Estado chileno, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005).
Para el Grupo por derechos colectivos, se trata de prioridades que se deben asumir en pro de los avances democráticos y respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, dijeron “solo queda demostrado que se sigue anclado a instituciones fácticas y cómplices de crímenes. Casos como los asesinatos de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún y Matías Catrileo en el Pueblo Mapuche o Rodrigo Cisternas y Manuel Gutiérrez del Pueblo chileno, son un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo: impunidad ante los abusos cometidos por agentes, en actos evidentemente repudiables y condenables por cualquier sistema que se diga de justicia”.
Finalmente el Grupo tildó de aberrante y discriminatorio el fallo emitido por la Corte Suprema señalando que todavía en esa institución existe gente decrépita e insensata incapaz de evolucionar, anclada al pasado y que no solo ampara, sino además es cómplice de las violaciones a los Derechos Humanos que se cometen, donde acá no solo se trata de proteger al que gatilló el arma, sino a una cadena de criminales y mafiosos.
Fuente: Mapuexpress
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