En México crecen las denuncias contra la Policía por la represión violenta a una protesta estudiantil en una carretera ubicada en Guerrero (sur), que dejó un saldo de dos jóvenes muertos y 15 presuntamente desaparecidos.
"De más de 15 compañeros no sabemos su paradero", denunció un estudiante de la secundaria normalista de Ayotzinapa (una zona rural del estado de Guerrero), Jersey Peñaloza.
Añadió que además de los dos muertos, un tercero de sus compañeros se encuentra gravemente herido por un disparo en el estómago.
Aunque las autoridades del estado de Guerrero insisten en que el cuerpo de seguridad fue enviado sin armas a levantar la manifestación, en la acción policial cayeron dos jóvenes.
Además, varios diarios mexicanos publicaron fotos mostrando a uniformados y hombres vestidos de civil a su lado, apuntando armas hacia unos 600 participantes en la marcha en reclamo de más cupos para una escuela rural, después que algunos manifestantes les lanzaron bombas incendiarias.
El fiscal de Guerrero, Alberto López, en un intento por desacreditar la manifestación, aseguró que gracias a la confesión de un joven detenido se lograron ubicar "ocho granadas".
Por su parte, el abogado Manuel Olivares dijo que pudo hablar con este detenido, identificado como Gerardo Torres (19 años), quien atemorizado le relató que la policía lo llevó "a un lote cercano, donde a punta de golpes lo hicieron disparar hasta en cinco ocasiones" un fusil AK-47, similar al utilizado en contra de los manifestantes.
En Chilpancingo, grupos civiles convocaron para ayer a una marcha de protesta, en tanto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, el más grande de América Latina) dijo que inició consultas con seccionales en varios estados, para organizar manifestaciones de repudio.
Guerrero ha sido escenario este año de numerosas protestas de educadores y estudiantes por lo que consideran desatención del gobierno estatal a sus reclamos.
En octubre, los maestros de Acapulco firmaron un acuerdo para iniciar clases en todas las escuelas tras dos meses de huelga por demanda de seguridad para los educadores debido a amenazas de una banda del narcotráfico.
El Gobierno Federal desplegó hace dos meses a miles de policías y militares para contener la violencia en Acapulco y el resto de Guerrero, afectado por acciones de unas 17 bandas de carteles del narcotráfico.
Fuente: Telesur
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