El abogado ecuatoriano Juan Pablo Sanz, uno de los litigantes en el caso Texaco-Chevron, denunció este miércoles que la petrolera estadounidense manipula los hechos relacionados con la sentencia que una corte de Ecuador emitió en su contra, y con la compra de jueces en Estados Unidos (EE.UU.) piensa no responder por los daños que causó a selva amazónica durante casi tres décadas.
“Chevron desde hace tiempo dice que no respetará ningún tipo de sentencia que provenga de un tribunal de Ecuador (...) Acudieron al Juez del distrito federal de Nueva York (noreste EE.UU.), Lewis Kaplan, y lo convencieron de que el sistema judicial ecuatoriano es completamente corrupto”, manifestó.
El jurista recordó que la demanda original fue presentada en la década de los 90 en Nueva York. Sin embargo, Chevron durante 10 años alegó que la Justicia ecuatoriana era la única competente para llevar adelante el caso y el foro adecuado para resolver este tipo de situaciones.
“Lo que sucede es que en los 90 era diferente la realidad política ecuatoriana, y dominaban actores muy cercanos a los intereses de EE.UU. y de la Chevron. Ellos pensaban que vendrían a Ecuador y sus amigos halarían un par de hilos y moverían unos centavos para dictar una sentencia a su favor y olvidarse de las consecuencias”, explicó.
Por ello, hizo un llamado a los jueces que tratarán las apelaciones de la Chevron, a que realmente apliquen la Ley y no se dejen maniobrar por la petrolera.
En febrero pasado, la Corte de Sucumbíos determinó que la petrolera Chevron debía cancelar 8 mil 646 millones de dólares por los daños ambientales causados en la selva de la Amazonia durante 28 años (1964-1992) por sus operaciones en Ecuador.
El dinero de este fallo sería utilizado para la reparación del ecosistema de la zona y para las comunidades indígenas que resultaron damnificadas por la acción de la petrolera, debido a la utilización de sustancias contaminantes en la zona.
A pesar del monto elevado, los demandantes han manfiestado que el fallo no se ajusta a las peticiones y el reclamo de una indemnización de 113 mil millones de dólares.
Los daños ocasionados por esta empresa se perpetraron en el norte de la selva amazónica y supusieron la contaminación del hábitat y de unas 30 mil personas que durante los años 70 y 80 resultaron afectadas por el uso de material de extracción inadecuado.
En el mes de marzo, el juez Kaplan emitió una resolución que suspende el cumplimiento de la sentencia formulada por la Corte de Sucumbíos. La directiva de Chevron respondió de la siguiente manera:
“Chevron está complacida con la orden de la Corte federal de Nueva York. No se debe permitir que los abogados demandantes en el caso de Lago Agrio se beneficien de un sistema judicial que no garantiza el debido proceso y de una sentencia que han obtenido por medio del fraude y de la corrupción”, reseña el comunicado.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sostuvo que su Gobierno no tuvo que ver con la decisión, que fue un órgano autónomo y soberano el que dictó la sentencia. Asimismo, rechazó la posición de la compañía, en relación a que el fallo “es producto de un fraude y contrario a la evidencia científica”, instando a la petrolera a demostrar que en el proceso haya existido fraude.
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