El presidente uruguayo, José Mujica, emitió hoy un decreto para habilitar la reapertura de unas 80 investigaciones de casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay. De este modo, quedarán anulados todos los actos administrativos basados en la ley de Caducidad, anunció el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Breccia señaló en conferencia de prensa que el mandatario uruguayo resolvió "revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo (...) Que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones" de la denominada ley de Caducidad.
Señaló que el decreto habilita a la Justicia a determinar qué casos son amparados o no por esta ley, aprobada en 1986 y que obliga a la Justicia uruguaya a consultar al Poder Ejecutivo qué casos ocurridos durante la dictadura puede investigar.
El pasado 17 de junio, varios senadores del Frente Amplio (FA) elevaron una solicitud a la Presidencia de Uruguay solicitando copia de 88 casos amparados en la ley de Caducidad desde diciembre de 1986.
La intención de los senadores es obtener copia de los expedientes para promover después una solicitud de derogación de los mismos, como ya aconteció en el caso de Álvaro Balbi, cuando se derogó el amparo administrativo a solicitud de su esposa.
La senadora del FA Mónica Xavier explicó que se buscan los mayores consensos para terminar con la impunidad.
La ley de Caducidad fue aprobada un año y medio después de otra norma jurídica que amnistió a los presos y perseguidos políticos, cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
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