La Corte de Apelaciones de Concepción (sur) Chile ratificó el fallo del Juzgado Militar de Valdivia (oeste) que absolvió a cinco comuneros mapuche, condenados en 2010 a 20 y 25 años de prisión por supuesto ataque a un fiscal. En tanto, la Corte Suprema fijó para el próximo 3 de junio su pronunciamiento sobre la nulidad de este juicio.
Según fuentes judiciales, el fallo absolvió este miércoles a Héctor Llaitul, condenado a 25 años de presidio; Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, Luis Menares y José Huenuche sentenciados, a 20 años.
El abogado defensor Pablo Ortega indicó que ahora sólo los dos jueces del Tribunal Oral de Cañete mantienen su decisión con pruebas “tan débiles” de condenar a los mapuche a extensas penas de cárcel.
Los cinco comuneros mapuche superan los 70 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol (noroeste), exigiendo la nulidad del juicio de 2010.
Este martes, Ramón Llanquileo, uno de los presos mapuche que se encuentra en huelga de hambre, fue trasladado desde la cárcel hasta un hospital de la región del Biobío, en el sur de Chile, informó la portavoz de los mapuche, Natividad Llanquileo a una agencia de noticias internacional.
"Gendarmería (fuerza militar) dice que fue sacado a hacerle un examen, pero el médico que nos recibió dijo que estaba bastante complicado, así que tememos que sea alguna emergencia", dijo Llanquileo.
Los comuneros iniciaron su ayuno el 16 de marzo pasado, luego de haber sido condenados a penas de 20 a 25 años de prisión por el supuesto ataque a un fiscal, que resultó ileso, así como por el robo con intimidación a un agricultor.
Con esta huelga, los presos presionan para ser juzgados por un tribunal “imparcial" y para que no se empleen procedimientos amparados por la ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Los cinco mapuche forman parte de los más de 30 internos que el año pasado mantuvieron una huelga de hambre de 80 días, que concluyó con la mediación de la Iglesia católica y un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para una reforma que redujo algunas de las atribuciones de la ley Antiterrorista.
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