El frente de campesinos que se mantienen en protesta indefinida en la frontera con Bolivia desde hace 21 días, advierten con boicotear el proceso electoral en Puno (sur) el proximo domingo si no se da respuesta a las demandas contra las concesiones mineras. Sus líderes consideran insuficientes los acuerdos logrados con las autoridades.Este domingo los peruanos participarán en la segunda vuelta electoral que enfrentará a los candidatos presidenciales, Ollanta Humala y Keiko Fujimori. El Departamento de Puno es uno de las zonas más importantes para las aspiraciones de ambos.
El presidente del frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno, Walter Aduviri, afirmó que si el Gobierno no accede "no se terminará la medida de fuerza y no habrá elecciones".
Aduviri dijo a la prensa que el Gobierno amenazó que si no llegan a "corregir el error (...) el pueblo sabrá como juzgarlos".
También anunció que continuarán con los bloqueos tanto en la carretera binacional de Desaguadero y en las rutas de conexión a Juliaca.
A pesar de que las autoridades esperaban que el bloqueo fuera levantado por los manifestantes tras el acuerdo, un grupo de campesinos decidió regresar temporalmente a sus comunidades para abastecerse, mientras el resto se mantiene al frente de su lucha.
Mientras los manifestantes mantienen paralizado el comercio binacional con Bolivia hace tres semanas, camioneros exigen al Gobierno de Lima que anule la concesión minera para liberar el tránsito en el paso fronterizo.
El presidente del frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno, Walter Aduviri, afirmó que si el Gobierno no accede "no se terminará la medida de fuerza y no habrá elecciones".
Aduviri dijo a la prensa que el Gobierno amenazó que si no llegan a "corregir el error (...) el pueblo sabrá como juzgarlos".
También anunció que continuarán con los bloqueos tanto en la carretera binacional de Desaguadero y en las rutas de conexión a Juliaca.
A pesar de que las autoridades esperaban que el bloqueo fuera levantado por los manifestantes tras el acuerdo, un grupo de campesinos decidió regresar temporalmente a sus comunidades para abastecerse, mientras el resto se mantiene al frente de su lucha.
Mientras los manifestantes mantienen paralizado el comercio binacional con Bolivia hace tres semanas, camioneros exigen al Gobierno de Lima que anule la concesión minera para liberar el tránsito en el paso fronterizo.
El sábado, una Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo y las autoridades de Puno (sur de Perú) acordaron una serie de lineamientos con los que esperan devolver la normalidad a la zona fronteriza.
La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Rosario Fernández, anunció en rueda de prensa el fin de semana que uno de los acuerdos es realizar una consulta previa antes del inicio de las operaciones de una empresa transnacional.
Se acordó además suspender por doce meses la adhesión de petitorios mineros en las regiones de Chuchuito Yunguyo, Collao y Puno; así como congelar por un año el procedimiento de estudio de impacto ambiental de la minera Santa Ana.
La protesta campesina estalló el 9 de mayo con una huelga general indefinida en la provincia de Chucuito -exigiendo la cancelación definitiva de la concesión minera Santa Ana- a la que se plegaron luego Yunguyo, El Collao y Puno, y en los últimos días, San Román, Azángaro y Melgar.
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) denunció a fines de 2010 que más del 70% del territorio peruano está concesionado a transnacionales mineras y petroleras; y en febrero de 2011 reveló que el gobierno de Alan García pretende declarar de “necesidad nacional” la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura “sin necesidad de presentar estudios de impacto ambiental”.
Según Gonzalo Segura,académico peruano afirma que “los asesinos modernos que hoy se manifiestan bajo la careta de ‘desarrollo’ matan las aspiraciones de los pueblos, matan su identidad, su lengua, sus sueños, su tranquilidad, su historia, su dignidad, su religión, sus dioses… matan a los niños lentamente… matan el oxígeno, matan sus tierras, sus ríos y sus lagunas... Y siembran campos envenenados con mercurio, siembran el olvido, la prostitución, el desprecio y el auto desprecio, la miseria material y espiritual…”.
La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Rosario Fernández, anunció en rueda de prensa el fin de semana que uno de los acuerdos es realizar una consulta previa antes del inicio de las operaciones de una empresa transnacional.
Se acordó además suspender por doce meses la adhesión de petitorios mineros en las regiones de Chuchuito Yunguyo, Collao y Puno; así como congelar por un año el procedimiento de estudio de impacto ambiental de la minera Santa Ana.
La protesta campesina estalló el 9 de mayo con una huelga general indefinida en la provincia de Chucuito -exigiendo la cancelación definitiva de la concesión minera Santa Ana- a la que se plegaron luego Yunguyo, El Collao y Puno, y en los últimos días, San Román, Azángaro y Melgar.
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) denunció a fines de 2010 que más del 70% del territorio peruano está concesionado a transnacionales mineras y petroleras; y en febrero de 2011 reveló que el gobierno de Alan García pretende declarar de “necesidad nacional” la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura “sin necesidad de presentar estudios de impacto ambiental”.
Según Gonzalo Segura,académico peruano afirma que “los asesinos modernos que hoy se manifiestan bajo la careta de ‘desarrollo’ matan las aspiraciones de los pueblos, matan su identidad, su lengua, sus sueños, su tranquilidad, su historia, su dignidad, su religión, sus dioses… matan a los niños lentamente… matan el oxígeno, matan sus tierras, sus ríos y sus lagunas... Y siembran campos envenenados con mercurio, siembran el olvido, la prostitución, el desprecio y el auto desprecio, la miseria material y espiritual…”.
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