
Durante la jornada del lunes 9 de mayo, la noticia del traslado de Ramón Llanquileo desde la cárcel de Angol a un recinto hospitalario evidenció ante la luz pública la situación que viven los presos mapuche. Él y tres de sus compañeros fueron condenados hace casi dos meses por los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado contra el fiscal Mario Elgueta –ocurrido durante el 2008- en un extenso proceso judicial que superó los dos años e incluyó la aplicación de la cuestionada Ley Antiterrorista.
Para este jueves 12 de mayo está contemplada la revisión del recurso de nulidad que será defendido por el abogado de uno de los comuneros y jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Bío Bío (DPB), Pelayo Vial. El principal argumento de los comuneros mapuche es la falta de relación entre los delitos y las duras penas a las que fueron condenados.
En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, presentó un escrito ante la Corte Suprema, que busca amparar el recurso de nulidad, esgrimiendo como causa fundamental la equívoca aplicación de la Ley Antiterrorista.
“Estamos convencidos que la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que ha implicado una cantidad de obstáculos para una justa defensa de parte de los imputados”, aseguró.
Para este jueves 12 de mayo está contemplada la revisión del recurso de nulidad que será defendido por el abogado de uno de los comuneros y jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Bío Bío (DPB), Pelayo Vial. El principal argumento de los comuneros mapuche es la falta de relación entre los delitos y las duras penas a las que fueron condenados.
En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, presentó un escrito ante la Corte Suprema, que busca amparar el recurso de nulidad, esgrimiendo como causa fundamental la equívoca aplicación de la Ley Antiterrorista.
“Estamos convencidos que la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que ha implicado una cantidad de obstáculos para una justa defensa de parte de los imputados”, aseguró.
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