La Corte Suprema de Justicia de Chile acogió este martes el pedido de nulidad del juicio que condenó en 2010 a cuatro comuneros mapuche.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche,los cuatro mapuche sentenciados a 20 y 25 años de prisión bajo la Ley Antiterrorista vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, cumplieron 49 días en huelga de hambre.
Luego de 30 días de la presentación de nulidad por los abogados de los cuatro mapuche,la resolución fue adoptada por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia.
Tras esta decisión, la Corte Suprema pasará a los alegatos de la defensa de los comuneros, los que podrían tener lugar la próxima semana.
Dentro de los argumentos, están las infracciones al debido proceso, que ocurrieron durante el juicio realizado en Cañete, provincia de Arauco, y que terminó con la absolución de otros 13 comuneros que fueron acusados de homicidio frustrado a un fiscal del Misterio Público, lesiones a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) que acompañaba al representante de la Fiscalía, asociación ilícita terrorista y asociación ilícita para el robo y hurto de madera.
De acuerdo con los familiares de los comuneros existe “una situación alarmante porque los señores jueces consideraron en su sentencia el 'testimonio de oídas' de un policía quien habría escuchado la declaración 'voluntaria' de uno de nuestros familiares (también imputado y condenado), quien se habría autoinculpado e incriminado a otros comuneros mapuche".
Señalaron que esa declaración “fue obtenida bajo tortura”, según consta en la certificación médica de las lesiones producidas.
Las comunidades indígenas anunciaron que de no revocarse el fallo, el caso será llevado a tribunales internacionales, lo que seguramente derivará en “una condena al Estado chileno por violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, enfatizaron los comuneros.
Los cuatro mapuche están encarcelados en Angol, donde recurren a la huelga de hambre, medida de presión que realizaron antes junto a otra treintena de presos en 2010 para evitar que se les aplicara la ley Antiterrorista.
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