El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, Gilson Dipp, afirmó hoy que ese país no puede presindir de una ley antiterrorista.
Según el funcionario, dicha necesidad se debe a que la nación sudamericana se prepara para recibir mega eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en 2014 y las Olimpiadas, en 2016.
Por tal motivo, el Ministro defendió la creación de una legislación especial que tipifique los delitos de terrorismo y financiamiento de grupos terroristas.
Por su parte, el asesor jurídico de la organización de Derechos Humanos "Tierra de Derechos", Fernando Prioste, señaló que la creación de una ley antiterrorista puede ser utilizada para criminalizar a los movimientos sociales.
Asimismo, destacó que la Ley de Seguridad Nacional creada durante la dictadura militar en Brasil continúa vigente. La normativa no es interpretada de la misma manera, aunque sigue siendo válida.
En ese sentido, Prioste pone como ejemplo un caso relacionado con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierrra de Río Grande Do Sul.
Integrantes de este movimiento debieron responder en 2008 a acciones penales por supuestos crímenes contra la seguridad nacional, interpretados como actos terroristas.
Por último, Fernando Prioste manifestó que la interpretación de la ley antiterrorista es "absolutamente abierta". Además, manifestó que las decisiones que contempla esa norma de crear leyes más represivas provienen de grupos con intenciones "mediáticas".
Para eludir las controversias del nuevo Código Penal, la Comisión especial del Senado incluyó en el proyecto algunas salvedades. Una de ellas señala que no pueden ser calificadas como terroristas aquellas personas movilizadas por fines sociales.
Según el funcionario, dicha necesidad se debe a que la nación sudamericana se prepara para recibir mega eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en 2014 y las Olimpiadas, en 2016.
Por tal motivo, el Ministro defendió la creación de una legislación especial que tipifique los delitos de terrorismo y financiamiento de grupos terroristas.
Por su parte, el asesor jurídico de la organización de Derechos Humanos "Tierra de Derechos", Fernando Prioste, señaló que la creación de una ley antiterrorista puede ser utilizada para criminalizar a los movimientos sociales.
Asimismo, destacó que la Ley de Seguridad Nacional creada durante la dictadura militar en Brasil continúa vigente. La normativa no es interpretada de la misma manera, aunque sigue siendo válida.
En ese sentido, Prioste pone como ejemplo un caso relacionado con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierrra de Río Grande Do Sul.
Integrantes de este movimiento debieron responder en 2008 a acciones penales por supuestos crímenes contra la seguridad nacional, interpretados como actos terroristas.
Por último, Fernando Prioste manifestó que la interpretación de la ley antiterrorista es "absolutamente abierta". Además, manifestó que las decisiones que contempla esa norma de crear leyes más represivas provienen de grupos con intenciones "mediáticas".
Para eludir las controversias del nuevo Código Penal, la Comisión especial del Senado incluyó en el proyecto algunas salvedades. Una de ellas señala que no pueden ser calificadas como terroristas aquellas personas movilizadas por fines sociales.
Fuente: Agencia Pulsar
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