Diversos de grupos defensores de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Colombia denunciaron este jueves la inconstitucionalidad de la Ley de Víctimas, que entró en vigencia hace apenas un día en ese suramericano.
Los manifestantes insisten en que la normativa es discriminatoria y ampara a los grupos paramilitares.
El hijo de una de las víctimas del conflicto armado, José Antequera, recalcó que “en Colombia existe una violencia política y que esa violencia política tiene que salir a la luz”.
Con esta afirmación, Antequera afirmó que “lo que hace la ley de víctimas es básicamente excluir eso que es lo cual nos reclamamos victimas” y agregó que es parte de “una estrategia de exterminio unilateral del Estado para apropiarse del poder”.
Además de estas críticas, los familiares de víctimas rechazan también a la denominada ley de desmovilizados sancionada por el Gobierno, porque pretende cancelar las órdenes de captura y ejecuciones de sentencia a cerca de nueve mil paramiliatres que se encontraban en un “limbo jurídico”.
En este sentido, el Coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Álvaro Villarraga, agregó que con esta normativa “se corre el riesgo de que con formalismo la Fiscalía, con una base de datos débil y una investigación insuficiente, pasen, hagan conejo y obtengan el beneficio (de la impunidad) los responsables responsable de graves delitos de lesa humanidad”.
La Ley de Víctimas, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista la noche de este martes con el reglamento que sancionó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que "se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas", informó el Ejecutivo.
Durante el Gobierno de Uribe, alrededor de 32 mil paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) supuestamente entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brindó a cambio de su cooperación con las autoridades beneficios legales y penas máximas de ocho años, sin importar los delitos que hubiesen cometido.
En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (Bacrim), como es el caso de las Águilas Negras.
Este grupo ha sido considerado como la tercera generación de los grupos paramilitares.
Están asociadas con los cárteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo; además atacan a miembros de la guerrilla y personas sospechosas de simpatizar con ellos.
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