La intendenta de la región de Aysén, Pilar Cuevas, informó que con esta decisión las 22 familias recuperarán “su tranquilidad”. Por su parte el dirigente Ivan Fuentes reconoció que se mantienen los reparos sobre la permanencia de Cuevas frente de la Intendencia regional, aunque "nada empaña la alegría por esta decisión".
El Gobierno de Chile retirará a partir de este viernes las querellas a 22 habitantes de la región sureña de Aysén, acusados por la Ley de Seguridad del Estado, tras el conflicto que vivió esa zona por el aislamiento que sufre del resto del país.
La información fue confirmada a los periodistas por la intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas quien dijo que como la región ha vuelto a la normalidad "la autoridad se encuentra muy conforme con ello".
Cuevas explicó que la medida fue conversada con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y se decidió "retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado a contar de mañana en la ciudad del Puerto Aysén (...), teniendo en cuenta nuestro compromiso con la paz social. Esta querella era un obstáculo, dado el compromiso de avance de la forma de trabajo de las comisiones y la situación que ha recuperado la región paulatinamente". A esto agregó que uno de los objetivos de la acción es que las 22 familias recuperen "su tranquilidad".
Por su parte el vocero del movimiento, Iván Fuentes, señaló que le parece "importante que el vice presidente de la República haya cumplido con la palabra empeñada" y se mostró muy contento de que "la gente no tenga ese peso en sus espaldas". Asimismo señaló que la información la recibieron a las 8.20 de la noche, pero que decidieron guardar silencio por "protocolo".
Sobre la relación entre los dirigentes y la intendenta, Fuentes dijo que "causa aspereza" que lo haya dicho la intendenta, a quien le solicitaron en varias oportunidades la renuncia a su cargo.
Los habitantes de Aysén, un poco más de 100.000 personas, iniciaron el pasado 13 de febrero sus protestas para denunciar el aislamiento que sufre la zona, que se traduce en problemas de conectividad, educación y altos precios de combustibles y otros productos.
La protesta se terminó cuando los dirigentes liderados por el portavoz del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, fueron recibidos en La Moneda y el Gobierno se comprometió a solucionar los once puntos que los vecinos de esa región hicieron llegar al Ejecutivo.
La conmemoración del Día del Joven Combatiente que fue instaurada popularmente en recuerdo de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet en el 29 de marzo de 1985, termino ayer con mas de cien detenidos.
"Hay al menos 50 detenidos, la mayoría menores de edad", dijo el jefe policial de la zona oeste de Santiago, Rodolfo Pacheco, a medios locales en un informe sobre los incidentes registrados entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
Pacheco agregó que "dos policías resultaron lesionados", durante disturbios protagonizados por encapuchados quienes dispararon armas y lanzaron bombas incendiarias y piedras a agentes de la policía en la populosa Villa Francia de Santiago, una de las zonas donde se registraron los más graves incidentes.
Cerca de 200 agentes policiales respondieron el ataque de los encapuchados lanzando agua y gases lacrimógenos y con tanquetas.
Los disturbios se repitieron en al menos otras cuatro comunas de la capital chilena, y en ciudades como Valparíso, Concepción y Lota.
Horas antes, cientos de encapuchados se enfrentaron con la policía chilena en las afueras de la Universidad de Santiago, en incidentes que se extendieron por más de dos horas, al cabo de las cuales la policía reportó 56 detenidos.
La fecha ha derivado tradicionalmente en actos de violencia. "Se ha visto mucha arma de fuego, armas hechizas (de fabricación casera), pero no creo que esta noche haya sido más violenta que en otros años", afirmó Pacheco.
Campesinos paraguayos se movilizaron este jueves por las calles de Asunción. La llamada Marcha del Campesino Pobre reclamó medidas contra el latifundio y una reforma agraria.
La manifestación fue organizada por la Federación Nacional Campesina (FNC) de Paraguay y liderada por la secretaria general de esa entidad, Teodolinda Villalba. Se trata de la primera mujer que encabeza dicha movilización.
A las demandas de medidas contra el latifundio y reforma agraria los miles de manifestantes agregaron este jueves el pedido de un seguro agrícola para enfrentar los daños de la sequía.
La marcha contó con participantes que llegaron desde distintos puntos del país. Los campesinos recorrieron las calles de la capital paraguaya luego de concentrarse frente al Palacio Legislativo.
Vale decir que el histórico reclamo de reforma agraria se intensificó en los últimos meses. Fue luego de que algunas familias campesinas ocuparon terrenos que actualmente se encuentran en manos de privados de manera ilegal
Esta posesión irregular de las tierras fue criticada por el interventor del Instituto Nacional de la Tierra de Paraguay, Emilio Camacho.
El funcionario había calificado a esa situación como un robo de tierras del Estado mediante operaciones irregulares realizadas por gobiernos anteriores al del presidente Fernando Lugo.
En ese sentido, Teodolinda Villalba expresó que "no hay tierra para los campesinos pero sí para los latifundistas".
Según la secretaria de la Federación Nacional Campesina, esto significa un obstáculo para la economía paraguaya y dificultades para la subsistencia de las familias agrícolas del país.
Lo afirmó Marco Arana, el líder de Tierra y Libertad quien criticó las declaraciones dadas por el mandatario peruano sobre el proyecto Conga, un emprendimiento minero que contaminará los recursos acuíferos de Cajamarca, al norte de Perú, y obligará durante décadas a mantener un costoso tratamiento del agua.
El líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, criticó las declaraciones que dio el presidente Ollanta Humala en "Panorama". El jefe de Estado sostuvo que el agua en Cajamarca no solo está contaminada por minerales, sino de ideologías, en referencia al extremismo de los dirigentes de los frentes de defensa y autoridades, quienes se oponen al proyecto Conga.
En diálogo con elcomercio.pe, Arana calificó la opinión de Humala Tasso de "desafortunada" y sostuvo que sus palabras no contribuyen para solucionar el conflicto social originado por Conga sino que, por el contrario, obstaculizan que se retomen las conversaciones.
"Yo creo que es una opinión desafortunada. En realidad, lo que Cajamarca está señalando es que se respete su proceso de zonificación ecológica y se defiendan las fuentes naturales de agua, eso no responde solamente a una visión ideológica sino de desarrollo. Creo que descalificar a las autoridades cajamarquinas e incluso a los gremios regionales que critican Conga, no ayuda a resolver el conflicto", manifestó.
Arana, uno de los impulsores de la Marcha del agua, dijo que el presidente reniega de sus raíces políticas al decir que el agua de Cajamarca está contaminada de ideologías.
"Él estaría contaminado por la Sociedad Minera y los dueños de las empresas mineras. Yo insisto en que sus declaraciones son desafortunadas y polarizan el conflicto", agregó.
El líder del Movimiento Tierra y Libertad consideró también que el presidente cometió un "grave error" al decir que los que incurrieron a la fuerza en su rechazo a Conga, no tienen autoridad moral para pedirle diálogo al gobierno. Dijo que los actos de violencia ocurridos durante los meses de manifestaciones fueron "aislados".
"Descalificar a la mayoría de ciudadanos y autoridades bajo el tema de que todos son violentistas es un grave error por parte de Humala. Él tiene que tener una óptica de estadista, no de un comandante en campo de operaciones en guerra", subrayó.
En otro momento, advirtió que si las declaraciones dadas anoche por Humala marcan la posición definitiva del gobierno sobre el proyecto minero Conga, que, según Arana, es "de imposición", "es muy probable que las protestas, cuando se retomen" se desborden.
"Si el gobierno apunta a imponer (el proyecto Conga), como indica el presidente con sus palabras, efectivamente podría haber una escalada de violencia que nadie desea", acotó.
Piedad Córdoba aseguró que se mantienen las fechas para la liberación de los 10 uniformados en poder de las Farc. Esta Confirmación la dio al término de una reunión entre Colombianos y Colombianas por la Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
“La primera entrega sería este lunes 2 de abril, con jornada de descanso el 3 de abril y la segunda entrega sería el miércoles 4 de abril, en Villavicencio’’, indicó Córdoba.
La defensora de los derechos humanos agregó que se aprovecharán estos 3 días para realizar un foro sobre seguridad carcelaria y Derechos Humanos, en el cual participarán las Mujeres del Mundo por la Paz.
“Vamos a aprovechar estos 3 días para hablar sobre Derechos Humanos porque es un tema importante para nosotros”, agregó.
Gobierno fija límites de alto al fuego
Por su parte, el Gobierno colombiano confirmó que el primer cese de operaciones comenzará el domingo 1 de abril a las 6 de la tarde hasta el martes 3 de abril a las 6 de la mañana, el segundo cese de operaciones será desde el martes 3 de abril a las 6 de la tarde hasta el jueves 5 de abril a las 6 de la mañana.
El Gobierno resaltó que las Farc deben entregar el área donde se realizarán las liberaciones a más tardar el sábado 31 de marzo a las 7 de la noche.
Las liberaciones se mantienen de parte de las Farc a pesar de que el ejército colombiano ha abatido más de 60 guerrilleros estas últimas semanas.
El Gobierno de Costa Rica anunció la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas del sur de ese país sobre la construcción en sus tierras de una represa hidroeléctrica. El emprendimiento afecta a territorios protegidos.
La decisión fue tomada tras una reunión entre el Gobierno costarricense y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
Ambos acordaron que el Estado nacional debe escuchar a las comunidades indígenas que se oponen a la construcción de la represa El Diquís.
Se trata de un emprendimiento estatal cuya inversión final es superior a los 2 mil millones de dólares. Tras su finalización prevista para 2016 será la hidroeléctrica más grande de Centroamérica.
Por su parte, las comunidades indígenas rechazan la construcción de la represa. Según señalaron, inundará 6 mil 800 hectáreas de sus reservas. Esto obligará a cerca de mil 100 personas a desplazarse de su territorio.
Además, denunciaron que el emprendimiento llevado adelante por el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ocupará ilegalmente tierras protegidas por leyes y convenios internacionales.
Sin embargo, autoridades del Instituto de Electricidad afirman contar con un acuerdo alcanzado con anteriores representantes de las comunidades para la construcción de la represa.
Por tal motivo, la cancillería de Costa Rica reafirmó la realización de una consulta previa a los grupos originarios del sur del país en el respeto de normas internacionales.
En ese sentido, James Anaya propuso también la conformación de un equipo de facilitadores "para apoyar al país" en el proceso de consulta indígena.
Asimismo, Costa Rica solicitó la colaboración del Sistema de Naciones Unidas como observador del proceso de consulta. También analiza convocar a otros veedores.
ICE no está "al servicio del pueblo"
El ICE, es una institución estatal y se convertió -junto con la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS)- en una de las instituciones más importantes de la historia costarricense; ha permitido la electrificación y la cobertura de telefonía fija y móvil en casi todo el país. Hasta que se firmó el TLC con Estados Unidos en el 2007, el ICE mantenía el monopolio de telecomunicaciones.
Pero en realidad, ICE no está "al servicio del pueblo" como aparece en el imaginario de los ticos y ticas. Más bien es uno de los brazos más importantes de los poderosos en Costa Rica, porque ha permitido el "desarrollo económico y social" que hay en el país.
En este momento, el ICE es la empresa encargada de toda la exploración de recursos energéticos de Costa Rica (menos de petróleo, aunque tendría la capacidad para hacerlo), y se la ha ido otorgando más y más potestades para ello, que según los de arriba "es para permitirle al ICE competir en el mercado". Incluso hay intentos para abrir las zonas protegidas del país para que el ICE desarrolle exploraciones de gas.
El ICE es la empresa encargada de llevar a cabo todo el desarrollo de infraestructura y aprovechamiento de "energía limpia". Es decir, es la empresa que anda construyendo represas en muchos ríos, plantas de energía eólica y geotérmica para "satisfacer las demandas de consumo del país para el 2020". Sin embargo, estos proyectos se enmarcan dentro del Plan Puebla Panamá; una de las represas que pretenden construir es la más grande de Centroamérica, y se kiere levantar en el territorio indígena térraba, aunque el pueblo este en contra de esta instalación. También pretenden construir otra represa en el río Savegre, uno de los ríos más limpios y en una de las zonas más ricas en biodiversidad de Centroamérica. Hay muchos proyectos hidroléctricos en proceso de construcción o ya construidos.
Entonces, como se imaginarán, el ICE está metido en muuuchhas comunidades del país, y tiene el "permiso, en nombre del progreso" para hacer y deshacer en estos territorios, aunque las personas no esten de acuerdo. También pasa que el ICE "da mucho empleo" en las comunidades, por lo que la gente tiene miedo de hablar o piensa que el ICE trae cosas buenas para sus comunidades, como calles, escuelas y trabajo.
Dentro de toda esta lógica común y perversa de capital disfrazada de "desarrollo público", se enmarca la entrevista con María Otilia. Ella es una persona de Sarapiquí, zona norte del país. Una zona muy rica, pues es el punto donde se encuentra el bosque lluvioso de montaña con el bosque húmedo de la llanura caribeña. Pero también devastada por la presencia de las bananeras, y ahora por la presencia de represas, y torres eléctricas que son parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), que está dentro del Plan Puebla Panamá.
Y bueno, con mucho interés de que esto se difunda, que se desmienta el papel que tiene el ICE en el país, y sobretodo que se escuche la realidad de las comunidades y de los pueblos en Costa Rica, muy alejada de lo que pintan los medios de intoxicación masiva y los políticos de turno.
La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la “Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral”, comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias.
El organismo Ejecutivo se comprometió a solucionar la deuda agraria que suma unos Q300 millones y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.
El cumplimiento de las Medidas Cautelares, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas, en marzo de 2011, en el Valle del Polochic. También se acordó de que una finca del estado ubicada en esa región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos.
Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas.
Solucionar los conflictos sociales en la comunidad indígena Santa María Xalapan, Jalapa, fue otro de los compromisos asumidos por el gobierno. Así como resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá, relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas.
La solución de la problemática agraria de la comunidad Los Regadíos en el Norte del Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado.
Este organismo también aceptó el retiro de tropas militares en Santa María Xalapan, en San Juan Sacatepéquez y en la comunidad Los Olivos, de Cobán, Alta Verapaz.
El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes, comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
Para dar seguimiento a las demandas planteadas se programó una reunión entre el organismo Ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización.
“Quiero decirle que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de estos compromisos, expresó Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina a Pérez Molina, al finalizar la larga reunión en la que se alcanzaron estos acuerdos.
En el Congreso de la República, este 28 de mazo dirigentes comunitarios y representantes del CUC sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Energías y Minas, para abordar la normativa relacionada con la minería.
El Ministerio Público asegura tener comprobada la muerte de mil 771 hombres, mujeres y niños por responsabilidad del exdictador en al menos 11 matanzas, por lo cual pide procesarlo por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
La Fiscalía de Guatemala pidió a un tribunal penal de este país iniciar un juicio público en contra del general retirado golpista José Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad.
"La Fiscalía de Derechos Humanos presentó al tribunal los resultados de la investigación sobre los supuestos delitos cometidos por el encartado", dijo a los periodistas un portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, es señalado de haber ordenado más de una decena de matanzas en contra de poblaciones indígenas del norte de Guatemala, en el marco de la guerra interna de 36 años que vivió este país centroamericano entre 1960 y 1996.
La Fiscalía presentó los resultados de su investigación al Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, que conoce el caso en contra del militar retirado, y adujo que "existen suficiente elementos probatorios" para que sea procesado por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, como la Justicia guatemalteca tipifica los delitos de lesa humanidad.
La fuente dijo que "inicialmente" la audiencia en la que el tribunal puede decidir la apertura de juicio en contra de Ríos Montt se realizaría el próximo 12 de abril, pero aclaró que ello dependerá de la resolución de los recursos que su defensa ha presentado para detener el proceso.
Ríos Montt, de 85 años, permanece en arresto domiciliario desde enero pasado, a la espera de la decisión del tribunal sobre si lo absuelve de los cargos u ordena iniciar juicio en su contra.
El general golpista es acusado por la Fiscalía de haber ordenado la muerte de al menos 1.771 indígenas guatemaltecos a manos del Ejército, en diferentes matanzas perpetradas en una zona del norte del país conocida como "Triángulo Ixil".
Ayer comenzó en Victoria el juicio en el que se piden 25 años de cárcel para 10 comuneros mapuches por delitos terroristas. Líderes indígenas califican la querella como un montaje y cuestionan el uso de un "testigo protegido".
Los 10 comuneros están imputados por "robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista". Dos de los acusados son menores de edad.
Se trata de Patricio Queipul y Luis Marileo. Queipul fue buscado por la policía desde los 11 años. Por su parte, Marileo participó en 2 huelgas de hambre para exigir el respeto a los derechos de la niñez mapuche.
Los abogados de ambos menores solicitaron que se inicie un proceso separado para revisar su situación. Es para evitar que los jóvenes también sean juzgados bajo la Ley Antiterrorista.
Los hechos por los que se juzga a los mapuches ocurrieron en octubre de 2009. Fue tras un supuesto atentado en la comuna chilena de Victoria.
Por este motivo, las autoridades locales solicitan penas para los comuneros que van desde los 25 a los 40 años de cárcel.
Vale decir que este juicio ha sido criticado por autoridades indígenas y por juristas. Se debe a que la principal prueba del Ministerio Público para acusar a los mapuches fue aportada por un "testigo protegido".
Esta cuestionada figura legal es amparada por la Ley Antiterrorista surgida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese sentido, el vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Hunchullán, rechazó que "se siga utilizando una ley heredada de la dictadura de Pinochet" para tratar estos casos.
Asimismo, el portavoz calificó al juicio como "un montaje orientado a criminalizar la lucha del pueblo mapuche" por la defensa de la tierra y sus derechos ancestrales.
Este martes dejó de existir en la Posta central de Santiago de Chile, el joven Daniel Zamudio, quien fue agredido por cuatro “supuestos neonazis”, quienes lo agredieron agolpes hasta dejarlo inconsciente.
El hecho causó gran polémica en Chile, ya que desde hace años grupos de tendencia neonazi se han caracterizado por atacar a homosexuales y travestis.
Daniel de 24 años era el segundo de cuatro hermanos. A los 17 años le comentó a su familia su opción sexual. Desde ahí siempre fue una preocupación para él y su familia la discriminación existente de ciertos grupos.
En varias oportunidades el joven había comentado que caminaba con temor a lo que pudiera ocurrirle. Según su madre, Jacqueline Vera, "contaba que la gente lo miraba con rabia, con fobia, siempre decía que por qué tenía que andar escondiéndose y no poder tomarle la mano (a su pareja) o salir abrazado de una discotheque".
Agresores arriesgan hasta 40 años de cárcel
Penas que van desde los 10 años y un día hasta presidio perpetuo calificado arriesgan los supuestos agresores de Daniel Zamudio, quien falleció tras pasar 25 días internado en la Posta Central con un coma inducido luego de ser brutalmente golpeado por su condición sexual.
Jaime Silva, el abogado de la familia Zamudio manifestó antes del deceso de Daniel que "en el evento de fallecer, se deben modificar los hechos y recalificarlos jurídicamente. Pasaría de un homicidio frustrado a un homicidio calificado en grado consumado, y las penas van desde los 10 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado".
Raúl Alfonso López Fuentes (25), Alejandro Axel AnguloTapia (26), Patricio Iván Ahumada Garay (25) y Fabián Alexis Mora Mora (19) permanecen en prisión preventiva.
Agresiones de neonazis en Santiago y Valparaíso
Días antes del ataque a Daniel Zamudio se produjo en la ciudad de Valparaíso, otra agresión contra el transgénero conocido como Selena, en la intersección de las calles Freire con Brasil. En el lugar, Selena recibió una serie de golpes por parte de un grupo de desconocidos que se identificaron como neonazis, los cuales le provocaron la pérdida de gran parte de su dentadura.
Según el dirigente de Acción Gay, Marcelo Aguilar, "Si se unen los ataques sufridos en Valparaíso con lo ocurrido en Santiago se puede llegar a pensar que los grupos neonazis eligen fechas para atacar".
Los antecedentes de la agresión a Selena, la cual se registró el pasado 26 de febrero fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Además se denunció que las trabajadoras sexuales de Viña del Mar son constantemente golpeadas una vez a la semana y las policías nunca encuentran a los culpables. No debemos pasar por alto el hecho que la Región de Valparaíso mantiene un triste record de ser una de las regiones que registran mayor cantidad de hechos de violencia contra la comunidad gay y trans.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), bajo el liderazgo de Ramiro González, ha abierto el camino a la privatización del área de salud. González ex dirigente de la Izquierda Democrática y violento opositor de Correa en las elecciones del 2006, acaba de pedir al Consejo Nacional Electoral la legalización de su movimiento político “Avanza”, con el cual se especula que pretende ser el binomio de Rafael Correa en las elecciones presidenciales del próximo año.
El Consejo Directivo del IESS, presidido por González, nominado por Correa, aprobó el pasado 7 de marzo, una resolución dirigida a transferir la gestión de 20 hospitales a manos privadas. De esta forma el gobierno de Correa empieza a recorrer el camino a la privatización del sistema de seguridad social, originalmente trazado por Alberto Dahik, uno de los notables exponentes del neoliberalismo en Ecuador. Dahik, como diputado en el Congreso Nacional promovió la privatización de la seguridad social, inspirado en el modelo introducido por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En ejercicio de la vicepresidencia, Dahik enfrentó continuos conflictos con los afiliados, jubilados y trabajadores de la seguridad social, quienes se movilizaron contra su perspectiva de privatización, la que terminó derrotada por una amplia mayoría en una consulta popular en noviembre de 1995.
El ex- vicepresidente neoliberal, perseguido por la justicia y con orden de detención desde 1995 por un delito de peculado, ha sido públicamente protegido por el presidente Rafael Correa, quien primero pidió la amnistía a su favor y ante la inviabilidad de esta figura jurídica, se declaró partidario de una cuestionada resolución de una sala penal de la Corte Nacional de Justicia nominada en su gobierno, que pretendió declarar la nulidad del proceso seguido en su contra.
El camino a la privatización se inició en Quito con la inauguración del Hospital San Francisco, bajo la administración de la firma española Makiber. La adquisición del hospital originalmente diseñado por y para el sector privado, ha sido el blanco de numerosas críticas, pues no se construyó de conformidad a los programas de expansión de la cobertura del IESS y ha sido el centro de críticas sobre sus condiciones y precios.
Bajo la administración privada, el Hospital San Francisco no funciona al 100% de su capacidad, su atención se limita al área de consulta externa, hasta ahora.
¿Tercerización: hospitales del IESS a empresas transnacionales?
A pesar de los discursos del presidente Correa contra la tercerización, la política de su gobierno representado por Ramiro González en la presidencia del Consejo Directivo del IESS, ha venido avanzando en concretar el traspaso a manos privadas transnacionales de la administración de los hospitales.
El IESS llamó a un primer concurso público, en el portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec), para tercerizar ocho hospitales de II y III niveles, de mediana y alta complejidad, por USD 6 millones de dólares, dirigido a proveedores nacionales. Solo se presentó una oferta, el concurso se declaró desierto. Cumplido este paso, el Consejo Directivo del IESS se apresta a abrir la licitación a proveedores nacionales e internacionales.
Ahora los técnicos preparan las bases y el precio referencial para un nuevo concurso, que abarcará a 20 hospitales, entre ellos los más grandes: Carlos Andrade Marín, en Quito, Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil y José Carrasco en Cuenca. La experiencia del primer concurso y la orientación del nuevo advierte que los hospitales, si se cumple este proyecto de privatización, pasarán a ser administrados por empresas privadas transnacionales.
Ramiro González, en declaraciones a la prensa ha cuestionado la administración estatal subrayando que ha tenido fracasos y afirmando su confianza en que una administración privada mejore el servicio, sin embargo ha negado que esta orientación implique “privatizar el servicio”. “Lo vemos todos los días, no se puede cambiar a los hospitales públicos, no pueden cambiar ni un ascensor y nosotros aún somos ineficientes”, señaló refiriéndose a su propia gestión al frente del IESS, evocando implícitamente el contenido del discurso de Dahik pronunciado hace dos décadas. El IESS ha construido en sus más de 80 años de vida, la infraestructura hospitalaria más avanzada del país en sus posibilidades cualitativas y cuantitativas de cobertura y atención, permitiéndole su capacidad instalada subsidiar a un costo mínimo el acceso a su sistema de los afiliados al seguro social campesino. La privatización implica la eliminación del principio de solidaridad que ha constituido una de las fortalezas del sistema de seguridad social ecuatoriano, que ha permitido el ejercicio de la solidaridad de los sanos con los enfermos, de los ricos con los pobres, de los jóvenes con las personas de edad avanzada, de los activos con los pasivos.
La consulta popular de 1995, el Mandato 8 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, la Constitución vigente expedida el 2008, no facultan al Consejo Directivo del IESS la privatización de la administración de los hospitales, que es apreciada como un paso del gobierno de Correa hacia la privatización de la salud, uno de los propósitos del neoliberalismo.
Nuevas denuncias de excesos policiales realizaron organizaciones de DDHH, donde se detallan violencia excesiva durante las detenciones y al interior de carros policiales, vejaciones a una mujer y el uso de posibles pruebas falsas para incriminar a detenidos, es por ello que las organizaciones solicitaron de manera pública a parlamentarios que se hagan participe y apoyen toda instancia que permita investigar y sancionar estos hechos.
Son varios testimonios los que se han recopilado, durante la semana pasada se pudo conocer la versión de dos jóvenes mujeres que fueron detenidas y se les obligo a bajarse sus pantalones, subirse la blusa y soltarse el sostén delante de carabineros y otros detenidos, lo cual fue confirmado por las otras personas que estuvieron al interior de la 1º Comisaría de Coyhaique, durante la noche del miércoles. Estos relatos también los conocería el capellán de carabineros, Lorenzo Torres.
En la noche del arribo de Fuerzas Especiales a la capital regional, Mauricio Muñoz Aravena, hijo de un dirigente de Sename, fue unos de los detenidos en las cercanías del Hospital Regional. Fue golpeado desde el momento de su detención donde quedó con el ojo ensangrentado, donde él logró visualizar un número de casco de policía agresor, 15-08, quién más tarde lo ahorcaría con su palo de servicio. En el carro policial, dos carabineros lo atacaron, uno con punta pies en el estómago mientras el otro lo reducía, con las manos atrás nuevamente fue golpeado provocándole una rotura de labio superior y un profundo sangramiento. Producto de las lesiones, tuvo que esperar cerca de tres horas esposado en una banca en el servicio de urgencia para que lo atendiera el oftalmólogo, quien le recetó medicamentos sin que se le permitiera retirar, ya que carabineros lo llevo nuevamente a la comisaría. Este joven que fue dejado en libertad a las 16:00 horas, sin pasar por control de detención, aseguró ver a muchos efectivos policiales que llegaban al cuartel encapuchados trayendo información, fotografías de personas y videos.
También describieron el caso de O.C.C, quien mientras volvía a su casa con una herida en su brazo por un perdigón, fue detenido en calle Lautaro por una camioneta celeste donde bajaron 4 carabineros de civil, lo tiraron al suelo recibiendo golpes de pies en su cabeza, luego se sumaron carabineros con uniformados quienes lo golpearon en la cabeza y sus rodillas. lo subieron a una patrulla tirándole el pelo, dentro de la cual habían botellas de alcohol. También asegura, que en su mochila le ingresaron objetos que se encontraban de los uniformados con la finalidad de inculparlo.
Para las organizaciones, los casos de los últimos días, son parte de una represión sin precedentes en la región, donde hay varias personas que han perdido la vista producto de la acción policial, el caso de Adolfo Soldan, quien se encuentra hospitalizado con fractura de clavícula, por lo que tanto Observadores de DDHH y Comisión de DDHH de Coyhaique, solicitaron de manera pública que los parlamentarios de zona apoyen toda investigación posible que permita llegar a la verdad de lo sucedido y sancionar a los culpables.
Juan Manuel Santos confirmó que fueron 35 los miembros de la guerrilla de las Farc que murieron en la Vistahermosa, en el departamento del Meta.
Esto sucedió en una nueva ofensiva del Gobierno colombiano contra la guerrilla, que insiste en liberar los 10 últimos retenidos por esta organización.
Santos dijo que este operativo aún no ha terminado, por lo que el número de bajas puede aumentar en las próximas horas, además reveló que entre los muertos se encuentra alias ‘Arcesio’ líder del décimo frente de las Farc, que actúa en la región.
Luego de esta nueva ofensiva contra la guerrilla de las Farc, el presidente Santos encabezó un consejo de seguridad en Villavicencio, Meta, donde reportó que las extorsiones en el departamento han aumentado y ofreció 400 millones de pesos de recompensa por alias ‘Jhon 26’, miembro de las Farc.
Santos señaló que se deben fortalecer los mecanismos de seguridad y anunció un refuerzo del esquema de policía en el departamento del Meta.
El mandatario colombiano con estas acciones estaría dejando atrás una posible salida política negociada. Ya que el acuerdo humanitario, que sugiere un cese de las operaciones militares para que se produzcan las liberaciones, estaría en riesgo con estas acciones. En este caso, si bien la fecha ya fue acordada se espera la ratificación de la guerrilla, mientras ésta se confirma Santos estaría aprovechando el acto de liberación para potenciar su ofensiva militar.
Santos declaró que está acción es “muy importante, esta ofensiva que además en el día de ayer tuvo otro componente, 5 miembros de las Farc capturados, entre ellos el cabecilla del frente 53”, dijo Santos.
"A eso de las tres y media de la mañana se inició una operación aquí en el departamento del Meta, en el municipio de Vista Hermosa, en la vereda del Silencio, una operación de que dio muy buenos resultados, hasta ahora porque la operación continúa, van 32 miembros de las Farc dados de baja y van cuatro capturados, eso se suma a la operación en Arauca que se hizo la semana pasada", dijo Santos.
"En ese orden de ideas también quiero informarles que aquí cerca a Villavicencio, en el municipio de Restrepo, se capturó ayer a un ideólogo del frente 53, con cinco miembros de las Farc adicionales, o sea una captura de seis. Esa gente estaba tratando nuevamente de ver cómo llegaban a Cundinamarca. Como ha sucedido desde hace ya varios años, siempre lo hemos parado, lo hemos impedido", agregó Santos.
Esta operación se da luego de la ofensiva adelantada por las Fuerzas Militares en el departamento de Arauca donde 33 guerrilleros murieron hace menos de una semana.
El Levante Popular de la Juventud realiza en varias capitales acciones simultáneas de denuncia contra diversos torturadores que continúan impunes. Los manifestantes apoyan la Comisión de la Verdad y exigen el esclarecimiento y castigo sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar.
El carácter de las acciones, conocida como “escracho”, se basa en actos similares que se han dado en Argentina y Chile, en los que los jóvenes denuncian y acusan a los torturadores que continúan sueltos y sin sentencia sobre sus acciones durante la Dictadura Militar.
Levante Popular de la Juventud
El Levante Popular de la Juventud es un movimiento social organizado por jóvenes que proponen contribuir a la creación de un proyecto popular para Brasil, un proyecto construido por el pueblo y para el pueblo. No está ligado a partidos políticos.
Con carácter nacional, actúa en todos los estados del país, en el medio urbano y en el campo. Se propone la articulación con jóvenes, militantes de otros movimientos o no, interesados en discutir las cuestiones sociales y colaborar para la organización popular.
Tiene como objetivo fomentar que la juventud tome consciencia de su historia y de la realidad en torno a ella para transformarla.
El Levante organiza a la juventud para hacer denuncias a la sociedad, por medio de acciones de agitación y propaganda. No hay banderas previamente definidas. La lucha política se ejecuta a través de las pautas escogidas por los propios militantes, quienes realizan actividades de estudio y debates, sistemáticamente, por todo el país. San Pablo
Cerca de 150 jóvenes del Movimiento Levante Popular de la Juventud realizan una protesta contra el torturador David dos Santos Araújo, el “Capitán Lisboa”, en frente de su empresa de seguridad privada Dacala, en la zona Sur de la ciudad de San Pablo, en la Av. Vereador José Diniz, 3700.
Los manifestantes promueven un acto de escracho/esculacho contra David dos Santos para denunciar sus acciones como torturador del Régimen Militar.
David dos Santos Araújo es asesino y torturador, de acuerdo a la Acción Civil Pública del Ministerio Público Federal. La Acción registra su implicación en la tortura y muerte de Joaquim Alencar de Seixas. En agosto del 2010, el Ministerio Público Federal ingresó con Acción Civil Pública la petición de retiro inmediato y la pérdida del puesto de trabajo y pensiones del delegado de la Polícia Civil paulista por su participación directa en los actos de tortura, abuso sexual, desapariciones forzadas y homicidios durante su servicio y en las dependencias de los órganos de la Unión.
Araújo es delegado jubilado de la Policía Civil y dueño de una empresa de seguridad privada, la Dacala. En las acciones de represión del Destacamento de Operaciones de Informaciones del Centro de Operación de Defensa Interna (DOI-Codi) utilizaba el nombre de “Capitán Lisboa”. El libro Dossiê Ditadura –elaborado por la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos– registra que Joaquim y su hijo, Ivan Seixas, fueron encarcelados en abril de 1971 y llevados al (DOI-Codi), donde fueron golpeados. En la sala de interrogaciones, ambos fueron torturados uno frente al otro.
Torturas Los asesinos de Joaquim Alencar de Seixas fueron identificados por sus familiares y compañeros como: el entonces mayor Carlos Alberto Brilhante Ustra, el capitán Dalmo Lúcio Muniz Cirillo, el delegado Davi Araújo dos Santos, el investigador policial Pedro Mira Granziere y otros conocidos apenas por apellidos.
En declaraciones para el Dossiê Ditadura, Ivan Seixas contó que en la sala de tortura fue colgado al “pau de arara” , mientras que su padre fue puesto en la “cadeira do dragão” . Ambos fueron torturados por un equipo de unas cinco personas, dos de las cuales consiguió identificar, entre otros, a David dos Santos Araújo.
El “Capitán Lisboa” también es acusado de abuso sexual, como declaró Ieda Seixas, quien en exposición al Ministerio Público Federal dijo que fue apretada contra la pared por él y después le introdujo la mano dentro de la ropa, diciendo obscenidades y amenazándola.
Armas ilegales
David dos Santos Araújo es portador de 111 armas ilegales, de acuerdo con la investigación de la Policía Federal. La empresa de seguridad Osvil, propriedad de Araújo, perdió, por irregularidades, la licencia de funcionamiento como empresa de seguridad que autorizaba el registro de armas. De acuerdo a esto, las armas deberían ser entregadas a la Policía Federal. Sin embargo, esas armas se encuentran extraviadas. Después de perder la licencia, Araújo abrió una nueva empresa de seguridad, llamada Dacala Segurança, que tiene como clientes al grupo Anhanguera Educacional, Banco Itaú, Ford, Jac Motors, Banco Safra, Volkswagen, Banco Santander.
El proceso judicial de la PF afirma que en total Araújo tiene más de doscientas armas ilegales, además de un arsenal de ochocientas registradas de manera regular en nombre de la empresa Dacala, que es acusada también por el empleo ilegal de armas de fuego en la actividad de seguridad privada, de acuerdo con la Policía Civil.
El vicecanciller de Bolivia Juan Carlos Alurralde, afirmó que "Chile incumple el Tratado de 1904 , que han ido estrangulando y asfixiando lo que es lo más importante como el comercio boliviano , el libre tránsito, se tienen una serie de pruebas, notas verbales, reuniones en las que se ha ido reclamando la política de asfixia a nuestro país".
Estas declaraciones las dio el Vicecanciller luego que el gobierno chileno hiciera caso omiso a los reclamos de una salida soberana al mar, como ha reclamado Bolivia a través de los organismos internacionales.
Alurralde puntualizó que por ejemplo, la negativa de internar carga al puerto en las tarifas en el Puerto de Arica, además de la gratuidad que tenía Bolivia de 365 días ha desaparecido.
Otro de los temas que acusa Bolivia es que el año 2011 se ha cobrado el almacenamiento de conteiners en el Puerto de Arica, lo cual es una violación flagrante al acuerdo que se tenía.
Alurralde enfatizó que "se tienen decenas de denuncias y de violaciones por actos y normas unilaterales que Chile conduce y aplica y que van en contra del libre tránsito".
El gobierno derechista de Sebastián Piñera, ha aplicado una acción diplomática que solo busca ganar tiempo y seguir dando por sentado que el acuerdo de 1904 se está cumpliendo y por ello no es necesaria revisión alguna. Los hechos demuestran lo contrario.
La caminata fue convocada por el Comité de Unidad Campesina (CUC) con el fin de presionar al Gobierno a que atienda la histórica conflictividad agraria que afecta a millones de campesinos e indígenas guatemaltecos.
Una docena de organizaciones sociales guatemaltecas se sumaron este domingo a la marcha que desde el pasado lunes realizan más de 1.500 campesinos e indígenas, que vienen desde el norteño departamento de Cobán hacia la Ciudad de Guatemala, para exigir soluciones a la conflictividad agraria.
A la marcha de 212 kilómetros, de los cuales han recorrido en siete días más de 180, se unirán líderes y activistas de sindicatos, grupos de mujeres, derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, en solidaridad con las demandas campesinas.
"El apoyo a la marcha campesina debe ser unánime de parte de toda la sociedad, porque se trata de problemas nacionales históricos que urgen ser resueltos", dijo a los periodistas Sandra Morán, directiva del denominado Sector de Mujeres.
El pasado viernes, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Baldetti se encontraron en el kilómetro 85 de la carretera con los campesinos e indígenas para pedirles que desistieran de la medida y ofrecerles discutir sobre sus peticiones.
Sin embargo, los labriegos, entre los que vienen cientos de mujeres y niños, rechazaron la solicitud del mandatario y le aseguraron que continuarán con la marcha, la cual concluirá el próximo martes cuando arriben a la capital.
Pérez Molina ofreció a los líderes de la protesta que los recibirá en la Casa Presidencial para conocer sus demandas y trabajar en la solución de las mismas.
Los campesinos exigen la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural que les permita tener acceso a tierras para trabajar, la condonación total de los créditos agrarios que adeudan al Estado, y rechazan la explotación minera.
El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, indicó que fueron aceptadas las fechas del 2 y 4 de abril, propuestas por las Farc, para la liberación de diez uniformados en poder de la guerrilla.
Según los términos del protocolo, las Farc tendrán que informar antes del 31 de marzo a las siete de la noche el área geográfica donde se realizará la misión humanitaria.
El viceministro Bedoya explicó que una vez se conozca el área, el Gobierno ordenaría el cese de operaciones militares el primero de abril a partir de las seis de la tarde.
Este domingo en el Comité Internacional de la Cruz Roja, se analizó la logística para la liberación de los 10 militares y policías secuestrados, proceso previsto para iniciar el próximo 2 de abril.
A la reunión asistieron voceros del Gobierno Nacional, la Cruz Roja Internacional, delegados de Brasil, los pilotos que participarán en la misión humanitaria y voceros del colectivo Colombianos por la Paz.
La exsenadora Piedad Córdoba, se mostró segura de que el aplazamiento de la misión humanitaria para el 2 y 4 de abril no afectará el proceso.
De acuerdo con el nuevo cronograma, Piedad Córdoba viajaría a Brasil el primero de abril y desde allí se desplazará en uno de los helicópteros que facilitará el Gobierno brasileño hacia la zona donde se cumplirá la primera liberación.
Este proceso se iniciará en Villavicencio. En los próximos días se definirá la otra zona del país donde se cumplirá el resto de las liberaciones de los uniformados retenidos que serán liberados unilateralmente por las Farc.
La primera reunión bilateral entre el gobierno y los dirigentes de Aysén se realizará este viernes a las once de la mañana en el Palacio de La Moneda.
El Gobierno de Chile y los dirigentes sociales de la región de Aysén, en el sur del país, acordaron reanudar este viernes el diálogo para hallar una solución a los problemas que enfrenta esta marginada región austral y que han generado protestas de sus pobladores.
"Aysén puede dormir tranquilo, fue un diálogo que se realizó con absoluta franqueza", señaló el ministro portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, al término de una reunión que se extendió esta noche por más de tres horas en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, en Santiago de Chile.
Chadwick explicó que los acuerdos con los dirigentes sociales incluyeron hacer un llamado conjunto a que se deponga toda acción de violencia."Que podamos terminar y eliminar las situaciones que impiden el normal funcionamiento de Aysén y que podamos desbloquear los caminos y puentes", indicó.
"Hemos acordado terminar con los bloqueos, terminar con las barricadas y lograr paz social en la región. Entendemos que con esto, y con el llamado de los dirigentes, damos esa situación como superada, con el fin de iniciar mañana el diálogo para avanzar", reafirmó.
El ministro adelantó que mañana a las 11.00 hora local (14.00 GMT) se iniciará una mesa de diálogo "para dar soluciones reales y concretas a esa región" y agregó que se dará instrucciones a Carabineros para que no haya acciones de fuerza en la zona.
En cuanto al requerimiento en contra de 22 personas de esa región por presuntamente infringir la Ley de Seguridad del Estado, el funcionario señaló que el Ejecutivo "tiene la mayor preocupación hacia esa inquietud ... ellos han comprendido que debemos ir paso por paso para garantizar la paz social", agregó.
En tanto, el líder de los dirigentes de Aysén, Iván Fuentes, dijo a los periodistas que confían en que la policía se retire de la zona, mientras se reanudan las conversaciones con el Ejecutivo a partir de este viernes.
"Nosotros seguimos movilizados. Las marchas pacíficas y las caminatas las seguiremos haciendo, pero queremos que haya normalidad. Si se cumple lo que hemos tratado, voluntad trae voluntad", añadió.
El dirigente explicó que se preparan para las reuniones de análisis que se realizarán a partir de este viernes, con el fin de tratar diez de los once puntos que le hicieron llegar al Ejecutivo.
Con las protestas, que comenzaron a mediados de febrero, los pobladores de Aysén, de poco más de 100.000 habitantes, piden medidas que mitiguen el aislamiento de esta región, que ha generado significativos problemas de conectividad y altos precios en los combustibles.
Aysén dobla la mano a la Policía obligando a un eventual retiro de tropas
El General Director de Carabineros, Gustavo González, fue recibido en Comisión de Derechos Humanos del Congreso chileno, a este organismo le entregó antecedentes sobre el actuar de la fuerza pública en las protestas de la región de Aysén.
En la sesión reconoció que podría haber existido excesos, por los cuales dijo se investigarán y evaluará retiro de tropas.
Por su parte el presidente de la Comisión, el diputado Sergio Ojeda, fue claro “se le solicitó derechamente al General Director de Carabineros que se retire a las fuerzas especiales del lugar”.
“Entre hoy y mañana se evaluaría el retiro de las fuerzas especiales en Aysén”, dijo el General Director de Carabineros en la Comisión de Derechos Humanos, dado que se están analizando algunas desproporciones en el actuar de Carabineros, mediante el análisis de informes que se han hecho llegar de parte de la autoridad local policial.
González admitió la posibilidad de que se hayan producido excesos en el actuar policial “es efectivo que pueden haber excesos de personal que se aparta de su obligación funcionaria, y aquellos que se apartan de esta obligación deben tomar las medidas disciplinarias que correspondan, las resoluciones administrativas y eventualmente, podrían tener una responsabilidad penal de acuerdo a las circunstancia”.
Los excesos, no obstante, saltan en evidencia, tras la serie de imágenes y denuncias realizadas por cientos de ciudadanos Ayseninos que no aceptan el ser reprimidos por la policía chilena, ni menos por uniformados que han viajado especialmente desde Santiago, para sofocar la protesta ciudadana.
El general de Carabineros, declaró además que respecto a los informes que se han hecho llegar desde la zona, se han producido denuncias de personas cuyas lesiones son atribuibles al personal de Carabineros y “en esas ocasiones yo he dispuesto la investigación o el sumario administrativo que corresponda”.
Sin embargo, el General Director también dio cuenta de indumentaria de Carabineros que ha sido gravemente dañada durante las manifestaciones. “También nosotros tenemos dos vehículos siniestrados, que fueron quemados, un lanza agua y un bus, además de un avión institucional que trasladaba personal lesionado”.
Además sostuvo que la presencia de personal policial en Aysén está acorde con el deber de Carabineros, “tenemos la obligación y la necesidad de actuar para restablecer el orden público, esa es nuestra obligación constitucional y tenemos las atribuciones legales para actuar y así lo hemos hecho”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Sergio Ojeda, sostuvo que como comisión se le solicitó derechamente al General Director de Carabineros que se retire a las fuerzas especiales del lugar, considerando que su presencia es innecesaria y que es un acto de provocación para los habitantes de la zona.
“Ha habido un exceso en el uso de la fuerza pública, una violencia brutal que ha provocado muchos heridos, además hemos acusado que existe un verdadero estado de guerra, en circunstancia que la comunidad esta velando por sus derechos”, puntualizó.
El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el jueves que el equipo de juristas que elabora la demanda marítima de Bolivia recoge los argumentos "más sólidos" para sustentar su reclamo centenario ante tribunales internacionales.
"Hay todo un equipo de juristas y abogados, tanto nacionales como internacionales, de historiadores que están trabajando nuestra demanda en el ámbito internacional. Ellos están recogiendo el conjunto de iniciativas y escogerán y se colocarán los argumentos más sólidos que coloquen en una mejor posición al Gobierno de Bolivia", manifestó durante una conferencia de prensa.
Las afirmaciones del mandatario se registran en la víspera de conmemorarse 133 años de la pérdida del litoral boliviano, en una guerra territorial con Chile, en 1879.
García Linera sostuvo que la demanda, en etapa de fragua, que defenderá contundentemente los fundamentos históricos y jurídicos del centenario reclamo boliviano para acceder a una salida soberana al mar, "será canalizada y estudiada para elegir lo mejor que ayude al país".
En marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunció la decisión de Bolivia de demandar a Chile ante un tribunal internacional para que restituya al país su cualidad marítima.
La posición boliviana se registró tras una serie de conversaciones y acciones enmarcadas en la Agenda de 13 puntos acordada, vigente desde 2006 y que, en lo concernido al tema marítimo, la piedra en el zapato de las relaciones entre La Paz y Santiago, no llegó a buen puerto.
En la denominada guerra del Pacifico, a fines del siglo XIX, Bolivia perdió 120.000 km2 y 400 km de costa.
En 1904 ambos países firmaron un tratado que fijó la frontera, que dejó a Bolivia en condición de mediterraneidad.
Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1978.
El grupo de activistas Colombianos y Colombianas por la Paz destacan que las fechas propuestas por los encargados de la logística para las liberaciones unilaterales no comprometen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz emitió un comunicado este viernes en el que precisan que esperan un pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre las nuevas fechas de las liberaciones unilaterales propuestas la víspera por el CICR y el Gobierno colombiano.
El grupo de activistas destacan en el texto que las fechas del 30 de marzo y 1 de abril anunciadas este jueves, fueron propuestas por quienes tienen a cargo el operativo de las liberaciones de los 10 uniformados retenidos por el grupo armado.
Resaltan que la propuesta obedece a cuestiones lógicas y de seguridad. “Dichas fechas no comprometen a las FARC – EP, en este sentido esperamos su pronunciamiento”, indican el grupo de activistas.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, reportó este jueves desde Bogotá, en las inmediaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que el operativo iniciará el día 28 de Marzo con “la partida hacia el territorio de Colombia de las aeronaves prestadas por el Gobierno de Brasil”.
Informó además que para el día 29 se prevé que estos helicópteros arriben en el aeropuerto de Villavicencio, en el Departamento del Meta, para iniciar, el día 30, con la liberación de los retenidos.
“Se confirma de este modo que el próximo 30 de marzo se realizará la primera liberación de las dos que se van a llevar a cabo en este territorio”, dijo el periodista.
"Según el cronograma, la segunda segunda liberación está pautada para el domingo 1 de abril, "si las condiciones climatologicas lo permiten", añadió.
A continuación el comunicado:
Colombianas y Colombianos por la Paz informa al Gobierno Nacional, al Gobierno de Brasil, a la Cruz Roja Internacional, a los familiares de las personas retenidas por las FARC - EP y a la opinión pública que, la fecha del 26 de marzo, que nos fue anunciada para liberar unilateralmente a los 10 soldados y policías, no ha sido modificada por la insurgencia.
Las fechas del 30 de marzo y 1 de abril, anunciadas y que fueron propuestas por quienes tienen a cargo el operativo de las liberaciones, obedecen a cuestiones de logísticas y de seguridad.
Dichas fechas no comprometen a las FARC - EP, en este sentido esperamos su pronunciamiento.
La reunión, que se realizará en el Palacio de Gobierno, surge como respuesta a la carta enviada a Rodrigo Hinzpeter por los dirigentes del Movimiento Social. Entre los temas que abordarán en la cita se cuenta el caso de las 22 personas sobre quienes pesa la querella por Ley de Seguridad del Estado interpuesta por el Ejecutivo.
La dirigencia del Movimiento Social por Aysén viajará a Santiago este jueves para reunirse con el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter a fin de buscar formulas que permitan reactivar el diálogo y escuchar las demandas de las ayseninos.
Iván Fuentes, vocero del Movimiento Social por Aysén, declaró que "ni ellos (La Moneda) nos han puesto condiciones ni nosotros vamos a poner condiciones. La conversación va a ser allá y la verdad es que aquí hay una posibilidad, otra vez, de poder llegar a un acuerdo".
Agregó que los ayseninos "esperamos que (el acercamiento) sea concreto, que sea serio, para que la comunidad pueda estar tranquila", reiterando que esperan que "nos entendamos a la buena (…), que se retiren las Fuerzas Especiales de Carabineros de la Región de Aysén" y que se anule el requerimiento de invocación de la Ley de seguridad del Estado contra 22 dirigentes. A esto agregó que lo que está pasando en su región "no tiene nombre", debido a la cantidad de personal policial y violencia que se está observando.
Respecto de la posibilidad aceptar el levantamiento de bloqueos, el vocero insistió en que los dirigentes "estamos siempre dispuestos. La Patagonia siempre ha estado dispuesta, así es que tenemos esperanzas, esperanzas positivas".
"La verdad es que hay que empezar a forjar esto desde el suelo otra vez. Estamos todavía en fojas cero y hay que empezarlo a levantar. No queremos más heridos, no queremos más ataques como el que hubo ayer (en Coyhaique). Nosotros todavía tenemos la rabia en el corazón, pero lo más importante es poder llegar a un acuerdo y que ganemos todos", finalizó.
La delegación que viajará a la capital sería compuesta por 14 personas. Además de Fuentes, participarán en ella cuatro concejales, la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, y el dirigente social Misael Ruiz. El grupo será acompañado por todos los parlamentarios que representan a la región.
Diversos gremios agrupados en la Confederación General de Trabajadores de Perú se manifestaron este miércoles en ese país. Reclaman al Gobierno soluciones frente a la escasez de agua que según los manifestantes afectará a millones de peruanos.
El secretario general de la Confederación General de trabajadores, Mario Huaman, señaló que millones de peruanos se encuentran al borde de enfrentar una crisis hídrica.
Por tal motivo, reclamó la intervención inmediata del Estado para evitar las consecuencias que traerá la escasez de agua.
Según el dirigente, para enfrentar dicha crisis, otras naciones apoyan la gestión pública de sus empresas de saneamiento tras al fracaso de las privatizaciones en ese sector.
En ese sentido, el referente sindical destacó la continuidad de un modelo privatizador en el país sudamericano.
Por tal motivo, la Confederación General de Trabajadores del Perú junto a otras organizaciones sociales se moviliza para exponer sus propuestas frente al problema del agua.
Vale recordar que la protesta de este miércoles está liderada por el Secretario General de la Confederación de Trabajadores, Mario Huamán, y por el presidente de la Federación de Trabajadores del Agua (FENTAP), Luis Isarra.
Por otra parte, la protesta se ha generalizado en otras regiones de Perú.
En Loreto, la población cuestiona la concesión de un lote petrolero entregado a la empresa Conoco Philips. Se debe a que dicha empresa se ubica en la en la cabecera del río Nanay.
El mencionado afluente, es la principal vía de captación de agua potable para la región de Iquitos, donde habitan 500 mil personas.
Fallece Franklin Javilla. La muerte ocurre un mes y 16 días después de los hechos y la misma noche que el Gobierno y los partidos tradicionales de oposición aprobaran en primer debate los acuerdos de la mesa de diálogo rechazados por las bases.
El joven indígena Franklin Javilla, de la comunidad de Chichica, herido de bala por la Policía el 5 de febrero durante las protestas escenificadas en Tolé contra los proyectos mineros e hidroeléctricos en la Comarca Ngäbe Buklé, falleció anoche en el Hospital Ricardo Fábrega, de Santiago de Veraguas, durante una intervención quirúgica para amputarle la pierna.
La muerte ocurre un mes y 16 días después de los hechos y la misma noche que el Gobierno y los partidos tradicionales de oposición aprobaran en primer debate los acuerdos de la mesa de diálogo rechazados por las bases.Javilla, junto a otros heridos recluidos aún en varios hospitales, estuvieron reclamando la asistencia médica a la que se había comprometido el Gobierno como parte del llamado Pacto de San lorenzo.Previo al inicio del segundo debate, en sendas conferencias de prensa, el Presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buklé, y Saúl Méndez, Secretario General del SUNTRACS y Coordinador de FRENADESO, expresaron su condena por este nuevo crimen de Martinelli, Mulino (Ministro de Seguridad) y Gustavo Pérez (Ex director de la Policía Nacional). También se anunció anoche la muerte del joven dirigente universitario ngäbe, Darco Miranda, por enfermedad.Un grupo de indígenas ha declarado una huelga de hambre
República de Panamá, Comarca Ngöbe Buglé
Comunicado: # 00
En cuando al descontento por el acuerdo firmado por Rogelio Montezuma y la señora Silvia Carrera por una parte y por la otra parte la comisión de comercio y asunto económico de la asamblea nacional, con el mediador nefata de la naciones unida que se parcializo firmando u acuerdo de hermetismo impidiendo mediante un comunicado que el pueblo no se manifestara cerca de la casa de la naciones unida, porque se vivía en la militancia a beneficio del gobierno nacional.En el marco de defensa de un derecho de igualad y equidad para la juventud, no declaramos en huelga de hambre apoyado por lideres, en perjuicio de Jerónimo Rodríguez, Mauricio Méndez, violación de derecho de información y comunicación y violación de derecho del pudor de la mujeres y en derecho propio no solicito a la juventud no olvidar su lucha hasta la victoria, muerte o su tierra libre de minería e hidroeléctrica.
Le solicitamos al ministerio publico acusar este tipo de delio de tortura y de genocidio contra un pueblo desarmado ante la corte suprema y no dejar en impune este delito en la cual solicitamos cárcel para José Raúl Mulino y Gustavo Pere y aplicar pena asesoría a este tipo que no tiene moral para representar un ministerio.Este acontecimiento se inicia por la ultima palabra, que no pidió a los jóvenes en su dolor , trite palabra , en la cual no destalle que no dejemos de luchar hasta que se deje en paz a la Ngabe y se declare libre de minería e hidroeléctrica.
Este acontecimiento se inicia por la ultima palabra, que no pidió a los jóvenes en su dolor , trite palabra , en la cual no destalle que no dejemos de luchar hasta que se deje en paz a la Ngabe y se declare libre de minería e hidroeléctrica.Que mediante este comunicado, los huelguita de hambre en cabezada por el pueblo Ngabe Bugle y Campesino, por un grupo de jóvenes y dirigente le solicitamos al gobierno nacional de Ricardo martinelli y a la asamblea nacional que frene el proceso de celeridad de aprobar el proyecto de ley 415, que crea el supuesto, régimen especial de protección de recurso naturales de la comarca Ngabe Bugle y campesino específicamente en su articulo 5, con el objeto que de vuelva en primer debate el proyecto de ley que se discute en segundodebate, en la cuales solicitamos de manera formal la inclusión del párrafo de CANCELACIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN EJECUCIÓN Y PROHIBIR LA SOLICITUDES PRESENTE Y FUTURA DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES HIDROELÉCTRICA EN LOS TERRITORIO, DE LA COMARCA NGABE BUGLE Y ÁREA ANEXA DEFINIDO POR LA LEY 10 DE 7 DE MARZO DE 1997.
Queremos dejar claro que la huelga inicia por 24 hora y de no responder se prolongara por mas de 48 hora y de no responder se prolongara la huelga de hambre hasta que el gobierno responda a la petición del pueblo.Invitamos a los jóvenes a sumarse y organización a solidarizarse a este causa de todo, en la cuales la juventud a jugado papel preponderante en la historia.Dado en el parque de la asamblea nacional de diputado, a los 21 día del mes de marzo de 2012.
El Movimiento Social de Aysén envió una carta al ministro Hinzpeter en la que exigen que el Ejecutivo desista la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado contra 22 personas y retire las Fuerzas Especiales de la región.
Vecinos de Aysén, en el sur de Chile retomaron las protestas contra el aislamiento que sufre esa localidad. Los Carabineros utilizaron gas lacrimógeno para disolver el grupo de manifestantes que se había cruzado en el camino para impedir el avance de los refuerzos.
La policía informó la detención de una persona en el sector de Amenhual, en la ruta a Puerto Cisnes, a la que sorprendieron cortando árboles con una motosierra para impedir el paso de los vehículos de carabineros.
El portavoz del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, denunció esta tarde, que "nuevamente se cayó el servicio de internet y de los teléfonos celulares. Otra vez quedó aislada la zona", recalcó.
Con las protestas, que comenzaron el 13 de febrero, los vecinos de Aysén, de poco más de cien mil habitantes, piden medidas que mitiguen el aislamiento de esta región, con significativos problemas de conectividad y altos valores en los combustibles.
Este martes dirigentes del Movimiento Social de Aysén enviaron una misiva al ministro Hinzpeter en la que exigen el cumplimiento de cuatro puntos -entre los que incluye que el Ejecutivo desista la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado contra 22 personas- a cambio de levantar el bloqueo de caminos en la Región.
A su vez, piden el retiro de las Fuerzas Especiales, ya que su presencia "es una clara provocación a la violencia".
Además, el documento consigna "honrar los acuerdos obtenidos en las reuniones con el señor ministro (Rodrigo Álvarez, titular de Energía), donde él se compromete a implementar una zona franca, incluídos los combustibles, y en los demás puntos" acordados en ese momento con el secretario de Estado.
Por último, consideran "implementar las mesas técnicas que quedan por negociar, a las cuales se sumaría la participación de nuestros propios asesores".
De aprobarse estos puntos, "la mesa que suscribe se compromete a generar los desbloqueos de rutas, de tal forma de retomar la normalidad en la región".
