Chile: Cierre de Radio Kimche Mapu es una injusticia con nuestra gente

La persecución a Radio Kimche Mapu fue objeto de especial preocupación por parte de las organizaciones que integraron la primera misión de observación sobre libertad de expresión a radios y medios de comunicación mapuche.

La comunidad del valle Puquiñe-Lumaco en la comuna de Lanco decidió hace un año formar una radio y la llamó Kimche Mapu (tierra de gente sabia), la lidera Mireya Manquepillán, una mujer mapuche que emprendió esta iniciativa convencida de la necesidad de tener medios y voces propias “tenemos tantas cosas que decir, queremos educar a nuestra gente y que nuestros hijos conozcan sus derechos”, sostiene y se pregunta ¿será porque soy mujer que se nos persigue tanto?

Su relato transmite emoción. Cuenta que han sacado adelante el proyecto con el aporte de la comunidad “a puro ñeque”, y que la mayor gratificación la obtienen cuando la gente les dice: “la radio nos cambió la vida“, Mireya se quiebra al recordar cuando concurrió la policía de investigaciones hasta las dependencias de la emisora para notificarla de su cierre y citarla a comparecer a tribunales.

La parrilla programática de radio Kimche Mapu incluye la participación de mujeres, jóvenes, niñas y niños, han incursionado en formatos como radioteatro para hacer más atractiva la entrega de contenidos e información a quienes habitan la localidad. Para financiarse reciben la contribución de los y las campesinos/as de Puquiñe.

La líder mapuche Mireya Manquepillán califica como una injusticia la persecución penal de la cual es objeto y considera que el Estado debe adecuar su legislación a los intereses de las personas. Radio Kimche Mapu no tiene concesión. A pesar de estar ubicada en una localidad apartada y gestionada por una asociación indígena. Además, según las disposiciones de la autoridad no habrá llamado a concurso para licitar frecuencias hasta 2014.

Para recibir a representantes de la misión de observación sobre libertad de expresión en radios y medios mapuche, el equipo de radio Kimche Mapu reunió a dirigentes sociales de las comunidades e invitó al Alcalde de la comuna, Luis Cuvertino Gómez quien fue directamente interpelado por la comunicadora a defender el proyecto radial, usando instrumentos de derechos humanos como el el Convenio 169 sobre derechos de los pueblos originarios.

Desde que salió al aire esta emisora ha sido permanentemente hostilizada por la radio comercial de la comuna, dirigida por el concejal Omar Santana, quien realizó la denuncia en tribunales amparado en el articulo 36B(a). Después de la resolución de la fiscalía de dejar sin efecto el juicio por principio de oportunidad, Santana ha vuelto a presionar a la autoridad reguladora para que presente una recusación en este caso.

Junto con hacer un llamado a organismos y organizaciones de libertad de expresión, de derechos de pueblos originarios y de mujeres, la directora de la emisora reiteró su decisión de hacer valer su derecho a comunicar y a mantener una radio comunitaria, convencida de que cuenta con la defensa decidida de la comunidad de su territorio.

Fuente: Mapuexpress

Chile: Trabajadores portuarios paralizan sus labores

Los trabajadores adheridos a la Unión Portuaria de Chile protagonizan un paro nacional hoy en demanda de mejoras salariales y otros beneficios.

De acuerdo con un comunicado público de la entidad gremial, se detendrán totalmente las faenas en importantes puertos del país como Arica, Iquique, Tocopilla, Chañaral, Caldera, Huasco, Coquimbo, San Vicente, Lirquén y Coronel.

Desde 1981 el Estado de Chile se ha apropiado indebidamente de una parte de las remuneraciones de los trabajadores portuarios eventuales por la vía de un arbitrario mecanismo de retención del impuesto a la renta, señala la referida declaración.

Explica en ese sentido que ha sido mal aplicada y desconocida una circular del Ministerio del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos dictada en septiembre de 2010 tras movilizaciones del sector.

Ese decreto opera además únicamente hacia el futuro y por tanto no tiene efecto retroactivo, lo que también lesiona a los portuarios que dijeron radicalizarán sus protestas.

Impulsó, asimismo, esa decisión la respuesta del gobierno recibida la semana anterior a través del Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, de que fueron desestimados los reclamos del gremio.

Exigimos, junto con la devolución de los dineros mal habidos por el Estado, que se otorguen los beneficios reclamados hace un año por los trabajadores de los puertos de Talcahuano y Coquimbo como resultado de la licitación de dichas terminales, acotaron los portuarios.

De no obtener una respuesta satisfactoria de nuestras demandas en las próximas horas no descartamos radicalizar la movilización nacional con las consabidas consecuencias para la economía nacional, subrayaron.

Fuente: Albatv

Venezuela: Suspendida la audiencia pública de Julian Conrado

Se suspendó la audiencia pública en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, para decidir la improcedencia de la extradición a Colombia/EEUU de Julián Conrado.

Mediante correo electrónico el camarada Tamanaco de la Torre, de la "Coordinadora Que no Calle el Cantor", avisa que fue suspendida la audiencia pública en el TSJ el primero de febrero, para decidir la improcedencia de la extradición a Colombia/EEUU de Julián Conrado, y todas las audiencias en el TSJ, por inicio del año judicial.

No se conoce la razón de la suspensión ni cuando será la nueva fecha de esta audiencia. Los Hijos de Bolívar, pendientes, vigilantes y movilizados en pro de la Libertad y Asilo de Julián Conrado, cantor del pueblo colombiano.

La COORDINADORA “QUE NO CALLE EL CANTOR”, respaldando los avances del proceso de cambio para la definitiva independencia y por la dignidad en Venezuela, intercede y aboga por el derecho a ASILO Y/O REFUGIO PARA JULIÁN CONRADO, CAUSA HUMANITARIA que hoy enarbolamos junto a muchos colectivos e individuales del mundo.

Fuente: Agencias de noticias

Chile: Denuncian sospechosa maquinación y persecución contra dirigente de FEMAE

“Responsablemente apoyamos al hermano José (Ancalao), pues los hechos, lejos de ser probados en juicio, se muestran como una sospechosa maquinación, toda vez que se vierten justo después de las movilizaciones estudiantiles que han puesto en jaque al modelo educativo chileno, criticado por la UNESCO, la OCDE y cuanta comisión internacional nos haya visitado”.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Consejero Indígena Urbano electo ante CONADI, quiero señalar mi apoyo al hermano José Ancalao, vocero de la Femae, Federación de Estudiantes mapuche, el que ha sido acusado de diversos delitos relativos a la compra ilegal de una propiedad inmueble a nombre de la ONG Idear.

Responsablemente apoyamos al hermano José, pues los hechos, lejos de ser probados en juicio, se muestran como una sospechosa maquinación, toda vez que se vierten justo después de las movilizaciones estudiantiles que han puesto en jaque al modelo educativo chileno, criticado por la UNESCO, la OCDE y cuanta comisión internacional nos haya visitado.

Como personas indígenas y como pueblos, debemos pronunciarnos cada vez que se hace una imputación de tamaño calibre contra un dirigente indígena, más aún en el caso de José, que ha sido uno de los líderes más connotados del 2011. Parece que con estas denuncias pretende deslegitimar su actividad gremial, y con ello, el contenido de sus demandas.

Es por ello que enviamos toda nuestra fuerza, nuestro ch'ama, nuestro newen al hermano José, pues sabemos que los complots que puedan afectarlo a él o a su familia, jamás afectarán la demanda que como pueblos hemos presentado una y otra vez, que los problemas del pueblo de Chile son también nuestros, y que las más de las veces, nos afectan aún con más intensidad.

Queremos advertir a los sectores que pretenden desactivar la demanda indígena mediante burdos montajes, que estamos alertas, que no pestañearemos. Que el hermano José no estará solo, que creemos en él, que no es la primera vez que observamos estos extraños movimientos en contra de dirigentes que afectan el corazón del abuso y la exclusión, que hemos ganado muchas batallas y desactivado muchas de estas intentonas, que esta no es muy diferente de otras, y que finalmente ganaremos.



Femae critica al Ministerio de Educación por eliminar historia de los pueblos originarios de malla escolar

José Ancalao, werkén de la Femae, criticó la decisión de la Unidad de Curriculum del Mineduc de eliminar el contenido de historia de los pueblos indígenas. Según Ancalao, este hecho vulnera los tratados nacionales e internacionales (como el convenio 169 de la OIT) y en una burla en la cara para la pretención de estos pueblos de poder incorporar sus temáticas en escuelas y colegios del país.

Ancalao lamentó el hecho, pues dice, dentro de las demandas del movimiento estudiantil, está el incorporar las temáticas de historia, cultura y costumbres de los pueblos indígenas para avanzar en la interculturalidad del país.

Desde que es presidida por Loreto Fonteine, la Unidad de Curriculum del Mineduc redujo en un 25% las horas de Historia y Geografía, entre 5º bàsico y segundo medio, remplazó la palabra dictadura por régimen militar y redujo en una hora la educación artística y tecnológica de la malla curricular.


Dirigentes de la Confech impactados tras visitar zonas de conflicto en Wallmapu

El País Mapuche concentra las tasas más altas de indigencia y pobreza de Chile: una de cada cuatro personas vive bajo la línea de la pobreza. Esta situación es especialmente aguda en las comunidades. La ausencia de luz, agua y alcantarillado son la tónica frecuente en muchas de ellas. Luego de ser reducidos y, en muchos casos, trasladados de sus territorios, las comunidades mapuches se ven rodeadas por terrenos de empresas forestales que han ido adquiriendo progresivamente sus espacios y sus aguas de riego.

Así, durante la semana pasada, Noam Titelman presidente de la FEUC, Gabriel Boric, presidente de la FECH y representantes de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE), visitaron estas comunidades, duramente reprimidas por sus demandas territoriales no resueltas. Esto luego de que una serie de organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Ética contra la tortura, hicieran un llamado de atención sobre la situación preocupante que se está viviendo en esta zona.

Junto a la pobreza radical, causada por la pérdida de territorios, un conflicto que tomaba verdaderas características de conflicto armado de baja intensidad, hacía imposible la vida de centenares de familias. El motivo de estas visita era doble. Por un lado, empezar a establecer vínculos para futuros trabajos de invierno. Por otro lado, era urgente informar a toda la ciudadanía de lo que estaba sucediendo para que se pudiera conocer, también, las versiones de los allanados y se hicieran públicos los vejámenes a los que eran expuestos.

Como lo describió Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos: “El accionar de Carabineros en los contextos de allanamiento con orden o bajo la persecución de personas, se está afectando a una población que es más amplia que quienes son sospechosos de la comisión de un delito, eso da cuenta de un actuar indiscriminado que genera un ambiente complejo”. Los integrantes de la Comisión de Ética relataban historias de abuso y maltrato a mujeres, niños y ancianos. Más allá del conflicto en torno a las demandas propias del pueblo mapuche, lo que se veía en la zona serían atropellos a derechos humanos básicos.

El día jueves 19 de enero, la FEUC junto a la FEMAE visitó dos de las comunidades de la llamada “zona roja” (en las vecindades de Ercilla). La generosidad y hospitalidad de los habitantes contrastaba con su aguda pobreza y desprotección. Además, era notoria la presencia policial constante, incluido un retén permanente. La comitiva fue recibida por dirigentes locales, voceros e incluso una machi, además de los niños y mujeres que se sumaban con gran interés en contar sus experiencias. Una escena particularmente abrumadora fue la que describió la machi de la comunidad José Guiñon quien fuera amarrada en un allanamiento frente a su propio hijo.

En la comunidad José Guiñón los dirigentes estudiantiles pudieron conocer de boca de las propias familias la realidad que viven éstas cada vez que se producen allanamientos por parte de la policía. Tras eso, se trasladaron hasta el sector de Pailahueque, también en la comuna de Ercilla, para entrevistarse con familias de Loloko que mantienen tomado un predio que consideran ancestral. José Ancalao, dirigente mapuche que, a la vez, integra la CONFECH, indicó que las conversaciones se centraron en la Ley Antiterrorista y en los abusos que las familias indígenas sufren cada vez que se realizan operativos policiales al interior de sus comunidades.

En este primer encuentro entre dirigentes universitarios y mapuches el objetivo fue posibilitar un acercamiento y conocer las realidades del pueblo mapuche, además de crear un vínculo de trabajo futuro, según dio cuenta el propio Ancalao. Tras sostener estas reuniones, los representes de la CONFECH se comprometieron a usar sus plataformas comunicacionales para difundir las problemáticas indígenas en el País Mapuche.

El sábado 21 se realizó la asamblea de la CONFECh en Temuco, organizada por la FEMAE y la FEUFRO. En esta ocasión la FEUC expuso, junto a un comunero, la situación de las comunidades e instaron a los dirigentes a conocer la situación de primera fuente. La comitiva regresó a la zona de conflicto el domingo, esta vez con varios dirigentes de la CONFECh, esta vez junto al presidente de la FECH, Gabriel Boric. "Les hemos entregado un reconocimiento a las legítimas demandas que ellos han planteado y solidarizamos ante los hechos de los que han sido víctimas", declaró el lider de la FECH.

A juicio de Boric, aun queda mucho por avanzar para reconocer la diversidad indígena de Chile. "Cuando puse en mi cuenta de twitter que íbamos a visitar esas comunidades, en varias respuestas algunos me preguntaban por qué íbamos a ver a terroristas, a esos indios flojos. Aquí hay mucho prejuicio y falta de comprensión. Por eso nuestra visita ha sido buena, porque así podemos comenzar a socializar la realidad del pueblo mapuche".

"Aunque es imposible comprender la cosmovisión mapuche en apenas un par de horas, sí nos pudimos interiorizar de las reivindicaciones más urgentes", agregó Boric. "Estuvimos en una comunidad que ha sido allanada como quince veces en los últimos años. Vimos mujeres que han sido golpeadas en esas operaciones. Tirados en el campo, había cartuchos de bala. Esto nos permite estar conscientes de que el Estado tiene que hacer un reconocimiento de esta realidad. Las comunidades enfrentan una gran pobreza material, pero no espiritual", subrayó.

Cabe destacar que luego de la visita de los dirigentes, la Comunidad José Guiñon fue allanada dos veces. La Machi, quien ya había sufrido maltratos en los allanamientos anteriores, en esta ocasión terminó con parálisis y se encuentra hospitalizada en estos momentos. La defensa de los derechos humanos no es patrimonio de ninguna organización. Tampoco es propiedad de izquierdas ni derechas. La defensa de los derechos que nos hacen humanos es obligación de todos, concluyeron los delegados de la Confech.

Fuente: Mapuexpress

Venezuela: 31 de enero: Libertad para Julian Conrado

El cantor Julián Conrado está muy enfermo, ha sobrevivido a varios bombardeos, a leishmaniasis, a paludismos varios, está gravemente afectado de salud: por evidentes razones éticas y humanitarias corresponde el Asilo político y también el Asilo humanitario. El derecho internacional humanitario ampara este asilo.

La Convención Contra la Tortura impide entregar a un perseguido político a Colombia, un país en el que fallecen con inusitada frecuencia los presos políticos: por tortura y denegación de asistencia médica(varios presos políticos empujados a la muerte en el 2011, y 2012). El estado colombiano es denunciado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y por la Coalición Contra la Tortura (CCCT) como un estado torturador: el informe de agosto 2011 de la CCCT es aterrador.

La Convención de Ginebra impide entregar a un combatiente, o perseguido político, además enfermo, y más cuando este ha solicitado asilo; corresponde que Venezuela le otorgue el asilo, y si no quiere hacerlo, que lo remita a un tercer país que sea efectivamente neutral. La propia constitución venezolana impide esta entrega: claramente si Julián Conrado es entregado, será otra ilegalidad más, aunque hayan tejido, mediáticamente, una apariencia de legalidad para cubrirse en este caso un poco más que lo que hicieron con el periodista Joaquín Pérez Becerra, que fue entregado en total ilegalidad, sin acceso alguno a abogados ni a defensa. Se espera que en el caso del cantor Julián Conrado el derecho a defensa sea más que una apariencia, y que pronto las autoridades venezolanas se apeguen a la legalidad, respetando el DIH que impide entregar al cantor al gobierno colombiano.

El Fiscal no le imputó ningún delito a Julián en Venezuela: por lo cual si se respetara la legalidad hoy debería estar libre. Su situación es preocupante. Sus abogados han denunciado la ilegalidad operada desde Colombia, y también las ilegalidades en Venezuela. El manejo ilegal de la humanidad de los perseguidos políticos por parte de la colaboración de fuerzas represivas colombianas y venezolanas, es grave pues desemboca la mayoría de las veces en entregas de perseguidos políticos, en las que éstos son privados de todos sus derechos, y entregados a un estado torturador como el colombiano. Se cuentan ya por decenas los perseguidos políticos entregados de manera ilegal al régimen colombiano por parte de Venezuela: han sido entregados incluso varios heridos y enfermos en violación al DIH. La cacería humana que implementa el régimen colombiano, bajo las directrices estadounidenses, es una medida de guerra sucia contra la población.

Que no sea entregado el cantor Julián Conrado a una tortura segura. Que no sea acallado el cantor en Colombia, o en EEUU. Pedimos a todos los medios alternativos, a todo ser humano consciente, que ayude a informar del tema.

A continuación la defensa de Julián Conrado por parte de la Coordinadora Que No Calle el Cantor, FUNDALATIN ,con sustento legal.

Antes de que el cantor del pueblo colombiano, Julián Conrado, denunciase públicamente que hay planes para asesinarlo por parte del estado colombiano, dentro de la cárcel de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), información que el mismo cuerpo de investigaciones procesa, el día 12/01/12 la defensa de Guillermo Enrique Torres Cueter, exigió ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su LIBERTAD INMEDIATA, ente judicial que “concentra” tres juicios sin respuesta (Habeas Corpus, Apelación por ilegal medida cautelar de detención y juicio de extradición ilegal). El trovador colombiano Julián Conrado está hoy preso sin pena judicial, en violación de la propia constitución bolivariana.

1. Solicitud de la defensa de Julián Conrado, escrito y sustento legal por el cual si se respeta la ley, el DIH y la constitución, debería no solamente negarse rotundamente la extradición de manera definitiva, sino ser puesto en inmediata libertad Julián Conrado, bajo protección de la figura de Asilo:

. “De manera respetuosa ocurrimos a usted para solicitar la libertad de Guillermo Enrique Torres Cueter identificado con la cedula de identidad N° 9.281.858, actualmente interno en la sede del DIM; atendiendo a las siguientes consideraciones:

(…) la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en el artículo cuarenta y nueve (49) que establece el principio del Debido Proceso, se aplicará a todas las actuaciones Judiciales y Administrativas; este precepto constitucional es de carácter normativo, es decir, de inmediato cumplimiento (…)”

El Estado colombiano obvió la solicitud legal de extradición, fue detenido sin legalidad alguna, con una orden de la írrita Interpol, con cargos si pruebas ni evidencias.

“Sin embargo, el día viernes 05 de agosto del año 2011, en horas de la tarde, el Ministerio Publico realizo en el Juzgado veintiséis (26) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Audiencia de Presentación del ciudadano Extranjero Guillermo Torres Cueter, en la causa numero 14.905-11.

En esa audiencia el Ministerio Público solicito al mencionado tribunal, se impusiera la Medida Cautelar establecida en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Presentando como elementos de convicción de su solicitud, un acta firmada por funcionarios del DIM, en el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto de captura con fecha posterior a la del 31 de mayo del año 2011; así mismo, presento copia de la circular de Interpol identificada de la siguiente manera: ‘N° DE CONTROL: A- 706/ 7- 2002. N° DE EXPEDIENTE: 2002/16156. Fecha de publicación 23 de julio de 2002. En donde se le solicita por la comisión de los siguientes delitos: 1.-) octubre de 1999 extorsión de 200 millones de COP a un ciudadano colombiano a través de llamada telefónica (desde la selva). 2.-) Parranda Seca 09 de junio 2001 ataque armado contra miembros del ejército resultando heridos dos soldados’ (a más de 1.000 km donde se encontraba Julián Conrado en los diálogos de paz del Cagüan). Como resultado de esta audiencia la honorable Juez decidió acoger la solicitud del Ministerio Público ordenando la detención del prenombrado ciudadano. Además estableció como sitio de reclusión los calabozos del DIM. También ordeno remitir lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, indicando con ello el ‘inicio de un proceso de extradición pasiva’.”


Se quebrantaron lapsos perentorios y obligantes


“No obstante, el hecho público y notorio de la captura efectuada el día 31 de mayo de 2011, en el estado de Barinas, del ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana, Guillermo Enrique Torres Cueter, anunciada por las autoridades venezolanas en los principales medio de comunicación.Cabe destacar que esta audiencia se realiza después de haber transcurrido un tiempo mayor de las cuarenta y ocho (48) horas al plazo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 396 COPP,…Según la norma Constitucional citada y lo establecido en el Artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, el plazo de presentación no puede ser quebrantando bajo ninguna circunstancias, y por ello se sanciona con la nulidad absoluta.

Hay un límite que sí es vital en materia de extradición, la más efectiva garantía de los Derechos y de la dignidad de la persona humana; Guillermo Enrique Torres Cueter, fue aprehendido sin orden judicial, sin control judicial de la solicitud de la Interpol y presentado ante el Juez de Control sesenta y cinco (65) continuos después de su ilegal captura y violando elementales garantías.

2.- El Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos trescientos noventa y seis (396) ordena lo siguiente: “…que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos” y el trescientos noventa siete (397) que establece “Vencidos el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la Libertad del aprehendido si no se produjo la documentación ofrecida…”

3.- Esta defensa solicito la Libertad por vencimiento de término por primera vez el día 06-10-2011; la segunda el día 20-10-2011, sin obtener ninguna respuesta a dichas peticiones violando con ello el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y lo dispuesto en el artículo ciento setenta y siete (177) del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

4.- El día 17 de octubre del año 2011, el Ministerio Público a través de la Abg. Teolinda Ramos introdujo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia copia de la nota verbal E-00739, de fecha 28 de septiembre de 2011, mediante la cual la embajada de la República de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela, remite los oficios DVJ-300, del 22 de septiembre de 2011, procedente del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, además, el oficio 209 D-99 del 08 de septiembre de 2011, procedente de la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos con los cuales se presenta la solicitud formal de extradición del ciudadano Guillermo Enrique Torres Cueter por los delitos Reclutamiento Ilícito y Desaparición Forzada.”

Colombia intenta, nuevamente, solicitud de extradición “legal”, con otras acusaciones a las originarias hechas atreves de Interpol, estando esto expresamente prohibido

“(…) La Fiscalía General de la República de Venezuela por intermedio de la Fiscal General la Doctora Luisa Ortega Díaz, realizo un pronunciamiento público y notorio en el cual informo que no procede la extradición del ciudadano Guillermo Enrique Cueter Torres por “haber incongruencia de los motivos de la detención inicial, motivada por la solicitud de Interpol, con los alegatos presentados posteriormente por el gobierno colombiano para fundamentar la misma”

6.- Considera esta defensa han variado las circunstancias, lo que hace procedente la solicitud cambio de la Medida Cautelar establecida en el artículo 396 COPP, debido a las siguientes consideraciones:

a.- La documentación Judicial Presentada por el gobierno colombiano viola principios que rigen los procesos de extradición, en particular el Principio de Especialidad en virtud del cual el Estado requirente no podrá extender el enjuiciamiento, ni la condena a hechos distintos de los que de manera específica han dado lugar a la extradición, ni someter a la persona entregada a la ejecución de condena distinta.

Cabe aclarar que el ciudadano Guillermo Enrique Torres Cueter fue detenido de manera arbitraria el día 31 de mayo del 2011 en virtud de la solicitud de Interpol N° A- 706-7 -2002 por el delito de Extorsión y Lesiones y fue presentado sesenta y seis (66) días después de su captura, el día cinco(05) de agosto del 2011, por el Ministerio Público ante el Tribunal Veintiséis (26) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, iniciando de esta manera la “legalización de la captura” con fines de extradición. De igual manera, se viola el Principio de Doble Incriminación cuya finalidad estriba en que debe haber identidad de norma de tal manera que el hecho delictivo por el cual se reclama al individuo este incriminado tanto en el Estado requerido como en el Estado Requirente y ser punible en el caso concreto. Observamos que en la documentación Judicial presentada por el Estado Colombiano se le imputa ahora por el delito de Reclutamiento Ilícito; este tipo penal no existe en la legislación penal Venezolana. Así mismo, se le imputa el delito de Desaparición Forzada, este delito en la legislación venezolana es de Sujeto Activo Cualificado, es decir, se requiere la calidad de funcionario público. Asimismo, se puede apreciar que en “el proceso 4219 y 4262 el señor Torres Cueter fue vinculado y procesado en calidad de persona ausente…” En la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 125 numeral 12 se establece como derechos del imputado “No ser juzgado o juzgada en ausencia…”


Derechos especiales de protección de los “combatientes” conforme al DIH


“(..) Por otra parte, la República Bolivariana de Venezuela está obligada por el Derecho Internacional Humanitario, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 Relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional, de fecha 12 de diciembre de 1977, a dar un trato Humano al ciudadano Guillermo Enrique Torres Cueter, tal como lo establece de manera taxativa el artículo 4.- Garantías fundamentales, “Todas las personas que no participen directamentemente en las hostilidades, o que haya dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones…” y en el artículo 6.- Diligencias Penales, en el literal (e) establece “toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada” de igual manera el Título 3.- Heridos, Enfermos y Náufragos, en el articulo 7.- Protección y asistencia establece “Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y protegidos” Es un hecho cierto que Colombia vive un conflicto Social y Armado; que el ciudadano Guillermo Enrique Torres Cueter, participo en esa confrontación fratricida, pero por voluntad propia y por razones de salud, dejo voluntariamente las armas (…) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo, FARC-EP. Organización ha firmado innumerables acuerdos de Cese Al Fuego y de Paz con el Gobierno de Colombia, que también es un hecho público y notorio. En consecuencia esta defensa exige el estricto cumplimiento de las normas del DIH y la aplicación inmediata de 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


PETITORIO AL TSJ:


A.- Con fundamento legal en los artículos arriba descritos, que son normas de orden público; solicitamos la Libertad por vencimientos del término perentorio del artículo 396 COPP, normas precitadas de DIH o en su defecto ordene la sustitución de la Medida Cautelar Privación Judicial Preventiva de Libertad por otra medida menos gravosa. Respondiendo a al surgimiento de las nuevas circunstancias descrita anteriormente.

B.- Solicitamos el cumplimiento de la Tutela Judicial Efectiva establecida en el artículo veintiséis (26) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH y la aplicación inmediata de 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esperamos respuesta oportuna a esta nueva petición.” (…)

Asi, continuamos a la espera de justicia, con dignidad bolivariana.

¡Amando venceremos!

Fuente: Agencia Bolivariana de Prensa

Venezuela: Gobierno crea Órgano Superior para potenciar soberanía alimentaria

El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció la creación del Órgano Superior de la Gran Misión AgroVenezuela para el desarrollo de un sistema integral de planificación agrícola enmarcado en los avances logrados a lo largo de un año de conformado el programa social, que busca convertir al país en una potencia agrícola, capaz de garantizar su soberanía alimentaria.

El mandatario venezolano indicó que bajo la premisa de mantener la colaboración con los pequeños y medianos productores, el plan social continuará con el trabajo conjunto para el logro de los objetivos. "Tenemos que trabajar todos juntos como un poder organizado", dijo Chávez.

Señaló que el Órgano Superior de la Gran Misión "estará conformado por el Vicepresidente económico de producción y demás ministros para garantizar el desarrollo del trabajo productivo y de las normas establecidas en la Carta Magna".

La nueva estructura de planificación contará además con un proyecto de créditos de la mano de las entidades financieras públicas y privadas.

"Vamos a garantizar en el marco de la Constitución y la Ley que la banca nacional pública y privada cumpla con el mandato de la Ley, con la cartera agrícola. Nosotros en el primer año de la Gran Misión logramos en 2011 una cantidad de créditos mucho mayor y los montos fueron mucho mayores comparado con 2010" recordó.

El nuevo Órgano Superior deberá constituirse de inmediato de acuerdo a las disposiciones del Presidente venezolano, integrado por los cuerpos competentes en función del desarrollo de los planes sociales.

"En cada región se va a constituir desde hoy una nueva estructura de planificación y de dirección de la batalla, un comando estratégico regional conformado por gobernadores bolivarianos, representantes designados por ministros que conforman el Órgano Superior de vivienda, el encargado de la milicia bolivariana en la región, delegados de trabajadores que laboran en las unidades productivas socialistas" añadió.

El mandatario suramericano instó a que no haya retardo de ningún tipo para continuar con la consolidación del éxito de la Gran Misión AgroVenezuela.

"Me pongo al frente de la Gran Misión AgroVenezuela junto a todos ustedes, yo estaré pendiente de todas las unidades productivas", señaló para garantizar el financiamiento y funcinamiento del desarrollo integral de la producción.

El mandatario venezolano Hugo Chávez estimó que el financiamiento de bancos públicos y privados del país se enmarca en el logro de la producción agrícola nacional.

La banca privada deberá transferir los recursos de la cartera agrícola a un fondo que se llamará fondo Ezequiel Zamora, que también podrá recibir aportes del Estado.

"Esto es un apoyo a la lucha social, educación, salud, a las grandes obras en cooperación con la banca privada", dijo.

Chávez sostuvo que el Estado emitirá bonos agrícolas que serán entregados a la banca para respaldar la operación del financiamiento.

"La cartera agrícola viene al Gobierno, el Gobierno le entrega bonos a la banca, las instituciones competentes centralizarán y administrarán los recursos emitidos de la banca a través del fondo Ezequiel Zamora de manera directa o indirecta, por medio de préstamos en efectivo, maquinaria y otros, en base a los planes y programas especiales diseñados y controlados por el Estado venezolano", detalló.

"Los productores realizarán actividades de producción, comercialización y obtendrán el producto de su venta para cancelar en plazos razonables los fondos recibidos", continuó.

Para el inicio de la nueva estructura de producción se tienen estimados 3 mil 605 millones de bolívares (838 millones 372 mil dólares), 3 mil por parte del Banco Central de Venezuela y 605 millones recuperados de los créditos entregados en 2011.

El presidente venezolano resaltó la cooperación que ha mantenido su Gobierno con naciones hermanas que se han aliado con las políticas de desarrollo del Estado para convertir al país en una potencia de integración agrícola en la región.

"Tenemos unas relaciones extraordinarias con países hermanos, gobiernos aliados, como Brasil y Argentina que son potencias mundiales en producción de carne y de leche con alta tecnología y que están ayudándonos pero están dispuestos a ayudarnos mucho más en el impulso definitivo para convertir a Venezuela en una potencia agropecuaria", destacó Chávez.


El Movimiento Socialista Agrario Sin Tierra de Venezuela exige justicia por asesinato de campesino

El Movimiento Socialista Agrario Sin Tierra de Venezuela exige justicia para el líder campesino Alfredo Hernandez, desaparecido y asesinado en el mes de Diciembre de 2011. Acusan al gobernador de Lara, Henri Falcón de estar vinculado con los terratenientes y piden la intervención de la policía del Estado.

A través del Reporte en la Calle, las comunidades en lucha de Barquisimeto y el Estado Lara mostramos lo que para nosotros y nosotras es noticia. Rompiendo con los esquemas del periodismo elitista de los medios privados, quienes construimos día a día el Poder Popular narramos los sucesos de los que somos protagonistas, desde el punto de vista de nuestras comunidades. Las calles hablan en cada Reporte en la Calle, programa informativo que transmite Lara Tvec (canal 60 UHF) desde la Comuna Socialista Ataroa, en Barquisimeto, Edo. Lara.

Fuente: Agencias de noticias

Colombia: Colombianos por la Paz se reúne para analizar logística de liberaciones de las FARC

La organización humanitaria Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), que funge como uno de los mediadores para solucionar el conflicto armado en esa nación suramericana, se reunió este domingo para analizar los detalles sobre las liberaciones unilaterales que van a llevar a cabo las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) el próximo febrero.

Según explicaron los organizadores, en el encuentro (realizado a puerta cerrada en la Casa de la Mujer en Bogotá), el colectivo civil propondrá medidas financieras para los operativos de las liberaciones debido a que el Gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, se ha mostrado renuente a cancelar los costos.

Una de las propuestas del grupo humanitario ha sido buscar (por cuenta propia) el apoyo de transporte aéreo, así como también se analiza la opción de que los empresarios del país financien la logística para la operación de entrega de los retenidos por el grupo insurgente.

"Apelaremos a empresarios y a personas que puedan sufragar los costos en que se deba incurrir para la liberación de quienes son considerados como héroes de la patria", declaró la líder de CCP, Piedad Córdoba.

La activista humanitaria también dijo que una manera más fácil de resolver la logística podría ser la salida a la postura del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, contraria a que sea Brasil el que facilite (como en el pasado) los medios de transporte para la misión humanitaria.

“El Gobierno, seguramente, no va a facilitar aeronaves de Brasil ni de ningún país", agregó Córdoba, quien también dijo que la búsqueda de una alternativa a este tropiezo ha estado en manos de la presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela.

En el pasado, Venezuela y más tarde Brasil prestaron los helicópteros con los que fue posible que las FARC entregaran de manera unilateral a una veintena de políticos, militares y policías.

La guerrilla insurgente ha mostrado su voluntad de liberar (este frebrero) a otras seis personas que llevan más de 12 años cautivas: el militar Luis Alfonso Beltrán Franco y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero Romero y José Libardo Forero Carrero.

Además de la logística para las liberaciones, en la reunión que lleva a CCP, que se espera que dure todo el día, también tienen previsto el análisis de la situación de los prisioneros de guerra y presos políticos, así como debatir sobre las agendas de paz.

A la cita asisten como invitados el estadounidense Marck Chernik, experto en resolución de conflictos, y el colombiano Carlos Arturo Velandia, de la Escuela de Cultura y Paz de Barcelona (España).

Asimismo, hay una treintena de miembros del CCP, creado hace más de tres años para promover una salida política al conflicto interno que azota a esta nación suramericana desde hace más de medio siglo.

A su vez, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - EP) informaron el miércoles a través de un comunicado que el cabo Luis Beltrán, el sargento Cesar Lasso y el subteniente Carlos Duarte, forman parte del más reciente grupo de uniformados que serán liberados de forma unilateral.

A través de la misiva, difundida por los medios de comunicación locales, el miembro del secretariado de las FARC - EP, Iván Márquez, reveló que estos uniformados se suman a los subintendentes Jorge Trujillo Solarte, Jorge Romero y José Libardo Forero, que también serán puestos en libertad este año, Esto lo hace la FARC – EP, atendiendo el llamado de la senadora Piedad Córdoba y de un grupo de prestantes mujeres del continente.

Según el comunicado las FARC – EP, quedan a espera de la divulgación de los protocolos de seguridad y la puesta en funcionamiento de una comisión internacional constate las condiciones infrahumanas de reclusión de miles de prisioneros políticos y de guerra en las cárceles colombianas.

Las FACR - EP, denuncian la muerte del prisionero de guerra Franquin Morales en la cárcel de la Dorada Caldas, estamos resueltos a tornar visibles a los nuestros y también a los presos sociales invisibilizados por la injusticia y perfidia del estado.
Las FARC – EP, dicen no cejaran su empeño por lograr la repatriación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas.

Por ultimo anotan las FARC – EP, que la liberación de estos seis prisioneros es un echo de paz e instan a que el canje de prisioneros de guerra se eleve a norma constitucional que obligue al estado.

Fuente: Agencias de noticias

Honduras: Nuestra región atraviesa una profunda crisis alimentaria y represión campesina

El pasado miércoles 25 de enero, organizaciones indígenas, campesinos, afrodescendientes, el pueblo de centroamérica, se reunieron en Tegucigalpa para repudiar las medidas represivas que esta llevando a cabo el gobierno de Honduras contra la poblacion campesina.

A continuacion el comunicado.

Reunidas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodecendientes de Centroamérica, hoy 25 de Enero del 2012, expresamos ante la opinión pública nacional, regional e internacional, la situación crítica que vivimos las familias en el campo tales como: la represión, criminalización a nuestras luchas, destrucción de cultivos, persecución judicial, el acaparamiento de tierra y la explotación de los Bienes Naturales mediante la implementación de los mega proyectos, como mono cultivos, minería e hidroeléctricas en la región.

Toda esta conflictividad genera a nuestros pueblos un déficit de la Soberanía Alimentaria esto lleva a una crisis profunda, hambruna y extrema pobreza en las comunidades campesinas teniendo mayor impacto en las mujeres, niños y ancianos.

Expresamos nuestro repudio y condenamos los ataques sistemáticos que sufren nuestros hermanos y hermanas del Bajo Aguán en Honduras; así como los compañeros y compañeras del Valle del Polochic en Guatemala. Exigimos al presidente Porfirio Lobo Sosa (Honduras) y Otto Pérez Molina (Guatemala) buscar una solución inmediata a los conflictos de tierra de las comunidades y no ser cómplices de los terratenientes y empresarios nacionales e internacionales, cuya única respuesta es la represión y el sicariato contra los campesinos y campesinas.

La Vía Campesina Centroamérica hace un llamado enérgico a los gobiernos, movimientos sociales, a los pequeños y medianos productores, trabajadores e intelectuales de Latinoamérica y el mundo, exigir políticas púbicas a favor de las y los campesinos, promover acciones que mejoren las condiciones de vida en el campo, una verdadera Reforma Agraria Integral y así enfrentar las crisis a las que nos ha impuesto el modelo neoliberal.

Exigimos el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las juventudes, como la salud, educación, el acceso a la tierra, a la infraestructura, asistencia técnica, semillas nativas y créditos favorables para asegurar el desarrollo integral.

El Movimiento Campesino Centroamericano está convencido del rol que juegan las mujeres y las nuevas generaciones en la estabilidad y continuidad de nuestra sociedad en su conjunto.

Las organizaciones de Centroamérica hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a expresar nuestra solidaridad con las campesinas y campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán – MUCA en Honduras y de los pueblos originarios que habitan las riveras del Valle Polochic en Guatemala y los demás movimientos campesino que luchan en nuestra región. Llamamos e invitamos a unificar esfuerzos, apoyar y respaldar una Campaña de Solidaridad a favor de las comunidades que luchan por el acceso a la tierra y defensa a la madre naturaleza.

Saludamos al pueblo Nicaragüense por la lucha y esfuerzo que hacen por el incremento de la producción la cual genero un crecimiento económico del 4% contrario a la situación que viven los países arriba mencionado.
¡¡Reforma Agraria… Urgente y necesaria!! ¡¡ Resistimos… y Venceremos!! ¡¡Con la mujer en la casa… La reforma agraria se atrasa!! ¡¡Juventud Campesina… Asumiendo retos para el Cambio!!
¡¡Globalicemos la lucha… Globalicemos la esperanza!!

Tegucigalpa – Honduras, 25 Enero del 2012

Fuente: Albatv

México: 350 indígenas desplazados retornan a su territorio

El pasado viernes a las 14 horas aproximadamente 250 desplazados del municipio de San Juan Copala emprendieron el regreso a su pueblo, aún con las amenazas de los grupos paramilitares y del propio gobernador Gabino Cué, quien les dijo directamente que él no se responsabiliza por la seguridad de este grupo indígena desplazado.

“Nos están dejando solos. Nos dijeron que la seguridad nos esperaría a la mitad del camino, pero no hay nada. Habían quedado de acompañarnos delegaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Derechos Humanos de Oaxaca, de la defensoría del pueblo de Oaxaca, para poder retornar a nuestras tierras, pero nadie vino porque funcionarios del gobierno estuvieron hablando con cada uno de ellos. Vamos solos, pero dispuestos a recuperar nuestras casas de forma pacífica”, declaró Marcos Albino, vocero del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Los triquis del municipio autónomo de San Juan Copala fueron desplazados de su pueblo desde hace un año siete meses, por las agresiones de grupos paramilitares. En uno de los intentos por llevar ayuda humanitaria a Copala, una caravana fue agredida por grupos paramilitares, quienes asesinaron a Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el 27 de abril de 2010, motivo por el que la ayuda no pudo entrar a la comunidad. Posteriormente se hizo un nuevo intento, pero la falta de garantías y las amenazas de grupos paramilitares lo volvieron a impedir, de tal modo que los habitantes quedaron prácticamente asfixiados y tuvieron que salir de su pueblo.

Este 26 de enero, nuevamente sin garantías, emprenden el camino de regreso desde la capital de Oaxaca, responsabilizando directamente al gobernador Gabino Cué de lo que pueda ocurrir, pues en el último momento “nos dejaron solos debido a que no quisimos firmar un acuerdo de paz y concordia con el gobernador, pues éste no se comprometía a nada”, señaló Albino.

“El secretario de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, nos dijo que cada quien con sus responsabilidades y que lo que ocurra será nuestra responsabilidad. O sea que de plano dejan a un lado su obligación de garantizar nuestra seguridad física, lo que es inadmisible”.

Este 26 de enero la caravana planea llegar al pueblo de Yosoyuxi, a menos de 10 kilómetros de Copala, comunidad en la que se unirán otros 100 desplazados, haciendo un total de 350 triquis que intentarán ingresar a su pueblo por la mañana de este 27 de enero.

“Nosotros vamos pacíficamente y con ánimo de conciliación. Ya no podemos vivir fuera de nuestras casas y es por eso que regresamos. Dejamos claro que nos están amenazando los paramilitares, principalmente a las mujeres, y por eso pedimos que estén pendientes”, finalizó Jorge Albino.

Fuente: Albatv

EE.UU: Policía reprime a Ocupantes de Oakland y detiene a por lo menos 400 activistas

Al menos 400 personas fueron arrestadas y cuatro resultaron heridas el sábado 28 de enero, luego de que la policía de Oakland, al oeste de Estados Unidos, interviniera de manera violenta en una protesta pacífica del Movimiento Ocupa Wall Street (OWS).

Fuentes indicaron que en la manifestación también se reportaron hechos de abuso de autoridad.

La policía de Oakland indicó el domingo que los manifestantes de Ocupa Oakland, una rama local del movimiento neoyorquino OWS, intentaron inicialmente asentarse en el centro de convenciones Henry Kaiser y luego en el centro deportivo YMCA y en la Alcaldía.

Pese a que la protesta era pacífica y los manifestantes reiteraban que la ocupación era “por no tener casas” o haberlas perdido, los uniformados emprendieron un operativo que finalizó con cuatro centenares de detenciones.

"Un estimado preliminar indica que se hicieron 400 arrestos", dijo la Policía.

El pasado sábado, en una jornada conmemorada como el “Día de la Mudanza”, una multitudinaria marcha se dirigió hasta el centro de convenciones Henry Kaiser de Oakland, donde algunos intentaron tirar abajo la cerca para ocupar el edificio.

La acción era enmarcada en la crisis hipotecarias desencadenada en la nación norteamericana desde el pasado 2007, y que dejó a más de 2,2 millones de personas sin vivienda.

Los manifestantes exigían a las autoridades no sólo más igualdad, sino que demandan al presidente, Barack Obama, aprobar medidas favorables al 99 por ciento de la población golpeada por la crisis económica.

En este contexto, los pacifistas propusieron ocupar viviendas vacías para entregarlas a quienes se quedaron en la calle por no poder pagarlas a los bancos; sin embargo, como ha pasado en la mayoría de las manifestaciones, los uniformados terminaron reprimiéndolos.

Ante la situación, los ocupantes de Ocupa Los Ángeles y de Chicago anunciaron para la tarde del domingo marchas en apoyo a sus pares de Oakland; a fin de revindicar el repudio del movimiento hacia la codicia de las grandes corporaciones y las políticas económicas del sistema capitalista.

Fuente: Telesur

Chile: Piden a Sebastián Piñera terminar con la represión al Pueblo Mapuche

Luego de registrase este fin de semana un allanamiento de las viviendas de la comunidad Cacique José Guiñón por parte de más de 200 efectivos de Carabineros, la Comisión Ética Contra la Tortura hizo el pedido de cese a la represión al pueblo mapuche en una carta dirigida al mandatario chileno.

En la carta, la referida Comisión mostró su preocupación por los violentos hechos registrados en el sector de la comuna de Ercilla en la región de Araucanía donde Fuerzas Especiales de Carabineros haciendo uso de bombas lacrimógenas y armas dejaron como saldo dos personas heridas provocando además la hospitalización de una embarazada.

Pese a hacerse público el comunicado los intentos de allanamiento a zonas mapuches no se han detenido. Según radio Bio Bio carabineros que se mantienen en la zona de la comuna de Ercilla volvieron a allanar una vivienda para después abandonar la zona.

En otra línea la carta también se refiere al proyecto de ley que limita el derecho a reunión, expresión, asociación y manifestación a fin de conseguir la inmovilidad de la población ante demandas reivindicativas.

Fuente: Mapuexpress

Paraguay: Campesinos seguirán exigiendo recuperar las tierras

Paraguay está entre los 10 países más desiguales del planeta y es el país con mayor inequidad en América Latina. El acceso a la tierra ha sido un problema histórico. Sin embargo, se ve agravado por el aumento del área cultivada de soja.

Las organizaciones campesinas seguirán exigiendo a las instituciones y poderes del Estado paraguayo aliarse para recuperar las tierras, afirmó hoy el gobernador del departamento de San Pedro, José Ledesma.

El gobernador desmintió que las mediciones realizadas en esa zona en los últimos días por personal militar de la Dirección del Servicio Geográfico obedezcan a "un plan del oficialismo", como publicaron medios locales.

En un comunicado divulgado hoy, las fuerzas militares aclararon que su labor en la zona de Ñacunday es de carácter técnico profesional y se desligaron de alteraciones del orden ocurridas en el lugar.

Son las organizaciones de lucha por la tierra las que exigen hoy día al Ejecutivo para promover la medición, aseguró.

Ledesma puntualizó que "nosotros no manejamos esos documentos ni es actividad que emprenda el Poder Ejecutivo".

En ese sentido señaló que "la gente de Ñacunday hace doce años que está ahí", y existen documentos en mano de los reclamantes de que los colonos (brasileños y paraguayos) estarían usufructuando en forma irregular las fincas, por lo cual se requiere la intervención judicial.

El gobernador apuntó que en caso de no hallarse irregularidades los colonos deberán contar con todas las garantías del Estado.

Pero si se constatan las denuncias de los campesinos, opinó, las tierras deben ser recuperadas para los verdaderos sujetos de la reforma agraria.

Al respecto, indicó que para ello se requiere la habilitación de la medición por el Poder Judicial para revisar, porque según los documentos que los carperos entregaron al Poder Ejecutivo, "esas tierras son del Estado".

No podemos callar hoy las injusticias que se están cometiendo en el tema de la tierra porque unos pocos ciudadanos paraguayos y brasileños tienen todas las hectáreas y muchos paraguayos, que son los sujetos de la reforma agraria, no tienen ni un pedazo, sostuvo.

Ledesma aseveró que para revertir esa situación se necesita que los poderes del Estado se unan "para que los ciudadanos, desde las bases, puedan exigir que eso se cumpla".

En Paraguay, el acceso a la tierra ha sido un problema histórico. Sin embargo, se ve agravado por el aumento del área cultivada de soja. La expansión de este cultivo tiene un impacto directo en el costo de las tierras, generando un incremento considerable en los precios de las propiedades, en especial de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Canindeyú y Amambay. Para familias de pequeños productores, esto hace inalcanzable el acceso a la tierra para la producción de alimentos básicos de autoconsumo y para el mercado interno.

La zona de conflicto se ubica en Ñacunday, nombre de un río que desemboca en el caudaloso río Paraná, que divide Paraguay de Brasil, al norte, y de Argentina, al sur.

Las plantaciones pertenecen en su mayoría al "rey de la soja", como denominan al latifundista brasileño Tranquilo Favero, uno de los pioneros en la colonización de esas tierras y productor de soja, un grano cada vez más cotizado en el mundo.

Favero cultiva unas 400.000 hectáreas en esa zona, de las cuales 110.000 serían tierras fiscales que consiguió por favores del ex dictador Alfredo Stroessner, que gobernó en Paraguay entre 1954 y 1989, según denunció el líder Casco. Esas tierras tienen actualmente un valor de 10.000 dólares la hectárea, las más caras del país.

Los cultivos de soja cubren gran parte de 10 departamentos de los 17 que tiene el país y fue el primer producto de exportación de Paraguay en 2010, con 8.500.000 toneladas. Se estima que la zafra 2011, que se cosechará en abril de 2010, producirá unos 10 millones.

Paraguay está entre los 10 países más desiguales del planeta y es el país con mayor inequidad en América Latina. Según estudios recientes el 1 0% de las personas con más tierra posee el 66,4% de las tierras. También es, junto a Brasil, una de las reservas de agua dulce más importante del continente.

Fuente: Agencias de noticias

Haití: "Necesitamos solidaridad, no la ocupación militar"

En el marco del Foro de Educación que se realizó durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre, el militante haitiano Patrice Florvilus hizo un repaso por la situación de la educación y la ocupación militar de Haití luego del terremoto de hace dos años.

Patrice Florvilus es secretario ejecutivo de Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT). La red promueve el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Desde los movimientos sociales se defiende este derecho junto a otros grupos de educadores populares, organizaciones de base y movimientos populares.

"En Haití el problema de la educación es muy importante. Tenemos una tasa de analfabetismo del 60%. Solo el 1% de la población ingresa a la Universidad y la tasa de desempleo es del 70%. Los gastos para mandar a la escuela a sus hijos no pueden ser asumidos por los padres, esto en el marco de un sistema educativo básicamente privado. El 88% de las escuelas primarias y secundarias son privadas. Solo el 12% de las escuelas son públicas", comenta Patrice.

"Se podría decir que todavía no tenemos un sistema universitario nacional. Las universidades están concentradas en Puerto Príncipe. Una estatal y otra reconstruida con ayuda del gobierno de República Dominicana luego del terremoto. Casi todo el sistema universitario fue destruido por el sismo y hay muy pocas facultades que hayan sido reconstruidas. Casi el 90% de las estructuras educativas se destruyeron".

La red trabaja con la gente que vive en los campamentos post- terremoto. "La organización se llama Escuela Permanente en Defensa de los Derechos Humanos. Desde esta escuela promovemos los derechos sociales, culturales y económicos. Con enfoque sobre derecho a la vivienda, tierra, salud, de géneros".

"Por el momento nos limitamos a Puerto Príncipe (se refiere a la capital de Haití) pero las próximas acciones se desarrollarán en una provincia donde hay una tradición de lucha, donde hay una burguesía que todavía se acapara de las tierras de los campesinos. Ese el trabajo que estamos haciendo: apoyar legalmente a los movimientos, defendemos a los sindicalistas y llevamos adelante formación para que la gente pueda conocer sus derechos y defenderse".

Se refiere al departamento de Artibonite, donde se han desencadenado masacres de campesinos. Casi 300 campesinos fueron asesinados en Julio de 1987. "Los caídos y su lucha, son un punto de referencia para movilizar a la gente. Para continuar sus luchas".

Patrice hace una critica a la presencia militar en el territorio haitiano. "Tenemos 20.000 militares norteamericanos. A eso llaman “ayuda”. Llaman “solidaridad internacional”. Pero fue una forma de ocupación militar. Además, no solo la presencia de militares gringos, también la presencia de todos los militares latinoamericanos. Tenemos una fuerza militar coordinada por Brasil en Haití y que viola la autonomía de nuestra nación. En el mismo sentido, los cascos azules son responsables de la contaminación de un río que derivó en la aparición del cólera en Haití. La dominación militar es la mano armada del sistema neoliberal capitalista. Para aplicar las recetas del sistema se precisa militarizar. Denunciamos a los militares yanquis pero no dejamos de remarcar la presencia de militares latinoamericanos, africanos y de otras regiones que ocupan el país por interés que nada tienen que ver con solidaridad para con el pueblo haitiano. Para ejemplificar: con el dinero que gastan los cascos azules en un año se puede construir 70.000 viviendas. Imagínate la cantidad de viviendas que se podrían haber construido en 5 años de ocupación militar".

"Necesitamos la solidaridad de los pueblos del mundo y no la ocupación militar. Para darle batalla al capitalismo precisamos la solidaridad mundial", finalizó Patrice.

Fuente: Albatv/Radio Minka

Guatemala: Población saluda condenas contra ex dictador Ríos Montt

Guatemaltecos recibieron con júbilo la condena contra el ex dictador, José Efraín Ríos Montt, quien se convirtió en el primer gobernante latinoamericano acusado de genocidio.

Los activistas en pro de los derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron con gritos y aplausos, concentrados en las afueras de la torre de la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la jueza primera de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, quien ligó a proceso penal al ex dictador de 85 años de edad.

Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos encendieron velas y colocaron imágenes de sus seres queridos.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la decisión de la justicia guatemalteca.

"Nos felicitamos del procesamiento" de Ríos Montt "con cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad relacionados con su estancia en el poder entre 1982 y 1983, cuando ocurrieron algunas de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil", señaló la vocera del organismo Ravina Shamdasani.

"Su procesamiento manda una clara señal a Guatemala, a América Latina y al mundo de que no se debe tolerar la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado", acotó.
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La justicia guatemalteca ordenó ayer procesar al ex dictador, José Efraín Ríos Montt (1982-1983), por delitos de genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, en su resolución, la jueza Carol Patricia Flores Polanco, le fijó una fianza de 500 mil quetzales (63 mil 983 dólares) y arresto domiciliario.

Flores a petición de la defensa del militar retirado, ordenó “arresto domiciliario en su propio domicilio con la custodia de agentes de la Policía Nacional Civil". Además, le limitó su libertad de locomoción hasta que concluya el proceso en su contra.

Ríos Montt hizo efectiva la fianza la noche de ayer por lo que evitó ser recluido en las cárceles de la Torre de Tribunales. Esta medida fue impuesta con el fin de que el ex dictador no evadiera la justicia.

La magistrada también le prohibió al ex gobernante de facto mantener cualquier tipo de comunicación con las personas que se encuentran ligadas al mismo proceso por el que será enjuiciado.

Asimismo, la jueza fijó a la Fiscalía un plazo de dos meses para que culmine la investigación y se reúna las pruebas, con el fin de decidir la fecha para el inicio del juicio en contra del general retirado.

La jueza primera de Mayor Riesgo consideró que “no existe peligro de fuga” de parte del acusado, porque se presentó a la justicia de manera voluntaria para colaborar con el esclarecimiento de los señalamientos que pesaban en su contra al día siguiente de haber perdido la inmunidad de que gozaba como legislador.

La legislación del país centroamericano contempla penas de 30 a 50 años de prisión por el delito de genocidio y de 20 a 30 años por crímenes contra la humanidad.

En tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Ríos Montt de haber diseñado, ordenado y dirigido los planes contra-insurgentes ejecutados por el Ejército durante los 17 meses que estuvo en el poder en contra de la población indígena Ixil, en el norteño departamento de Quiché.

De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, la Fuerza Armada, siguiendo órdenes del alto mando militar realizó al menos 11 matanzas en las que fueron asesinados unos mil 171 indígenas. Además, de un millar de violaciones sexuales en contra de mujeres menores de edad.

“Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", afirmó el fiscal que entregó dos discos como pruebas con cuatro mil 261 folios y 84 testimonios de supervivientes de las masacres perpetradas en esa época.

El gobernante guatemalteco de facto, José Ríos Montt, compareció hoy ante Flores para escuchar las acusaciones que en su contra argumentó la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar respecto a las mismas cuando la jueza le concedió la oportunidad.

"Comprendo perfectamente. Prefiero guardar silencio", declaró Ríos Montt cuando la jueza Flores le dio la oportunidad de pronunciarse sobre los delitos que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos.

"Considero que existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación en los hechos que el Ministerio Público le atribuyó al inicio de la presente audiencia", indicó Flores.

Fuente: Telesur

Chile: Comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu: “Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia”

La legalización del predio Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia de los peñi y lamgen que debieron enfrentar la represión por más de 15 años, donde hubieron allanamientos, encarcelamiento de nuestro lonko Pascual Pichun Paillalao y otros miembros de nuestra comunidad acusados bajo la ley antiterrorista, además de persecución y exilio.

A la opinión pública nacional e internacional; la comunidad Mapuche Antonio Ñirripil del sector Temulemu viene a aclarar lo señalado por algunos parlamentarios y personeros de gobierno, que en los últimos días han utilizado el nombre de nuestra comunidad, luego de la devolución de nuestro territorio Santa Rosa de Colpi por medio la adquisición de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a forestal Mininco.

1- La legalización del predio Santa Rosa de Colpi se logró gracias al esfuerzo y resistencia de los peñi y lamgen que debieron enfrentar la represión por más de 15 años, donde hubieron allanamientos, encarcelamiento de nuestro lonko Pascual Pichun Paillalao y otros miembros de nuestra comunidad acusados bajo la ley antiterrorista, además de persecución y exilio. Por lo mismo manifestamos enfáticamente que la devolución de nuestro territorio no es fruto de la conciencia y trabajo de algún político de ningún color partidario. Si reconocemos el trabajo de la administración del señor Jorge Retamal a la cabeza de la CONADI que logró el traspaso legal.

2- Nuestra Comunidad tiene posesión sobre el territorio desde el año 1999, cuando expulsamos de nuestro territorio a la empresa Forestal Mininco, desde aquella fecha hacemos uso y producimos autónomamente de este espacio.

3- Rechazamos lo manifestado por el senador Alberto Espina en el programa Tolerancia Cero de Chilevision el día 08 de enero de 2012, donde señala que habría una producción de Lupino con apoyo del gobierno. Repudiamos enfáticamente tal mentira y la actitud oportunista del señor Espina que solo busca afán electoralista con sus declaraciones que no se ajustan a la realidad.

4- En la actualidad la comunidad se apresta a cosechar 100 hectáreas de Lupino en el territorio recuperado, que es fruto del esfuerzo y recursos de los propios miembros junto a un pequeño empresario mapuche de la zona. A la fecha no hemos recibido apoyo económico alguno de este gobierno ni de los gobiernos anteriores.

5- Junto a estas aclaraciones queremos señalar nuestro compromiso con la lucha de nuestro pueblo y repudiamos la actitud sistemática de este estado en intentar justificar su violencia y política militarista vinculando a nuestro pueblo con los actos violentista sin ningún fundamento, como en el caso de la muerte de los 7 brigadistas en la comuna de Carahue.

Lof Temulemu, Wallmapu
25 Enero 2012

Fuente: Mapuexpress

Mexico: La minera Cuzcatlán, responsable de la violencia en San José del Progreso

Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca.

A partir de los lamentables sucesos del día 18 de Enero de 2012, agresión en la que perdiera la vida nuestro compañero Bernardo Méndez, la población de San José del Progreso se encuentra severamente lastimada.

El gobierno estatal pretende desligar la grave problemática suscitada a raíz de la entrada de la empresa minera, y llevarlo al ámbito interno de lucha por el poder municipal, cuando esto no es así. Manifestamos que la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) no ha tenido en ningún momento el objetivo de conseguir algún puesto o cargo político municipal, nuestro planteamiento principal desde principios de 2008 ha sido la cancelación definitiva del proyecto minero “San José”. Los conflictos sociales y políticos que han terminado con la vida de 3 personas, se deben a la entrada de la empresa minera Cuzcatlán, sin el consentimiento de la población y no por el control y poder del municipio como lo expresan las diferentes instancias del gobierno estatal.

Queremos manifestar que la CPUVO siempre ha privilegiado los canales de diálogo con el gobierno municipal y estatal, sobre todo durante 2011, para solucionar los conflictos políticos y agrarios derivados de la entrada de la empresa minera. El gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, nunca nos otorgó una audiencia pública, por el contrario guardó silencio. Durante éste año, estuvimos también denunciando que las autoridades municipales contaban con pistoleros para amedrentar a la población, tampoco obtuvimos respuesta.

Queremos alertar que a nivel estatal se quieren seguir implementando proyectos mineros con el respaldo del gobierno federal, estatal y en algunos casos también municipales, por encima de la decisión de los ejidatarios/as, comuneros/as y ciudadanos/as en general. Advertimos que todo proyecto que no sea consultado a los pueblos y comunidades de Oaxaca, como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, desencadenará conflictos graves y actos que lamentablemente terminan en violencia al no encontrar canales institucionales de resolución de conflictos, sobre todo relacionados con la posesión de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

En este sentido las comunidades y autoridades municipales y agrarias de Capulalpam de Méndez y los Ocotes han mostrado su solidaridad y las mismas preocupaciones en relación a la entrada de proyectos mineros.

La CPUVO responsabiliza a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad desde 2006; al Gobierno del Estado de Oaxaca por su omisión en el conflicto iniciado por la empresa minera; al presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz y al cabildo municipal de San José del Progreso por cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

La CPUVO exige al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal la revocación del mandato de las autoridades municipales de San José del Progreso, ya que son ellos quienes mandaron a disparar contra la población el día 18 de Enero de 2012.

La CPUVO y las Autoridades Municipales y Agrarias de Capulalpam de Méndez y los Ocotes exigimos al gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo nos otorgue una audiencia pública inmediatamente para comunicarle nuestras preocupaciones en relación a los proyectos mineros en el estado.

Exigimos se garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra los compañeros Bernardo Méndez Vásquez, quien murió un día después de la agresión a causa de las heridas graves provocadas por impactos de arma de fuego y Abigail Vásquez Sánchez (quien reporta su estado de salud como delicado). Asimismo exigimos conjuntamente una solución de fondo a la problemática de San José del Progreso, la cual consiste en la salida de la empresa minera Cuzcatlán del municipio.

Fuente: Albatv

Mexico: Grupo armado EPR exige presentar con vida a dos de sus miembros

El grupo insurrecto mexicano Ejercito Popular Revolucionario (EPR) demandó la presentación con vida de dos de sus miembros.

Se trata de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de Mayo de 2007, luego de ser arrestados en el sureño estado de Oaxaca.

Por medio de un comunicado, la agrupación rebelde exigió al presidente mexicano, Felipe Calderón, la presentación con vida y libertad de sus compañeros, a los que consideró "víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada".

En el texto la organización clandestina señaló al ex alcalde de la ciudad de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por su responsabilidad directa en este delito. Del mismo modo, sentenció que el mismo fue tolerado por el Mandatario mexicano.

Además, solicitó a la Comisión de Mediación, que ha funcionado como vinculo entre el Gobierno mexicano y la agrupación, a no abandonar los esfuerzos que ha realizado hasta el momento para localizar a los dos guerrilleros desaparecidos.

La agrupación señaló que "hay antecedentes históricos de luchadores sociales que habiendo estado en las mazmorras del Estado, fueron devueltos sanos y salvos".

El Ejercito Popular Revolucionario es una agrupación guerrillera que surgió durante mayo de 1994. Su brazo político es el PDPR (Partido Democrático Popular Revolucionario). Su primera aparición pública fue en Guerrero el 28 de junio de 1996, aniversario de la matanza de campesinos y copreros en el vado de Aguas Blancas, ordenada por el gobernador Rubén Figueroa .

El PDPR-EPR defiende un amplio programa político-económico socialista, encaminado a la instauración del comunismo en México. Propugna la nacionalización de la banca y de medios de comunicación como grupo Televisa y TV Azteca. Su programa político insiste en la soberanía nacional mexicana frente al imperialismo estadounidense3 y el desconocimiento de la deuda externa. En el programa social se destaca la especial atención a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas de México.

Para lograr estos objetivos, el PDPR se declara explícitamente por la 'autodefensa armada' en respuesta a la 'guerra de baja intensidad' de las autoridades corruptas.

La Secretaria de la Defensa Nacional de México sigue con atención a 5 organizaciones similares: el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a sus escisiones, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Revolucionario Insurgente Popular (ERIP), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Comando Jaramillista Morelense.

Fuente: Agencias de noticias