Más de cien casos se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el abuso de poder desplegado por Fuerzas Especiales durante las protestas sociales, hace un mes.
Según expertos, estos cuestionados procedimientos emanarían directamente del Ministerio del Interior y empañarían la gestión de una institución que también se ha visto afectada por otro tipo de irregularidades.
Una de las instituciones que ha estado en el ojo del huracán en medio de las movilizaciones de este año ha sido Carabineros de Chile. De hecho, el viernes 28 de octubre, se presentaron 117 casos por exceso de violencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una acción que podría marcar un fuerte precedente en esta materia.
Y es que durante los últimos meses se han acumulado gran cantidad de denuncias tanto por uso indiscriminado de la fuerza como por detenciones ilegales e incluso actos de tortura, que no sólo han sido acusados por estudiantes, sino que también por observadores internacionales y por trabajadores de medios de comunicación que han sido víctimas de esta “sobre reacción” de las Fuerzas Especiales.
Mayor perplejidad generan los videos donde aparecen funcionarios de esa institución armando y encendiendo barricadas o como infiltrados en las marchas, luciendo las vestimentas de los tan vapuleados ‘encapuchados’. Tambiéns se les ha visto entrando a los campus universitarios hiriendo a estudiantes y funcionarios.
Una seguidilla de procedimientos dentro de los cuales se enmarca la muerte del joven Manuel Gutiérrez, quien fue alcanzado por una bala disparada desde el arma del efectivo policial MiguelMillacura, el 26 de agosto pasado, durante la segunda jornada de paro nacional convocado por la CUT, según fue corroborado en el proceso de reconstitución de la escena realizado en octubre.
Para Washington Lizama, abogado representante de la familia de Gutiérrez y miembro de la Defensoría Popular, la fuerte represión ejercida en las manifestaciones no constituye un hecho específico y correspondería a estrategias delineadas con anterioridad.
“No ha sido sólo una o dos, sino decenas de denuncias. Eso nos lleva a deducir que esto no se trata del accionar aislado de funcionarios sobrepasados por circunstancias accidentales, sino que esto sería un plan previamente establecido por la Policía. Pero hay que recordar que los carabineros no se mandan solos, sino que dependen políticamente del Ministerio del Interior”, enfatizó el jurista.
En la misma línea, la socióloga experta en temas de seguridad ciudadana, Lucía Dammert, comentó que “uno puede perder la perspectiva y pensar que Carabineros actúa libremente, pero la verdad es que no. El que ordena a la Policía es el Gobierno. Los organismos policiales son una herramienta del Estado para mantener el orden y, por ende, las acciones que toman también tienen una responsabilidad política”.
Dammert afirmó que la utilización de aparatos represivos como las bombas lacrimógenas, los carros lanza agua o la salida a la calle de caballos y motocicletas, responden a una lógica sobre cómo se quiere enfrentar las protestas sociales, instrumentos que además no son aceptados para abordar estos acontecimientos a nivel internacional.
“Hay un deber profesional que se relaciona con el uso de la fuerza. Pero si tienen la orden de cerrar un determinado espacio público para una manifestación, esas son determinaciones políticas”, precisó la especialista en violencia urbana.
Estas directrices también se ven expresadas en la forma en que se actúa frente a diversas manifestaciones: Mientras en congregaciones de tipo religiosa o de diversidad sexual, Carabineros garantiza el orden y la seguridad de los manifestantes, las que se relacionan con reivindicaciones sociales y políticas reciben un tratamiento radicalmente distinto.
“Todas aquellas movilizaciones que de alguna manera apuntan a denunciar al Gobierno, al Estado o a las autoridades políticas han tenido, de alguna u otra manera, algún grado de restricción y represión. Por ejemplo las ecológicas, las estudiantiles y las sindicales. Pero en las de los católicos o en la diversidad de género no se tratan de acciones que ponen en peligro la seguridad ciudadana o la estabilidad del sistema”, comentó el representante de la Defensoría Popular.
Por lo mismo, Lucía Dammert, advirtió que es necesario asumir que la calle se está convirtiendo en un lugar de expresión ciudadana y que se deben rediseñar las políticas y procedimientos para enfrentarlas.
La doctora en ciencias políticas agregó que nunca ha sido el rol de las Policías hacer frente a los problemas sociales, por lo que el Gobierno es el responsable que las partes en conflicto no lleguen a situaciones extremas.
“Carabineros no puede resolver problemas políticos. Lo único que genera la policía al enfrentar este tipo de conflictos es aumentar los niveles de beligerancia de las partes. Eso es lo que hemos visto ahora: Soluciones policiacas a temas que no lo son. Entonces se ve una mayor indignación por parte de ambos lados”.
Según la experta, este fenómeno también influiría en las expresiones criminales que se presentan al final de las marchas que, según ella, “no aparecerían tan evidentemente si no tuviéramos el problema político de primer nivel que tenemos hoy en el país”.
Abogados especialistas en derechos humanos han subrayado que el accionar de Carabineros debe mantenerse dentro de los márgenes legales y respetando las garantías fundamentales de los ciudadanos consagradas en la Constitución y que las transgresiones a estos derechos son lisa y llanamente delitos que deben ser sancionados.
Otras irregularidades Pero los cuestionamientos hacia Carabineros no sólo se enfocan en la represión a las manifestaciones. Durante este año, la institución también se ha visto envuelta en una serie de controversias que ponen en entredicho la transparencia del organismo.
En el mismo caso de la muerte de Manuel Gutiérrez, las indagaciones han demostrado lo que se podría considerar como una “red de encubrimiento” del hecho. Si bien el funcionario sindicado como responsable de los disparos, Miguel Millacura, negó rotundamente el hecho, al poco andar se descubrió que las balas no sólo correspondían a su arma, sino que además habían sido reemplazadas a la hora de entregar la subametralladora UZI.
Irregularidades que también se expresaron en las declaraciones de los efectivos que estuvieron presentes esa noche, quienes en un principio aseguraron que los balazos habían sido tirados al aire, pero que durante la indagación de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago han cambiado sus declaraciones.
El abogado querellante, Washigton Lizama, aseguró a Radio Universidad de Chile que los peritajes apuntan casi con seguridad a la culpabilidad de Millacura en el hecho, pero indicó que todavía queda por dilucidar el eventual encubrimiento, que podría implicar la obstrucción de justicia.
Carabineros también tuvo que enfrentar el escándalo sobre la adulteración de un parte cursado a uno de los hijos del ex director, Eduardo Gordon.
Precisamente y aunque negó su participación en el hecho, este episodio sumado a las críticas por la represión en las marchas, y a un escándalo relacionado con escuchas telefónicas, provocó su salida del organismo.
Todas estas polémicas continúan siendo investigadas.
Fuente: Albatv
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