“Con la cacha de la pistola el teniente me dio un golpe en la cabeza y me desmayé. Luego, me tiró varias veces encima del mofle caliente de su motor. Esto me lo contó un amigo que estaba ahí, yo no recuerdo nada. El día siguiente me desperté en el cuartel, esposado, con la sangre que me corría de la nariz y del oído y con el cuerpo lleno de quemaduras”. Eso es lo que contó Eduardo Hernández Portoreal, de 33 años, a la delegación de Amnistía Internacional que en estos días se encontraba en República Dominicana presentando el informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional.
El informe de 77 páginas, es muy claro empezando por el título “Cállate si no quieres que te matemos” : en República Dominicana la Policía Nacional maltrata, tortura, mata a sangre fría y en al menos dos casos ha sido responsable de la desaparición forzada de personas, considerada crimen contra la humanidad. Estas conclusiones son el resultado de tres visitas que la ONG internacional ha realizado en el país entre 2009 y 2011, analizando violaciones de derechos humanos cometidas entre 2005 y 2011.
La lectura del informe trae escalofríos y debería impactar profundamente sobre todo los turistas extranjeros, cuyos sentidos son estimulados solamente por la vista de las playas doradas, de las inmensas plantaciones de caña de azúcar, de las sonrisas de la gente y los rostros de las bellas mujeres, así como por el sonido de los ritmos de merengue y bachata y por el sabor del ron. Ellos casi siempre regresan a sus países sin haber verdaderamente entendido nada de la compleja realidad del país.
La República Dominicana es un país cautivador, que a veces desvela los aspectos trágicos y crueles propios de una sociedad que se encuentra constantemente suspendida entre pasado y futuro, entre un fuerte nacionalismo y el actual neocolonialismo, entre globalización y tradición, pero sobre todo entre la riqueza de unos pocos, muy pocos, y la miseria de muchos.
La historia de Eduardo, después de todo, es una de las menos peores. A Bruveiker, el 7 de octubre de este año la policía le disparó por la espalda mientras tenía las manos levantadas detrás de la cabeza, la bala le atravesó el intestino y salió por los genitales. Tiene diecinueve años. Ya ha sufrido dos operaciones, incluso la reconstrucción del pene y está en espera de otra con la que le volverán a poner en la abdomen los intestinos después de quitarle el catéter que ahora le sirve como gabinete portátil. Él y Eduardo son solamente dos de los casos que, como filial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de La Romana (zona Este) hemos llevado a conocimiento de la delegación de Amnistía Internacional. Sus historias son muy recientes, ocurridas entre septiembre y octubre de este año y por lo tanto no están incluidas en el informe. Por ahora son parte de la crónica periodística.
Sin embargo, el informe de Amnistía International denuncia decenas de casos como estos. ¡Inclusive aún más graves! Bruveiker y Eduardo pueden considerarse afortunados. Otros jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, no lo han sido y cuanto ocurrido a ellos han tenido que contarlo sus amigos y familiares. Es sobre todo a estas personas que los miembros de la delegación de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, Chiara Liguori, Robin Guittard y Josefina Salomón, expresan una profunda gratitud por haber “dado testimonio de su búsqueda determinada e inquebrantable de justicia”.
El informe comienza con la dramática historia de Junior Tontón Santiago (alias Salivita), fallecido el 28 de septiembre de 2010 en un hospital por un disparo recibido por un policía en un hotel de Santo Domingo. Lo estaban buscando en relación al homicidio de un medico ocurrido un mes antes. Un amigo de Junior que se encontraba con él ha contado a la delegación de Amnistía Internacional que el joven llegó vivo al hospital. Allí el capitán de la patrulla le dijo a un agente “de poner dedos en las heridas de Tontón para empujar la bala y hacerle sufrir”. El joven se enteró de la muerte del amigo cuando le tocó acompañar los policías en carro por las calles buscando armas. Oyó uno de ellos hablar al teléfono con el capitán y decirle: “Ya maté a Salivita”.
El caso es emblemático por la impunidad que gozan los miembros de la policía involucrados en el asunto. Hasta el momento de redactar el informe, Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta de las autoridades en materia de investigaciones y uno de los testigos hasta el mes de marzo aún no había sido escuchado por un juez.
En muchos otros casos, efectivamente los policías que han cometido crímenes han sido sometidos a la justicia y condenados a penas severas. Han sido condenados por ejemplo a 30 y 20 años de cárcel los dos policías que en Santiago de los Caballeros el 20 de marzo de 2006 mataron a sangre fría Miguel Ángel Paulino Reyes después de habérsele acercado diciéndole que era todo el día que lo iban buscando. Uno de ellos le apunto la pistola a la garganta pero esta no se disparó. El otro le pasó su arma y con esa fue que lo mataron tirándole a la cabeza. Una mujer que se encontraba por allí empezó a huir gritando: “lo mataste, lo mataste!”. La joven Yaneth Altagracia murió más tarde en el hospital. Un amigo de Miguel Ángel que iba en el motor con él trató de huir pero el teniente abrió el fuego. Varios disparos impactaron una transeúnte, matándola al instante. Una carnicería.
La Policía Nacional fue fundada en 1936 durante la dictadura de Trujillo, bajo cuyo régimen, que duró treinta años, murieron cerca de 50 mil personas.
En esos años, la Policía Nacional y el Ejército se mancharon de graves violaciones de los derechos humanos.
Hoy la policía es un organismo civil que está bajo la autoridad del Ministerio de Interior y Policía y no de las Fuerzas Armadas como antes. Está conformada por 30 mil agentes en todo el territorio nacional. Sin embargo comparte en algunas tareas el trabajo con el Ejército.
De hecho, no ha perdido la fuerte huella castrense (empezando por los cargos, por ejemplo el jefe de la policía es el mayor general José Armando Polanco Gómez) que tenía en la época de Trujillo y entre la población es muy alta la falta de confianza en esta institución, que “se sigue percibiendo en gran medida como un órgano autoritario, represivo, corrupto e ineficaz que comete muchas violaciones de derechos humanos”.
Esta percepción y el repudio de la población frente a muchos casos de muertos a mano de agentes de la Policía Nacional, ha impulsado, en el mes de julio del año pasado, la campaña “Policía no me mate que yo me paro”, por asociaciones juveniles y de la sociedad civil en respuesta a casos en que muchas personas, sobre todo jóvenes, habían sido matados o heridos por no haberse detenido a la orden de paro. Esto ocurría y ocurre aún, porque el alta se daba en lugares oscuros y aislados y al desventurado el policía le quitaba el motor o todo lo que tenía en su bolsillo.
El alto nivel de corrupción entre las filas de la policía es vista como el mayor pecado de esta institución, quizás aún más grave del uso indiscriminado de la fuerza pública. Que la policía sea involucrada en episodios delictivos lo piensa el 59,2% de la población dominicana (encuesta Barómetro de las Américas 2010). Una de las prácticas policiales más frecuentes, la de las redadas preventivas colectivas (definidas ilegales por la Procuraduría General de la República)[3], es vista como una buena oportunidad para extorsionar dinero a jóvenes inocentes: unos pesos en cambio de la libertad inmediata. No son pocos los casos de policías, también de alto rango, involucrados en el narcotráfico.
En abril de este año, un reportaje del Miami Herald, escrito por Frances Robles, describe esta situación dramática, que ve involucradas también las Fuerzas Armadas (quizás en mayor medida que la Policía Nacional por lo que concierne la criminalidad organizada). Según la investigación serian más de 5 mil los agentes expulsados de la institución en los últimos tres años. Con la intensificación del tráfico de drogas desde Colombia hacia México y Estados Unidos, la República Dominicana se ha vuelto un importante encrucijada por este tipo de ilícito y los narcotraficantes, facilitados por los sueldos de hambre de las fuerzas del orden (un teniente apenas llega a 5 mil pesos mensuales, casi 140 dólares estadounidenses) tienen tarea facilitada.
Según fuentes de las misma Policía Nacional, las personas matadas por agentes en servicio en 2010 han sido 268 (el 10.5% de todos los homicidios cometidos en el país) contra las 443 del 2009. La gestión del anterior jefe de la policía, el general Guillermo Guzmán Fermín desde 2007 hasta 2010 ha sido definida “sangrienta” (344 muertes en 2007, 599 en 2008, 443 en 2009). El dato del 2010 seguramente indica una tendencia a la rebaja respecto a las estadísticas de los años anteriores. Sin embargo los primeros seis meses del 2011 reportan 175 casos contra los 148 del mismo periodo del 2010. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el abogado Manuel María Mercedes Medina ha denunciado propio en ocasión de la presentación del informe de Amnistía International, que los números son bien diferentes respecto a los confirmados por la Policía Nacional y que son muchos más altos. Pidiendo la renuncia del actual jefe de la policía, ha responsabilizado el presidente de la República, Leonel Fernández, quien tiene plenos poderes sobre la Policía Nacional por el “clima de violencia, inseguridad y corrupción que se genera desde el Estado mismo y del que la Policía es parte fundamental”.
Estas cifras, de todas maneras, van analizadas teniendo en cuenta el marco de la criminalidad generalizada presente en todo el país. Este dato es en considerable y constante aumento en los últimos años.
Si en 1991 se registraron 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2010 este número ha crecido a 25.
La detención de armas, legales o ilegales (de fabricación casera o chilenas como le dicen) según mi opinión es probablemente una de las plagas que más afecta la sociedad dominicana.
Siendo las “leyes que regulan la posesión de armas inadecuadas” como reportado también por Amnistía International, las armas prácticamente son presentes en todos los hogares y están a la portada de todos, jóvenes, niños, personas con dificultades psicológicas, alcohólicos, sin ningún control.
Desafortunadamente la actitud de los agentes policiales corruptos que se “benefician de la delincuencia ante de combatirla” no ayuda a disminuir la tragedia de estos números que obviamente son muy altos también entre las fuerzas del orden. Propio este es un dato muy promocionado por los comunicados oficiales de la Policía Nacional que acusa las ONG entre las cuales la misma CNDH, de defender solamente los criminales. Esta misma acusación es asumida, vía mediática, por la población civil, dificultando así el trabajo de las asociaciones por la defensa de los derechos humanos en el país.
En 2010 han sido 62 los policías asesinados. Sin embargo el periódico Listín Diario ha realizado una investigación con los datos favorecidos por la Policía Nacional y resulta que entre 52 agentes muertos entre enero y noviembre de 2010, solamente 12 de estos han caído en cumplimiento del deber. Los demás fueron asesinados durante atracos, por asuntos personales o mientras ellos mismos estaban cumpliendo crímenes.
La versión oficial, que se proporciona y se repite constantemente en los medios de comunicación para justificar el elevado número de muertes a manos de la policía es que estas se producen durante “intercambio de disparos”, y que representan el costo del intensa actividad de patrullaje de la policía.
Sin embargo, testigos, investigaciones de medicina forense, y a menudo las mismas aulas de los tribunales, ha demostrado que no se trata de conflictos a fuego sino de uso ilegitimo y despropositado del uso de la fuerza, hasta llegar a casos de verdaderas ejecuciones extrajudiciales (con este término se indica la privación deliberada de la vida de una o varias personas por parte de los agentes del Estado), un crimen condenado por todos los tribunales internacionales y por el Derecho Internacional de los derechos humanos.
Emblemático es el caso descrito antes de Miguel Ángel Paulino Reyes o el de Jesús de la Rosa Santana, asesinado con un disparo en la cabeza el 28 de junio de 2010, cuando una docena de policías vestidos de civil entraron en su casa, lo arrastraron fuera de la puerta y lo ejecutaron delante de su esposa y de sus hijos. Después de ponerle una pistola en la mano y haber disparado con ella un par de tiros, le robaron 11mil pesos (300 dólares). La policía en el informe declaró que Jesús había muerto durante un intercambio de disparos.
La jurista Rosalía Sosa Pérez, refiriéndose al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, declaró que a pesar de que no exista la pena de muerte en el país desde hace tiempo, en estos casos se puede hablar de “pena de muerte encubierta“, mientras que el analista en materia de de seguridad Daniel Pou habla de una “cultura del exterminio, una cultura una cultura de aplicar penas que son ilegales, fuera del contexto jurídico, como es la pena de muerte a determinados grupos, de manera tal que se ejerza una suerte de efecto demostración para amedrentar el influjo que pueda tener el mundo criminal”.
Estos grupos al que se refiere Pou, son los sectores más marginados de la sociedad y los más vulnerables, marcados por una especie de prejuicio colectivo según el cual “eres un delincuente porqué eres pobre” (o viceversa).
La tortura es una práctica muy extendida y se utiliza a menudo como “herramienta” de investigación o para obtener una confesión.
Esto ocurre tanto en los cuarteles como en las cárceles.
Los métodos utilizados son: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en los genitales, dejar los detenidos en posiciones incómodas o de rodillas durante mucho tiempo, mantenerlos esposados y colgando sin tocar con los pies en el suelo. Por lo menos en un caso reportado, se ha utilizado un instrumento eléctrico.
Lo ocurrido al joven Eduardo, las quemaduras repetidas en su cuerpo con el mofle del motor, ¿no son acaso una forma de tortura con el agravio del sadismo?
Entre el 2009 y el 2011 también hubo dos casos de desapariciones forzadas.La desaparición forzada es considerada como un crimen contra la humanidad por todos los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana. Sin embargo este país todavía no ha firmado ni ratificado propio la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas se consideran en general el límite del uso excesivo de la fuerza, más allá de eso, hablar de Democracia y de Estado de Derecho es eufemístico.
El 28 de septiembre de 2009, Juan Almonte Herrera, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, se dirigía a pie a la oficina donde trabajaba como contable cuando cuatro hombres armados le dieron el alto. Los hombres lo obligaron a entrar en un vehículo. Según los informes, varios testigos presenciales identificaron a los cuatro hombres armados como agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Dos horas después de la detención, la policía anunció por televisión que buscaba a Juan Almonte Herrera porque lo estaban investigando en relación con el secuestro de Eduardo Baldera Gómez.
El 2 de octubre de 2009, después de que los abogados que actuaban en nombre de Juan Almonte presentaran una petición de hábeas corpus cuestionando la legalidad de la detención, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado.
Fuente: Albatv
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