Más de 200 familiares y víctimas del terrorismo en Perú marcharon por el centro de Lima para reclamar ser incluidos en las reparaciones económicas que el Gobierno del presidente, Ollanta Humala, tiene previsto entregar hasta el 2016.
Alrededor de 14 delegaciones de las regiones más afectadas en ese país respondieron a un llamado realizado por la Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (Conavip) para marchar hasta el Congreso, donde fueron recibidos por su presidente, Daniel Abugattás.
Abugattás explicó que el Presidente peruano tiene un compromiso con todas las víctimas de la violencia, al pedir que los reciba en Palacio de Gobierno "por justicia, por derecho y por ley".
La líder de la organización civil, Doris Caqui, recordó que el primer ministro, Salomón Lerner, informó al Parlamento que la meta del Gobierno es reparar a más de 50 por ciento de las víctimas del terrorismo, para lo cual solicitó 221 millones de soles (81 millones de dólares) anuales para la reparación integral de las víctimas.
Aclaró que sus representados han cumplido con la inscripción en el Registro Único de Víctimas y, en tal sentido, "no habría justificación alguna para que el Gobierno diga que no existimos".
Según las cifras oficiales, el Registro Único de Víctimas en Perú tiene más de 67 mil 800 personas, de las cuales más de 25 mil son muertos y desaparecidos.
Más de 60 mil peruanos perdieron la vida a manos de las organizaciones irregulares.
Recientemente un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta (1992) demandó al gobierno peruano la búsqueda e identificación de los desaparecidos entre 1980 y 1990, estimados en unos 12 mil.Recientemente un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta (1992) demandó al gobierno peruano la búsqueda e identificación de los desaparecidos entre 1980 y 1990, estimados en unos 12 mil.
Recordemos que la masacre de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar, pertenecientes al Ejército Peruano. Tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la subsecuente impunidad que disfrutaron sus perpetradores. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extraditación de Fujimori frente el gobierno de Japón el 2003 y es uno de los que también presentó al gobierno de Chile por el mismo motivo.
Fuente: Telesur/Radio Minka
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