Un llamado amplio a las organizaciones mapuche, comunidades lof, y autoridades indígenas a participar de un Jejipun o rogativa mapuche en apoyo a la restitución territorial, hace la organización territorial Ayün Mapu.
La ceremonia que se realizará el 20 de noviembre desde las 09.00 horas, partirá desde el cruce Quepe Boroa, para luego dirigirse por la ruta 5 sur hasta la “zona amenazada por el proyecto nuevo aeropuerto para La Araucanía”, indicó la organización.
“Con esta ceremonia reconstruimos nuestra historia, recobramos nuestra memoria y restablecemos nuestra amplia unidad en torno al derecho a nuestras tierras ancestrales mapuches que es anterior a cualquier proyecto de inversión; la obligación nuestra y del Estado a proteger los sitios de significación cultural; además de la unidad de nuestro pueblo en torno a la defensa de nuestros derechos”, informó Ayün Mapu, que cuenta con el respaldo de las comunidades de Pelales, Millelche, Catripulli, Quepe, Aucamilehue y Rucahue.
Finalizan exclamando “¡no al aeropuerto en Quepe, el verdadero mapuche no se compra ni se vende!”, argumentando que todos sus derechos son reconocidos y protegidos por leyes internacionales como el Convenio 169 ratificado y reconocido por Chile.
Nota sobre el fallo de la Suprema que ratifica culpabilidad de celulosa por muerte de cisnes en el Río Cruces
El máximo tribunal rechazó los recursos judiciales presentados por Celco contra las sanciones que impuso la superintendencia de Servicios Sanitarios por la contaminación del Río Cruces. Además, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales indicó que “a meses del inicio de la entrada en operación de la Planta de Celulosa Valdivia de Celco se comenzó a hacer evidente que el Santuario de la Naturaleza era víctima de uno de los desastres ecológicos más emblemáticos de la historia reciente del país”.
La historia de la planta Valdivia de Celco comenzó cuando se conoció el proyecto en 1995. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) “tanto en la región como a nivel nacional, se transformó en un conflicto, ya que, los cuestionamientos decían relación con la ubicación en una región eminentemente turística, agrícola, ganadera y lechera”.
Han pasado más de quince años y los hechos han demostrado la realidad del problema. Desde el 2004, cuando la planta entró en funcionamiento, la comunidad y posteriormente los especialistas hicieron un seguimiento a las denuncias sobre los cambios en el comportamiento de los cisnes de cuello negro.
Las sospechas se reflejaron en los estudios y después de distintos procedimientos judiciales, una vez más, las organizaciones destacan una nueva resolución.
La Corte Suprema desestimó los recursos judiciales presentados por Celco contra las sanciones que impuso la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) por el caso del Río Cruces.
José Araya, integrante de Acción por los Cisnes, aseguró a Radio Universidad de Chile que este es un paso más en el camino de lucha de la comunidad porque “este fallo confirma las resoluciones de un servicio público que determina la responsabilidad ambiental de esta empresa. Son datos clave para determinar el actuar de Celco en 2004”.
En tanto, el primer Juzgado Civil de Valdivia revisa la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra Arauco, según destacó Araya. “No hay un plazo determinado para la resolución, pero para nosotros la entrega de los peritajes independientes es una acción importante”.
Los artículos publicados por OLCA recuerdan que “a meses del inicio de la entrada en operación de la Planta de Celulosa Valdivia, propiedad de CELCO, se comenzó a hacer evidente que el Santuario de la Naturaleza era víctima de uno de los desastres ecológicos más emblemáticos de la historia reciente del país” y agregó que “de un promedio de más de cinco mil individuos que existieron en el Santuario en 2003, según datos de la Universidad Austral de Chile (UACH), a marzo de 2005, sólo quedaban 160 y las muertes registradas alcanzaban a 350”.
Además, el fallo de la Corte confirmó los antecedentes de la superintendencia que se refiere a los límites máximos de parámetros respecto de la temperatura, fósforo total, sólidos suspendidos arsénico, entre otros.
A pesar de toda la información, José Araya manifestó su esperanza de que este camino siga su curso y lamentó que la empresa continúe con una postura de irresponsabilidad ambiental, una actitud que ha tenido durante toda la tramitación, evitando grados de culpabilidad y ha preferido optar por “artimañas para evitar el pago de multas”.
Fuente: Mapuexpress
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