El campesino Walter Nelin Sabillón Yanes declaró a FIAN Honduras que fue capturado y torturado por miembros de la Operación Xatruch II, luego de ser detenido el 6 de octubre a las 5:30 de la mañana cerca del cementerio de Rigores y trasladado a las oficinas de la policía en Tocoa, Colón.
Declara que no le indicaron la razón de su detención por lo que cree que este hecho arbitrario se debe a que pertenece al Movimiento Campesino Recuperación Nacional porque los interrogatorios apuntaban a que les mencionara los nombres de los dirigentes de esta organización.
Agrega que la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) se encargó del interrogatorio durante el cual lo golpearon, le aplicaron cinco veces la “capucha” y en tres oportunidades “toques eléctricos” en las manos, el abdomen y la boca.
De acuerdo a su versión, está atemorizado porque cuando lo liberaron a la 3 de la tarde del mismo día le dieron dos días de plazo para que denuncie a los dirigentes de la organización campesina con la advertencia de que si no cumple lo volverán a capturar y hasta lo pueden matar. La denuncia debe hacerla al celular 9737-1202.
No hay acusación formal contra él y, aunque la hubiera, la policía o cualquier organismo del Estado no pueden valerse de la tortura, ya física o sicológica, para lograr confesiones porque tales prácticas violentan los derechos humanos.
Honduras es Estado parte de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, así como del Protocolo Facultativo de esta Convención. Este último instrumento internacional se aprobó mediante Decreto No. 374-2005, de fecha 20 de enero del 2006, cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 6 de abril del 2006.
El código penal hondureño señala que “comete tortura el empleado o funcionario público, incluidos los de instituciones penitenciarias o de centros de protección de menores que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años si el daño fuere grave, y de cinco (5) a diez (10) años si no lo fuere, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Las penas anteriores se entenderán sin perjuicio de las que sean aplicables a las lesiones o daños a la vida, integridad corporal, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero” (ARTICULO 209-A).
Hemos denunciado el hecho a la Fiscalía de Tocoa para que proceda en cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, La prensa de la derecha en Honduras justifica todos los asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán y recoge curiosas hipótesis de ataques guerrilleros. Los militares y policías que comandan la represión también reiteran la tesis de la formación de elementos subversivos.
Pero la realidad que vive este golpeado país centroamericano es diferente. Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia de la República, en 2010, en la región del Bajo Aguán, al noreste del país, ya han sido asesinados 40 campesinos integrantes de organizaciones locales. Como suele pasar en estos casos, todos los crímenes permanecen impunes.
Los mayores referentes de la resistencia a la dictadura hondureña aseguran que estos homicidios son cometidos por el aparato represivo del Estado, y también por paramilitares y sicarios contratados por los grandes terratenientes del lugar. La mayoría de las miradas apuntar al productor de palma aceitera, Miguel Facussé, uno de los hombres más poderosos del Aguán y simpatizante del régimen dictatorial.
En menos de una semana, hubo cinco ataques a comunidades campesinas del Aguán, a pesar de las expresiones internacionales para frenar de inmediato la militarización.
A las 10:30 de la mañana del miércoles 5 de octubre dos militantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Pedro Alfredo Matamoros Bonilla y Heder Jael Sánchez Cruz, fueron acribillados por desconocidos a la altura de la finca San Isidro, Sinaloa, también en el Bajo Aguán.
Según la agencia Adital, esos dos directivos del MUCA están hospitalizados “en graves condiciones”, y el ataque se registró mientras en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, disertaba sobre la constante violación a la libertad de expresión y la impunidad en Honduras.
Por otra parte, el corresponsal de Rel-UITA, Giorgio Trucchi, informó que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizó el “Encuentro contra la militarización, represión y ocupación en Honduras” en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, donde se expresó la solidaridad con la situación que viven miles de familias campesinas del Bajo Aguán.
“En agosto, el régimen hondureño lanzó el operativo militar Xatruch II. Más de 1000 efectivos militares y policiales se desplegaron por el Valle del Aguán con el objetivo de traer la “paz” y la “seguridad”. Desde entonces se ha registrado una profundización de la represión”, sintetiza Trucchi.
Esta semana la Organización Fraternal Negra (Ofraneh) denuncia un nuevo desalojo violento en la comunidad campesina La Consentida, donde fueron incendiadas varias viviendas. “No se respetó ni a los niños, que eran arrastrados de las viviendas", señaló la Ofraneh en un comunicado.
Fuente: Albatv
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