El parlamento uruguayo aprobó la madrugada de este jueves el proyecto de ley que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura de 1973 a 1985, y que busca juzgar a los militares responsables para que paguen penas por crímenes de lesa humanidad.
Con 50 votos a favor de los 90 legisladores presentes, se aprobó el proyecto que había sido votado el martes en el Senado y que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Tras doce horas de discusión, los diputados evitaron que los delitos cometidos durante la dictadura de Juan María Bordaberry, caduquen el próximo 1 de noviembre.
La norma "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.
Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Es decir, el texto considerará los delitos de la Dictadura como de lesa humanidad, y no crímenes muy especialmente agravados.
El proyecto también anula una sentencia dictada el pasado mayo por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la prescripción de los crímenes de lesa humanidad como violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por representantes del Estado entre 1973 y 1985.
Aunque los medios locales se han encargado de reiterar que esta normativa no elimina la Ley de Caducidad (que permite a los militares dictatoriales no ser juzgados por sus delitos) los representantes gubernamentales advierten que sí la modifican.
Los legisladores del FA han dicho que la idea fundamental es que la norma sea promulgada antes del 1 de noviembre.
Según la oposición, la nueva ley sería un “avasallamiento” a la Constitución, puesto que impunidad a los uniformados fue refrendada en dos plebiscitos populares en 1989 y 1999 y siempre obtuvo apoyo.
La eliminación de la prescripción cumpliría además con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares de la dictadura.
Según cifras oficiales, alrededor de 200 personas murieron y miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares durante la dictadura, mientras otros debieron exiliarse ante el peligro que corrían sus vidas por las constantes amenazas de los uniformados.
Fuente: Telesur
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