Hace quince días un campesino fue asesinado durante un desalojo violento en la finca Los Cafetales, en el departamento de Retalhuleu, en Guatemala, y se sumó a una larga lista de crímenes vinculados a conflictos agrarios en este país centroamericano.
Tras esa muerte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para Guatemala, Alberto Brunori, no dudó en tomar partido frente a esta tensa situación: “Los campesinos se encontraban en la imposibilidad de seguir trabajando y pagando la tierra. Echaron a los campesinos sin ningún plan alternativo”, concluyó el especialista de la ONU.
Luego dijo que ya han advertido a las autoridades de gobierno respecto a que los desalojos no cumplen estándares internacionales y violan los derechos humanos. “Siempre se habla del derecho a la propiedad, pero no que la persona tiene derecho a la vida y a la alimentación”, criticó Brunori.
La semana pasada, en ocasión de las celebraciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el funcionario de la ONU volvió a dejar claro cuál es su posición ante este tipo de episodios.
Frente a un auditorio colmado de delegados de comunidades campesinas, Brunori dijo que en el mundo hay unos 370 millones de indígenas que han perdido o están amenazados de perder sus territorios ancestrales y recursos naturales, y que eso sucede “en nombre de un supuesto desarrollo”.
“La pregunta es, ¿quién se beneficia con ese desarrollo y a qué costo? Tener las comunidades desplazadas y al margen de la sociedad no es desarrollo. El desalojo forzado o la pérdida de vida por estos conflictos tampoco es desarrollo”, agregó.
Según dijo, la minería hace uso intensivo de tierra y agua “afectando a los pueblos”, y por eso es necesario promover un “nuevo modelo de desarrollo” que tenga en cuenta el derecho a la autodeterminación y que reconozca que la tierra juega un papel central en la vida de los pueblos.
“La Tierra es la madre que da la vida”, señaló el funcionario, quien cuestionó al Estado de Guatemala porque “no ha respetado” el derecho de los indígenas a la consulta comunitaria.
“La respuesta institucional no contempla el estado multicultural. Es insuficiente la respuesta política e institucional tras el conflicto interno que vivió Guatemala y no se reconocen las formas tradiciones y colectivas de tenencia de tierras. Los pueblos viven una situación de vulnerabilidad frente a los proyectos extractivos y se necesita un cambio drástico”, concluyó.
Fuente: Alba TV
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