La Administración Obama usa frecuentemente a la floreciente democracia colombiana para demostrar que su ayuda, apoyo y conocimiento pueden salvar a un estado bajo el acecho terrorista y a punto del colapso.
La campaña gubernamental, financiada por EEUU, contra un grupo rebelde marxista y su coordinación civil y militar se percibe tan satisfactoria que se ha convertido en el modelo a seguir en Afganistán.
Pero la ayuda estadounidense, y posiblemente algunos oficiales norteamericanos, aparecen ahora implicados en abusos de poder y acciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno colombiano y que fueron encubiertas como lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas.
Estos hechos se produjeron durante el mandato del antiguo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, un aliado muy cercano a la administración estadounidense durante los ocho años que permaneció en el poder. El dinero estadounidense, equipamiento y entrenamiento dado a tropas de élite colombianas durante los últimos diez años para acabar con las redes de tráfico de cocaína se usó para espiar a Tribunales Superiores de Justicia, oponentes políticos de Uribe y grupos civiles, según documentos legales obtenidos por The Washington Post y entrevistas con fiscales y antiguos miembros de la inteligencia colombiana.
Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia que lleva a cabo el Ministerio de Justicia colombiano contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Seis oficiales de alta graduación han confesado sus delitos y más de una docena de otros operativos de la agencia están siendo juzgados. Algunos de los asistentes más cercanos a Uribe han sido investigados, al igual que Uribe que ahora mismo está siendo investigado por una comisión legislativa especial.
Justo como en Afganistán y otros países donde la política estadounidense está focalizada en ganar aliados para su lucha contra el terrorismo, algunas receptores de la ayuda para Colombia la desviaron claramente para usarla para su propia agenda política. Durante más de una década, durante tres administraciones, Colombia has sido el mejor amigo de Washington en Latinoamérica y el máximo receptor de ayuda militar y económica ( 6 billones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010). La cantidad anual de ayuda que envía EEUU a Colombia ha descendido levemente durante la administración Obama. Este año suma un poco más de medio billón de dólares.
El goteo constante de revelaciones ha manchado la reputación colombiana e incluso el gobierno del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos (antiguo ministro de Defensa), que ha prometido que reemplazará al DAS con una nueva agencia de inteligencia.
Los fiscales afirman que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque las investigaciones de sus magistrados estaban revelando conexiones entre aliados de la presidencia en el congreso Colombiano y grupos paramilitares de narcotráfico. Su caso se basaba en miles de páginas de documentos del DAS y el testimonio de nueve oficiales de alto rango del DAS, los fiscales afirman que la agencia estaba dirigida por la oficina del presidente para registrar las cuentas bancarias de los magistrados, seguir a sus familias, poner escuchas en sus oficinas y analizar sus actuaciones judiciales.
Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis, que revisó los informes de inteligencia que se enviaban a Presidencia, afirmó que el seguimiento a la Corte “era la prioridad” del DAS durante el mandato de Uribe.
“Casi nunca nos dieron órdenes contra el narcotráfico o las guerrillas”, afirma Sierra en una entrevista.
Algunos de los que han sido acusados o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y guía recibida de los EEUU. Afirman que informaban regularmente a enlaces de la embajada sobre el desarrollo de sus actividades. “La Embajada Americana nos organizaba”, afirma William Romero, que dirigía la red de informadores de la DAS y supervisó la infiltración en la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango que están encarcelados o se enfrentan a cargos, fue entrenado por la CIA. Algunos de ellos recibieron becas para completar su formación en universidades estadounidenses.
Romero, que ha aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su cooperación, afirma en una entrevista que las unidades del DAS recibían de los EEUU ordenadores, equipo técnico para realizar las escuchas, cámaras y sistema de intercepción de teléfonos móviles, además de dinero para alquilar casas y comprar gasolina.
Una unidad que dependía de la CIA, según el testimonio de antiguos oficiales del DAS, era el Grupo Nacional e Internacional de Observación.
Se había formado para destruir los lazos entre operativos extranjeros y guerrillas colombianas, pero volvió su mirada hacia la Corte Suprema cuando los magistrados empezaron a investigar al primo del Presidente, entonces senador, Mario Uribe, según afirmó un antiguo director, German Ospina, en su declaración a los fiscales. Las órdenes que venían “de Presidencia, querían resultados inmediatos” informó Ospina a los fiscales.
Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo para Analizar la Organización Terrorista en los Medios, recopiló informes sobre líderes sindicales, entró en sus oficinas y grabó a los activistas sindicales. Los Estados Unidos dieron el equipamiento y decenas de miles de dólares, según un informe interno del DAS, y los miembros de esta unidad se reunían regularmente con un oficial de la embajada conocido como “Chris Sullivan.”
Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las primeras revelaciones del DAS a finales de verano de 2009, el que era en esos momentos embajador de los EEUU en Colombia, William Brownfield, convocó una reunión y preguntó a los asistentes cuáles de las agencias estadounidenses trabajaban con el DAS, según un informe secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Los representantes de ocho agencias levantaron su mano (entre ellas estaban la CIA, el FBI, el Departamento Antidrogas y Hacienda).
No obstante, la relación continuó durante otros siete meses. En abril de 2010, Brownfield anunció que todos los fondos estadounidenses que previamente se destinaban al DAS irían a partir de entonces a la policía nacional colombiana. Hoy, el DAS, con 51 años de historia, 6.000 empleados, muchísimos roles y un presupuesto anual de 200 millones de dólares, todavía subsiste. Pero Muñoz está siendo investigado junto a otros cuatro antiguos directores del DAS.
Uribe, ha afirmado que los oficiales de su gobierno son víctimas de una persecución política. Cuatro de sus asistentes de más alto rango están siendo investigados, su jefe de personal, Bernardo Moreno, ha sido encarcelado y está en espera de juicio por conspiración y otros cargos.
Las entrevistas con antiguos oficiales estadounidenses y las evidencias que están saliendo a la luz durante la investigación del DAS muestran que la agencia ha cometido durante años serios crímenes y tenía una tendencia a cometer acciones ilegales que no eran desconocidas por los oficiales de la embajada estadounidense. El primer director del DAS durante la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien la embajada estadounidense consideraba en 2005 “pro-EEUU y un “tecnócrata honesto” y recomendado para ser un miembro de la Interpol en Latinoamérica, según WikiLeaks, está siendo juzgado y ha sido acusado de ayudar a matones a asesinar a activistas sindicales. El año pasado, los fiscales acusaron a otro director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato en 1989 del candidato presidencial, Luis Carlos Galán.
Myles Frechett, embajador de EEUU en Colombia de 1994 a 1997, dijo que durante su cargo, los oficiales estadounidenses pensaban que las unidades del DAS estaban teñidas por la corrupción y tenían conexiones con los narcotraficantes. Pero afirma que la Embajada necesitaba un socio para desarrollar su labor de inteligencia para combatir a los narcotraficantes y guerrillas. “Todo el mundo que trabajó conmigo en la embajada me decía: ‘No puedes confiar en el DAS’”, afirma Frechette y añade que cree que el DAS tiene algunos rasgos propios de una organización criminal.
Algunos diplomáticos senior estadounidenses que fueron asignados a la embajada más recientemente indicaron que no tenían conocimiento de que las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses estuvieran involucradas en el juego sucio del DAS, pero todos afirmaron que no les sorprendía.
No pasa una semana en Colombia, sin informes de asesinatos y persecución de activistas sindicales y políticos.
Ana Fabricia Córdoba, activistas de género y líder de los campesinos desplazados, fue asesinada a tiros el 07 de junio dentro de un autobús, después de haber predicho su propia muerte debido a las constantes amenazas y abusos en contra de su familia.
Manuel Antonio Garcés, líder comunitario, activista afro-descendiente y candidato a cargos locales en el suroeste de Colombia recibió el 18 de julio una nota de advertencia inquietante en la que estaba escrito el mensaje, "le dijimos que abandonara la campaña, la próxima vez lo vamos a volar en su casa" al lado de una granada de mano inactiva.
Keyla Berrios, líder de la Liga de Mujeres Desplazadas fue asesinada el pasado 22 de julio, después de continuas intimidaciones a su organización y las amenazas en nombre de los escuadrones de la muerte vinculados a las autoridades colombianas, un hecho públicamente conocido después de que cientos de ex miembros del Congreso, policías y militares son encarcelados o investigados por complicidad con los paramilitares para robar las elecciones, el asesinato y desaparición de disidentes, desplazar con fuerza a los campesinos y defraudar a la hacienda pública, en una red criminal que se extiende hasta el ex presidente Álvaro Uribe y sus más cercanos colaboradores.
La explicación oficial de estos crímenes es también bien conocido; BACRIM, un acrónimo que significa "bandas criminales", un término creado por el establishment en Colombia incluyendo sus omnipresentes medios de comunicación corporativos para despolitizar la violencia constante desatada contra los líderes sindicales, campesinos y activistas de la comunidad.
Defensores de los derechos humanos señalan que las estructuras desiguales e injustas de poder y riqueza se basan en gran medida de la represión. Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo se pone en la engañosa opinión pública sobre la naturaleza de esta violencia, los crímenes son tan sistemáticos y sus efectos siempre se tornan en beneficio para la élite que un sencillo análisis de clase echa por tierra la fachada de estas "bandas" que supuestamente actuaban por su cuenta, y expone la insidiosa relación entre matones armados y los asientos del poder político en Colombia.
Con lo que estamos tratando hoy en día es con la expresión del fascismo en América Latina.
En un país agobiado por el desempleo y la pobreza (casi el 70%) y 8 millones de personas que viven con menos de 2 dolares al día, que diariamente buscan su subsistencia en la basura de los perros callejeros o en la venta de caramelos en los semáforos y autobuses de la ciudad, también es sorprendentemente común y surrealista ver coches de lujo, apartamentos de millones de dólares, clubes de campo y una burbuja de opulencia justo en frente de la sobre-explotación de trabajadores, gente común que lucha sólo para cubrir los gastos, o en el peor de los casos, niños, madres solteras ancianos y personas con discapacidad, sin seguridad social y salarios, mucho menos educación superior y una vivienda digna.
Por ejemplo, en Cartagena, ciudad colonial del Caribe Colombiano plagada de pobreza extrema, mendigos, prostitución infantil y resorts de U$ 400, en donde se puede pretender que te sientes en Miami Beach o en un paraíso del Mediterráneo, y en menos de cinco minutos también puede visitar barrios que hacen parecer a la devastada Haití como un suburbio.
El mismo sorprendente contraste se puede experimentar en las principales ciudades de Colombia. Por lo tanto, con el fin de mantener los vastos privilegios de unos pocos en medio de condiciones inhumanas de la mayoría, la élite tiene que tener un férreo control sobre el poder político. Y una vez que su poder es impugnado o amenazado levemente por la acción colectiva de los movimientos sociales, partidos democráticos y los individuos conscientes, un estallido de violencia estatal selectiva se desata para desmantelar efectivamente cualquier tipo de organización pacífica por el miedo y la desmoralización.
Los altos niveles de desgaste que sufren los activistas elevando moderadas banderas democráticas como el derecho de reunión, la negociación colectiva, la libertad de expresión y la reparación de la violencia política, son el resultado de la represión estatal descentralizada llevada a cabo por escuadrones de la muerte dirigidos por oficiales del alto estado quienes les suministran con inteligencia y recursos económicos extraídos al defraudar la hacienda pública y el lavado de dinero en la cadena de narcóticos, donde investigadores sociales afirman que la mayoría de estas ganancias ilícitas forman parte de la economía institucional, los bancos y el Estado. Esta elaborada estrategia represiva difiere de la perpetrada por las juntas militares que gobernaron Argentina, Uruguay y Chile, entre otros, donde la fuerza pública ejerce directamente la violencia política contra los disidentes sin pretensiones credenciales democráticas, como los que constantemente son regurgitados por el establisment en Colombia, haciendo más difícil de exponer sus profundos mecanismos dictatoriales que han desaparecido a más de 30.000 colombianos en los últimos años de respaldado por EE.UU. de las políticas de "contrainsurgencia", superando el reinado de terror de Pinochet.
En Colombia, donde la élite social dominante prevalece, miles de cuerpos de los "desaparecidos" han sido enterrados en fosas comunes, el asesinato de dirigentes sindicales es el más alto del mundo (en una tasa de base por habitante). Mientras tanto, varios millones de campesinos desplazados y empobrecidos. En un contexto de brutal represión social, respaldada por las políticas neoliberales, una atmósfera de miedo generalizado prevalece.
Esta situación plantea una pregunta básica, como James Petras dice: "¿Cómo se puede alcanzar políticas sociales justas y la defensa de los derechos humanos en un Estado terrorista, en consonancia con los escuadrones de la muerte y financiado y asesorado por una potencia extranjera, que tiene una política pública de eliminación física de sus adversarios? ".
Senador colombiano comparecerá ante el supremo por nexos con paramilitares
El senador colombiano, Fuad Emilio Rapag, responderá hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, luego de que fuera señalado de tener vínculos con paramilitares y apresado en el capitolio nacional.
De acuerdo con un comunicado oficial, la Corte determinó que Rapag tuvo vínculos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extrema derecha armada.
Ayer, el parlamentario por Magdalena (norte) fue detenido en las cercanías del Congreso Nacional, en el centro histórico de Bogotá (capital), por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía tras una orden del Tribunal Supremo.
La Corte lo responsabilizó de tener vínculos con el paramilitarismo, después de que Rapag fuera señalado por uno de los ex integrantes de las AUC en una diligencia ante el alto tribunal.
El testimonio del paramilitar desmovilizado señaló que el legislador recibió dinero de las AUC para alcanzar sus aspiraciones políticas.
En 2010, el senador también enfrentó otro proceso, del que se salvó por su investidura, por un conflicto de intereses con Agro Ingreso Seguro.
Ahora, el legislador podría perder una vez más su investidura por nexos con las AUC, supuestamente desmovilizadas en 2006, razón por la que la CSJ ordenó su detención.
El año pasado,10 ex congresistas fueron condenados y uno absuelto por casos de paramilitarismo. En lo que va de año, seis han sido declarados culpables por la justicia, entre ellos dos ex presidentes del Congreso y un ex gobernador.
Las Autodefensas Unidas de Colombia culpables de los miles de crímenes atroces contra la población civil, sobre todo en la época de los 90.
Entre 2003 y 2006 participaron en una negociación de paz que les otorgó beneficios procesales a cambio de la confesión y la reparación a las víctimas.
A continuacion compartimos este video llamado "Colombia: Paramilitares, Terrorismo y Falsos positivos. Calves para entendernos".
Fuente: Agencias de noticias
